Cómo va el juicio 3

Al terminar la quinta semana del macro proceso contra dirigentes independentistas por los sucesos ocurridos entre el 6-7 de septiembre y el 27 de octubre de 2017, las estrategias de las acusaciones y las defensas empiezan a estar claras.

Las acusaciones actúan en un triple frente: rebelión, sedición y malversación. Cualquiera de las tres es buena al objeto de justificar pragmáticamente la prisión preventiva, que no es lo mismo que justificarla formalmente. Formalmente solo la justifican las causas tasadas en la ley; pragmáticamente, cualquier condena superior al tiempo que hayan permanecido previamente en la cárcel. Las defensas, por su parte, han admitido implícitamente el cargo de desobediencia, delito por el que solo se sigue la pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Si no se probara al menos uno de los delitos imputados por la fiscalía, habría que indemnizar a los encausados cuando el asunto llegue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A mi modo de ver, en la construcción del relato van ganando las defensas, si bien está por ver que eso beneficia a sus representados. Las acusaciones han aportado numerosos indicios pero pocas pruebas, si es que alguna consistente. Hubo malversación, es indudable; pero no parece haber modo se saber quién la cometió. Más nebuloso es si hubo sedición, y aún más rebelión. Para que haya rebelión debe haber violencia organizada por los acusados. Creo demasiado débil el argumento de que la violencia policial del 1-O fue organizada por los acusados, y más débil todavía el de que los Jordis incurrieron en violencia por subirse a unos coches policiales que ya estaban destrozados. Que una secretaria judicial tuviera que escapar por los tejados no es gran cosa cuando se recuerda que todo el Govern tuvo que escapar en helicóptero durante el asedio popular al Parlament en 2012. La rauxa catalana es así, qué se le va a hacer. Algo un poco más consistente es el testimonio de los cuerpos de seguridad estatales, en el sentido de que los Mossos, de arriba abajo, fueron un peso muerto en el cumplimiento de los mandamientos judiciales y, según uno de tales testimonios, en algún caso se opusieron físicamente a dicho cumplimiento. A menos que las acusaciones se saquen algo de la chistera, dudo que la Sala tenga estas evidencias por concluyentes.

En cuanto al delito de sedición, las acusaciones han intentado mostrar que los acusados tenían planes, con distinto grado de concreción, para construir un Estado catalán. Pero, como se ha dicho, uno no construye un Estado con el contenido de un pendrive.

Así las cosas, planea sobre el juicio el relato que van construyendo las defensas. No hubo rebelión, sino acaso actos esporádicos de violencia (incontrolable) de masas yuxtapuestos a una actuación policial indiscriminada. Tampoco hubo sedición. Lo que hubo, según este relato, fue una inmensa provocación orquestada por el nacionalismo catalán para poner en ridículo a España y mostrar así al mundo, por vía de una performance colectiva, los motivos de su deseo de independencia. Y de rebote, negociar con el Estado. Jugada maestra.

Si este relato se impone habremos tenido, en efecto, el juicio político que el independentismo prometió. Sería muy ilustrativo de los cambios traídos por este siglo. En el pasado, juicio político era aquel en que el acusado se convertía gallardamente en acusador. Esto es distinto. Aquí el acusado mantiene un perfil bajo mientras el aparato mediático, transmitiendo el mensaje, se convierte en parte del mismo.

¿En qué falla este relato? A partir de las elecciones autonómicas de 2015, el independentismo perdió todo interés en negociar nada que no fuera el reconocimiento del derecho de autodeterminación, rechazado por la Constitución. El testimonio del lehendakari Urkullu ha sido crucial para desmontar la coartada de la negociación. Uno no ridiculiza a aquel con quien quiere llegar a un acuerdo. El objetivo era la independencia, con acuerdo o sin acuerdo. Les faltó el reconocimiento internacional, con el que contaban. Y les faltó, sobre todo, cuando se demostró, por vía de manifestaciones también multitudinarias, que la sociedad catalana está profundamente dividida. La secesión de Cataluña habría supuesto una brutal disrupción del Estado español. Y eso nos lleva a que quizá la estrategia de las acusaciones ha consistido, por ahora, en llevar el proceso a ese punto en que desobediencia y sedición están en el fiel de la balanza. A la espera de que, por su propio peso, se desprenda la sedición como cargo probado en las conclusiones definitivas.

Por su parte las defensas, que todavía no han mostrado todas sus cartas, parecen convencidas de que solo se podrá probar la desobediencia. Y que porfiar sin pruebas por la existencia una conspiración entre los desobedientes (eso es la sedición) solo llevará a las acusaciones a quedarse sin caso. Crucial, en esta perspectiva, fue el testimonio del mayor Trapero (convocado por la acusación particular, nada menos) y otros cargos de la policía autonómica, quienes declarando que los Mossos advirtieron al Govern que podría haber violencia, han roto todo vínculo entre los políticos y los cuerpos armados, lo que desactiva el cargo de rebelión. Veremos qué testimonios ayudan a las defensas a desactivar el de sedición.

Ahora bien, que están convencidas de poder desactivar la sedición, lo que obligaría quizá a las acusaciones públicas a rearmar el caso como un simple delito de odio, ayudaría a entender la declaración de Oriol Junqueras, principal acusado, el primer día, orientada a mostrar que él nunca ha odiado, porque es «una buena persona».

Los diecisiete cupos del Partido Popular

Advierto de antemano que no pretendo un análisis técnico de lo que puede significar, análisis inútil antes de conocer los pormenores del plan. Tan solo intentaré dar respuesta a algunos de los interrogantes que suscita la propuesta. También conviene advertir que los nacionalistas catalanes rechazaron el cupo cuando se les ofreció, como a los vascos, que sí lo aceptaron, en el momento de redactarse los primeros Estatutos de Autonomía. Han cambiado de opinión, que sea para bien. Rectificar es de sabios.

No hay que olvidar que la propuesta del PP se hace en precampaña electoral.

Veamos los antecedentes. En 2012, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, ante el fracaso de los recortes fiscales emprendidos por su gobierno, quiso negociar con Rajoy la aplicación a Cataluña del sistema de cupo. La diferencia entre este y el llamado sistema de ‘régimen común’ estriba en que en el cupo los impuestos los recauda el gobierno autonómico y, tras entregar al gobierno central el cupo acordado, conserva el resto de la recaudación para disponer de ella como le convenga, con arreglo a las leyes; mientras que en el régimen común recauda el Estado y redistribuye entre Comunidades. En 2012, el PP consideró oportuno ignorar la petición del Govern, y la respuesta fue el procés. Ahora el PP cree que conviene ceder, y la forma de hacerlo —en previsión de que las demás Comunidades digan culo veo, culo quiero— es extender el sistema de cupo a todas.

Una primera duda. ¿No se está dando mucha prisa el PP? ¿Acaso no convendría examinar despacio las razones del nacionalismo catalán para rechazar el sistema de cupo en la Transición? Quizá algunas de esas razones continúan siendo válidas, si no para Cataluña, quizá sí para otras Comunidades Autónomas. La propuesta parece precipitada y con cierto tufillo electoralista.

Otra cuestión importante es que la generalización del sistema de cupo liquida la corresponsabilidad fiscal entre el Estado y las Comunidades Autónomas: aquí puede estar el motivo de fondo para el rechazo catalán en un primer momento. Lo que ocurre es que desde entonces gran parte de ellos se han convencido de su incuestionable superioridad y capacidad de salir adelante sin ayuda del resto. Bueno, habría que verlo. Lo que es indiscutible es que otras Comunidades no están en la misma situación. La propuesta las dejaría, literalmente, con el culo al aire.

La tercera cuestión es si la generalización del sistema de cupo haría lo bastante felices a los independentistas para cejar en su repetido desafío al Estado. Sin duda, lo habría sido en 2012, pero ¿en 2019? Artur Mas nos dice por activa y por pasiva que sí. Yo lo dudo mucho. El Estado de las Autonomías ha sido descrito como federalismo asimétrico. Generalizar el sistema de cupo lo transformaría en un confederalismo neto. Fíjense en Suiza: el sistema de cupo funciona entre cantones, pero hay algo más. Si un suizo francófono pretende en Zúrich que el empleado del banco le hable en francés, se le dirá: «Oiga, está usted en la zona alemana. Hable usted alemán». Y a la inversa en Ginebra.

Y quizá uno se pregunte: si eso es así, ¿por qué no ha ocurrido lo mismo en el País Vasco, que está en el lado confederal de la asimetría? Por una razón muy sencilla. El euskera es una lengua tan endemoniadamente distinta a todas las conocidas, y tan inútil para moverse por el mundo, que los gobernantes vascos, con buen criterio, han decidido mantenerla de adorno. Pero con el catalán la cosa es distinta. Los nacionalistas catalanes creen (y lo creen cada día más) que el catalán es una lengua superior al castellano, y lo bastante próxima a esta como para que los hablantes de aquella se plieguen a aprenderla si quieren hacer negocios en Cataluña. Y por esa vía, sueñan con extender su uso por todo el mundo hispano. ¿Y por qué no, si consiguen convencer al mundo de que Colón, Miguel Ángel y Cervantes eran catalanes, y esas glorias, como muchas otras, les habrían sido arrebatadas en un expolio de siglos que haría de Catalunya, con excepción de los judíos, la nación peor tratada de la Historia?

Como va el juicio 2

A despecho de quienes porfían por convencernos de que no había plan alguno de los líderes independentistas para el 1-O y que todo fue un show procesista cuya repercusión se vio multiplicada por la torpeza del Estado, las declaraciones de los testigos empiezan a arrojar una luz muy distinta sobre los hechos. Tras las huecas declaraciones de los altos representantes del Gobierno, las de los mandos policiales (Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra) muestran imágenes bastante claras.

Claro que había un plan de la Generalitat. Basculaba sobre a) la noción de que la acción para ejecutar el mandamiento judicial de impedir el referéndum correspondía principalmente a los Mossos, en tanto que GC y PN debían actuar como fuerzas auxiliares de aquellos cuando se les demandara, y b) el dispositivo policial organizado por los Mossos en torno a una pareja de agentes (‘binomio’) por colegio y cuya función era actuar de ‘mediadores’ con los CDR (entonces Comités de Defensa del Referéndum, ahora de Defensa de la República catalana) para convencerlos de que permitieran al cerrar los colegios e incautar el material de votación por las buenas. Donde no había representantes de los CDR, los Mossos pudieron cerrar el colegio sin dificultad a primera hora (sin efectos sobre la votación porque los votantes eran informados en el acto de que podían acudir a cualquier otro colegio al haberse declarado el censo universal). Donde había CDR los Mossos en general se limitaron a esperar el final de la votación para proceder al cierre, es de suponer que levantada acta por la mesa y cuando la actuación policial era irrelevante: así se engrosaba la lista de colegios cerrados sin fricción alguna con la ciudadanía. En ningún caso estaba previsto recurrir a los antidisturbios de los Mossos (BRIMO). Tampoco consta que los Mossos recabaran el auxilio de GC y PN en ningún caso, incumpliendo así los acuerdos de coordinación entre los tres cuerpos adoptados bajo la supervisión del ministerio del Interior representado por el coronel Pérez de los Cobos.

El comisario Castellví, jefe de Información de los Mossos, ha señalado el momento en que representantes del Govern le informaron a él y a otros jefes del Cuerpo de la decisión de incumplir el mandato judicial y de llevar a efecto el referéndum. Fue en una reunión el día 28 a la que asistieron Puigdemont, Junqueras y Forn, además de Trapero. La desobediencia es palmaria. Ahí Puigdemont fue el más beligerante; Junqueras lo sería incluso más al día siguiente, el 29 en el mitin de cierre de campaña, cuando llamó fervientemente a votar “por el futuro, por nosotros y por nuestros hijos”. La declaración de Castellví convierte a Puigdemont y Junqueras en reos de sedición, porque lo que separa la mera desobediencia de la sedición es que la primera es individual mientras la segunda comporta incitar a otros a desobedecer (“quienes… se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, etc“, art. 544 CP). Forn puede que escape y puede que no: según la misma declaración guardó silencio durante la reunión. Será clave la apreciación por el Tribunal de solidaridad entre los miembros del Govern, la presidenta del Parlament y los líderes de las entitats ANC y Omnium. No pinta bien para ninguno.

En la apreciación o no de rebelión será crucial, creo, dilucidar cuáles eran las instrucciones de la BRIMO para ese día, y quién las dio. Sabemos que se decidió no usarla para el cierre de colegios, pero ¿tenía otras órdenes? Es improbable que enviaran a los antidisturbios a casa. Lo de que estaban para vigilar un partido Barça-Las Palmas, pretendidamente de alto riesgo pero celebrado a puerta cerrada por decisión del club anfitrión en protesta de la actuación policial, no puede creérselo nadie.