En la primera semana, ya han
surgido voces —interesadas, siempre son voces interesadas— que piden la
absolución en vista de que «las acusaciones flojean». No saben mucho de
juicios, es evidente. Lo que hemos visto es la declaración de los acusados, y
nadie espera que acusados inteligentes den a la acusación pruebas de la
comisión por ellos de ningún delito. Es un trámite, y hay que dar cierto margen
a que en un proceso de esta complejidad ese trámite se haya preparado menos
concienzudamente que otros.
Con todo, las declaraciones de
dos testigos, las de Forn y Vila, se apartan del resto en aspectos importantes
que conviene reseñar. Antes, sin embargo, hay que hablar de lo que se perfila
como estrategia de la acusación, frente a la que aquellas declaraciones —sobre
todo la del primero— constituyen una clara reacción.
El quid del juicio radica, como
se sabe, en el cargo de rebelión. A este respecto, las famosas «murallas
humanas» no constituyen evidencia suficiente, como la mayoría de los comentaristas
ha colegido; parece una pantalla para un fundamento distinto y más preocupante
para los acusados: el papel de los Mossos d’Esquadra, de los que todavía no se
ha hecho mención en la vista. A los Mossos ni se los vio el 20 de septiembre o
el 1 de octubre, ni se los esperaba. Nadie contó con ellos. Los ‘piolines’
tuvieron que vérselas con la crisis de orden público solos. Existe la fundada sospecha
de que alguien ordenó a los Mossos mantenerse al margen y no asistir a la
Policía Nacional y la Guardia Civil en sus esfuerzos por contener los tumultos
causados por el cerco a la Conselleria de Hacienda y para defender las urnas.
Siendo los Mossos un instituto armado esa orden de resistencia pasiva a la
autoridad judicial constituiría un supuesto de rebelión por quien la diera.
Aquí es donde se enmarca la estrategia
de la defensa de Joaquim Forn, conseller de Interior en las fechas de autos. Su
declaración ha sido calificada como la «más técnica», o la menos política de
todas. Echa balones fuera: desde el momento en que el Tribunal Constitucional
prohibió la celebración del referéndum, él cesó en toda preparación del mismo.
Es de esperar que la fiscalía no tenga pruebas de lo contrario, porque si las
tiene su credibilidad quedará destruida. Teóricamente, la orden la dio otro; en
primera instancia, un subordinado suyo saltándose la cadena de mando. El mayor
Trapero es el máximo candidato a cargar con esta responsabilidad. Esperemos a
ver qué declara cuando se lo llame como testigo, aunque es improbable que él
mismo aporte la prueba de cargo, porque sería ponerse la soga al cuello en el
juicio que lo aguarda tras la conclusión de este. Tendrán que ser subordinados
suyos, en segundo y tercer escalones de la jerarquía policial, quienes aporten
evidencia concluyente. Es de suponer que la fiscalía habrá atado bien los
cabos. Pero entendamos lo que significa ‘atar bien los cabos’: los testimonios
deben apuntar directamente a Trapero, y este tendrá que admitirlos o negarlos.
Si todo está como debe, Trapero estará ante dos opciones: o apuntar a la persona
del Govern que, puenteando a Forn, dio a Trapero la orden neutralizar a los Mossos, o comerse el delito de rebelión él solo.
Los dos candidatos a haber dado esa orden son Puigdemont y Junqueras. De ahí que la pena máxima se solicite para
este último.
A esto se reduce, en mi modesta
opinión, el juicio por lo que a la acusación de rebelión se refiere. En cuanto
a la sedición, se desprenderá como una evidencia para todos los ringleaders —es decir, los participantes
en el diseño de la ‘hoja de ruta’— con tal de que uno solo sea condenado por
rebelión. Es significativo, desde este punto de vista, que Santi Vila, que no
formaba parte de Junts-pel-Si, por tanto tampoco intervino en dicho diseño. Se
perfila de este modo como la coartada (involuntaria por lo que le atañe) de los
supuestos sediciosos para engañar al gobierno de España sobre sus verdaderos
propósitos. Hoy por hoy, es el único candidato a la absolución.
