El juicio, visto para sentencia

La virtud de los juicios es que, si son imparciales, la verdad termina por resplandecer. Este lo ha sido. Sabemos que los partidarios de los acusados lo tildarán de juicio-farsa, pero no habrá que tenerlo mucho en cuenta: para ellos será una farsa todo proceso en que no se dé la razón de inmediato a sus dirigentes. Forma parte de su ideario saberse en posesión de la verdad, y no iba a ser distinto en este trascendental asunto. Los independentistas pueden querer destruir el Estado constitucional, pero siempre será en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales. No faltaba más, amén.

El proceso penal que ahora concluye, a falta del fallo del tribunal, ha mostrado con claridad que los acusados llevaron a cabo un golpe de Estado. Como ha recordado una de las defensas, ‘golpe de Estado’ no es un delito tipificado en el Código Penal. Se trata, por tanto, de una calificación política. El entorno de los acusados se ha molestado particularmente porque los equipara a Tejero, Milans del Bosch y Armada. Aparte de ser ambos atentados manifiestos contra la Constitución Española de 1978, hay un hilo conductor entre ambas intentonas golpistas, por más que sus ideologías respectivas diverjan como de la noche al día. Visto en retrospectiva, el golpe del 23-F de 1981 se hizo para impedir la consolidación de un Estado de las Autonomías al que los autores de aquel veían propicio a favorecer golpes separatistas como el de septiembre-octubre de 2017. Desgraciadamente, la deslealtad de los independentistas a las leyes y al Estado cuyo ordenamiento jurídico habían jurado defender ha dado, a los ojos de millones de españoles (para empezar, los votantes de Vox), la razón a los golpistas de hace casi cuarenta años. Pueden estar orgullosos los de ahora, que gracias a sus desvelos el Estado autonómico (con la exigencia de los partidos de la derecha de aplicar un artículo 155 permanente) está hoy más en cuestión que nunca.

Pero una cosa es la calificación política y otra la jurídica de los hechos. En la primera entrada de este blog dedicada al juicio, señalé mi convicción de que tipificar los hechos como delito de rebelión exigía —a mi modesto entender, pues no soy jurista— demostrar un nexo conspirativo entre el Govern y los mandos de los Mossos d’Esquadra, o al menos la existencia de órdenes que condicionaran el comportamiento de estos. Seguí con particular atención las testificales de los mandos policiales, y en opinión nada de eso se ha demostrado. Creo que los golpistas renunciaron a un instrumento que los habría podido incriminar como rebeldes y siempre confiaron en que la actuación multitudinaria, oportunamente manipulada por las entitats ANC y Òmnium, arrastrara a la policía autonómica en un esquema insurreccional clásico del leninismo. Eso es lo que ocurrió el 1-O: los Mossos, atrapados entre un clamor popular que les pedía solidaridad y la certeza de que el Govern era responsable de que la gente saliera a la calle, adecuaron sus rules of engagement a una doctrina ad hoc para la ocasión, según la cual se trataba de minimizar el sufrimiento de la población a la hora de hacer cumplir los mandamientos judiciales. Eso no es lo mismo que alzarse contra el orden constitucional.

Para mí, la sedición está clara. Si esto no es sedición, ¿qué lo puede ser? Pero quienes construyen el delito de rebelión como no necesitado de armas a partir del artículo 473.2 del Código Penal, creo que incurren en un problema de compresión lectora. Ahí no se dice, ni explícita ni implícitamente, que la rebelión pueda hacerse sin armas; lo que la fiscalía denominó, en un claro exceso retórico, rebelión posmoderna. La existencia de armas en apoyo de la rebelión se da por supuesta. Lo que el mencionado precepto indica es que si además de tenerlas dispuestas, los rebeldes esgrimen armas, el gesto será considerado agravante. No se ha demostrado que las esgrimieran, y tampoco que las tuvieran ocultas y preparadas.

Cómo va el juicio 3

Al terminar la quinta semana del macro proceso contra dirigentes independentistas por los sucesos ocurridos entre el 6-7 de septiembre y el 27 de octubre de 2017, las estrategias de las acusaciones y las defensas empiezan a estar claras.

Las acusaciones actúan en un triple frente: rebelión, sedición y malversación. Cualquiera de las tres es buena al objeto de justificar pragmáticamente la prisión preventiva, que no es lo mismo que justificarla formalmente. Formalmente solo la justifican las causas tasadas en la ley; pragmáticamente, cualquier condena superior al tiempo que hayan permanecido previamente en la cárcel. Las defensas, por su parte, han admitido implícitamente el cargo de desobediencia, delito por el que solo se sigue la pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Si no se probara al menos uno de los delitos imputados por la fiscalía, habría que indemnizar a los encausados cuando el asunto llegue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A mi modo de ver, en la construcción del relato van ganando las defensas, si bien está por ver que eso beneficia a sus representados. Las acusaciones han aportado numerosos indicios pero pocas pruebas, si es que alguna consistente. Hubo malversación, es indudable; pero no parece haber modo se saber quién la cometió. Más nebuloso es si hubo sedición, y aún más rebelión. Para que haya rebelión debe haber violencia organizada por los acusados. Creo demasiado débil el argumento de que la violencia policial del 1-O fue organizada por los acusados, y más débil todavía el de que los Jordis incurrieron en violencia por subirse a unos coches policiales que ya estaban destrozados. Que una secretaria judicial tuviera que escapar por los tejados no es gran cosa cuando se recuerda que todo el Govern tuvo que escapar en helicóptero durante el asedio popular al Parlament en 2012. La rauxa catalana es así, qué se le va a hacer. Algo un poco más consistente es el testimonio de los cuerpos de seguridad estatales, en el sentido de que los Mossos, de arriba abajo, fueron un peso muerto en el cumplimiento de los mandamientos judiciales y, según uno de tales testimonios, en algún caso se opusieron físicamente a dicho cumplimiento. A menos que las acusaciones se saquen algo de la chistera, dudo que la Sala tenga estas evidencias por concluyentes.

En cuanto al delito de sedición, las acusaciones han intentado mostrar que los acusados tenían planes, con distinto grado de concreción, para construir un Estado catalán. Pero, como se ha dicho, uno no construye un Estado con el contenido de un pendrive.

Así las cosas, planea sobre el juicio el relato que van construyendo las defensas. No hubo rebelión, sino acaso actos esporádicos de violencia (incontrolable) de masas yuxtapuestos a una actuación policial indiscriminada. Tampoco hubo sedición. Lo que hubo, según este relato, fue una inmensa provocación orquestada por el nacionalismo catalán para poner en ridículo a España y mostrar así al mundo, por vía de una performance colectiva, los motivos de su deseo de independencia. Y de rebote, negociar con el Estado. Jugada maestra.

Si este relato se impone habremos tenido, en efecto, el juicio político que el independentismo prometió. Sería muy ilustrativo de los cambios traídos por este siglo. En el pasado, juicio político era aquel en que el acusado se convertía gallardamente en acusador. Esto es distinto. Aquí el acusado mantiene un perfil bajo mientras el aparato mediático, transmitiendo el mensaje, se convierte en parte del mismo.

¿En qué falla este relato? A partir de las elecciones autonómicas de 2015, el independentismo perdió todo interés en negociar nada que no fuera el reconocimiento del derecho de autodeterminación, rechazado por la Constitución. El testimonio del lehendakari Urkullu ha sido crucial para desmontar la coartada de la negociación. Uno no ridiculiza a aquel con quien quiere llegar a un acuerdo. El objetivo era la independencia, con acuerdo o sin acuerdo. Les faltó el reconocimiento internacional, con el que contaban. Y les faltó, sobre todo, cuando se demostró, por vía de manifestaciones también multitudinarias, que la sociedad catalana está profundamente dividida. La secesión de Cataluña habría supuesto una brutal disrupción del Estado español. Y eso nos lleva a que quizá la estrategia de las acusaciones ha consistido, por ahora, en llevar el proceso a ese punto en que desobediencia y sedición están en el fiel de la balanza. A la espera de que, por su propio peso, se desprenda la sedición como cargo probado en las conclusiones definitivas.

Por su parte las defensas, que todavía no han mostrado todas sus cartas, parecen convencidas de que solo se podrá probar la desobediencia. Y que porfiar sin pruebas por la existencia una conspiración entre los desobedientes (eso es la sedición) solo llevará a las acusaciones a quedarse sin caso. Crucial, en esta perspectiva, fue el testimonio del mayor Trapero (convocado por la acusación particular, nada menos) y otros cargos de la policía autonómica, quienes declarando que los Mossos advirtieron al Govern que podría haber violencia, han roto todo vínculo entre los políticos y los cuerpos armados, lo que desactiva el cargo de rebelión. Veremos qué testimonios ayudan a las defensas a desactivar el de sedición.

Ahora bien, que están convencidas de poder desactivar la sedición, lo que obligaría quizá a las acusaciones públicas a rearmar el caso como un simple delito de odio, ayudaría a entender la declaración de Oriol Junqueras, principal acusado, el primer día, orientada a mostrar que él nunca ha odiado, porque es «una buena persona».

Los diecisiete cupos del Partido Popular

Advierto de antemano que no pretendo un análisis técnico de lo que puede significar, análisis inútil antes de conocer los pormenores del plan. Tan solo intentaré dar respuesta a algunos de los interrogantes que suscita la propuesta. También conviene advertir que los nacionalistas catalanes rechazaron el cupo cuando se les ofreció, como a los vascos, que sí lo aceptaron, en el momento de redactarse los primeros Estatutos de Autonomía. Han cambiado de opinión, que sea para bien. Rectificar es de sabios.

No hay que olvidar que la propuesta del PP se hace en precampaña electoral.

Veamos los antecedentes. En 2012, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, ante el fracaso de los recortes fiscales emprendidos por su gobierno, quiso negociar con Rajoy la aplicación a Cataluña del sistema de cupo. La diferencia entre este y el llamado sistema de ‘régimen común’ estriba en que en el cupo los impuestos los recauda el gobierno autonómico y, tras entregar al gobierno central el cupo acordado, conserva el resto de la recaudación para disponer de ella como le convenga, con arreglo a las leyes; mientras que en el régimen común recauda el Estado y redistribuye entre Comunidades. En 2012, el PP consideró oportuno ignorar la petición del Govern, y la respuesta fue el procés. Ahora el PP cree que conviene ceder, y la forma de hacerlo —en previsión de que las demás Comunidades digan culo veo, culo quiero— es extender el sistema de cupo a todas.

Una primera duda. ¿No se está dando mucha prisa el PP? ¿Acaso no convendría examinar despacio las razones del nacionalismo catalán para rechazar el sistema de cupo en la Transición? Quizá algunas de esas razones continúan siendo válidas, si no para Cataluña, quizá sí para otras Comunidades Autónomas. La propuesta parece precipitada y con cierto tufillo electoralista.

Otra cuestión importante es que la generalización del sistema de cupo liquida la corresponsabilidad fiscal entre el Estado y las Comunidades Autónomas: aquí puede estar el motivo de fondo para el rechazo catalán en un primer momento. Lo que ocurre es que desde entonces gran parte de ellos se han convencido de su incuestionable superioridad y capacidad de salir adelante sin ayuda del resto. Bueno, habría que verlo. Lo que es indiscutible es que otras Comunidades no están en la misma situación. La propuesta las dejaría, literalmente, con el culo al aire.

La tercera cuestión es si la generalización del sistema de cupo haría lo bastante felices a los independentistas para cejar en su repetido desafío al Estado. Sin duda, lo habría sido en 2012, pero ¿en 2019? Artur Mas nos dice por activa y por pasiva que sí. Yo lo dudo mucho. El Estado de las Autonomías ha sido descrito como federalismo asimétrico. Generalizar el sistema de cupo lo transformaría en un confederalismo neto. Fíjense en Suiza: el sistema de cupo funciona entre cantones, pero hay algo más. Si un suizo francófono pretende en Zúrich que el empleado del banco le hable en francés, se le dirá: «Oiga, está usted en la zona alemana. Hable usted alemán». Y a la inversa en Ginebra.

Y quizá uno se pregunte: si eso es así, ¿por qué no ha ocurrido lo mismo en el País Vasco, que está en el lado confederal de la asimetría? Por una razón muy sencilla. El euskera es una lengua tan endemoniadamente distinta a todas las conocidas, y tan inútil para moverse por el mundo, que los gobernantes vascos, con buen criterio, han decidido mantenerla de adorno. Pero con el catalán la cosa es distinta. Los nacionalistas catalanes creen (y lo creen cada día más) que el catalán es una lengua superior al castellano, y lo bastante próxima a esta como para que los hablantes de aquella se plieguen a aprenderla si quieren hacer negocios en Cataluña. Y por esa vía, sueñan con extender su uso por todo el mundo hispano. ¿Y por qué no, si consiguen convencer al mundo de que Colón, Miguel Ángel y Cervantes eran catalanes, y esas glorias, como muchas otras, les habrían sido arrebatadas en un expolio de siglos que haría de Catalunya, con excepción de los judíos, la nación peor tratada de la Historia?

Como va el juicio 2

A despecho de quienes porfían por convencernos de que no había plan alguno de los líderes independentistas para el 1-O y que todo fue un show procesista cuya repercusión se vio multiplicada por la torpeza del Estado, las declaraciones de los testigos empiezan a arrojar una luz muy distinta sobre los hechos. Tras las huecas declaraciones de los altos representantes del Gobierno, las de los mandos policiales (Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra) muestran imágenes bastante claras.

Claro que había un plan de la Generalitat. Basculaba sobre a) la noción de que la acción para ejecutar el mandamiento judicial de impedir el referéndum correspondía principalmente a los Mossos, en tanto que GC y PN debían actuar como fuerzas auxiliares de aquellos cuando se les demandara, y b) el dispositivo policial organizado por los Mossos en torno a una pareja de agentes (‘binomio’) por colegio y cuya función era actuar de ‘mediadores’ con los CDR (entonces Comités de Defensa del Referéndum, ahora de Defensa de la República catalana) para convencerlos de que permitieran al cerrar los colegios e incautar el material de votación por las buenas. Donde no había representantes de los CDR, los Mossos pudieron cerrar el colegio sin dificultad a primera hora (sin efectos sobre la votación porque los votantes eran informados en el acto de que podían acudir a cualquier otro colegio al haberse declarado el censo universal). Donde había CDR los Mossos en general se limitaron a esperar el final de la votación para proceder al cierre, es de suponer que levantada acta por la mesa y cuando la actuación policial era irrelevante: así se engrosaba la lista de colegios cerrados sin fricción alguna con la ciudadanía. En ningún caso estaba previsto recurrir a los antidisturbios de los Mossos (BRIMO). Tampoco consta que los Mossos recabaran el auxilio de GC y PN en ningún caso, incumpliendo así los acuerdos de coordinación entre los tres cuerpos adoptados bajo la supervisión del ministerio del Interior representado por el coronel Pérez de los Cobos.

El comisario Castellví, jefe de Información de los Mossos, ha señalado el momento en que representantes del Govern le informaron a él y a otros jefes del Cuerpo de la decisión de incumplir el mandato judicial y de llevar a efecto el referéndum. Fue en una reunión el día 28 a la que asistieron Puigdemont, Junqueras y Forn, además de Trapero. La desobediencia es palmaria. Ahí Puigdemont fue el más beligerante; Junqueras lo sería incluso más al día siguiente, el 29 en el mitin de cierre de campaña, cuando llamó fervientemente a votar “por el futuro, por nosotros y por nuestros hijos”. La declaración de Castellví convierte a Puigdemont y Junqueras en reos de sedición, porque lo que separa la mera desobediencia de la sedición es que la primera es individual mientras la segunda comporta incitar a otros a desobedecer (“quienes… se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, etc“, art. 544 CP). Forn puede que escape y puede que no: según la misma declaración guardó silencio durante la reunión. Será clave la apreciación por el Tribunal de solidaridad entre los miembros del Govern, la presidenta del Parlament y los líderes de las entitats ANC y Omnium. No pinta bien para ninguno.

En la apreciación o no de rebelión será crucial, creo, dilucidar cuáles eran las instrucciones de la BRIMO para ese día, y quién las dio. Sabemos que se decidió no usarla para el cierre de colegios, pero ¿tenía otras órdenes? Es improbable que enviaran a los antidisturbios a casa. Lo de que estaban para vigilar un partido Barça-Las Palmas, pretendidamente de alto riesgo pero celebrado a puerta cerrada por decisión del club anfitrión en protesta de la actuación policial, no puede creérselo nadie.

Cómo va el juicio 1

En la primera semana, ya han surgido voces —interesadas, siempre son voces interesadas— que piden la absolución en vista de que «las acusaciones flojean». No saben mucho de juicios, es evidente. Lo que hemos visto es la declaración de los acusados, y nadie espera que acusados inteligentes den a la acusación pruebas de la comisión por ellos de ningún delito. Es un trámite, y hay que dar cierto margen a que en un proceso de esta complejidad ese trámite se haya preparado menos concienzudamente que otros.

Con todo, las declaraciones de dos testigos, las de Forn y Vila, se apartan del resto en aspectos importantes que conviene reseñar. Antes, sin embargo, hay que hablar de lo que se perfila como estrategia de la acusación, frente a la que aquellas declaraciones —sobre todo la del primero— constituyen una clara reacción.

El quid del juicio radica, como se sabe, en el cargo de rebelión. A este respecto, las famosas «murallas humanas» no constituyen evidencia suficiente, como la mayoría de los comentaristas ha colegido; parece una pantalla para un fundamento distinto y más preocupante para los acusados: el papel de los Mossos d’Esquadra, de los que todavía no se ha hecho mención en la vista. A los Mossos ni se los vio el 20 de septiembre o el 1 de octubre, ni se los esperaba. Nadie contó con ellos. Los ‘piolines’ tuvieron que vérselas con la crisis de orden público solos. Existe la fundada sospecha de que alguien ordenó a los Mossos mantenerse al margen y no asistir a la Policía Nacional y la Guardia Civil en sus esfuerzos por contener los tumultos causados por el cerco a la Conselleria de Hacienda y para defender las urnas. Siendo los Mossos un instituto armado esa orden de resistencia pasiva a la autoridad judicial constituiría un supuesto de rebelión por quien la diera.

Aquí es donde se enmarca la estrategia de la defensa de Joaquim Forn, conseller de Interior en las fechas de autos. Su declaración ha sido calificada como la «más técnica», o la menos política de todas. Echa balones fuera: desde el momento en que el Tribunal Constitucional prohibió la celebración del referéndum, él cesó en toda preparación del mismo. Es de esperar que la fiscalía no tenga pruebas de lo contrario, porque si las tiene su credibilidad quedará destruida. Teóricamente, la orden la dio otro; en primera instancia, un subordinado suyo saltándose la cadena de mando. El mayor Trapero es el máximo candidato a cargar con esta responsabilidad. Esperemos a ver qué declara cuando se lo llame como testigo, aunque es improbable que él mismo aporte la prueba de cargo, porque sería ponerse la soga al cuello en el juicio que lo aguarda tras la conclusión de este. Tendrán que ser subordinados suyos, en segundo y tercer escalones de la jerarquía policial, quienes aporten evidencia concluyente. Es de suponer que la fiscalía habrá atado bien los cabos. Pero entendamos lo que significa ‘atar bien los cabos’: los testimonios deben apuntar directamente a Trapero, y este tendrá que admitirlos o negarlos. Si todo está como debe, Trapero estará ante dos opciones: o apuntar a la persona del Govern que, puenteando a Forn, dio a Trapero la orden neutralizar a los Mossos, o comerse el delito de rebelión él solo. Los dos candidatos a haber dado esa orden son Puigdemont y Junqueras. De ahí que la pena máxima se solicite para este último.

A esto se reduce, en mi modesta opinión, el juicio por lo que a la acusación de rebelión se refiere. En cuanto a la sedición, se desprenderá como una evidencia para todos los ringleaders —es decir, los participantes en el diseño de la ‘hoja de ruta’— con tal de que uno solo sea condenado por rebelión. Es significativo, desde este punto de vista, que Santi Vila, que no formaba parte de Junts-pel-Si, por tanto tampoco intervino en dicho diseño. Se perfila de este modo como la coartada (involuntaria por lo que le atañe) de los supuestos sediciosos para engañar al gobierno de España sobre sus verdaderos propósitos. Hoy por hoy, es el único candidato a la absolución.

Abandonar el centro siempre es un error en política

Cuatro hechos enmarcan la semana y nos dan la clave de lo que han de ser las elecciones del 28-A y de su importancia, muy relativa. Y me explico: desde el domingo 10 de febrero, España ha quedado oficialmente dividida en bloques irreconciliables. (‘Irreconciliables’ quiere decir que Ciudadanos va tenerlo difícil —no imposible— para pactar con el PSOE, y viceversa). De un lado tenemos el bloque de derechas Cs-PP-Vox y del otro, el de izquierdas PSOE-UP, con los nacionalistas vascos y catalanes a verlas venir y actuando como les convenga en cada caso. Esto de los bloques es el sucedáneo que se ha improvisado en sustitución del viejo bipartidismo, que se vino abajo en 2015. Ahora ya no se trata de conseguir mayoría absoluta para un partido sino para un bloque. La forma de atraer votos es agitar el espantajo de 1936. Que nadie se asuste, porque la cosa no trae la guerra civil debajo del brazo. El ‘sistema’ sí viene con ‘prueba del algodón’: se trata de conseguir mayoría absoluta para uno de los bloques, no mayoría relativa que solo pueda formar gobierno con el apoyo de los independentistas. Esto se ha visto que no funciona, y menos mientras continúe el juicio de los golpistas. Si el sistema falla, la única salida será volver al acuerdo PSOE-Cs. De momento, gana el bloque Cs-PP-Vox en las apuestas.

Estoy convencido que el sistema no funcionará. En ninguna de las elecciones celebradas hasta ahora en España bajo el actual paraguas constitucional ha estado el voto tan decidido de antemano como en estas. Sospecho que el perímetro electoral de los bloques es más o menos el de las elecciones de 2016. Puede haber trasvases dentro de los bloques, que representan tan solo diferencias de énfasis ante la cuestión catalana, pero dudo mucho que haya corrimientos tectónicos entre bloques. (El error de creer que puede haberlos proviene de leer las elecciones andaluzas en clave de la crisis actual, cuando su marco de referencia son treinta años). La excepción sería el paso de algunos votos de Cs al PSOE y, quizá, el de algunos demasiado transversales de Podemos a Vox; en todo caso, no creo que sean muchos. Al final, el reparto de escaños no diferirá excesivamente del actual. Estaremos en las mismas. Todavía no se ha producido esa gran catarsis que hará ver al grueso de la ciudadanía que no hay nada que negociar con los independentistas pero tampoco se puede machacar a los ciudadanos que se decantan por esa opción ideológica, como lo sería privarlos de autogobierno con un ‘155 permanente’ o cosas parecidas. De lo que se trata es de purgar de comportamientos tóxicos —como el golpismo permanente— las instituciones.

Voy a los cuatro hechos: el No separatista a los presupuestos, el comienzo del juicio a los golpistas, la gran manifestación independentista del sábado 16 de febrero y las bofetadas (dos) del Parlamento Europeo al independentismo catalán y sus amigos. Excuso comentarlos en detalle, porque ya lo ha hecho mucha gente. Lo que haré es glosar las tendencias de futuro que esos hechos perfilan. La primera es que incluso si queda como partido más votado, el PSOE lo tendrá muy difícil para gobernar con los votos separatistas; está claro, ¿verdad? Sánchez no debe perder tiempo en eso y debería concentrarse en lo que sí puede hacer y con quién: entenderse con Cs —ya lo hicieron ambos una vez— y mandar los bloques al carajo.

La segunda tendencia es menos clara, pero no puede ocultársele a ningún observador atento de la realidad política de nuestro país. La represión del golpismo separatista se ha judicializado y así debe continuar hasta el final: no es bueno cambiar de caballo durante la carrera. Nunca reconoceremos lo suficiente la labor realizada por la Justicia durante esta primera crisis constitucional. Y la cosa no terminará con las sentencias del Supremo. Si los que tienen que ir una larga temporada a la cárcel reciben su merecido, a continuación vendrá el castigo de tanto alto cargo, electivo o de libre designación, que se haya destacado en el apoyo al golpe de Estado catalán de septiembre-octubre de 2017. Ojo, que yo no pido el castigo: vendrá de suyo por la acción de las ruedas dentadas de la Justicia. Esta represión de ámbito menor no terminará en penas de prisión salvo excepciones, pero sí en condenas de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Lo que hace falta para sacar a unos cuantos cientos o incluso miles de golpistas de las instituciones.

Y atención, esto es clave. Los separatistas cuentan con que la acción de la Justicia española traiga vergüenza internacional, incluso alguna condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a nuestro país. Lo veo dudoso. El TEDH podrá condenar a España por cuestiones de detalle en la instrucción del macrojuicio, pero no sacará a los golpistas de la cárcel. Es al revés. Barrunto que la acción de la Justicia española quedará como ejemplar, lo mismo que ocurrió con nuestra transición democrática. No en vano, el problema que tiene España lo tienen otros países europeos, que están pendientes de la solución que se le dé. Y dicha solución no será otra que encontrar un equilibrio entre orden legal y derechos civiles, roto por los gobiernos de la Generalitat desde 2012, y que proscriba toda concepción totalitaria de la democracia.

Manifestación anticlimática

Sé que cometo una incorrección en español al utilizar el término ‘anticlimática’ con su sentido anglosajón, pero no encuentro modo de expresarlo igual de brevemente en castellano. Lo que quiero decir es que las derechas habrían querido que la manifestación en la plaza de Colón del 10 de febrero fuera un clímax en su esfuerzo combinado por desalojar al PSOE del Gobierno, y el resultado no ha sido el esperado. El titular alternativo era Gatillazo de la derecha, pero me parecía demasiado ordinario.

Convocaron para defender la unidad de España y pongamos que juntaron a 200.000 personas; eso viene a ser la décima parte de lo logrado por los independentistas en Cataluña, varias veces. Aparentemente, una derrota de España. No lo es en absoluto. Más bien es lo contrario. Allí no estaba España defendiendo su unidad y nadie lo interpreta así, ni siquiera los independentistas. Lo que hubo es un acto preelectoral de tres partidos de derechas que trataban de capitalizar, barriendo cada uno para casa, lo que entendían era un momento de debilidad extrema del gobierno Sánchez. La política tiene estas cosas: el momento de aparente debilidad esconde una fuerza de reserva inesperada.

Todo el mundo da por hecho que Sánchez se equivocó al proponer la figura del relator en sus conversaciones con los independentistas. Incluso él lo creyó, y por eso dio marcha atrás precipitadamente. Es al contrario; el relator transpiraba una sincera voluntad de diálogo (quizá demasiado sincera) y los independentistas han respondido con un chantaje: o aceptas mis condiciones o te saco del Congreso. Esto contribuirá a abrir los ojos de Europa porque el diálogo no se lleva con tanta rudeza y porque esos presupuestos los ha aprobado Europa, y lo que esta quiere es que la senda de déficit se mantenga, y finalmente porque el gesto de los independentistas llega a renglón seguido de la advertencia de Puigdemont de que no olvidarán la inacción comunitaria frente al muy fundamental problema de derechos humanos en Cataluña. Como a los serbios antes de la Primera Guerra Mundial, solo les interesan sus propios problemas.

La manifestación para castigar el tremendo error de Sánchez no ha encontrado acogida en la sociedad española; faltaría más que la extrema derecha no lograra reunir a 200.000 personas en Madrid. Logró reunir más en las manifestaciones Pro Vida y contra la interpretación oficial del 11M. Pero la sociedad española no se ha dejado manipular por los voceros oficiales del ser de España. En eso, ha sacado ventaja a la sociedad catalana, donde los voceros oficiales del ser de Cataluña continúan arrastrando a dos millones. Y resulta que España es la fascista, con su denostado régimen del 78 a cuestas. A ver si va a ser al revés. España es una nación plural, diversa y democrática, de donde no se expulsa a nadie por no comulgar con ruedas de molino. Y eso también lo está viendo Europa.

Ahora, a los independentistas les queda la crucial decisión de votar contra los presupuestos con la derecha, y terminar así de quitarse la careta, o pasar por las horcas caudinas que Sánchez ha tenido tanta habilidad (y tanta suerte) en prepararles. Y en cuanto a las derechas, solo les queda la victoria pírrica de ver cómo Sánchez convoca elecciones para ganarlas. Otra cosa es que pueda formar gobierno, pero eso tampoco lo tendrá muy difícil. Veremos a Ciudadanos apurarse en colaborar con los socialistas, revitalizando viejos pactos, y sobre todo para lavar la imagen de sus líderes fotografiándose con los de Vox.

Por qué Cataluña no será independiente

Mucho se debate sobre los méritos y deméritos de unionismo e independentismo en la región nororiental de España. Por mi parte, me limitaré a hablar de las posibilidades que tiene esa región de ser independiente en un horizonte temporal previsible. Adelanto mis conclusiones: ninguna.

Como el concepto que está en juego, el de soberanía, es eminentemente jurídico y la cuestión de los derechos en disputa siempre remite a los antecedentes del caso, examinemos los distintos que se puede esgrimir en apoyo de la reivindicación independentista. Tres son los contextos en que semejante reivindicación suele buscar antecedentes.

1) El empuje descolonizador de Naciones Unidas. Este contexto gusta mucho a los independentistas catalanes, pues les parece sustento de un así llamado “derecho de autodeterminación”, que supuestamente ampararía sus pretensiones. Vana ilusión, que únicamente muestra la falta de otro  apoyo legal, puesto que han de recurrir a tan endeble razón. La ONU no tiene reconocido el derecho a la autodeterminación de Cataluña, y previsiblemente no lo reconocerá. Los motivos son simples. Los explicaré porque, al parecer, aún no lo han entendido.

España ha demostrado sobradamente su ánimo descolonizador, en tres ocasiones a falta de una: cuando se determinó el final del protectorado del Norte de Marruecos (un poco más renuente se fue con Sidi Ifni, aunque se terminó cediendo, tras corta guerra, en cumplimiento de las resoluciones de la ONU), con Guinea Ecuatorial y con el Sahara occidental; cosa distinta es cómo se gestionó esa descolonización, bastante regular generalmente. Pero el caso es que todo territorio señalado por la ONU, España lo ha descolonizado. No se ha señalado a Cataluña, ni se señalará, por varias razones.
La primera es la contigüidad territorial, que apunta a la existencia de un país unido. La ONU ni siquiera considera al Ulster colonia británica, separada de la metrópoli por el Mar de Irlanda, como para considerar a Cataluña como tal. Pero hay más. El conflicto norirlandés se puede ver como ininterrumpido desde la independencia del Eire en 1922, hasta el punto de que la República de Irlanda fue amiga de la Alemania nazi por mor del odio al Reino Unido. Tal continuidad falta por completo en Cataluña, que para más señas nunca fue independiente. La reivindicación de independencia tendría que haber sido presentada cuando tocaba, con las demás colonias en las décadas de los cuarenta a los sesenta. Entonces los independentistas catalanes no dijeron nada, o si lo dijeron eran tan pocos que no se los escuchó. El plazo límite habrían sido los setenta, pero entonces Cataluña votaba masivamente la Constitución española. Ahora, de forma sobrevenida, resulta difícil evitar la impresión de que es un pasatiempo de moda entre élites esnob que no tienen nada mejor que hacer (de hecho, en el Govern, se niegan a gobernar) que enredar a capas más ignorantes de la población.

2) Las guerras de independencia de las ex colonias de Hispanoamérica (y Filipinas). A veces el soberanismo se plantea en este contexto. Las movilizaciones del llamado procés serían como una guerra de independencia librada por medios exclusivamente pacíficos. La cuestión no sería tanto de derechos como del coste que España pudiera soportar antes de desistir de su empeño imperial. Vayamos por partes.

España perdió la mayor parte de Hispanoamérica porque las colonias eran demasiado extensas (piénsese, desde Tejas a la Tierra de Fuego) y estaban demasiado lejos para defender la soberanía española. Cuando la revolución industrial mejoró las posibilidades de España en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, no se perdió la guerra por el desgaste sufrido sino por la intromisión de Estados Unidos. La derrota causó una crisis política de tal magnitud que ese habría sido un momento propicio para la independencia de Cataluña. Pero los catalanes (que por cierto lucharon como leones en Cuba) estaban entonces a otras cosas, concretamente, a ver dónde buscaban repuesto para los mercados que acaban de perder.

Ahora el independentismo catalán no puede esperar ayuda de una potencia extranjera, como recibieron Cuba, Puerto Rico y Filipinas; más bien, lo contrario. Con todo, el independentismo trata de imponer un desgaste más sutil pero no menos costoso, sembrando con mascaradas, lágrimas de cocodrilo y burlas permanentes, el descrédito internacional de España. Empeño inútil, por más que porfíen. Pues es evidente que mucho más costosa sería la independencia, una vez conocidos los planes imperialistas que subyacen a la noción de Països Catalans, que comportarían la subversión de Baleares, la Comunidad Valenciana y una franja en Aragón, por no mencionar Andorra, el Rosellón y una pequeña parte de Cerdeña. Para ese viaje no se necesita alforjas.

3) Los procesos de desmembramiento del Imperio Austro-Húngaro y sus sucesores, Yugoslavia y Checoslovaquia. Gusta a los independentistas comparar a España con Austria-Hungría. El mismo destino que a este decadente imperio aguardaría a España; después de todo, ambos fueron parte del Imperio Español de los Austrias. La comparación no se sostiene, sin embargo. Austria-Hungría se desmembró en virtud de los tratados de Saint-Germain y Trianon (1919), no por ninguna otra razón sino porque se la trató como al país que, al agredir a Serbia, inició la Primera Guerra Mundial, en que fue derrotada; similar razón asistió a los Aliados para desmembrar el Imperio Otomano. ¿Qué guerra acaba de perder España para que se le imponga semejante precio? Aquí los independentistas demuestran saber muy poco de historia y menos de entenderla.

Más acertada sería la comparación de Yugoslavia y Checoslovaquia con la Unión Soviética. Los tres países venían de tener gobiernos comunistas o filocomunistas. En la transición a economías de mercado, los dos primeros se rompieron por su diferente orientación geopolítica. Serbia y Eslovaquia (en 1992) tenían orientación pro rusa; Croacia y Chequia, pro UE. Los cuatro han terminado mirando a Bruselas, porque Rusia tampoco salió bien parada. La URSS se desmembró en 1991 por la misma razón que Austria-Hungría en 1920: porque perdió una guerra, la Guerra Fría. De nuevo toda comparación con España resulta ociosa.

Ninguno de los argumentos tiene el menor fuste. El único que resta, si es que se lo puede llamar argumento, es el de que el colmo de la democracia es que los ciudadanos voten contra lo dispuesto en la ley lo que les dé la gana y cuando les dé la gana. Puede que con el tiempo la comunidad internacional se lo compre, aunque es poco probable.

Histórico desencuentro entre ERC y el PSOE propicia el desastre

Una de las claves de la actual situación política es el error de cálculo cometido por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) respecto de lo que sería la posición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el devenir de los acontecimientos. ERC creyó en una especie de «solidaridad entre damnificados de la guerra civil», a la que hizo un guiño ostensible con la pregunta sobre la república catalana. El sobreentendido era que el PSOE, presuntamente fiel a la preferencia republicana de sus seguidores, vería en esa república periférica una oportunidad de oro para instaurar la III República española. Todavía se estarán preguntando qué ha fallado en un plan tan magnífico. Desde las filas de ERC (y desde las de Podemos en toda España) la única explicación que aciertan a articular es que el PSOE ha traicionado el ideario de sus mayores. Ninguno entenderá una palabra de lo que sigue.

El desencuentro entre republicanos catalanes y socialistas atañe a las raíces mismas de la política: ¿política de ideas o política de valores? Entiéndaseme, al final todo son ideas; pero se trata de elegir entre ideas metafísicas sobre la realidad e ideas sobre la conducta debida: esto último es lo que llamo valores. A fin de cuentas, ERC, que no conoce otra lealtad que a la idea (porque no es más que una idea) de la nación catalana, no entiende ni podrá entender que el PSOE haya antepuesto la lealtad a la monarquía a su histórica preferencia por la forma o idea republicana. Lo que su incomprensión pone de manifiesto es que ERC no ha entendido nada de la idea de Europa, entre otras cosas porque su europeísmo, mientras pudo presumir de él, ha sido siempre naive y a la postre oportunista.

El drama cuyo desenlace estamos viendo ahora, empezó hace más de medio siglo, a principios de 1962 para ser exactos. Entonces se reunió en Múnich el IV Congreso del Movimiento Europeo, al que asistieron 118 españoles que formaron un capítulo aparte al que el franquismo enseguida etiquetó de contubernio. El Movimiento Europeo, creado en 1948 por figuras claves de la construcción europea, como Robert Schumann, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Paul Henri Spaak, Winston Churchill y Denis de Rougemont, entre otros, había surgido en los orígenes de la Guerra Fría para reafirmar los valores europeos frente a la supuesta carencia de los mismos de la Unión Soviética. Después de la firma de los tratados de París (1951) y Roma (1957), el ME continuó siendo un motor importante del proyecto comunitario. Su IV Congreso vino precedido de hechos cruciales en la historia de España. A fines del año anterior, el gobierno español filtró su deseo de pertenecer a las Comunidades Europeas. El Parlamento Europeo estudió el caso y emitió en enero de 1962 el llamado Informe Birkelbach, donde se manifestaba el deseo de ver a España convertida en país miembro pero sólo después de restaurar plenamente la democracia. Aun así, en febrero el gobierno español presentó su candidatura, que terminaría siendo desestimada. En abril se declaró la huelga de los mineros en Asturias, que llamaría la atención de toda Europa y daría origen a Comisiones Obreras. En junio 118 españoles se dieron cita en Múnich.

El contubernio de Múnich enfrentó aparentemente a la oposición interior al franquismo con la del exilio, pero en realidad a la resultante de la evolución de elementos del Régimen con la republicana. Llegaron a importantes acuerdos sobre derechos democráticos y organización del Estado, pero enfrentaba a unos y otros la forma del futuro Estado: monarquía o república. Gracias a la mediación del resto del Movimiento Democrático, los españoles terminaron cerrando una declaración conjunta en pro de la liquidación del franquismo, que dejaba sin mención la futura forma de Estado. Rodolfo Llopis, secretario general del PSOE, allí presente, resumió a la perfección el pragmatismo del acuerdo al manifestar que si la monarquía traía la democracia a España, los socialistas serían leales con ella. Más tarde llegó Suresnes, y Felipe González desbancó a Llopis. Durante unos años creyó poder desligarse de la promesa de su antecesor y coqueteó con la república. Finalmente entendió de qué iba la cosa y, en el primer congreso del partido tras aprobarse la Constitución, renunció a toda veleidad en ese sentido.

También hubo representación de ERC en Múnich. Podemos imaginar la conversación telefónica entre el enviado y Josep Tarradellas, jefe del partido y president de la Generalitat en el exilio: Tú di que sí a todo, que luego ya tomaré yo distancias de lo que se acuerde. Y así fue. Poco después la Generalitat se desmarcó de la declaración española, con la excusa de que no garantizaba el suficiente autogobierno de Cataluña. Mostraba así el independentismo una profunda deslealtad, no sólo con los demócratas españoles sino también con los europeos, que incorporaron la declaración española a las resoluciones del IV Congreso.  Más tarde, el 23 de octubre de 1977 Tarradellas se plantó en Barcelona con su famoso «Ja sóc aquí!», como si con ello conjurara los riesgos de insuficiente autogobierno, frase que la maquinaria propagandística del independentismo ha tratado de presentar como el inicio de la Transición, especie que papanatas del resto de España han repetido sin meditar las consecuencias.

Valores europeos, el independentismo catalán no ha mostrado ninguno, como no sea que Europa esté dispuesta a recibir lecciones de Catalunya al respecto. Pero tampoco sagacidad al escapársele que el compromiso del PSOE con la monarquía, mientras ésta represente el Estado de Derecho y la forma europea de entender la democracia, es firme. Y de la misma forma que Isidoro pudo dudar unos años, Pedro Sánchez acaso ha dudado también. Pero finalmente ha comprendido, como aquél, que la única forma aceptable de hacer política en Europa es demostrando valores firmes, como la lealtad institucional, y no encandilando a las masas con bonitas ideas y prometiéndoles el oro y el moro si se consigue según qué cosas.

Premier League, EFTA y negociar la independencia

A mí me ocurre lo contrario que al ministro Méndez de Vigo, que hoy lo veo peor que ayer y mejor que mañana. Y es que creo que el enfoque es radicalmente erróneo. Durante treinta y seis horas me he puesto en modo 155 (yo, que siempre he sostenido que no hacía falta aplicar ese artículo de la Constitución), pero no lo veo, mírelo como lo mire. ¿Qué sentido tiene sugerir al President Puigdemont que niegue lo que todos pudimos ver, que 72 «legítimos representantes» del pueblo catalán (la mayoría del Parlament) emulaban a los delegados de las Trece Colonias americanas que firmaron la Declaración de Independencia en Filadelfia el 4 de julio de 1776? ¿Volver, como dicen los periodistas, a la casilla de salida? ¿Hacer como que las autoridades catalanas nunca incurrieron en la profunda deslealtad de que los acusó ante doce millones de espectadores S.M. el Rey? Eso sería convertir todo en un estúpido malentendido, volvernos locos a todos. Puede que el Honorable lo haga, después de todo, y ¿para qué? Además, que rollo más malo, como decían los modernos. Negociar no se sabe qué en la comisión esa de reforma constitucional. Meses, acaso años de agravios y humillaciones para ambas partes. Si entramos por ahí, es que este país es masoquista.

Por otra parte, algunas de las más engorrosas dificultades para la independencia se van despejando. Una de las más importantes, si no la principal, era el destino del Barça. Ya la Premier League británica ha dicho que lo acoge. ¿Se dan cuenta de las ventajas que eso supone? Domingo sí, domingo no, Barcelona se llenará de hooligans, esos encantadores personajes que han dejado un reguero de sangre en sus viajes al Continente en competiciones europeas. Muchos de ellos son turistas que adoran ponerse ciegos de alcohol barato y dormir la mona en la playa, para estar frescos, armar bronca y jugar al balconing por las noches. Y a su regreso tienen estupendos bufetes en la City que demandan a los hoteles por carecer de piscinas con la suficiente profundidad para saltar a ellas desde las habitaciones, o por lo que sea. Sería fabuloso: toda la morralla que amarga la existencia a los mallorquines en la Punta Ballena de Magalluf, trasladada a Las Ramblas, donde los recibirán con los brazos abiertos, sembla.

El otro escollo era la salida de la república catalana de la Unión Europea y la zona euro. Parece que la EFTA (siglas de la European Free Trade Association, Asociación Europea de Libre Comercio) también estaría dispuesta a acogerla. Si es que Cataluña es un bombón... Son los cuatro países que restan de un proyecto del Reino Unido en los cincuenta, que fracasó: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein; trece millones de habitantes en total. Menos da una piedra. Además, tras el Brexit es previsible que el Reino Unido se reincorpore, lo que desequilibrará totalmente la cosa. Pero es lo que hay. Ya puestos, lo único que falta es que el Banco de Inglaterra ofrezca a Cataluña incorporarse al área monetaria de la libra esterlina. Oigan, esto puede ser incluso mejor que el euro: los ejecutivos catalanes viajarán a Londres en vez de a Madrid y los hooligans lo tendrán más fácil para hacer su turismo en Cataluña. Oportunidades, a esa democracia ejemplo para el mundo, no le van a faltar.

Cataluña tiene una larguísima tradición de ofrecerse al mejor postor. En el siglo XV – ojo a la fecha: anterior a la formación de España – la república catalana ofreció la corona del Principado a Enrique IV de Castilla, a un pretendiente de la casa de Anjou, al condestable Pedro de Portugal y a un tal Reiner de Provenza. Por haches o por bes, salió mal; pero ellos lo intentaron. Y en 1640 se ofreció a Francia, que la devolvió poco después a España en la Paz de los Pirineos, harta la primera no sabemos de qué.

En el presente, ya se ha ofrecido a Estados Unidos como «estado libre asociado». Vamos, que si no pueden ser la Dinamarca del Sur del Europa porque Alemania y Francia se ponen burras, bien está ser el Puerto Rico del Mediterráneo.

Veo tremendas ventajas en negociar la independencia de Cataluña. A primera vista, no con los catalanes, que parecería que no tienen nada que ofrecer salvo desgracias sin cuento para todos si no se hace lo que ellos quieren. España tiene donde elegir y con quién negociar. Con Estados Unidos, podemos cambiar a Cataluña por Puerto Rico. Esta excolonia nuestra, que ahora pasaría a ser comunidad autónoma, está muy descontenta por la escasa atención recibida del gobierno federal tras el paso devastador de un reciente huracán, mientras la Casa Blanca dice que lo que ha hecho por Puerto Rico, mucho o poco, ha desequilibrado su presupuesto para el ejercicio corriente. La transacción está hecha.

Pero también podemos cambiar con el Reino Unido a Cataluña por Gibraltar, eterna reivindicación insatisfecha de España. Añado: dada la special friendship entre USA y UK, que desembocará inevitablemente en una creciente infeudación del segundo al primero tras el Brexit, ¿no podría un astuto negociador catalán conseguirnos Puerto Rico y Gibraltar, juntos, a cambio de su libertad?

155

La política es el arte de hacer fetiches y apropiárselos. Un fetiche en política es un símbolo que para unos es bueno y para otros, malo. Gana el pulso quien se lleva de calle a la opinión. Nosotros hemos conocido varios fetiches: la Transición, elevada a modelo mundial por la vieja política y degradada a gestora del ‘régimen del 78’ por la nueva; el déficit público, bálsamo de fierabrás para los keynesianos y bestia negra de los liberales; el derecho de autodeterminación, sacrosanto privilegio de las naciones para unos, trasunto de anarquía cantonalista para otros. La lista sería interminable.

El artículo 155 de la Constitución Española de 1978 es un fetiche. Hemos visto su rostro demonizado: flagrante negación de los derechos territoriales y arma infalible del centralismo. Pronto veremos su faz positiva: una vez iniciado el proceso, el Gobierno debe explicar sus motivos al Senado, y Puigdemont tendrá ocasión de defender la posición del Govern en la Cámara Alta ante los medios de comunicación del mundo entero, quienes no dejarán de cubrir la información con el interés que cubrieron la confusa declaración de independencia. ¿Qué más puede pedir quien pretende representar a una sociedad que está dando al mundo una lección de democracia y civismo?

Réquiem por Cataluña

El wishful thinking, que aquí algunos traducen por «buenismo» (traducción particularmente estúpida, porque la voz tampoco está en el Diccionario) y que prefiero españolizar como «deseos piadosos», está profundamente arraigado en el alma de nuestras sociedades. Un ejemplo de la universal prevalencia de los deseos piadosos es la idea de que, en una crisis como la catalana, nadie quiere que haya un muerto. Espero mostrar que, a estas alturas de la crisis, no uno de los bandos sino los dos empiezan, si no a querer que haya muertos en las calles, al menos a considerar que a lo peor es inevitable.

Empezaré por el Gobierno. Hasta él sabe que la Justicia y las finanzas no son lo bastante rápidas para resolver la crisis. Dominadas por sus propios tempos, ambas esferas sólo pueden arrojar más leña al fuego. La gente salió el 1-O por centenares de miles a votar en un referéndum ilegal (no lo era en sí, pero sí celebrarlo en esa fecha) y no se va a dejar intimidar ahora por el procesamiento de sus líderes o la fuga de un puñado de empresas. La gente está galvanizada. Han visto sangre, y aunque en buena parte no sea de verdad sino kétchup, lo que cuenta es el horror de la prensa internacional. La sangre excita la imaginación, y ésta lleva a suponer que lo visto sólo es el principio. Se empieza a pensar que puede haber muertos y cada cual se mentaliza para ello. Claro que no es lo mismo decir moros vienen que verlos venir, y eso pesa en el cálculo del Gobierno. Es de esperar que la gente vuelva a enfrentarse. Para hacerla regresar a sus casas puede no bastar un apaleamiento general, incluso más brutal (brutal de verdad) que el del 1-O. Algún muerto la mandaría a casa ipso facto, porque no es la perspectiva del sacrificio lo que impulsa a la rendición sino la percepción de la inutilidad del mismo: la desigualdad de fuerzas es manifiesta.

También los líderes del independentismo habrán empezado a hacer sus cábalas. El procès está agotado. No contaban con un escenario en que las grandes empresas abandonaran Cataluña; lo que siempre vendieron es lo opuesto. Hace siete u ocho años Barcelona se contaba entre las tres ciudades del mundo (con Dublín y Shanghai) preferidas por los ejecutivos de grandes empresas norteamericanas. Ahora llegan aún coletazos de esa moda, pero no puede durar. La CUP ha dicho que la marcha del gran capital será de ayuda para construir la economía colaborativa con la que sueñan. Pero el PDdeCat y ERC saben lo que significa: hay que pasar página cuanto antes. No pueden, sin embargo, ponerse delante de la multitud para decir que de DUI nada. Algún muerto sería funcional. El árbol de la libertad se riega con sangre de los mártires.

Y luego está la comunidad internacional. Una comunidad que apoya sin fisuras al Gobierno, condena la independencia unilateral y pronostica males globales sin cuento en caso de que triunfe la secesión. Pero que se desayunó espantada con las imágenes del 1-O y que insta al Gobierno a negociar, a sabiendas de que no lo hará. Las predicciones más pesimistas, por ahí fuera, hablan de una nueva Yugoeslavia, de guerra civil y de no-sé-cuántas-cosas-más. Un número limitado de víctimas mortales, que mande a la gente a sus casas por unos cuantos lustros, o mejor décadas, podría incluso parecerles aceptable «para evitar males mayores».

La perspectiva siembra el pánico entre los líderes independentistas, porque el final de la crisis supondría su procesamiento por sedición; un delito tanto más condenable si hay muertos de por medio. Eso los paraliza. Es por lo que sospecho que la iniciativa recae ahora en el Gobierno.

Puede haber muertos y, con arreglo a la ley de Murphy, si la situación llega a pudrirse terminará por haberlos.

Cataluña: hora cero

Que el independentismo catalán tiene hondas raíces nadie puede ponerlo en duda. En la guerra de Sucesión a la corona española creyeron lograr la independencia; de rebote, porque lo que entonces querían era defender la organización política de los Austrias (foral, o sea feudal, que ambas palabras tienen la misma raíz latina) contra la no menos absolutista pero bastante más moderna de los Borbones. Ahora presume de «democrático», pero el nacionalismo catalán tuvo un origen retrógrado de mucho cuidado. Es dudoso que haya perdido ese marchamo a la fecha.

Los centenarios son ocasiones propicias para celebrar el nacionalismo. Ni 1814 (apenas expulsados los franceses y en plena rebelión de las colonias americanas, en suya supresión la industria textil catalana estaba interesada como el que más) ni 1914 (al borde de una conflagración europea que se mascaba desde la anexión de Bosnia-Herzegovina por la monarquía danubiana, en 1909) ofrecieron coyunturas favorables. Pero 2014 era otra cosa. Acabada la Guerra Fría y en eterna pax americana, con la globalización marchando a paso de carga (y la tecnociencia catalana globalizándose como el que más), disfrutando de derechos inalienables en la Unión Europea, ¿qué obstáculo podía haber?

Muchos en el resto de España soñaron con que la Constitución Española de 1978 pondría definitivo fin a las veleidades independentistas del nacionalismo catalán. Craso error. Hacen mal los unionistas en contraponer la figura de Tarradellas a los soberanistas actuales: la actitud del gran político catalán sólo demuestra que era realista. La transición no era el momento. Pero los albores del siglo XXI, ¿por qué no?

Hay quien cifra el comienzo de esta ola independentista en la operación del juez Garzón para prevenir acciones de Terra Lliure con ocasión de los Juegos de Barcelona, y que dio con varios activistas en la cárcel (y, según las malas lenguas, el exilio voluntario de Puigdemont). No sabría decirlo. Pero está claro que el proyecto estaba en un sólido y muy resuelto grupo ya en 2004. El 28 de diciembre de ese año – ojo a la fecha – se constituyó la Fundaçiò PuntCat. El objeto era conseguir una extensión de dominio en internet, con arreglo a la expansión del número de las mismas acordado por el ICANN (organismo gestor de la asignación de nombres de dominio); la idea era lograr .cat como una extensión patrocinada, lo que fue aprobado por el ICANN en septiembre de año siguiente. De quince extensiones patrocinadas en aquellas fechas, sólo dos tenían una referencia territorial, de sentido muy distinto: .asia y .cat. Entonces ya estaban claros la intensión de sacar a Cataluña del código de país .es, correspondiente a España, y el carácter singular del empeño a escala planetaria. En el logro de la extensión tuvieron un papel protagonista las gestiones del Institut d’Estudis Catalans, el mismo que dio cabida al infundio de que El Quijote fue originalmente escrito en catalán (El Quixot o quizá En Quixot) por un tal Joan Miquel Servent, nacido en Játiva pero de familia barcelonesa; novela que luego habría sido reescrita en castellano. También influyó en la decisión del ICANN la presión del capítulo catalán en la Internet Society.

La fábula del Quixot catalán y la absurda teoría de que Colón (supuestamente, Cristòfol Colom) habría salido no de Palos, en Huelva, sino de Pals en el Bajo Ampurdán, así como otros dislates igual de divertidos, muestran algo mucho más dramático: el siempre difícil encaje de la cultura catalana en la española. Son dos culturas distintas, basadas en dos lenguas muy diferentes. Sólo la más supina ignorancia permite hoy decir que el catalán es un dialecto del castellano; en realidad, pertenecen a dos ramas distintas de la lengua romance: la castellano-portuguesa, por un lado, y la catalano-occitana, por otra, mucho más próxima al italiano que a la que tiene al oeste. Para colmo, el catalán comparte con el italiano, el francés e incluso el portugués ciertas notas de musicalidad ausentes en el castellano. Ésta es una lengua recia y cortante, que ha moldeado así el espíritu de las gentes que lo hablan como lengua nativa. Se trata, así pues, de dos culturas antitéticas en algunos aspectos. Por momentos, la simbiosis de ambas ha dado origen a los mejores momentos de la historia de España; obviamente, no en la actual generación. Alguno de los peores aspectos de esa difícil relación se está revelando en la presente crisis.

Si los Estados se definieran por la uniformidad cultural (como quieren quienes llaman traidores a Serrat y Boadella), Cataluña tendría todo el derecho a ser uno de ellos. Pero no es así. Los Estados hoy se definen por su funcionalidad económica, y realmente Cataluña y España (y la Unión Europea y probablemente Occidente pues el Catexit sumaría sus efectos al Brexit) tienen mucho que perder con la independencia de la primera. JPMorgan, primer banco del mundo por el tamaño de sus activos, advierte hoy de los riesgos en ese sentido, y llama a las autoridades comunitarias a ser más beligerantes en la crisis. Se dirá: ya están los bancos… Quizá, pero apunta también a algo con mucho sentido: no es un problema cuya solución se pueda afrontar con romanticismo.

Pase lo que pase estos días, los catalanes tienen que tener clara una cosa: si rompen con España, saldrán de la UE y del euro para no regresar en un horizonte temporal previsible. Se enfrentarán la permanente oposición de España y también a la de Alemania, porque otra cosa sería dar alas a los nacionalistas bávaros a romper con la República Federal. El procès ya no es sólo un asunto de ámbito europeo sino también un problema interno de todos los Estados miembros de la Unión donde el ejemplo catalán podría prender con fuerza. Esto, que haría la felicidad de los antisistema encendidos de rauxa, debería hacer reflexionar, con su tradicional seny, a la clase media moderada de nuestra hermana Cataluña.

Barcelona y el turismo

Para evitar malos entendidos, crecí en Alicante en la década del desarrollismo; vi surgir Benidorm, prácticamente de la nada hasta convertirse en lo que es ahora. Hace treinta años, me vi envuelto profesionalmente en el sector turístico, esta vez en Ibiza, y comprobé sus efectos sobre el mercado laboral: jornadas de diez y doce horas, sin descanso los fines de semana, de mayo a octubre, y el resto del año vacaciones forzosas en el paro; fijo discontinuo llaman a ese contrato de trabajo. Luego asesoré a empresarios mallorquines y, derivado de mis contactos con la Isla, en 1999 llevé a cabo (conjuntamente con José María Zufiaur) un estudio de Calvià, el municipio más rico de España gracias al turismo, con objeto de desentrañar los motivos del abandono escolar, entonces también uno de los más altos de España y que naturalmente estaba relacionado con el turismo; desaconsejé la instalación en ese municipio de un parque temático, que algunos otros economistas recomendaban. Años después, participé por cuenta de la Universidad de Castilla-La Mancha en el proyecto de crear un polo turístico en Ciudad Real. El Reino de Don Quijote, se llamó la cosa. Un fracaso absoluto, también relacionado con el del archifamoso aeropuerto de Ciudad Real. He visto el sector por activa y por pasiva; conozco sus pros y sus contras, sus éxitos y sus fracasos. Di, en fin, clases en la Escuela Oficial de Turismo antes de dedicarme por entero a la Universidad. Trato de no hablar por hablar.

La reciente reacción contra los excesos del turismo (trato de ser ecuánime) ha sido calificada de «turismofobia». Creo que no es más que la indignación que saltó a la palestra el 15 de mayo de 2011, focalizada en el turismo. El argumento de fondo se desarrolla en los siguientes términos: Yo no hago turismo, pero sufro sus efectos; no tengo por qué. Que los sufra quien hace turismo, o sea, los ricos. Se enfatiza el carácter masivo e insoportable del turismo ahora, como si fuera algo nuevo. En España llevamos medio siglo sufriendo los efectos del turismo, y tratando de atemperarlos en lo que se puede. El contrato de fijo discontinuo, al que aludí antes, fue un importante logro de los sindicatos. Me dicen que ahora en Barcelona sólo hay temporalidad y precariedad. Es un retroceso, pero está en la mano de los interesados remediarlo, como hace cuarenta años. Hay mucha demagogia en esto, como decir que aceptar el turismo sin más es como aceptar la industria sin controles medioambientales. Y yo replico, en el mismo orden de comparación, que el ataque a autobuses turísticos hoy es como la destrucción de telares mecánicos por el movimiento ludita. ¿Se creerán de verdad muchos que en España no se ha hecho nada por mejorar el turismo en medio siglo, en lo que se ha podido? No hemos llegado a ser la segunda o tercera potencia mundial en turismo, según los años, en dura competencia con Francia y Estados Unidos, y sede de la Organización Mundial del Turismo, tirando el mercado. Desde luego, siempre se puede hacer más y mejor, pero en esto la indignación hace gala del adanismo apreciable en sus posiciones en muchos ámbitos: nada se hizo nunca antes, ellos han venido a arreglarlo todo.

El problema de fondo es complejo, y me temo que tiene difícil arreglo. El español medio es ahora más pobre que antes de la crisis. Entonces viajaba cada vez más gente; ahora hay un sector importante que ni viaja ni se plantea viajar. No se les venga a hablar de ventajas del turismo: eso es algo que pueden apreciar en primera persona los ricos, no ellos. El problema tiene más vueltas en Barcelona, gracias a las Olimpiadas del 92, que transformaron la ciudad, la modernizaron y embellecieron, y le dieron una magnífica playa. Los barceloneses pobres de hoy (siempre los ha habido, eso tampoco es nuevo) ni siquiera tienen que desplazarse a Salou, pongamos por ejemplo, como los de antes; ahora van a su flamante playa en Barcelona. ¿Por qué querrían compartirla con incómodas multitudes de turistas? Y lo mismo con las terrazas y hasta las calles. Su razonamiento, como suele ocurrir con la indignación, no llega muy lejos pues, ¿de qué vivirá una ciudad que no crea suficientes empleos en nuevas tecnologías para dar de comer a sus habitantes, pero que tiene la suerte de atraer a los de fuera? Si llegamos a tener una sanidad y una educación públicas como las de antes de la crisis, ha sido gracias al turismo. Y si hemos de recuperar los niveles entonces alcanzados tendrá que hacerse con el turismo o no se hará, al menos en un horizonte previsible.

Hay más aspectos del asunto, sin embargo. La gentrificación y consiguiente expulsión de la población local del centro de las ciudades turísticas adquiere caracteres especialmente dramáticos en Barcelona. La subida de los precios de la propiedad inmobiliaria como consecuencia de su uso más rentable repercute en subida de los alquileres, y ésta rompe los presupuestos familiares. Tampoco es nada nuevo: viene ocurriendo en Madrid desde mucho antes. Y sucede en todas las grandes ciudades donde la formación de centros financieros, comerciales y de negocios vacía de residentes barrios enteros. Querer que el centro de las ciudades quede exclusivamente para uso residencial es negarse a que pueda actuar como motor económico. Lo dramático es que la gentrificación, en Barcelona, está siendo consecuencia de la crisis. Muchas familias, que perdieron su vivienda en la crisis hipotecaria y han pasado a estar de alquiler, son expulsadas al extrarradio. Por la acción del mercado, los perdedores de la crisis son también los perdedores del boom turístico, al tiempo que los ganadores ganan por partida doble. Pobres contra ricos, ricos contra pobres. Un argumento así hace mella en el ayuntamiento presidido por quien fundó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Sin embargo, haría falta conocer con la mayor exactitud posible los números, para tratarlos con correcciones a la política en lugar de poner ésta al carro de los casos más sangrantes como si fueran la regla general.

Todo se complica si introducimos la variable política, que en Cataluña no es baladí. El proceso soberanista se ha querido explicar de muchas y variadas formas: que si «España nos roba», que si se quiere tapar la corrupción de los convergentes, que si ha surgido una oportunidad revolucionaria que asombrará al mundo… Hay un factor que se olvida con frecuencia: la indignación, protagonista de este artículo. Cuando el gobierno de Artur Mas se metió a hacer retallades, que dejaron a la educación y la sanidad hechas unos zorros, se topó con la indignación. ¿Qué mejor forma de librarse de su acoso que reconducir esa fuerza combativa hacia la secesión? Y con su habitual falta de criterio en muchos ámbitos, la indignación se dejó reconducir. Obsérvese, por ejemplo, que los votos de la CUP, independentista, en las autonómicas de septiembre de 2015, fueron prácticamente los mismos que los de En Comù Podem, en su mayoría unionista, en las generales dos meses después. La indignación ha sufrido una esquizofrenia característica en el tema independentista, que la ha hecho fácilmente manipulable por los políticos corruptos del nacionalismo. Pero eso se está terminando. Los líderes de la indignación mantienen cada vez más firme su voluntad de no romper con el Estado porque son conscientes de que en una república catalana (que los trataría de colonos españoles) les iría mucho peor. Saben que el nacionalismo es una ideología de ricos que quieren afianzar su poder sobre los pobres y que, contra lo que creen los aventureros delirantes de la CUP, en una Cataluña independiente será todavía más difícil que en España transformar las cosas. Y consciente del desafío que para ella plantea el procès, la indignación planta cara a los ricos en todos los terrenos que puede. Las circunstancias han determinado que uno de ellos, y de la mayor importancia, sea el turismo.

Elecciones autonómicas en Cataluña el 1-O

Es una hipótesis planteada por el escritor catalán Carles Enric López (@carlesenric). Hasta el 8 de agosto, a lo más tardar según la normativa vigente, el ejecutivo de Puigdemant puede convocar elecciones autonómicas en Cataluña para el 1 de octubre. ¿Activará el gobierno central el artículo 155 de la Constitución, que suspendería la autonomía catalana? ¿Con qué motivo? ¿Haber convocado elecciones autonómicas anticipadas, dentro de las competencias estatutarias de la Generalitat? Absurdo. ¿Saberse que es una tapadera para colar de rondón, en la misma jornada, mediante una reduplicación de urnas, el referéndum ilegal? Y si es así, ¿por qué no se suspendió la autonomía cuando se dio a conocer el referéndum, y se hace en cambio ahora? ¿Porque los independentistas han sido lo bastante listos para idear una artimaña que burle la oposición del gobierno central? Gol por la escuadra.

Una dificultad del plan estriba en que cierto número de presidentes de mesa se nieguen a admitir una segunda urna para depositar papeletas de Sí o No a la independencia. A mi juicio la dificultad es pequeña. Para eso está el nuevo director de los Mossos, calificado por Gregorio Morán de «delincuente político», que impartirá las oportunas órdenes para que los uniformados instruyan a los presidentes a acatar las decisiones de la Generalitat. El referéndum se hace. Por un margen más o menos estrecho, ganan los independentistas. Proclaman la independencia. El gobierno central activa el artículo 155. El govern, en rebeldía, da a conocer la ley de desconexión, hasta ahora secreta.

Se abren varios escenarios posibles:

1)      La ley de desconexión incluye la constitución de un Banco Nacional de Catalunya, con competencias de autoridad monetaria. Es el escenario más simple. El Banco de España anuncia a TARGET-2 que un banco central no perteneciente al Sistema Europeo de Bancos Centrales se ha hecho cargo de las sucursales y oficinas de los bancos con sede en Cataluña, por lo que éstos dejan de disfrutar de la condición de contrapartes del Banco Central Europeo. Al mismo tiempo, el BdE dispone que todos los bancos españoles traten a sus sucursales y oficinas en Cataluña como empresas extranjeras, igualmente no pertenecientes al BCE. Esto supondría de facto el reconocimiento de la independencia de Cataluña y su salida automática de la Unión Europea y de la zona euro. Creo, sin embargo, que los independentistas no se situarán en este escenario por miedo a que el gobierno central acepte entrar en él. Dudo que quieran volver a la peseta.

2)      La ley de desconexión no incluye prevision alguna sobre la autoridad monetaria. Es decir, los independentistas aceptan mantenerse en una union monetaria con España para no ser expulsados de la zona euro. La UE seguiría considerando todo el asunto un problema interno de España. Pero es evidente que la independencia sería una filfa si no se traduce en la apertura de embajadas en París, Berlín y otras capitales europeas. La de Londres la tienen asegurada; conseguir otras es cuestión de tiempo. Este escenario desembocaría en presiones para que España reconozca la independencia. Si resiste, a pesar de todo, se dará el curioso caso de un país que está fuera de la UE pero dentro de la zona euro.

Ambos escenarios tienen importantes costes para las dos partes. El escenario 1) comporta para los independentistas el riesgo de dejar al país sin liquidez; Puigdemont se vería en la situación de Tsipras hace dos años. Y aunque las aguas terminaran volviendo a su cauce y los independentistas tuvieran que deponer su actitud, la sequía monetaria habría actuado como un moderno bombardeo de Barcelona por Espartero.

El escenario 2) es más favorable para los independentistas. Una vez declarada la independencia ante la impotencia del gobierno central, su estrategia sería usar el poder para perpetuarse en él y mientras ir abriendo embajadas, a sabiendas que la negativa del gobierno central a reconocer la independencia permitiría a Cataluña mantenerse dentro de la UE y de la zona euro. Hasta el momento en que la propia UE convenciera a España de lo absurdo de no reconocer la realidad.

Plan para la desconexión monetaria de Cataluña

Los independentistas catalanes esperan una feroz represión, no la bobada de la inhabilitación con que se los está fustigando ahora. Ver cómo corre la sangre, tanques por la Diagonal aplastando barretinas empapadas de sesos de patriota, a lo Tiananmén, junio de 1989. Tengo malas noticias. No se verá nada parecido. El Plan B se llama «desconexión monetaria». Lo expondré a continuación.

Un día, el Parlament catalán aprobará su Ley de transitoriedad y el Gobierno dará órdenes a la fiscalía de procesar a los responsables. Éstos no se dejarán condenar ni desplazar de sus cargos. El fracaso de la administración de Justicia española en Cataluña anunciará la desconexión efectiva.

El día 1 tras la desconexión, el Banco de España enviará una circular a todos los bancos ordenándoles la segregación inmediata (72 horas parece un plazo razonable) de sus actividades en Cataluña, sin excepción, y la constitución en el mismo plazo de sociedades mercantiles independientes con arreglo a la legislación catalana. Si no hay legislación catalana aplicable, podrán acogerse a la que les dé la gana, con el permiso de la Generalitat. Transcurrido el plazo, el Banco de España notificará a Fráncfort la eliminación de todas las sucursales catalanas de la lista de oficinas incluidas en Target-2, al pasar a depender de un Banco Nacional de Catalunya que no forma parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Las entidades españolas podrán transferir fondos a filiales suyas catalanas en las mismas condiciones que pueden hacerlo a Argentina o Brasil. Cualquier intento de mantener de facto a esas entidades en la zona euro será sancionado con arreglo a lo previsto en los Estatutos del Banco Central Europeo y calificado de presunto delito de evasión de capitales conforme a la legislación española. Una maniobra tan sucia, y tan efectiva, como la que obligó al gobierno de Tsipras a claudicar.

Este plan ya estará sobre la mesa de algún burócrata de Fráncfort. Y el BCE no pondrá ninguna traba, ya que nadie quiere una declaración de independencia que constituiría el desafío geopolítico más perturbador en Europa desde el desmembramiento de Yugoslavia. Tras la puesta en ejecución del plan auguro una semana, como mucho, hasta que el Govern dimita para convocar nuevas elecciones autonómicas.

El Govern tiene una alternativa: crear un Banco Nacional de Catalunya sin verdaderas competencias de banco central; seguir en la zona euro en una unión monetaria indisoluble con el resto del Estado. En definitiva, mantenerse bajo el paraguas del Banco de España. Algo así como Luxemburgo en relación con Bélgica. ¿Lo harán? Claro que sí. Cualquier cosa con tal de que el procés siga dando de qué hablar.

La Generalitat y la desconexión virtual

El pasado 22 de mayo la Generalitat catalana ha celebrado un acto público en la capital del Estado. Intervinieron el president Puigdemont y los conseillers Junqueras y Romeva. Éste último, en calidad de encargado de Asuntos Exteriores, tuvo a bien dar una lección de historia: «España debe cambiar el modelo de relación con Catalunya, que mantiene desde hace tres siglos». Junqueras, a cargo de Economía y Hacienda, dio la suya sobre ciencia política: «Exijo para Catalunya el derecho al voto, fundamento de la democracia». El President, por su parte, disertó sobre pragmatismo: «Si hay voluntad política de atender la reclamación de Catalunya, todos los obstáculos podrán allanarse».

Voy a lo importante: por supuesto que no hay voluntad de reconocer a Cataluña como sujeto soberano. Aceptar o no aceptar el referéndum no es cuestión de cálculo de votos; aceptarlo sería reconocer el derecho autodeterminación, cosa que no se hará. Sorprende que los independentistas no se hayan dado cuenta todavía, lo que sería una imperdonable falta de realismo en gentes de su responsabilidad; o que todavía pretendan ocultar que la celebración del referéndum presupone reconocer el derecho de autodeterminación, cualquiera que sea su resultado. Alegan los precedentes de Canadá y el Reino Unido, países de la Commonwealth y en los que rige la common law anglosajona, que reconoce el derecho a la determinación desde que Londres perdió la guerra de Independencia norteamericana, derecho bajo el que se desmembró el Imperio británico tras la segunda guerra mundial. España, como el resto de los países latinos (Cataluña es un país latino), pertenece al área de lo que los propios anglosajones llaman civil law, resultado de la evolución del derecho romano. Los países de instituciones heredadas del derecho romano y actualizadas con el código napoleónico nunca han cedido tierra y población sin guerra. Está en la matriz de nuestros Estados. Y se equivocan los independentistas catalanes si creen que Naciones Unidas, con su llamada a descolonizar, respalda lo más mínimo sus planteamientos. El derecho de autodeterminación respalda a las colonias y sólo a las colonias. Todo intento retórico de presentar a Cataluña como colonia se estrella contra la presencia de sus representantes en las instituciones del Estado (el casus belli de Washington y los rebeldes norteamericanos, o el de Martí y los rebeldes cubanos) y con la realidad del autogobierno. La soberanía, en esa perspectiva, es un lujo.

El acto terminó con la promesa del President de realizar el referéndum, con acuerdo con el Estado o sin él. Y de que después ya no habrá más negociaciones que las encaminadas a implementar su resultado. Nuevamente, la misma falta de realismo. Si celebran un nuevo referéndum (¿qué pasó con el del 9-N?) y gana la independencia, tampoco pasará nada. Ellos creen que el Estado ya no tendrá más remedio que sentarse a dialogar. En absoluto. El Estado sólo tiene que sentarse a esperar. ¿Qué hará la Generalitat? Para empezar, meterse en una pelea con numerosos funcionarios que no están dispuestos a seguir un rumbo de ilegalidad manifiesta, puesto que la Ley de Desconexión será declarada ilegal en el momento de promulgarse.

Supongamos, por mor de reducción al absurdo, que los funcionarios se someten. ¿Para qué? Empezando por lo más simple, para emitir a los catalanes un documento de identidad que no servirá para coger un avión en el aeropuerto del Prat, y pasaportes que no serán aceptados en ningún país del mundo; sobre todo, no servirán para los países que más interesan a los catalanes. De acuerdo, es una cuestión menor; los pragmáticos catalanes seguirán usando los documentos emitidos por el Estado. Pasemos a la moneda: ¿cuál será? El euro, faltaría más. ¿Puesto en circulación, por quién? El Banco Nacional de Catalunya. Perdón, no. Ese hipotético banco no es miembro del Sistema Europeo de Bancos Centrales, y no lo será. Y sin serlo, no pondrá en circulación nada. Cataluña y sus bancos seguirán dependiendo del Banco de España, que no va a estrangular financieramente a nuestros compatriotas. Y de la misma forma, Cataluña seguirá disfrutando de las ventajas de pertenecer a la Unión Europea gracias a ser parte de España; gracias, precisamente, a que el Estado no reconoce la independencia.

Qué ridículo, ¿no? ¿De qué va entonces la independencia que quiere esta gente? ¿De proclamar a los cuatro vientos que son independientes, y en realidad continuar dependiendo en todas las cuestiones cruciales de España? ¿Para ese paripé hay que torcer la voluntad de respetar la ley que todavía hay en gran número de funcionarios? ¿Ofrecerá esa situación mayor seguridad jurídica que la actual? Hay que estar completamente loco para pensarlo.