Elecciones autonómicas en Cataluña el 1-O

Es una hipótesis planteada por el escritor catalán Carles Enric López (@carlesenric). Hasta el 8 de agosto, a lo más tardar según la normativa vigente, el ejecutivo de Puigdemant puede convocar elecciones autonómicas en Cataluña para el 1 de octubre. ¿Activará el gobierno central el artículo 155 de la Constitución, que suspendería la autonomía catalana? ¿Con qué motivo? ¿Haber convocado elecciones autonómicas anticipadas, dentro de las competencias estatutarias de la Generalitat? Absurdo. ¿Saberse que es una tapadera para colar de rondón, en la misma jornada, mediante una reduplicación de urnas, el referéndum ilegal? Y si es así, ¿por qué no se suspendió la autonomía cuando se dio a conocer el referéndum, y se hace en cambio ahora? ¿Porque los independentistas han sido lo bastante listos para idear una artimaña que burle la oposición del gobierno central? Gol por la escuadra.

Una dificultad del plan estriba en que cierto número de presidentes de mesa se nieguen a admitir una segunda urna para depositar papeletas de Sí o No a la independencia. A mi juicio la dificultad es pequeña. Para eso está el nuevo director de los Mossos, calificado por Gregorio Morán de «delincuente político», que impartirá las oportunas órdenes para que los uniformados instruyan a los presidentes a acatar las decisiones de la Generalitat. El referéndum se hace. Por un margen más o menos estrecho, ganan los independentistas. Proclaman la independencia. El gobierno central activa el artículo 155. El govern, en rebeldía, da a conocer la ley de desconexión, hasta ahora secreta.

Se abren varios escenarios posibles:

1)      La ley de desconexión incluye la constitución de un Banco Nacional de Catalunya, con competencias de autoridad monetaria. Es el escenario más simple. El Banco de España anuncia a TARGET-2 que un banco central no perteneciente al Sistema Europeo de Bancos Centrales se ha hecho cargo de las sucursales y oficinas de los bancos con sede en Cataluña, por lo que éstos dejan de disfrutar de la condición de contrapartes del Banco Central Europeo. Al mismo tiempo, el BdE dispone que todos los bancos españoles traten a sus sucursales y oficinas en Cataluña como empresas extranjeras, igualmente no pertenecientes al BCE. Esto supondría de facto el reconocimiento de la independencia de Cataluña y su salida automática de la Unión Europea y de la zona euro. Creo, sin embargo, que los independentistas no se situarán en este escenario por miedo a que el gobierno central acepte entrar en él. Dudo que quieran volver a la peseta.

2)      La ley de desconexión no incluye prevision alguna sobre la autoridad monetaria. Es decir, los independentistas aceptan mantenerse en una union monetaria con España para no ser expulsados de la zona euro. La UE seguiría considerando todo el asunto un problema interno de España. Pero es evidente que la independencia sería una filfa si no se traduce en la apertura de embajadas en París, Berlín y otras capitales europeas. La de Londres la tienen asegurada; conseguir otras es cuestión de tiempo. Este escenario desembocaría en presiones para que España reconozca la independencia. Si resiste, a pesar de todo, se dará el curioso caso de un país que está fuera de la UE pero dentro de la zona euro.

Ambos escenarios tienen importantes costes para las dos partes. El escenario 1) comporta para los independentistas el riesgo de dejar al país sin liquidez; Puigdemont se vería en la situación de Tsipras hace dos años. Y aunque las aguas terminaran volviendo a su cauce y los independentistas tuvieran que deponer su actitud, la sequía monetaria habría actuado como un moderno bombardeo de Barcelona por Espartero.

El escenario 2) es más favorable para los independentistas. Una vez declarada la independencia ante la impotencia del gobierno central, su estrategia sería usar el poder para perpetuarse en él y mientras ir abriendo embajadas, a sabiendas que la negativa del gobierno central a reconocer la independencia permitiría a Cataluña mantenerse dentro de la UE y de la zona euro. Hasta el momento en que la propia UE convenciera a España de lo absurdo de no reconocer la realidad.