Elecciones autonómicas en Cataluña el 1-O

Es una hipótesis planteada por el escritor catalán Carles Enric López (@carlesenric). Hasta el 8 de agosto, a lo más tardar según la normativa vigente, el ejecutivo de Puigdemant puede convocar elecciones autonómicas en Cataluña para el 1 de octubre. ¿Activará el gobierno central el artículo 155 de la Constitución, que suspendería la autonomía catalana? ¿Con qué motivo? ¿Haber convocado elecciones autonómicas anticipadas, dentro de las competencias estatutarias de la Generalitat? Absurdo. ¿Saberse que es una tapadera para colar de rondón, en la misma jornada, mediante una reduplicación de urnas, el referéndum ilegal? Y si es así, ¿por qué no se suspendió la autonomía cuando se dio a conocer el referéndum, y se hace en cambio ahora? ¿Porque los independentistas han sido lo bastante listos para idear una artimaña que burle la oposición del gobierno central? Gol por la escuadra.

Una dificultad del plan estriba en que cierto número de presidentes de mesa se nieguen a admitir una segunda urna para depositar papeletas de Sí o No a la independencia. A mi juicio la dificultad es pequeña. Para eso está el nuevo director de los Mossos, calificado por Gregorio Morán de «delincuente político», que impartirá las oportunas órdenes para que los uniformados instruyan a los presidentes a acatar las decisiones de la Generalitat. El referéndum se hace. Por un margen más o menos estrecho, ganan los independentistas. Proclaman la independencia. El gobierno central activa el artículo 155. El govern, en rebeldía, da a conocer la ley de desconexión, hasta ahora secreta.

Se abren varios escenarios posibles:

1)      La ley de desconexión incluye la constitución de un Banco Nacional de Catalunya, con competencias de autoridad monetaria. Es el escenario más simple. El Banco de España anuncia a TARGET-2 que un banco central no perteneciente al Sistema Europeo de Bancos Centrales se ha hecho cargo de las sucursales y oficinas de los bancos con sede en Cataluña, por lo que éstos dejan de disfrutar de la condición de contrapartes del Banco Central Europeo. Al mismo tiempo, el BdE dispone que todos los bancos españoles traten a sus sucursales y oficinas en Cataluña como empresas extranjeras, igualmente no pertenecientes al BCE. Esto supondría de facto el reconocimiento de la independencia de Cataluña y su salida automática de la Unión Europea y de la zona euro. Creo, sin embargo, que los independentistas no se situarán en este escenario por miedo a que el gobierno central acepte entrar en él. Dudo que quieran volver a la peseta.

2)      La ley de desconexión no incluye prevision alguna sobre la autoridad monetaria. Es decir, los independentistas aceptan mantenerse en una union monetaria con España para no ser expulsados de la zona euro. La UE seguiría considerando todo el asunto un problema interno de España. Pero es evidente que la independencia sería una filfa si no se traduce en la apertura de embajadas en París, Berlín y otras capitales europeas. La de Londres la tienen asegurada; conseguir otras es cuestión de tiempo. Este escenario desembocaría en presiones para que España reconozca la independencia. Si resiste, a pesar de todo, se dará el curioso caso de un país que está fuera de la UE pero dentro de la zona euro.

Ambos escenarios tienen importantes costes para las dos partes. El escenario 1) comporta para los independentistas el riesgo de dejar al país sin liquidez; Puigdemont se vería en la situación de Tsipras hace dos años. Y aunque las aguas terminaran volviendo a su cauce y los independentistas tuvieran que deponer su actitud, la sequía monetaria habría actuado como un moderno bombardeo de Barcelona por Espartero.

El escenario 2) es más favorable para los independentistas. Una vez declarada la independencia ante la impotencia del gobierno central, su estrategia sería usar el poder para perpetuarse en él y mientras ir abriendo embajadas, a sabiendas que la negativa del gobierno central a reconocer la independencia permitiría a Cataluña mantenerse dentro de la UE y de la zona euro. Hasta el momento en que la propia UE convenciera a España de lo absurdo de no reconocer la realidad.

Propuesta de reforma financiera del Estado

He leído la resolución de Podemos sobre auditoría y reestructuración de la deuda, y sigue las líneas maestras ya conocidas. Me referí a este asunto en el penúltimo post. Decía allí que el impago de la deuda puede ser una necesidad, en determinados supuestos, para llevar a cabo políticas sociales y de reactivación de la demanda. Como imaginaba, Podemos hace de esa necesidad una virtud. Lo interesante es cómo argumenta el carácter virtuoso de la medida. Afirman que la auditoría dará ocasión de movilizar a las masas alrededor de un problema candente de política económica y de concitar su apoyo a la propuesta de reestructuración, cualquiera que ésta sea. Sólo comentaré que ningún almuerzo es gratis, y la movilización a que se hace referencia no se logrará a coste cero. Si es posible que dé oportunidad de discutir públicamente y movilizar, también generará un conflicto de primera magnitud con organismos internacionales como el Banco Central Europeo, la Unión Europea  y el Fondo Monetario Internacional, a todos los cuales pertenece España. A la luz de los indicadores macro (excepto el paro y la pobreza, pero ya sabemos que éstos les interesan menos), España no tiene ninguna necesidad de impagar la deuda ahora. Dejar de pagar sería, con toda seguridad en su concepto, una arbitrariedad injustificada que introduciría grave inestabilidad en las finanzas europeas y globales. Olvidemos las presuntas o reales virtudes y centrémonos en las necesidades. La necesidad de reestructurar la deuda hay que demostrarla y no sólo presuponerla, como la presupone Podemos. Y el movimiento se demuestra andando. Sirva esta introducción - convengo en que un poco larga - para dejar sentado que lo prioritario es resolver el paro y no buscar el conflicto con los organismos internacionales; que es preferible atacar el problema hasta donde se pueda sin provocar conflictos, o con conflictos de mejor intensidad, y, sólo cuando los medios alternativos sean insuficientes, acudir a la reestructuración.

Mi plan es el siguiente. El gobierno español debe dejar de inmediato de emitir deuda soberana convencional; esto es lógicamente anterior a reestructurarla e incluso a auditarla, toda vez que anunciar tales medidas mientras se sigue recurriendo a los mercados resulta incongruente. A partir de ese momento, la única deuda que se emitirá será deuda admitida en pago de impuestos. Esto, en los círculos  "chartalistas" (Universidad de Kansas City y sus seguidores en todo el mundo) se denomina bonos Mossler. La idea es sencilla: el gobierno paga sus gastos en bonos Mossler y éstos pueden circular como dinero ya que sirven para pagar impuestos; casi son dinero. La aplicación de la idea no es tan sencilla, al menos en España. El gobierno no puede dar circulación forzosa a los bonos Mossler, es decir, convertirlos en dinero legal, porque lo prohíbe su pertenencia a la zona euro: el único dinero legal aquí es el euro emitido por el BCE. El bono Mossler, en el mejor de los casos, será cuasi-dinero. El hecho de que se admita el bono Mossler en pago de impuestos es un incentivo para su circulación, pero como el dinero no sólo se usa para pagar impuestos, sin más incentivos el bono Mossler se cotizaría con un descuento sobre el euro. Eso no interesa. Lo que interesa es que la deuda monetizada se cotice a la par con el dinero legal. Lo ideal sería que el cuasi-dinero sea deuda perpetua, es decir, que sea admitida en pago de impuestos en cualquier momento y que devengue un interés continuo; es decir, que cada segundo que el cuasi-dinero esté en poder del tenedor le genere réditos. Eso sí será un incentivo poderoso para aceptar la deuda irredimible que circule como cuasi-dinero.

Un problema será la divisibilidad del cuasi-dinero. Éste tiene que servir tanto para cancelar una deuda de un millón de euros como una de un céntimo. El problema es resoluble dentro de las posibilidades técnicas de la Central de Anotaciones de Deuda Pública. Ahí uno no es propietario de "bonos", sino de "saldos"; por tanto, ya no hablamos estrictamente de "bonos Mossler" sino de "saldos como-queramos-llamarlos" (por ejemplo, "saldos de euros paralelos"). La dificultad de gestionar el nuevo sistema vendrá atemperada por la circunstancia de que las nuevas emisiones serán todas de una única clase o denominación, y las restantes quedarán a extinguir según vayan amortizándose. El sistema debe adaptarse al requisito de que los saldos se actualicen continuamente con la adición de los réditos correspondientes.

La Central de Anotaciones no está diseñada para admitir cuentas de los millones de agentes que deberán disponer de ellas; lo está sólo para registrar las cuentas de un número relativamente bajo de intermediarios, llamados "titulares" y "gestoras". Cada empresa o economía doméstica propietaria de saldos de deuda irredimible deberá tenerlos depositados en una gestora, que a todos los efectos hará las veces de un banco. Con una diferencia fundamental con respecto a los bancos actuales: las gestoras actuarán como bancos con un 100 por 100 de reservas, sin autorización para crear dinero con cargo a préstamos ni operaciones de ningún tipo. Este detalle es crucial. Los préstamos en euros paralelos serán el cometido de "bancos" apoderados por el propietario de un saldo para invertirlo en todo o en parte, de forma rentable y con riesgo. Hay "bancos" de este tipo actuando ya en el mercado español. La cuestión es que son la excepción. De lo que se trata es de que sean la regla general.

La política monetaria es inútil contra la deflación

Los mercados han celebrado las últimas medidas del Banco Central Europeo, en la esperanza de que sirvan para conjurar la amenaza de una espiral descendente de precios y rentas nominales en la zona euro. Verdes las han segado. El temor a la deflación proviene no de otra cosa que de la asimetría de sus causas y efectos, comparados con los de la inflación. Y tal asimetría determina que lo que sirve para generar inflación, y también para controlarla, la política monetaria propiamente dicha, no tenga nada que ver con la deflación, ni pueda intervenir para frenarla. La política monetaria ha sido descrita como una cuerda, que sirve para tirar de algo pero no para empujarlo. La frase pushing on a string ("empujando un cordón") ilustra las tribulaciones del banquero central, en este caso Mario Draghi, a la hora de enfrentarse a la deflación. Veamos en qué consisten esas tribulaciones con algo más de detalle.

Un banquero central inyecta liquidez cambiando el dinero que emite por activos rentables que le suministran los bancos privados. Por motivos que tienen que ver con el grado de perfeccionamiento a que ha llegado lo que técnicamente se denomina "mecanismo de transmisión", la forma preferida de intercambio de dinero por activos rentables no es la compra simple de tales activos por el banco central, sino las llamadas operaciones temporales, de compraventa con pacto de retrocesión o repos, consistentes en que el banco central compra el activo rentable en una fecha con el compromiso de la contraparte de recomprarlo en otra posterior. De esa manera, se elimina para las dos partes el riesgo de tipo de interés. Los bancos privados pueden llegar a altos extremos de sofisticación en el uso del mecanismo, que les permite planificar sus operaciones con el banco central con vistas a vender un activo rentable después de haber cobrado los correspondientes intereses y recomprarlo poco antes del vencimiento del siguiente pago de los mismos. Pero, por muy sofisticada que llegue a ser la gestión de los así llamados activos de garantía, siempre habrá activos que sean propiedad del banco central en el momento del pago de intereses porque el banco privado de contrapartida no puede encontrar liquidez para recuperarlos sin sacrificar, aunque sea temporalmente, otros activos más rentables. De ahí el banco central tenga muy fácil el suministrar liquidez al sistema financiero cuando los tipos de interés van para arriba; porque, en definitiva, para el banco privado de contrapartida, se trata tan sólo de sacrificar activos menos rentables para cedérselos al banco central a cambio de liquidez que invertir en activos más rentables. Pero, por la misma razón, es no ya difícil sino dificilísimo para el banco central inyectar liquidez cuando los tipos de interés van para abajo.Porque, entonces, a ver cómo convence el banco central al banco privado de que coja la liquidez que le ofrece a cambio de activos más rentables, para invertirla en activos que lo son menos.

El dinero no sabe si va o viene

Las cifras son testarudas. El modelo económico exportador éste que está queriendo instaurar el gobierno tira sólo a medias. No ya porque todavía conviva con seis millones - o, como dice Rajoy, con "más de cinco millones" - de parados; a mí el asunto del paro me conmueve como al que más, pero dejaré que otros hablen sobre el tema, que no han de faltar candidatos. Me refiero a cosas más abstrusas, de las que no habla nadie, y que al fin y a la postre están en la base de lo que sucede con el paro. Me refiero, concretamente, al dinero.

En marzo pasado "entraron" en España unos cinco mil millones de euros, en números redondos. Lo entrecomillo porque, en realidad, esa cifra no es lo que aumentó la masa de dinero en circulación, sino lo que disminuyó nuestra deuda con el Sistema Europeo de Bancos Centrales, registrada en TARGET-2. Dirán ustedes que no está mal. Y no lo está, si tomamos el dato aislado de su contexto. ¿Cuál es el contexto? Una deuda con el SEBC que, a 31 de marzo, ascendía a la muy bonita suma de 227.000 millones de euros. Sí, señores; España debe al resto de la eurozona una suma equivalente a más del doble de la máxima estimación del rescate de la banca por los poderes públicos, con dinero nacional o europeo. Teniendo en cuenta que la deuda en TARGET-2 la hemos asumido para proporcionar liquidez a la banca, resulta que, bien para recapitalizar la banca, bien para suministrarle liquidez, los españoles nos hemos endeudado con el exterior por alguna cifra cercana, y probablemente superior, a 300.000 millones de euros. Añadiré, para los que gusta la charla sobre la herencia, que el gobierno anterior dejó la deuda en TARGET-2 en 174.000 millones de euros a 31 de diciembre de 2014. Es decir, no sólo en el paro sino también en las cifras de dinero bancario Rajoy ha empeorado el registro de ZP. No sé de qué alardean sus palmeros.

Pero todo esto es anécdota si no examinamos las tendencias. El gráfico de abajo recoge la evolución de nuestra posición en TARGET-2. Los números son negativos porque reflejan, precisamente, deuda acumulada.

La serie comienza en diciembre de 2014, continúa con fuerte crecimiento de nuestra deuda - ya se sabe, la herencia socialista - hasta agosto de 2012, cuando se registra el mínimo (el final de la profunda sima: entonces debíamos 434.000 millones de euros) y luego inicia una sostenida recuperación. Ésta es particularmente intensa hasta enero de 2013, tiene un punto de inflexión en febrero de ese año y luego reemprende la marcha ascendente, si bien a ritmo más pausado, hasta diciembre. Y, de pronto, en enero de 2014, la recuperación de dinero se desploma: la deuda en TARGET-2 aumenta en enero y febrero en casi 20.000 millones de euros. Afortunadamente, se ha evitado el desastre, y en marzo ha habido una ligera recuperación.

Mi diagnóstico es que se ha agotado el efecto salvífico de las palabras de Mario Draghi en agosto de 2012; ahora va a tener que pasar de mostrar determinación a probarla con hechos. En cuanto a Rajoy y su "milagro económico", me temo que se le acaba el cuento. Más aún, sospecho quesu charla insustancial sobre la Unión Bancaria carece de credibilidad si España no continua reduciendo a paso firme la deuda en TARGET-2. Me da igual, a los efectos que discuto, que el paro esté reduciéndose y que algún imbécil que otro diga que las familias españolas se llenan de felicidad con la reducción de sus cifras. El paro es un indicador retrasado de la coyuntura, mientras que el dinero es el indicador adelantado más  sensible a sus cambios.

Y lo que se ve es que el dinero vacila. Otro día hablaremos de lo que esto significa en términos de economía real.

Chipre

Si esta tarde el parlamento chipriota da su visto bueno, anoche se habrá llegado a un acuerdo entre el gobierno de ese país y la troika que permite cerrar la crisis abierta hace diez días. El acuerdo afecta a los dos mayores bancos del país, Banco de Chipre y Laiki. El segundo en tamaño, Laiki, será dividido en un banco «bueno» y un banco «malo». El «bueno» se quedará con los activos viables y todos los depósitos, hasta 100.000 euros. El «malo», con los activos tóxicos (fundamentalmente, deuda griega) y lo que exceda de 100.000 euros en cualesquiera depósitos. Por encima de 100.000 euros, los grandes depositantes quizá no recuperen nada, o muy poco. El Laiki «bueno» será absorbido por el Banco de Chipre, que a su vez saneará sus activos tóxicos (nuevamente, deuda griega) con cargo al exceso sobre 100.000 euros de los grandes depositantes. Aunque hay que hacer cálculos más precisos, a ojo de buen cubero se estima que los grandes depositantes del Banco de Chipre podrían perder, de media, el 35% de su dinero. Todavía no está claro cómo se alcanzará el 9% de capital principal requerido por la normativa de la UE.

Dejando a un lado las inevitables lagunas de un acuerdo cerrado al límite del tiempo concedido para la negociación (el BCE había amenazado con cerrar hoy el grifo de la liquidez a Chipre), lo pactado responde bastante bien a la correlación de fuerzas definida durante la crisis, y dejará satisfechos a los actores principales, con dos notables excepciones. En primer lugar, parece un acuerdo satisfactorio para los pequeños depositantes, que ven confirmada la garantía comunitaria sobre sus ahorros. Segundo, es un acuerdo satisfactorio a corto plazo para los mercados, que relajarán su presión sobre los países susceptibles de contagio; hoy, la Bolsa sube y la prima de riesgo baja en España, por ejemplo. Tercero, es un acuerdo que deja tranquila a Alemania, empeñada en una lucha sin cuartel contra los paraísos fiscales en el seno de la UE y, aún más, en la zona euro. Todos los demás se darán con un canto en los dientes.

Una excepción son los grandes depositantes, obligados a pagar los platos rotos. Se dice que una gran mayoría son rusos; en todo caso, son extranjeros. Además de rusos, debe de haber libaneses, sirios, egipcios e israelíes, por citar sólo lo que parecen las nacionalidades más relevantes. Chipre había aspirado, en efecto, a convertirse en un centro de referencia financiera en el Mediterráneo oriental. Le vino a las manos con las «primaveras árabes» y, sobre todo, con la guerra civil siria. Luego vinieron los oligarcas rusos, con su dinero de origen dudoso. Era únicamente la primera fase. Actualmente, en Chipre se desarrollaba un activo mercado de derivados financieros, y el bajo tipo del impuesto de sociedades empezaba a atraer a empresas europeas de toda índole. Esto es con lo que ha querido acabar a toda costa, y con éxito, Alemania.

La segunda excepción es la propia economía chipriota, y a la larga sus ciudadanos y posiblemente toda la UE. Arruinada su reputación como paraíso fiscal en ciernes, a Chipre le quedan pocas alternativas, si es que alguna; el turismo ruso se resentirá, inevitablemente. Contra ese pequeño país se ha movilizado el rodillo de una opinión pública europea contraria a los paraísos fiscales; pero, como se dice en estos casos, si no lo hace Chipre lo hará algún otro. Abu Dabi empieza a frotarse las manos. Ahora Chipre se unirá a Grecia en el grupo de países menesterosos de la zona euro. La moneda común se ha salvado, al precio de no dejar piedra sobre piedra de las economías que plantean problemas.

El rescate de Guindos

Los observadores de la economía española no especularíamos tanto con su posible rescate si el propio gobierno no diera pábulo a ello con continuas vacilaciones. «Ahora no, pero si llega a ser necesario…», parece ser la frase que resume la política de Rajoy al respecto. La última perla es del ministro Guindos, quien acaba de aclarar que, en caso de producirse, el rescate de España «no sería un rescate a la portuguesa». Con todo esto, nuestros inefables mandatarios vienen a querer decir que nosotros no hemos caído tan bajo (ni vamos a caer), que España es un país con fuste y con empaque, «que hace sus deberes», no como Grecia, Irlanda y Portugal, que serían algo así como países de chichinabo.

La realidad es muy otra que la que se nos quiere transmitir. Europa misma ha descartado los «rescates a la portuguesa», por ineficientes; ninguno de los tres países que han sido objeto de ellos ha salido o parece capaz de salir de dificultades. También los ha descartado por excesivamente costosos: esos rescates los pagaba directamente el contribuyente europeo de su bolsillo, y no están las cosas como para seguir pidiéndole dinero. Entre una cosa y la otra, Europa (o mejor la eurozona, porque el Reino Unido nunca ha estado en eso) ha terminado por arrinconar la ortodoxia monetaria que sostuvo con empeño digno de mejor causa hasta agosto de 2012, para dejarse ahora tentar por las virtudes del QE anglosajón; el Quantitative Easing de Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal norteamericana (Fed, para los amigos), política desde muy pronto adoptada también por el Banco de Inglaterra. Muy resumidamente, de lo que se trata con el QE es de prestar dinero a los bancos; mucho dinero y a muy bajo tipo de interés. ¿Para conseguir qué? Los adalides de la política no se hacen ilusiones de que así se restablezca el crédito al sector real de la economía; saben perfectamente que eso depende de la actividad y la actividad necesita un cebo inicial que no puede venir del dinero por sí solo, sino también de unas ciertas perspectivas de recuperación. Y esas perspectivas, sencillamente, no existen. Pero mentes tan prodigiosas esperan que, si los bancos disponen de liquidez hasta salirles por las narices, la prestarán a su vez a quienes estén dispuestos a pagar un interés poco mayor para invertir en Bolsa. La Bolsa siempre es receptiva a la abundancia de dinero, cosa que la economía real no. Y quien dice la Bolsa, dice los mercados de opciones, los contratos de futuros sobre alimentos, de Goldman Sachs, etcétera. Vamos, todo lo que el vulgo identifica con la «especulación financiera». Para resumirlo muy brevemente, se trata de llenar de dinero el bolsillo de los especuladores. Un dinero - todo hay que decirlo - que a los bancos centrales no les cuesta nada crear, porque lo único que tienen que hacer es darle a la maquinita de imprimir billetes, como quien dice. Cuando los especuladores tengan los bolsillos llenos con sus buenas plusvalías bursátiles, consumirán más. Será un consumo de lujo, previsiblemente, pero por algo se empieza. Eso tirará de la economía real, que quizá así se recupere. He descrito el proceso en una entrada de hace meses (La crisis del capitalismo global).

Pero, mire usted por dónde, el Banco Central Europeo, que bajo la severa mirada del ministro de finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, se había negado desde el comienzo de la crisis a seguir a Bernanke, ahora, bajo la presidencia de Mario Draghi, ha dado un giro de 180 grados. Después de todo, Draghi trabajó para GS hace años, y proporcionar beneficios al viejo patrón es algo que siempre queda bien entre amigos. Pero más importante es que Alemania desarrolla sus propios esfuerzos por llegar al déficit cero, y no podría conseguirlo si tiene que poner dinero una vez tras otra para sufragar los dos rescates de Grecia, más el de Irlanda y el de Portugal, y ahora otro de España, muy superior a los anteriores. Era la canción de nunca acabar, y Alemania ha optado por cortar por lo sano. Si hay que rescatar a alguien más, será por un procedimiento barato – como darle a la maquinita del dinero – y no exprimiendo todavía más al contribuyente. Y, desde el punto de vista del BCE, que ahora coincide con el de la Fed, nada mejor que matar dos pájaros de un tiro y presentar una medida para llenar de dinero el bolsillo de los especuladores como si de una moderna forma de rescate-país se tratara. Así, la forma elegida para inyectar dinero barato en las finanzas consiste en comprar, en el mercado secundario, deuda del país a rescatar. A esto el BCE lo llama OMT (siglas de Outright Monetary Transactions, en español Transacciones Monetarias en Firme).

Y ahora viene Guindos a explicarnos en tono fatuo que «esto no es un rescate a la portuguesa», como si en cambio fuera resultado de algún mérito de su insustancial política. Lo que me preocupa no es que mienta como un bellaco. Lo que de verdad me aterroriza es que no sepa de qué está hablando.

Otro día explicaré por qué el QE, que ha demostrado de sobra su capacidad de generar beneficios financieros mientras la economía real está parada, es sin embargo una herramienta de utilidad muy limitada a la hora de afrontar los problemas de una economía nacional necesitada de rescate, salvo que ese país sea el emisor de su propia moneda (caso de EEUU y el Reino Unido, pero no de España). Y mi crítica no tiene que ver con el peligro de inflación, que crearían las políticas de QE/OMT, y que es la crítica fácil y sin mordiente de la derecha liberal. Pero, como digo, eso será otro día.

Nacionalizar la banca y salir del euro

Una de las razones de la mala calidad de la política económica que se hace en Europa (del resto del mundo no hablo) es la cerrazón mental y estrechez de miras de los gobiernos y las oposiciones formales. Otra, la frivolidad de los planteamientos antisistema. Entiendo que la indignación lleva a priorizar la crítica sobre la propuesta de alternativas. Pero vale la pena ser conscientes de que la falta de alternativas favorece a los poderes fácticos.

En pocos asuntos se manifiesta la frivolidad antisistema como en el planteamiento de nacionalizar la banca y salir del euro. El argumento discurre más o menos así. Los poderes fácticos sacrifican a la gente para mantener los beneficios y privilegios de la banca. A pesar de todo, la banca no concede crédito para que las empresas creen nuevo empleo. La solución más sencilla es nacionalizar la banca, toda la banca. Con una banca nacionalizada, ¿qué problema hay en dejar en su vivienda a todo el que no pueda pagar su hipoteca y en conceder crédito a todo empresario dispuesto a crear empleo? Con este planteamiento, hasta el menos avisado puede darse cuenta de que la clave para que la cosa funcione un rato es darle a la maquinita de imprimir dinero todas las vueltas de manivela que haga falta. Y para hacer eso, habrá que salir del euro, porque las reglas del euro no son ésas. Bueno, ¿y qué? Pues se sale del euro y aquí paz y después gloria. ¿Es todo realmente tan sencillo?

Conste que no escribo con intención de desacreditar el nihilismo. El nihilismo lo entiendo. Consiste en decirse: «¿Y a mí qué me importa lo que haya que hacer cuando se presente el caos? ¡Lo que me interesa es que todo se vaya a tomar vientos!» No lo comparto, pero lo entiendo. Lo que me exaspera son las mentalidades simples, incapaces de ver más allá de sus narices en tiempos de gran complejidad, en los que hay que prepararse para gestionar la complejidad, precisamente, porque de lo contrario hoy viviremos peor que ayer y mejor que mañana. Para empezar, ya tenemos nacionalizada a la cuarta entidad bancaria del país y a unas cuantas más, a través del FROB, y de momento nos ha ayudado poco; más bien, lo contrario. Ya sé, ya sé; no es ésa la nacionalización que se quiere, una nacionalización condicionada por el rescate de Europa. Lo que se quiere es una nacionalización total y que nos libere de Europa. Ciertamente, si nacionalizamos todos los bancos, incluidos los que aparentemente van bien, y se da crédito a todo el que lo pida y no se desahucia a nadie, hará falta rescatar a toda la banca; eso es seguro. A Europa no le va a gustar poner tanto dinero, y desde luego que estamos fuera del euro (y puede que de la UE) pero no porque nos vayamos. Nos echan.

Bueno, pues ya estamos fuera del euro, con toda la banca nacionalizada y es nuestra la maquinita de hacer dinero. Ahora imprimimos todo el que haga falta. ¿Ya está, así de simple? La inflación sería de órdago a la grande. ¿Ah, que no nos importa la inflación, aunque sea desbocada? Es porque no se sabe qué es la inflación. La inflación es un mecanismo económico de generar ahorro forzoso y expropiárselo a las rentas que se actualizan por detrás del índice de precios (típicamente, salarios y renta fija de activos financieros) para regalárselo a las que se actualizan por delante (las rentas de monopolio: ¿alguien se pregunta cómo ha podido Metro de Madrid forzar una subida de tarifas brutal, con la que está cayendo?). Así es como empieza. Cuando se desboca, ya no se sabe quién expropia a quién. Los activos monetarios y financieros se destruyen a velocidad de vértigo. ¿Ah, que no nos importa la destrucción de activos monetarios y financieros, a cuya mera existencia atribuimos las tribulaciones que nos acosan? Pues qué bien, volvemos al trueque. Preguntemos a los cubanos cómo les fue el trueque durante el periodo económico especial que se inició en 1993, una vez dejaron de recibir ayuda de la URSS. ¿Ah, que a ellos todo lo malo que les pasa es por el bloqueo norteamericano? Vale, vale. Entonces podríamos tratar de seguir el modelo de Venezuela. Sólo que a los venezolanos el petróleo les sale por las narices y nosotros en vez de petróleo tenemos playas y sol y simpatía, y hacer que los extranjeros vengan a disfrutar de todo eso y se dejen aquí su dinerito no es como vender el oro negro que mueve el mundo, ¿verdad? O podríamos hacer lo de Argentina, llenar el campo de plantaciones de soja transgénica para vendérsela a China y conseguir así divisas.

Por más vueltas que le doy, no veo cómo la nacionalización de la banca y salir del euro, aparte de castigar a la banca y a Alemania, puede ayudarnos lo más mínimo a resolver nuestros problemas y mejorar un poco la condición de los atribulados españoles. Más bien, todo lo contrario. Y como el español medio se lo huele, sigue pensando, bien a su pesar, que lo único que se puede hacer es lo que hace Rajoy. Y así nos va.

Bankia, metáfora de la economía española

La Comisión Europea ha aprobado la reestructuración del llamado «sector nacionalizado» de la banca española, que incluye a Bankia, CatalunyaCaixa, NovacaixaGalicia y Banco de Valencia. En total, 37.000 millones en inyección de capital más 2.500 millones en participación en la SAREB («banco malo»). A renglón seguido de anunciar Joaquín Almunia – vicepresidente de CE – la noticia, José Ignacio Gorigolzarri, presidente de Bankia-BFA, ha dado a conocer el plan estratégico de la entidad.

Muy resumidamente, lo que ahora sabemos de Bankia es lo siguiente. Recibirá 18.000 millones de fondos europeos en bonos del ESM (siglas de European Stability Mechanism o Mecanismo Europeo de Estabilidad), inmediatamente descontables en el BCE. A cambio, deberá reducir la plantilla en un 28%, o unas 6.000 personas, cerrar 1.100/1.200 de las 3.100 oficinas de que dispone, limitarse al territorio «histórico» de las Cajas de cuya fusión resultó y no invertir en crédito promotor ni otros «activos de riesgo» (lo que, en general, debemos entender como Bolsa y derivados financieros). También se impone un límite al tamaño de los activos, en 120.000 millones; a 30 de septiembre, ese tamaño está ahora en 289.000 millones. La inyección de capital viene a compensar a duras penas las pérdidas de Bankia en 2012, estimadas en 19.000 millones y que incluyen 12.600 millones de provisiones, de las que 11.400 millones tendrán que dotarse en las próximas semanas. Los activos «tóxicos» en poder de Bankia, elegibles para su adquisición por la SAREB, serán efectivamente adquiridos en breve por la parte del valor contable que no haya sido aún provisionado, poco menos de 25.000 millones. (Incidentalmente añado que, si esta solución se aplicara al rescate de las personas y no sólo de la banca, se podría efectuar una quita en la deuda de las familias cuyo promedio puede estimarse en el 63%; pero, precisamente, se ha impedido a la SAREB hacer esto estipulando que no puede adquirir créditos morosos inferiores a 300.000 euros). La SAREB pagará a Bankia en bonos propios, también descontables en el BCE. Además, Bankia deberá vender activos industriales (15% de Mapfre y su filial en Miami) valorados en su balance en 8.000 millones y recuperará 17.000 millones de la normal amortización de préstamos hasta 2015. Dispondrá, de esta forma, de unos 68.000 millones de activos líquidos con que atender los vencimientos de su deuda previstos hasta ese año (32.000 millones) y dispondrá de abundante liquidez para reanudar el préstamo minorista a hogares y empresas, el único que se le autoriza.

En cuanto a los requisitos de capital, la CE ha estimado que necesita 15.500 millones adicionales, incluida la capitalización de los 4.800 millones de deuda con el FROB. Los restantes 10.700 millones provendrán de deuda con particulares, capitalizada tras quitas de distinto importe en participaciones preferentes y deuda subordinada. La mayor parte de esa cifra la aportarán las preferentes, luego de haber sufrido una quita del 39% en su valor nominal. Ahora bien, como lo habitual es convertir a acciones al valor nominal de éstas, y dado que la cotización bursátil de Bankia está bastante por debajo de la mitad de aquel valor, la quita efectiva de las preferentes, si se las quisiera convertir en dinero ahora mismo, sería muy superior, quizá del 80%. Si quieren recuperar algo más de su inversión, los titulares de preferentes deberán esperar a que surta efectos el plan, que busca, como objetivo final, aumentar la cotización bursátil de Bankia, de modo que todos, accionistas y contribuyentes (FROB) puedan recuperar su dinero.

El punto débil del plan desde el punto de vista del accionista, aunque el fuerte desde el de la CE, es la imposición de que Bankia tenga que limitarse a sus mercados «históricos» y la prohibición de involucrarse en «inversiones de riesgo». Ambas «limitaciones» – como las llamó Goirigolzarri – tendrán como resultado reducir la competencia que Bankia pueda hacer a entidades que no necesiten de inyecciones de capital público. La percepción de tales limitaciones provocó ayer una caída en Bolsa de Bankia superior al 9%. En cambio, la constatación de que el Banco Popular está llevando a cabo su ampliación de capital, que de terminar con éxito le librará de verse sometido a limitaciones de esa índole, determinó una subida que fue la mayor del sector bancario.

Para la CE, sin embargo, la virtud del plan es que obligará a Bankia a prestar a familias y empresas, y hacerlo a tipos de interés y con condiciones ajustadas a la atonía económica, si quiere hacer beneficios e impulsar el alza de sus acciones. Lo lógico es que las limitaciones se mantengan hasta que Bankia devuelva al ESM el último bono que reciba ahora. Esa deuda con Europa sólo se podrá devolver generando beneficios; mientras tanto se mantendrán las limitaciones, pero las limitaciones contribuirán a que los beneficios se mantengan bajos. O sea, la pescadilla que se muerde la cola. Incluso si el plan sale bien, la remontada de Bankia está destinada a ser lenta y muy trabajosa.

Economía política de los políticos españoles

Estos días he leído un artículo que publicó El País hace un par de meses, de César Molinas, a quien los economistas españoles serios conceden cierto crédito intelectual. El artículo es lo típico que se escribe para agradar a una amplia audiencia, en un tema de moda, y no el resultado de un esfuerzo por pensar de forma independiente. (También, qué cosas publica El País ahora: deben de estar desesperados). No lo afirmo gratuitamente. En el artículo, Molinas se despacha a gusto con los políticos calificándolos de «clase extractiva», supuestamente, una clase social compuesta por agentes que no producen nada y viven cual parásitos apropiándose de riqueza que producen los demás. A mí esto me suena a marxismo reciclado y barato; sólo le faltó llamar «moderna forma de plusvalía» a la tajada que se llevarían de la producción social. Pero a buen seguro que a muchos les pareció una notable aportación de la economía al análisis de la realidad.

De un buen economista del mainstream, uno habría esperado un análisis basado en la contribución marginal de los políticos a la producción de riqueza y de la retribución que obtienen gracias al monopolio que es su actividad. Los políticos mueven la maquinaria del Estado, y es indiscutible que el Estado contribuye a la producción de riqueza. ¿Cómo? Es algo que muchos tienen menos claro, y Molinas desde luego nada en absoluto. Imagínese que el trazado de una autopista de peaje requiere facilidad de paso por las fincas de cien propietarios, y la empresa constructora y luego explotadora de la infraestructura consigue llegar a acuerdos con todos menos con uno. No sirve la suma que se le ofrezca; tozudamente, se niega a pactar. El trazado alternativo, para el que la empresa tiene acuerdos con todos los propietarios, incorpora un sobrecoste de diez millones de euros tras el pago de indemnizaciones. Llega el turno del Estado, que expropia al recalcitrante pagándole lo que el derecho administrativo-económico llama «justiprecio», pongamos, medio millón de euros, y la empresa se ahorra nueve millones y medio. Ésa es la contribución neta del Estado (y los políticos que hicieron aprobar en su día la correspondiente ley de expropiación forzosa en el parlamento o donde fuere) a la producción de ese ítem de riqueza.

Dado que la legislación de expropiación forzosa aplicable en España data de 1954, hoy nadie tiene derecho a reclamar retribución alguna por su aplicación. Ese valor añadido va a cuenta de los impuestos que el Estado tiene la prerrogativa de recaudar. Pero la operación de la ley requiere de la actuación de instancias estatales añadidas a la de los tribunales que fijan el «justiprecio». Ciertos parámetros de dicha actuación quedan al arbitrio de decisiones administrativas. Por ejemplo, la expropiación del propietario recalcitrante requiere de la declaración de la autopista como «de utilidad pública», y dicha declaración la tiene que efectuar instancia política competente. Si excluimos la contribución de la ley, propiamente dicha, y que para simplificar podemos dar por (casi) amortizada, la contribución de los políticos se aproximaría a los nueve millones y medio estimados antes. Una contribución, desde luego, nada desdeñable y que aporta fundamento económico a la corrupción, lo que obliga a una vigilancia permanente que en España ha sido bastante laxa.

Contra lo que presupone el pensamiento conservador, que suele dar por sentado que el Estado existe para garantizar el derecho de propiedad, la evidencia cotidiana indica que el Estado capitalista existe para eso (por supuesto) pero también, y no menos importante, para garantizar que los derechos de propiedad no se utilizan como freno a la creación de riqueza propiciada por el uso eficiente de otros derechos de propiedad. Es decir, el Estado media en los conflictos entre distintos titulares de derechos y arbitra a favor de los que prometen mayor riqueza para el conjunto de la sociedad. Sé perfectamente que esta visión no gustará a muchos. Pero no escribo para gustar sino para exponer las cosas como las veo. La evidencia a favor de un Estado gestor eficiente de los conflictos económicos entre titulares de derechos de propiedad es abrumadora. Desde los cercamientos de tierras en la Inglaterra moderna a la desamortización de los bienes eclesiásticos y comunales en la España del siglo XIX, los orígenes del capitalismo muestran que no habría habido la formidable acumulación de recursos que fue necesaria para la revolución industrial, de no mediar la intervención beligerante del Estado. Y la insistencia de hoy día en «reformas estructurales» viene a abundar en el tema de forzar una nueva acumulación de recursos para ponerlos en manos de quien es más capaz de movilizarlos productivamente, como estrategia para salir de la crisis.

En España, hay que reconocer a la política la remoción de obstáculos al crecimiento en los últimos treinta años, mediante: a) el ingreso en las Comunidades Europeas, b) la incorporación a la zona euro, c) la actualización de gran parte del ordenamiento jurídico para hacerlo compatible con el de esas instancias supranacionales, y d) todas las actuaciones concretas en décadas recientes que propiciaron el periodo de crecimiento más intenso y prolongado de la historia de España. De resultas de esas transformaciones, muchos titulares de derechos fueron expropiados o sus derechos perdieron todo valor económico, pero hoy ¿quién los recuerda? Su rastro se diluyó en el bullicioso torrente del progreso. De ser, todavía en 1980, un «país en vías de desarrollo», hemos pasado a ser miembros del club de países más ricos del mundo, y es quizá en parte fruto de la ambición del proyecto que ahora la sociedad española se encuentra como se encuentra.

Pero es cierto que no todo son logros en el registro de los políticos, y que precisamente sus fracasos han pasado a pesar más – considerablemente más – que sus logros a ojos de la opinión pública en el último lustro. Pero el débito fundamental de los políticos no consiste en que se hayan convertido en una clase parasitaria, «extractiva», o como se la quiera llamar. Su débito radica en que han dejado de ser gestores eficientes de los conflictos económicos entre derechos de propiedad. Antes al contrario, están demostrando ser gestores extraordinariamente ineficientes de esos conflictos, en lo fundamental, porque se han dejado capturar por lobbies representativos de ciertos intereses que por fuerza han de ser retardatarios del progreso: los de bancos técnicamente quebrados. La banca española, que llegó a entrar en una simbiosis perfecta con los intereses de la propiedad inmobiliaria durante la fase de inflado de la burbuja, luego de pincharse ésta ha demostrado hasta la saciedad su incapacidad para adaptarse a cualquier patrón de crecimiento distinto. Se ha convertido en una institución obsoleta, necesitada de una reconversión tan profunda que los partidos mayoritarios, espantados, retroceden cuando se trata de acometerla. Si hubieran tenido el coraje de forzar el rescate de los bancos por accionistas y tenedores de deuda preferente y subordinada, y en su caso se hubiera procedido a la quiebra y liquidación de las entidades más endeudadas, garantizando los depósitos, ahora la situación sería muy diferente. Pero el coste electoral de semejante política (y la profusa presencia de políticos en excedencia en consejos de administración bancarios) los paralizó, y en la parálisis han caído bajo la influencia de la banca. Continuamente utilizan el poder expropiatorio del Estado para confiscar la propiedad de los demás actores, mediante nuevos y más crecidos impuestos, poniéndola a disposición de un sector económico que es incapaz de utilizarla para contribuir al progreso. Alimentan un esquema piramidal, que depende de bancos zombis para comprar la deuda soberana, y de mayor deuda soberana para mantener en pie a los bancos zombis, en un círculo vicioso que los políticos esperan superar enterrando más y más recursos en tapar agujeros sin fondo, lo que exige mantener a la sociedad española en altas tasas de inactividad y desempleo. Han perdido el norte y extraviado el rumbo de la nave del Estado. De resultas de ello, el orden constitucional amenaza con venirse abajo y, con él, la convivencia pacífica de los españoles.

Una buena noticia económica

Diversos indicadores venían apuntando la posibilidad de que se estuviera produciendo un cambio positivo en los datos económicos. Hoy voy a centrarme en uno de tales indicadores que, precisamente, ha venido en estos días a reforzar esa impresión. Se refiere a un aspecto particularmente técnico de la pertenencia de España a la zona euro, así que no tengo más remedio que intentar explicar de qué se trata, con las palabras más sencillas que puede encontrar.

Cuando ordeno una transferencia desde mi banco al de un proveedor, si los dos operamos con bancos españoles, el primero «envía» el dinero al segundo a través del Servicio de Liquidación de Depósitos Interbancarios (SLDI), que es el nombre que recibe el Servicio de Liquidación del Banco de España (SLBE) desde su integración en la infraestructura transeuropea de transferencias interbancarias que se denomina Target2. Mi banco carga la transferencia en mi cuenta y el SDLI carga el importe en la cuenta de mi banco para abonarla en la del banco de mi proveedor y éste en la de su cliente. Pero esto, merece repetirse, ocurre sólo cuando ambos bancos son españoles. ¿Qué pasa cuando el mío es español pero el de mi proveedor es de otro país de la zona cubierta por Target2, que incluye a la UE y a otros países como Suiza, Islandia y Noruega? Entonces no hay verdadera transferencia de fondos. Mi banco me carga a mí, el Banco de España carga a mi banco, el Banco de España aparece deudor del Banco Central del país en cuestión, éste abona al banco de mi proveedor y el banco de mi proveedor abona a su cliente. En vez de verdadera transferencia de fondos hay un reconocimiento de deuda del Banco de España a favor del Banco Central de otro país europeo.

Cuando uno observa las estadísticas que describen este asunto, se aprecia que, hasta 2006, las cuentas asociadas tenían saldo cero. Esto lo interpretamos como que entonces funcionaba el mercado interbancario europeo. No había deuda de unos bancos centrales con otros porque los bancos privados se prestaban día-a-día los saldos resultantes de tales movimientos. Pero tras el verano de 2007 el interbancario se bloqueó, y el Banco de España apareció en el conjunto de ese año como deudor por importe de 3.275 millones de euros, tal y como se refleja en el cuadro siguiente:

Lo que ocurrió es que el interbancario europeo se cerró y entonces los bancos centrales de los países con déficit tuvieron que salir fiadores ante los bancos centrales de los países con superávit, para evitar la parálisis del sistema de pagos intereuropeo. A partir de ese momento, la deuda del Banco de España en Target2 ha crecido de forma exponencial, hasta totalizar casi 175.000 millones de euros a fines de 2011. A lo largo del presente año, ha crecido incluso más rápidamente, hasta superar 400.000 millones de euros a fines de septiembre de 2012. De esa cifra, por supuesto, hay que deducir la deuda de otros bancos centrales con el de España (los de Grecia y Portugal, presumiblemente), que asciende a 50.000 millones de euros. El endeudamiento neto del Banco de España en el seno de Target2 asciende, así pues, a 350.000 millones de euros, lo que viene a significar que, sin los 100.000 millones comprometidos en junio, Europa ya ha rescatado otras 3 veces y media al sistema bancario español.

Hay, inevitablemente, una reflexión sobre la oportunidad de la ofensiva del gobierno en Europa a favor de la unión bancaria. Cuanto más se insiste en este tema, más se puede estar poniendo la soga al cuello de España. Porque no hace falta ser un lince para comprender que la unión bancaria exigirá un mecanismo de transferencias bancarias que se aproxime más a lo que ocurre entre bancos españoles que a lo que ocurre entre un banco español y uno que no lo es. Por pura lógica. Pero eso significará, indefectiblemente, que Target2 deberá ceder paso a un nuevo sistema de pagos, que no se pondrá en marcha sin antes haber ajustado las cuentas del propio Target2. Lo cual traerá consigo, con toda probabilidad, la conversión de la deuda del Banco de España en algún tipo de deuda soberana. En resumen, el riesgo es vernos devolviendo una deuda de 350.000 millones, con mucha suerte, a 15 años y al 1,5%. Sin duda, muy buen negocio para forzar la recapitalización directa de la banca.

Pero esos pequeños temores no deben empañar un gran motivo de satisfacción, a saber, que la deuda del Banco de España en Target2 se redujo en septiembre comparativamente a la de agosto en 34.000 millones. Que es el dato positivo que yo quería resaltar.

Las cuentas del banco malo

Ya puede uno empezar a hacerse una idea de qué es lo que hay detrás del famoso «banco malo», convertido en los últimos meses en pieza clave de la reforma financiera después de que banqueros y ministros – también éstos de ahora – lo descartaran como solución a la crisis. Tomando bits de información aquí y allá y componiendo una especie de rompecabezas, se llega a vislumbrar el siguiente panorama.

El punto de partida son los 100.000 millones de euros del rescate bancario, acordado en junio por las autoridades comunitarias y de la eurozona de conformidad con España. Esos 100.000 millones son una cifra máxima y el FROB será el organismo encargado de gestionarlos por delegación del Estado. La segunda pieza es el informe de Oliver Wyman, que se conoció el pasado 28 de septiembre y que cifra las necesidades de recapitalización de la banca en unos 59.000 millones, que con las fusiones y absorciones en marcha podrían quedar en 54.000 millones. Algunos de los bancos necesitados de recapitalización, muy señaladamente el Popular, han manifestado su intención de obtener los recursos necesarios a través del mercado, o sea, sin necesidad de apoyo público. Se estima – aunque a mí me parece optimista – que eso reducirá las aportaciones del FROB a unos 40.000 millones, de los que 24.000 son lo que necesita Bankia. El gobierno, por boca de su ministro De Guindos, se ha felicitado repetidamente por este resultado, que reduce notablemente el recurso a fondos europeos por debajo de lo previsto en junio. «En vez de un incremento de la deuda superior al 9%, como estaba previsto, esto supondrá uno inferior al 4%», se le ha oído decir.

Una primera percepción de estas cifras y de la reacción del gobierno es 1) que la operación Oliver Wyman se ha orquestado para sacar las castañas del fuego a Bankia, toda vez que los recursos asignados por el gobierno a otras entidades (menos de 16.000 millones) parecen irrisorios a estas alturas; y 2) que la clave de la reforma del sector radica en la puesta en marcha del famoso «banco malo». Ahora bien, el gobierno quiere una importante participación de inversores privados en la financiación del «banco malo», debido a que no desea que esa financiación repercuta en mayor deuda soberana. Loable pretensión, pero debería añadirse «excesivamente», para dejar la oración así: «porque no desea que esa financiación repercuta excesivamente en mayor deuda». Es evidente que hará falta mayor deuda. El propio gobierno ha declarado que el objetivo es lograr un 55% de inversión privada en la capitalización de la sociedad de gestión de activos, o sea, del «banco malo». Lo cual deja otro 45% a cargo del FROB o de quien fuere que aporte los fondos públicos (aunque estoy convencido de que será el propio FROB).

Por otra parte, De Guindos ha dicho que el «banco malo» no gestionará inmuebles de valor inferior a 100.000 euros (¿en los libros del «banco bueno» o en los del «malo»?) ni préstamos inferiores a 250.000 euros (ídem de ídem). Según algún experto en la materia, eso dejará fuera de la operación al 36% de los «activos tóxicos» de la banca (¿en número o en saldo vivo?). Otra estimación que se ha manejado estos días es que el valor en libros, agregado, de los «activos tóxicos» de la banca española asciende a 260.000 millones de euros. Finalmente, la banca exige que la adquisición de los activos por el «banco malo» no se haga a precios muy por debajo del actual (¿saldo vivo de la deuda o descontadas las provisiones que se haya dotado?).

Las cuentas son las siguientes. Si el 36% queda fuera, el 64% queda dentro: el conjunto de los activos sobre los que operaría el «banco malo» ascendería a unos 166.000 millones de euros. Si el «banco malo» tiene que hacerse cargo del 45% de ese valor, resultan unos 75.000 millones de euros. Si se efectúa una rebaja del 10% sobre el valor en libros de esos activos – algo que tendría que ser calificado de muy generoso por la propia banca – las obligaciones de pago del «banco malo» ascenderían a unos 58.000 millones. Como el rescate bancario asciende a 100.000 millones y 40.000 de ellos están asignados a recapitalizaciones, restan 60.000 millones que dan justita, justita la capitalización del «banco malo».

Juzgue cada cual la credibilidad que le merece este esquema. A mí me parece cogido con alfileres.

La economía española, de mal en peor

Ésta está siendo una semana aciaga para la economía española. Hoy, el Banco de España ha dado a conocer una caída del PIB del 1,3% en junio, a la que suma la previsión de una nueva y «significativa caída» del mismo indicador en el trimestre que termina en septiembre. Y ayer, en un encuentro a tres bandas en Helsinki, los ministros de Finanzas de Alemania, Holanda y Finlandia amenazaron con dar marcha atrás del acuerdo sobre el rescate de la banca española, pactado en junio. En peor momento, imposible: el viernes las auditoras publicarán las necesidades de recapitalización de los bancos españoles. Sobre lo primero, poco hay que añadir. Es evidente que la causa estriba en la política de austeridad del gobierno, añadida a la recesión global.

Menos evidente es lo que motiva lo segundo. El acuerdo de junio incluía, aparte de un máximo de 100.000 millones de euros para la banca española, la decisión de crear una autoridad supervisora de la banca europea en su conjunto. Tras señalar que la autoridad supervisora no estará en funciones a comienzos de enero, como se acordó, ahora Alemania vincula los dos términos del acuerdo: si no hay autoridad supervisora, no habrá rescate bancario. Más claro, agua. La explicación alemana es la siguiente. Si no hay autoridad supervisora, el control del cumplimiento de las condiciones impuestas a cada entidad recaerá sobre autoridades nacionales. Y las autoridades nacionales fallaron por dos veces consecutivas en la realización de los stress-tests de 2010 y 2011, que dieron excelentes resultados para bancos que ahora hay que rescatar.

Aún hay más. En las últimas semanas, Alemania ha pasado a pensar que es preferible el rescate del Estado al rescate bancario. Por tanto, lo que busca es que Rajoy, no contando con el dinero para los bancos dé su brazo a torcer y pida el rescate del Estado. ¿Por qué este cambio de opinión? Yo no descartaría, incluso, que se tratara de una estrategia para quebrar el «orgullo español», al que los medios germanos estuvieron durante meses atribuyendo la resistencia a pasar por el aro. Se trate o no de una estrategia, los motivos están claros. Alemania y otros países financieramente fuertes están hartos de la estulticia de este gobierno. Las afirmaciones de Rajoy, en rueda de prensa, de que en todo caso era él quien había presionado para llegar al acuerdo sobre el rescate bancario, dieron a muchos que pensar que es un imprudente y a otros que quizá tenía razón y había engañado a los demás europeos. Un efecto absurdo, dada la posición de España, en cualquier caso. Después, este gobierno alardea de gestos, claramente electoralistas (como la prometida subida de las pensiones), que no se permitiría a un país rescatado. Los europeos de un país u otro no verán con agrado que con su dinero se dé a los españoles mejoras de que carecen aquéllos.

La idea de que Rajoy, a despecho de sus continuas afirmaciones en contrario, es un insensato se abre paso con fuerza en la escena internacional. Ahora Rajoy se va a Nueva York a pedir que España vuelva al Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente. ¿Es que no tiene suficientes problemas en casa, de manera que le sobra tiempo para pensar con detenimiento los graves problemas de la política mundial? Pues es evidente que no va a pensar a fondo ni unos problemas ni los otros. Esto no es más que ese sentido común del que tanto presume Rajoy. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. ¿En qué piensa el presidente español?, se preguntan los dirigentes políticos y financieros del mundo y sobre todo de Europa. Y empieza a adivinarse que no piensa nada, que no tiene nada en mente, que es un cabeza hueca. Y es el segundo en cuatro años. Europa sospecha ya que España no es capaz de elegir, para mandarla, más que botarates. Si es así, lo oportuno será intervenirla cuanto antes y convertirla en un protectorado europeo.

Por qué el rescate no se hará esperar

A perro flaco, todo se le vuelven pulgas. El empeño de Rajoy en no pedir el rescate, que aquí ahora se llama «integral» (en inglés bail-out), de España se topa cada vez con mayores dificultades. Ahora son sus aliados fundamentales en esta peripecia, aquéllos por los que lo ha dado todo sacrificando lo que sea y a quien sea, los bancos, quienes parecen abandonarlo. Pero los bancos no tienen opción. Pese al rescate bancario pactado semanas atrás y – hay que decirlo – que el gobierno está instrumentando a paso de tortuga acorde con la velocidad de la sangre en las venas del presidente, los bancos españoles pierden depósitos a velocidad de vértigo. Sólo en julio pasado, la banca española perdió 74.000 millones de euros, o un 4,7% del total de sus depósitos, con lo que lo perdido desde junio de 2011 asciende a 233.000 millones, o el 13,4% de lo que entonces había. Son datos del Banco Central Europeo (y alguna elaboración mía). Si yo fuera un pelín monetarista, aunque sólo fuera un pelín, pensaría que esta contracción monetaria se une a la consolidación fiscal a la hora de agudizar la recesión que tenemos encima. El problema es que en el gobierno no parece haber quien tenga la menor idea de qué es una contracción monetaria y cuáles son sus efectos.

Vamos a la reacción de la banca ante la pérdida de depósitos. Los bancos de la eurozona están obligados a mantener el 2% de sus depósitos en forma líquida, esto es, en forma de dinero emitido, de una forma u otra, por el Banco Central Europeo. Cada vez que un depositante retira 1 euro, el banco tira bien de su exceso de reservas (si está por encima del 2%), bien de sus reservas obligatorias, lo que significa que tiene que reponerlas de inmediato. La forma de reponer reservas líquidas es vender otros activos, menos líquidos que el dinero. Los bancos españoles no pueden obtener liquidez de los préstamos hipotecarios y otras inversiones, que son invendibles y cuya realización es muy lenta. La vía rápida es vender deuda pública, para la que hay un mercado muy líquido. Parece que la banca española, ante la retirada de depósitos, y una vez agotado su exceso de reservas, ha tenido que reponer reservas obligatorias vendiendo deuda soberana de España.

Es difícil exagerar el contratiempo que este cambio de orientación supone para la situación financiera del gobierno. Desde noviembre de 2011, no hay inversores extranjeros que pujen en las subastas de deuda española. Sólo la banca española lo hace, dados los condicionantes políticos y el pacto de Estado que existe entre el gobierno y la banca; de ahí el especial interés del gobierno en apoyarla, caiga quien caiga. Pues bien, entre diciembre de 2011 y abril de 2012, la banca española ha adquirido 87.000 millones de deuda soberana de España; en buena medida, gracias a las grandes subastas de dinero llamadas «3-yr LTRO», en la jerga del BCE. Pero, tras dos de esas subastas, el BCE no ha vuelto a anunciar ni siquiera planes de una tercera. Para reponer reservas líquidas, por tanto, la banca española no ha tenido más remedio que vender deuda soberana de España, por primera vez en nuestra historia reciente. Unos 17.000 millones desde mayo, y 9.300 millones sólo en julio, siempre según datos del BCE. O sea, que el proceso, tanto en pérdida de depósitos como en venta de deuda, se acelera.

Así se explica, con datos estrictamente financieros, el «pico» en la prima de riesgo de España, al superar los 500 puntos básicos y en algunos momentos los 600; zona de peligro de la que no hemos salido todavía ni, previsiblemente, vamos a salir. Lo que ha ocurrido es que, hasta abril, la banca española compraba deuda en el mercado secundario, lo que mantenía la prima en niveles altos pero aún no alarmantes. Ahora la banca española vende en vez de comprar. ¿Y quiénes compran ahora la deuda? Especuladores. Son especuladores los que compran, con una prima muy alta, esperando que la situación mejore: compran deuda barata para venderla cara. Son quienes especulan, digamos, a favor de España. ¿Les daremos las gracias, después de habernos metido con ellos cuando ocurría al revés? Claro que no. Lo hacen para ganar dinero, como antes. Sólo que unas veces nos perjudica y otras nos favorece, como ahora.

El verdadero problema, en este momento, no está en los que compran, sino en los que venden, los bancos españoles. Y no lo hacen para ganar dinero, sino porque están con el agua al cuello. De hecho, podrían estar registrando importantes pérdidas, si compraron la deuda a un precio y la tienen que vender ahora a otro que les perjudica. Pero no tienen más remedio porque se trata de cumplir con una regulación europea. Los obliga a ello la retirada de depósitos. Y lo que es peor, el reloj avanza. Y lo hace para todos. El gobierno puede esperar una subida considerable de los intereses en la subasta prevista para el próximo jueves. Puede que hasta se invierta la relación subastas/mercado secundario. Hasta ahora las subastas eran más favorables que el mercado secundario. Ahora puede ocurrir lo contrario. De otra forma, los bancos españoles podrían entrar en pérdidas milmillonarias, y lo que se los recapitalice con el gran rescate bancario de 100.000 millones, se acabará yendo por el desagüe con la pérdida de depósitos vía reventa con pérdidas de deuda pública. Precisamente para evitar que el rescate bancario sea una filfa, puede llegar a ser inevitable el rescate «integral».

¿Y qué hace mientras tanto Rajoy, aparte de jurar y perjurar que lo que ha hecho lo hizo porque era necesario? Nada, sencillamente, esperar. Espera que los socialistas franceses le saquen las castañas del fuego. Que el BCE nos rescate sin necesidad de pedírselo. Que nos haga un bail-in, como siempre, por nuestra bella cara. Porque hay que premiar al que hace los deberes. Porque España es muy importante para Europa. Porque si caemos nosotros, caerá el euro. Y todas esas zarandajas propias de políticos que no están a la altura de la emergencia que atravesamos.

Amnistía hipotecaria

En una entrada publicada hace unos días, Dación en pago, expliqué cómo opera el mecanismo contable de las provisiones para morosos, y cómo ese mecanismo puede hacer que el banco pase a beneficios el exceso de provisiones sobre la deuda que resta por devolver, una vez subastado el inmueble. En la de hoy, trataré de explicar por qué la amnistía hipotecaria, que se asienta en el mecanismo contable de las provisiones, lo mismo que la dación en pago, es sin embargo muy superior a ésta por sus efectos macroeconómicos.

Supongamos que debo 100.000 euros al banco por una hipoteca que financia la compra de una vivienda. Hace un año dejé de pagar, porque desde entonces estoy en paro y el sueldo de mi pareja nos da para comer, vestir y poco más. Suponiendo que la hipoteca financiara más del 80% del precio de adquisición, el banco deberá haber dotado una provisión del 50% de la deuda, o sea, por importe de 50.000 euros. Ahora, el gobierno paga al banco el saldo de mi deuda, 100.000 euros. Se hace con una condición: si vendo en el futuro la vivienda, deberé devolver los 100.000 euros. Sigo ocupando la vivienda, de la que he pasado a ser legítimo propietario sin cargas, aunque con una limitación en cuanto a su disposición para la venta. Pero ya no habrá más pagos de principal ni intereses. Los ingresos que obtenga podré destinarlos al consumo.

En cuanto al banco, lo que ocurrirá es lo siguiente. Al ingresar 100.000 euros y cancelar la deuda, ésta dejará de ser un activo «tóxico» en su balance y la provisión para insolvencias, por importe de 50.000 euros, previamente dotada, quedará anulada. Los 50.000 euros pasarán a beneficios extraordinarios del ejercicio. El gobierno, sin embargo, exigirá del banco que esos 50.000 euros no sean distribuidos como dividendos entre los accionistas, sino que permanezcan en el balance como reservas, que se suman a su «capital de máxima calidad» o «capital principal». Así, amortizando anticipadamente por cuenta de las familias hipotecadas sus préstamos, declarados morosos por lo menos desde un año antes, el gobierno consigue recapitalizar los bancos.

Con respecto a la dación en pago, la amnistía hipotecaria es desde luego más costosa para quien la financia (el gobierno, con fondos europeos) pero es más beneficiosa tanto para el deudor como para el acreedor hipotecario. Al verse libre de cargas pero todavía propietario de su piso, el exdeudor puede incrementar, y a buen seguro incrementará su consumo, con efectos beneficiosos sobre la actividad y el empleo. En cuanto al banco, puede ahorrarse el tiempo y los gastos inevitables para la venta de la vivienda en pública subasta, por una parte, y además pasa a capital la totalidad de las provisiones y no sólo su exceso sobre lo que resta por devolver en el préstamo tras la subasta del inmueble.

Desde un punto de vista general de la actividad bancaria, se evitaría así la conversión de los bancos en gestores inmobiliarios espurios. En cuanto al mercado inmobiliario, propiamente dicho, se detendría en buena medida la caída insistente de los precios de la vivienda, que está empobreciendo a toda la sociedad española. Se trata, en definitiva, de una medida sencilla, socialmente equitativa pues beneficia tanto a las familias como a los bancos, además de un estímulo al crecimiento al aumentar el poder adquisitivo de los consumidores.

Ah, y es mucho mejor que un banco «malo».

Dación en pago

Pongamos que debo 100.000 euros a un banco por una hipoteca concertada para financiar la compra de la vivienda en que resido. Puestos a suponer, supongamos que la cuantía del crédito inicial cubría el 85% del valor de adquisición de la vivienda, que pago un interés del 3,5% anual y que restan 10 años para terminar de pagar y poder considerarme dueño de una vivienda sin cargas. Con los parámetros expuestos, mi cuota mensual ascenderá a 1.000 euros. Mientras tuvimos trabajo mi pareja y yo, pagamos sin gran dificultad (¡por eso nos hipotecamos, hace siete años!). Al quedarme yo en el paro, y disponer sólo del sueldo de ella, cada vez nos ha costado más ir pagando. De hecho, hemos tenido que retrasar pagos en varias ocasiones en los últimos cuatro años, aunque siempre terminábamos de ponernos al corriente, a trancas y barrancas. Por desgracia, ella perdió también su empleo hace quince meses, y desde entonces no hemos podido hacer más que pagos de intereses, y no de todos los intereses adeudados, que crecen como una bola de nieve con los impagos. El banco ha sido muy amable (!) y nos ha ofrecido una reestructuración del crédito, con alargamiento del plazo, pero realmente ya nos es imposible pagar nada más. Nosotros querríamos la dación en pago, aunque tengamos que irnos a vivir con mi suegra y mi cuñada, pero el banco nos ha dicho que, en pública subasta, el precio de la vivienda no subirá de 70.000 euros, por el derrumbe del mercado inmobiliario, debido a lo cual todavía deberíamos 30.000 euros, que no sé cómo vamos a pagar, como no sea vendiendo la casa de mi suegra y mi cuñada, con cuya garantía mi suegro, que en paz descanse, nos avaló al hipotecarnos. En vista de lo visto, el banco inició hace meses los trámites de embargo y desahucio de nuestra vivienda, que llegarán a su fin en próximas semanas pero en modo alguno pondrán término a nuestras penalidades.

No sé cuántas familias se encuentran en esta situación, ni a cuántas afectará en los próximos meses. Me temo que a unas cuantas decenas de miles, y el número irá in crescendo conforme nos adentremos en la recesión en que llevamos ya casi un año y empieza ahora a azotar a los demás países europeos.

Debo redirigir la atención del lector, desde el drama humano que esta clase de situaciones comporta, al problema bancario. Para el banco que es mi acreedor, mi crédito, llegado a la situación que he descrito, es un «activo tóxico». Su «toxicidad» lleva consigo varios problemas. Uno es que acabará cambiando, al menos en la mayor parte de su valor, un crédito por un inmueble (nuestra vivienda), que no tiene nada que ver con el negocio bancario. Eso le obligará a incurrir en gastos de mantenimiento y a decidir si le interesa alquilarlo o venderlo. Convertirse en arrendador (propietario de un piso en alquiler) es una complicación para un banco, que no está preparado para actuar como gestor inmobiliario. Puede ponerlo en manos de un verdadero gestor inmobiliario, pero eso también presupone gastos. Al final, lo más sencillo para el banco es vender. Pero aquí empieza el verdadero problema. ¿Vender, por cuánto? Cabe estimar que el precio de la vivienda construida ha sufrido en España una caída media del 40%. En números redondos, el banco dejará de cobrar 30.000 euros del total de la deuda hipotecaria, que repercutirá sobre mis avalistas; ahora, mi suegra y mi cuñada.

Ahora bien, la regulación bancaria impuesta por el Banco de España ha obligado a mi banco a dotar provisiones por créditos morosos desde el tercer mes en que dejé definitivamente de pagar regularmente. Pongamos que hace un año. Dotar provisiones quiere decir apartar beneficios y dejarlos inmovilizados en una cuenta especial, a la espera de que el crédito sea incobrable, en cuyo caso la provisión cubre la pérdida, en todo o en parte, o de que yo vuelva a pagar, en cuyo caso el capital «provisionado» recupera su condición inicial de beneficios. Por las características del crédito, que satisface la mayoría de los créditos hipotecarios a familias en nuestro país, el banco ha estado obligado a «provisionar» mi crédito, claramente moroso, en dos años, a razón del 50% cada año. Digamos que ya tendría que tener provisiones, para cubrir mi crédito, o las tendrá dentro de poco, por importe de 50.000 euros.

Esto cambia radicalmente el panorama. Supongamos, en efecto, que nos desahucia y vende nuestro piso por 70.000 euros cuando la deuda asciende a 100.000. Hay una pérdida extraordinaria – así se llama – por importe de la diferencia, o sea, 30.000 euros. Pero ahora el banco tiene disponibles 50.000 euros para cubrir esa pérdida; 30.000 se van con la pérdida, lo que deja intacto el capital (éste es el objeto de la provisión) pero restan todavía 20.000 que se convierten… ¡en beneficio extraordinario de este ejercicio! Vaya, de tener pérdidas el banco ha pasado a tener beneficios. ¿Y todavía pretende asfixiarnos a mi suegra, a mi cuñada y a nosotros dos amenazándonos con el aval de mi suegro, que en paz descanse? Hace falta una caradura impresionante y una sed de dinero inhumana.

Es esta clase de situaciones la que abordó el Congreso hace unos meses al aprobar una ley invitando a las entidades bancarias que estuvieran en esa situación a optar voluntariamente por la dación en pago, es decir, por la cancelación total y definitiva del crédito desde el momento en que se haya producido la venta de la vivienda en pública subasta. Se sobreentiende que las entidades se avendrán a esa posibilidad únicamente en caso de que las provisiones previamente dotadas cubran el 100% o más de la inversión del banco. En caso de que no se llegue a ese extremo, el brazo seguirá apretando al deudor. Pero es que, en el preciso caso que he descrito, la dación en pago tendría que ser obligatoria, no voluntaria, porque otra cosa es verdadera extorsión. Incluso cuando no hay provisiones suficientes, habría que estudiar por qué no las hay. Quizá no las hay porque el banco no ha cumplido con sus obligaciones, y no las ha dotado o no lo ha hecho en la medida requerida. En este caso, tendría que exigirse responsabilidades a los gestores y el banco tendría que ser responsable civil subsidiario. En todo caso, no debería ser problema de la familia hipotecada. Las provisiones que hubieran debido ser dotadas en ejercicios anteriores, sin serlo efectivamente, deberían dotarse automáticamente éste, con cargo a los beneficios que el banco vaya a registrar, con lo que la situación y sus resultados retornarían a lo descrito. Finalmente, podría ocurrir que no hay provisiones porque no ha habido beneficios con cargo a los cuales dotarlas: si no hay beneficios, no hay provisiones. En ese caso, el Estado debería ser responsable subsidiario y resolver el problema, para llegar al mismo término, con los fondos del rescate bancario.

Pasta gansa para España

Estas cosas siempre son un disparate. Europa pone 100.000 millones de euros para arreglarle el cuerpo a la banca española, y el asunto no puede salir bien. Y no puede salir bien por un error (o quizá no tan error) de concepción. Estamos en el capitalismo. Aquí cada cual se tiene que buscar la vida, y el que no la encuentre, al hoyo. Eso vale para los bancos tanto como para todo lo demás. (Bueno, quizá no tanto para los bancos, porque son tan importantes, ¿verdad?).

Supongamos que sale bien. Supongamos que los miles de millones se reparten «equitativamente» entre los bancos, y que éstos ponen su parte (¿de dónde, dejando de pagar dividendos una temporada a los accionistas?) hasta reunir los 170.000 millones en que se estima el agujero del ladrillo español. Estupendo, ya tenemos unos bancos reflotados a tope… y listos para competir y quedarse con todo lo que puedan del pastel del mercado único de servicios bancarios de la Unión Europea. ¿Qué pasará, previsiblemente? Que los bancos de otros países levantarán el dedito para decir: «Yo también quiero». De algún modo, la eurozona se ha juramentado, con este rescate, a poner en marcha la famosa unión bancaria, cualquiera que sea la naturaleza de ésta, cosa que nadie conoce más allá de alguna obviedad, como que tiene que haber un supervisor único, un fondo de garantía de depósitos único y detalles así, que conoce cualquiera de mis alumnos de 5º de Administración y Dirección de Empresas. Luego la eurozona se ha metido en un callejón sin salidas laterales, que no sabemos a dónde la va a llevar.

A continuación, está la postura que pueda adoptar el Reino Unido, que no es miembro de la eurozona, que pagó en su momento de su bolsillo el rescate de sus bancos, y que se puede ver (se verá) perjudicado por ayudas públicas a un competidor de la Unión Europea. Ahí, la UE está abocada a una negociación que puede ser tan larga como la de principios de los años ochenta del siglo pasado, y que concluyó con la aprobación del «cheque británico». Sólo que ahora el Reino Unido va a contar con aliados como Polonia, Austria, Holanda y Finlandia. Y aunque no somos más pobres que hace treinta años, tenemos mucha menos riqueza en forma líquida, lo que dificulta el pago de cualquier cheque.

Y está la cuestión de España. España, ese país de baja productividad que, sin embargo, siempre se las arregla para recibir un trato de favor excepcional. Para que nos hagamos una idea, entre 1989 y 2006, España recibió unos 200.000 millones de euros en dinero de fondos europeos, mientras que el segundo país más beneficiado fue Italia, con unos 70.000 millones recibidos desde 1957. O sea, primeros, con el triple de beneficios que el segundo. Gracias a eso tenemos más autovías que nadie (excepto Alemania) y más tren de alta velocidad que nadie (incluida Alemania). Resulta que nos metemos en el fiasco del ladrillo ¿y tiene que venir Europa también a sacarnos del atolladero? No sorprende que algunos países afilen sus cuchillos, para cortarnos el cuello si pueden. Puñetera envidia, claro está. Y, para colmo, el pánfilo de Rajoy viene a presumir de que poco menos que nos van a regalar los 100.000 millones del rescate bancario. Holanda y Finlandia, sobre todo, estaban que echaban las muelas en la reunión del Eurogrupo del sábado 9 de junio.

Y luego está Grecia. Parece evidente que uno de los efectos inmediatos de toda la operación será inclinar el voto de los griegos hacia los partidos que quieren menos austeridad aun manteniéndose en el euro. Los españoles hicieron sus deberes: es lo que se les dirá, y vosotros no. Pero la sospecha de favoritismo planeará y se aliará con las recomendaciones, muchas veces técnico-profesionales, de economistas de prestigio, que sostienen que tanta austeridad no es buena. Pero aquí Merkel, o sea, Alemania, no puede aflojar ni un milímetro, porque si afloja el patio se le desmanda. Alemania, como todo buen organizador, sabe que la clave radica en un sistema eficiente de premios y castigos. A España se la premia, ostensiblemente; a Grecia se la castiga, no menos ostensiblemente. Pero una vez resuelto el problema de Grecia con su salida del euro, las cosas cambiarán. Empezará una complicada negociación con Irlanda, a la que también hay que favorecer porque ha sido «buena» aunque las cosas no están saliendo como se esperaba. Todo el mundo siente pena por Irlanda, verde país de gentes tan melancólicas. Habrá que aflojar la austeridad con ella. Pero al mismo tiempo, y una vez que el «delincuente» griego (en inglés delinquent es el que no paga lo que debe) no pueda beneficiarse indebidamente porque ya no estará en el euro, Alemania mostrará con claridad que España también está intervenida, para que Irlanda no se pase en sus expectativas.

Así pues, Rajoy puede esperar de tres a seis meses «dulces», en los que el paro bajará, sobre todo por el turismo, y la Bolsa subirá y todo parecerá enrumbarse del mejor modo. Pero al término de ese plazo, la troika empezará a meter las narices para garantizar que ni un solo euro de los 100.000 millones se desvía de los bancos para ir a financiar, por ejemplo, a las ineficientes Comunidades Autónomas, o las dispendiosas sanidad y educación públicas. Todo, todo tiene que ir a los bancos. Y a ver en qué condiciones prestan los bancos a toda esa panda de morosos que han vivido de la deuda pública. Es decir, los ajustes de Rajoy continuarán. Porque el plan es que los bancos suban sus cotizaciones a la estratosfera, porque España se vea inundada de capitales extranjeros, de modo que el FROB pueda ir vendiendo sus acciones y recuperando el capital invertido, para devolver el préstamo. Y, con un poco de suerte y la debida supervisión de la troika, las cosas saldrán como es debido. Y los españoles ni nos enteraremos. ¡Malditos enchufados!

Pero como el mundo entre en la recesión que muchos esperan, como gane Romney en Estados Unidos (quien apretará el presupuesto más que Obama, lo que no dejará de sentirse en Europa), como la Bolsa española no recupere niveles de bonanza como los necesitados para que el FROB recupere el dinero que España debe a Europa, entonces nos vamos a enterar de verdad de lo que es un rescate.

Errores que han conducido a la crisis de Bankia

Cuando la crisis financiera se desencadenó en el verano de 2007, los economistas atribuyeron sus causas a la emisión de derivados «tóxicos» con hipotecas subprime como subyacente. Tomaban el detonante por la causa profunda. El caso es que, como los bancos y cajas españoles no tenían esa clase de activos en sus balances, se pensó que España estaba fuera del alcance de la crisis. Y se continuó creyendo tal cosa incluso tras el 15 de septiembre de 2008, cuando quebró Lehman Brothers.

La cosa se atribuyó a la excelente supervisión del sector crediticio por el Banco de España (BdE). «El BdE no habría permitido esa clase de inversiones», se decía. Supongamos que era cierto. Había otra razón, sin embargo, para que la banca española no invirtiera en derivados de hipotecas-basura de EE.UU., y es que estaba bien cargadita de hipotecas de nacionales. Sea de ello lo que fuere, proliferaron los elogios al BdE. Conjuntamente con su papel supervisor, se alabó también su papel como regulador. El sistema de provisiones, que obliga a las entidades a dotarlas por encima de lo que es estrictamente necesario en cada momento, también se valoraba muy positivamente. A diferencia del resto de entidades del mundo, obligadas a dotar provisiones específicas contra la morosidad, las españolas han estado obligadas a dotar también provisiones genéricas, con cargo a beneficios. España acudió a la cumbre del G-20 en Washington, en noviembre de 2008, dispuesta a «vender» este modelo y el rol del BdE. Todavía en julio de 2009, una reunión del Ecofin (consejo comunitario de ministros de economía y finanzas) estudió la generalización del modelo español de provisiones a toda la Unión Europea. Pese a todo, España no ha conseguido que, bien en la UE, bien en el ámbito global de los acuerdos de Basilea III, se reconozca que las provisiones genéricas computan a efectos de «capital principal».

Mientras estas consideraciones eran las que dominaban el debate público, la actuación concreta del BdE como supervisor bancario arrojaba luces y sombras. Por una parte, desde el verano de 2007 presionó a las entidades a desprenderse de las filiales inmobiliarias que algunos habían constituido. Por otra, permaneció pasivo frente a inversiones especulativas de alto riesgo. Por ejemplo, a principios de 2007 Caja Castilla-La Mancha invirtió casi 100 millones de euros en adquirir acciones de una inmobiliaria cuya cotización cayó a la décima parte de su valor anterior pocas semanas de después. CCM perdió no menos de 80 millones de euros en aquella operación. El BdE no reaccionó. A lo largo de 2008, hubo episodios de alarma social sobre la capacidad de la Caja de hacer frente a sus depósitos, pero el BdE siguió sin reaccionar. Por fin, en febrero de 2009 fue el Banco Central Europeo el que detectó que CCM se debía de estar quedando sin activos de garantía que descontar, y por tanto sin liquidez, y encendió las luces de alerta. Entonces procedió el BdE a intervenir la Caja.

A lo largo de 2010, con la crisis de la deuda soberana, el foco se desplazó hacia la banca, obligada a absorber cantidades ingentes de deuda pública. Entonces se apuntaron las primeras dudas de los mercados acerca de su solvencia, dado el peso, creciente, de los activos inmobiliarios y sus derivados en sus balances. El BdE cometió su siguiente error. Convencido del poder de su reputación, enaltecida en los dos años anteriores, creyó poder intermediar entre las entidades y el mercado, oficiando de portavoz de las mismas. Prevalecía aquí un concepto trasnochado del secreto bancario, cuando lo que querían los mercados era información detallada de las inversiones y sus riesgos. La farsa de los tests de stress, repetida dos veces, no hizo nada por mejorar la confianza de los mercados.

Pero el mayor error fue el cometido por el gobierno anterior de creer que bastaría con atacar la situación de las cajas de ahorros dejando tranquilos a los bancos. Hubo en esto cierto dogmatismo liberal, que vio en la conversión de las cajas en bancos la oportunidad histórica para una última desamortización. También se pensó que sacrificando a las cajas, sin dueño conocido, se podía evitar ajustes a los bancos, con millones de accionistas. A todas luces, la operación fue producto de una alianza de ensueños doctrinarios e intereses electorales. Y completamente inútil. En ella se han perdido unos meses preciosos y se ha destruido importantes sumas de capital.

Se empezó por fomentar las «fusiones frías» entre cajas. De una de ellas, surgió Bankia. Una soberana estupidez, nacida de la manía española por los «campeones nacionales», que promueve el gigantismo. Un concepto de recién llegados a la competencia global. Lo único que se ha conseguido es crear entidades demasiado grandes para dejarlas caer y también demasiado grandes para poder rescatarlas con los recursos que el país puede reunir. La antesala inmediata de la tribulación actual.

El problema de fondo que se quería resolver con la privatización era la incapacidad de las cajas de acudir al mercado de capitales, al no ser sociedades por acciones. Una vez transformadas en bancos, este problema parecía solventado. Se obligó a todas las entidades a recapitalizarse. Así salieron a Bolsa Bankia y otras entidades, hace menos de un año. Lo que se logró es comprometer los ahorros de pequeños inversores, ya esterilizados para financiar inversión real. Y una medida nuevamente inútil para contener la desconfianza de los mercados. El problema no era ése. En EE.UU. hay muchos bancos pequeños, que tampoco tienen ocasión de acudir a la Bolsa y que, no obstante, funcionan razonablemente bien.

El gobierno actual ha continuado con la política de fomentar el gigantismo y recapitalizar para tranquilizar al mercado, iniciada por el anterior. Así, ha forzado mayores provisiones y, al mismo tiempo, concede plazos más largos para dotarlas a las entidades que se fusionen. Pero tampoco así ha conseguido tranquilizar a los mercados. Todavía no han entendido la naturaleza del problema. Es el desconocimiento de los balances de los bancos lo que provoca la desconfianza. Durante el tiempo en que el BdE pretendía actuar como portavoz y garante de la información de las entidades, los mercados no pudieron por menos de pensar que cuentas tan bien protegidas tenían «gato encerrado». El problema era y sigue siendo la falta de transparencia de las entidades. La retirada del BdE a un segundo plano y la entrada en escena de auditores independientes, por sospechosa que sea su reputación, dará mayor credibilidad a los balances bancarios a los ojos del mercado. Pero incluso eso será insuficiente a estas alturas de la crisis.

La sobrecapitalización propuesta en el plan Goirigolzarri retrasará la aparición de una nueva fase aguda de la crisis bancaria. Para resolver ésta, no hay otra fórmula que una reforma estructural, ésta de la clase que no cabe esperar de gobiernos como el actual o el anterior. La raíz de la opacidad del sector bancario se encuentra en la existencia misma de la banca universal, banca que presupone una amalgama de riesgos casi imposible de desentrañar incluso para las propias entidades. Habría que disponer de información en el ámbito de la sucursal bancaria, y procedente de todas las oficinas de cada entidad, para valorar adecuadamente los riesgos. Una reforma que ponga fin a este estado de cosas es exactamente lo que el país necesita.

Bankia: el plan

Bankia está lejos de atravesar una situación desesperada. Su problema es incapacidad de cumplir los requisitos de la reciente reforma financiera, que imponen la dotación de mayores provisiones para insolvencias en la cobertura de sus riesgos. Las cifras de Bankia no satisfacían los requisitos, y no permitían confiar en que lo haga antes del límite temporal estipulado (diciembre 2012). Los depositantes y accionistas reaccionaron con desconfianza a las noticias. Hubo retirada de dinero, la cotización bursátil de Bankia se hundió y arrastró al conjunto de valores bancarios. A comienzos de la semana pasada, Rodrigo Rato cesó como presidente y para sucederlo fue elegido José Ignacio Goirigolzarri. Finalmente, el viernes 25 y el sábado 26 de mayo, el nuevo presidente presentó su plan.

El plan cuenta con 23.464 millones de euros del gobierno. De ellos, 4.464 millones corresponden a capitalización de la deuda que Bankia tiene contraída con el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). Los 19.000 millones restantes recapitalizarán BFA (Banco de Financiación y Ahorro, principal accionista de Bankia) y Bankia propiamente dicha. Al término del proceso, este mismo año, Bankia dispondrá de un capital principal elevado al 9,5% de sus activos ponderados por riesgo, lo que satisface de sobra los requisitos de la legislación española.

Un aspecto clave del plan es la renuncia a capitalizar deuda privada, tanto preferente como subordinada. Esto es crucial para las perspectivas de Goirigolzarri de devolver al gobierno el dinero de los contribuyentes. Como él mismo dice, el plan requiere capital, no «ayudas». Tratándose de capital, el dinero que se proporcione a Bankia será recuperable mediante venta de acciones en poder del gobierno. Así pues, el plan básico es un rápido retorno a la cotización bursátil. Si el mercado cree que Bankia ha recibido suficiente capital, la cotización de sus acciones subirá y el gobierno podrá recuperar la inversión gradualmente.

El plan Goirigolzarri parece sensato, juzgado desde una óptica microeconómica. Si sus previsiones se cumplen, en cuanto a capital obtenido, hay una razonable probabilidad de que tendrá éxito aunque sus resultados tardarán en manifestarse. El principal problema radica, no obstante, en las complicaciones macroeconómicas. Goirigolzarri ha presentado al gobierno una petición de fondos como si el gobierno fuera un inversor privado en busca de colocación para un exceso de capital disponible para la inversión. Una situación bastante distinta de la que realmente prevalece. El plan asegura a Bankia un completo saneamiento de sus estados financieros. Por tanto, es probable que sea percibido por la banca privada como sostenimiento desleal de uno de sus miembros. Incluso si el gobierno pudiera reunir fondos hasta totalizar esos 19.000 millones de euros para ponerlos a disposición de Bankia, sería absolutamente incapaz de hacer lo mismo por el resto de la banca.

La cuestión de si el gobierno español será capaz de reunir 19.000 millones de euros para Bankia es de difícil respuesta. El gobierno acaba de recortar gastos educativos y sanitarios por importe de 10.000 millones, con vistas a compensar recientes revisiones al alza del déficit público registrado en 2011. Las necesidades financieras de Bankia doblan esa cifra. Muchos creemos, con el presidente francés, François Hollande, que España no tendrá más remedio que acudir a los fondos europeos en petición de ayuda para solventar el caso. Pero el gobierno ha hecho causa de que España no necesita ser rescatada, y el propio presidente, Mariano Rajoy, censuró a Hollande hace unos días su «ignorancia» a la hora de hablar de los bancos españoles. En conjunto, parece que el gobierno está dispuesto a lo que haga falta con tal de no reconocer también su error en este ámbito. Habla de que las necesidades de Bankia suponen deuda y no déficit, y esto quiere decir – como se ha aclarado – que el gobierno emitirá deuda para suscribir las ampliaciones de capital de Bankia y BFA. A continuación, Bankia utilizará esa deuda para obtener financiación del Banco Central Europeo.

El asunto candente, por tanto, es si el BCE aceptará el procedimiento en este caso, que lo llevaría a adquirir (aunque sea de forma temporal, que podría terminar siendo definitiva si todo acaba mal) deuda española, cosa que ha decidido no hacer más tras haberlo hecho en meses pasados. Rajoy recorrió dos continentes defendiendo su tesis de que el BCE debe continuar haciendo lo que el propio BCE ha declarado no querer volver a hacer, y ahora el gobierno español se descuelga con una maniobra de ingeniería financiera para obligar al BCE a hacerlo. En todo caso, tenemos el precedente irlandés. A principios de 2009, el gobierno de ese país tuvo que rescatar a su principal banco, el Anglo-Irish Bank (AIB), y el procedimiento fue similar al planeado ahora por el gobierno español. El BCE terminó aceptando el procedimiento, pero el resultado fue que el BCE adquirió de hecho, en el proceso, la prerrogativa de decidir cuándo la cosa había llegado demasiado lejos e imponer al país su rescate formal a pesar de que el gobierno se resistió a ello como gato panza arriba.

Son los bancos, estúpido

Si dijese que el origen de la crisis estuvo en que una empresa financiera (Bear Stearns) compró hipotecas incobrables a bancos locales en EE.UU., las revendió a dos fondos de inversión localizados en las Islas Cayman, que las pagaron con el producto de una emisión de bonos de alto interés que el propio Bear Stearns colocó entre los bancos del mundo entero, todo lo cual funcionó a las mil maravillas hasta que otra sociedad financiera, Merrill Lynch, decidió subastar su paquete de esos bonos, que se vendió por una cantidad irrisoria, lo que obligó a los demás propietarios estadounidenses de esos bonos a ajustar a la baja su valor en libros, no creo que habría muchos economistas decididos a contradecirme, porque éste es exactamente el relato de los hechos del verano de 2007 que condujeron a la crisis. Pero a partir de ese relato, cabe extraer dos conclusiones diferentes. La extraída por la gran mayoría de los observadores, en los aciagos días del otoño de 2008 e incluso después, es que habría que prohibir a las entidades financieras hacer lo que hizo Bear Stearns. Conclusión equivocada. En realidad, la generación de esa clase de productos financieros debería seguir siendo libre, a condición de que se informe debidamente al inversor de que un alto interés, como el que pagaban aquellos bonos, era consecuencia del alto riesgo que comportaban. Si se me acepta el símil, es la diferencia entre prohibir la fabricación de cigarrillos y obligar a que las cajetillas adviertan claramente que el fumar perjudica gravemente la salud.

Lo que debería haberse prohibido de inmediato, y todavía no se ha hecho, es que los bancos puedan comprar productos (esos o similares) que sometan a la economía a indebidos riesgos sistémicos. Y aquí “riesgo sistémico” no quiere decir más que un riesgo que obliga a los gobiernos – como les obligó entonces – a rescatar a bancos que estaban en peligro de quiebra como consecuencia de haber adquirido bonos muy rentables sobre el papel, pero que resultaron no valer prácticamente nada.

Hay una reforma financiera más urgente

Casi tres años y medio después del comienzo oficial de la crisis, con la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008, todavía no hemos visto en acción ni una sola reforma financiera seria de las que se prometió en la cumbre inaugural del G20, en Washington, apenas dos meses después. Entonces, se habló de que los líderes mundiales iban a hacer esto, lo otro y lo de más allá. Poco después, en la cumbre de Londres, en abril de 2009, ya se vio que colectivamente no iban a afrontar nada. Y el problema es que, mientras no se haga, el mundo no saldrá de esta situación.

Hay una propuesta importante sobre la mesa: la llamada «regla Volcker». Paul Volcker es quien precedió a Alan Greenspan en la presidencia de la Reserva Federal, el banco central de EE.UU. No podía haber habido dos dirigentes de la autoridad monetaria más opuestos. Pues bien, Volcker ha apadrinado – como antes lo hizo James Tobin con la famosa tasa, que lleva su nombre – una reforma muy moderada del sector financiero. La regla Volcker en muy sencilla, y consiste en no permitir que exista una sola entidad financiera que sea demasiado grande como para no poder dejarla quebrar. La existencia de esa clase de entidades – la propia Lehman Brothers es un ejemplo – es la causa de los mayores descalabros para el sistema, y para evitar su quiebra es por lo que los gobiernos llevan tres años endeudándose en costosas operaciones de rescate, que los llevan al sobreendeudamiento y a la necesidad, a su vez, de ser rescatados. La regla Volcker propugna dividir esas entidades, de manera que las sociedades resultantes de la escisión puedan ir a la bancarrota si los riesgos que asumen resultan ser excesivos. Ahora no; ahora no puede dejárseles ir a la quiebra porque arrastran al sistema. La consecuencia es que las entidades aquejadas de gigantismo pueden asumir riesgos impunemente, porque saben que papá estado vendrá a rescatarlas.

La regla Volcker se introdujo en una ley de reforma norteamericana, la llamada ley de reforma de Wall Street y de protección del consumidor, que fijó un plazo para su implantación que vence próximamente. Los lobbies financieros ya están haciendo toda la presión que pueden para impedir o al menos retrasar su aplicación. Lo que buscan es perpetuar la impunidad absoluta para sus negocios. No ya jurídica, que por supuesto; también financiera. Invertir lo que les dé la gana, ganar todo lo que puedan y, si vienen mal dadas, que se haga cargo el contribuyente. Ésta es la clase de capitalismo a que hemos llegado. Lo va a tener difícil Obama para superar este escollo. También en el Reino Unido hay una legislación pendiente en la Cámara de los Comunes, que buscaría separar la banca comercial de la de inversión, y prevenir así el gigantismo de los bancos. Pero tampoco parece que avance su tramitación.

Ahora, François Hollande, candidato socialista a las presidenciales francesas, ha prometido que fragmentará la banca, a la manera de la legislación que dormita en Inglaterra. Si gana, dentro de unos meses, veremos de lo que es capaz. Pero, en general, la dinámica europea es otra. Aquí se ha optado por recapitalizar a los bancos. Se lo hemos oído recientemente al gobierno español: hace falta que los bancos de nuestro país metan 50.000 millones de euros más en el negocio. ¿Qué se consigue con esto? Realmente, poco de bueno. La cifra señalada es insuficiente para cubrir los riesgos de morosidad que tiene la banca española – estimados, recientemente, en 176.000 millones de euros – y, por otra parte, los requisitos para dotar provisiones, mediante las que obtener el capital que se exige, no harán más que endurecer el mercado del crédito. Por ejemplo, la UE estudia reducir, con carácter general, el periodo de «tolerancia» en los retrasos de los créditos a 90 días; de manera que, superado ese plazo en impago, el crédito se declare «fallido». Eso adelantará los embargos, desahucios y ejecuciones, por ejemplo, en las hipotecas. Y, probablemente, inducirá a los bancos a ser más duros en las garantías de solvencia con sus clientes. Los esfuerzos por devolver la solvencia a entidades que hace tiempo la han perdido, pero a las que por su tamaño no se puede dejar caer, lo que ha llegado a poner en riesgo a los propios estados, se traducirán en menor fluidez todavía del crédito.