Hay una reforma financiera más urgente

Casi tres años y medio después del comienzo oficial de la crisis, con la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008, todavía no hemos visto en acción ni una sola reforma financiera seria de las que se prometió en la cumbre inaugural del G20, en Washington, apenas dos meses después. Entonces, se habló de que los líderes mundiales iban a hacer esto, lo otro y lo de más allá. Poco después, en la cumbre de Londres, en abril de 2009, ya se vio que colectivamente no iban a afrontar nada. Y el problema es que, mientras no se haga, el mundo no saldrá de esta situación.

Hay una propuesta importante sobre la mesa: la llamada «regla Volcker». Paul Volcker es quien precedió a Alan Greenspan en la presidencia de la Reserva Federal, el banco central de EE.UU. No podía haber habido dos dirigentes de la autoridad monetaria más opuestos. Pues bien, Volcker ha apadrinado – como antes lo hizo James Tobin con la famosa tasa, que lleva su nombre – una reforma muy moderada del sector financiero. La regla Volcker en muy sencilla, y consiste en no permitir que exista una sola entidad financiera que sea demasiado grande como para no poder dejarla quebrar. La existencia de esa clase de entidades – la propia Lehman Brothers es un ejemplo – es la causa de los mayores descalabros para el sistema, y para evitar su quiebra es por lo que los gobiernos llevan tres años endeudándose en costosas operaciones de rescate, que los llevan al sobreendeudamiento y a la necesidad, a su vez, de ser rescatados. La regla Volcker propugna dividir esas entidades, de manera que las sociedades resultantes de la escisión puedan ir a la bancarrota si los riesgos que asumen resultan ser excesivos. Ahora no; ahora no puede dejárseles ir a la quiebra porque arrastran al sistema. La consecuencia es que las entidades aquejadas de gigantismo pueden asumir riesgos impunemente, porque saben que papá estado vendrá a rescatarlas.

La regla Volcker se introdujo en una ley de reforma norteamericana, la llamada ley de reforma de Wall Street y de protección del consumidor, que fijó un plazo para su implantación que vence próximamente. Los lobbies financieros ya están haciendo toda la presión que pueden para impedir o al menos retrasar su aplicación. Lo que buscan es perpetuar la impunidad absoluta para sus negocios. No ya jurídica, que por supuesto; también financiera. Invertir lo que les dé la gana, ganar todo lo que puedan y, si vienen mal dadas, que se haga cargo el contribuyente. Ésta es la clase de capitalismo a que hemos llegado. Lo va a tener difícil Obama para superar este escollo. También en el Reino Unido hay una legislación pendiente en la Cámara de los Comunes, que buscaría separar la banca comercial de la de inversión, y prevenir así el gigantismo de los bancos. Pero tampoco parece que avance su tramitación.

Ahora, François Hollande, candidato socialista a las presidenciales francesas, ha prometido que fragmentará la banca, a la manera de la legislación que dormita en Inglaterra. Si gana, dentro de unos meses, veremos de lo que es capaz. Pero, en general, la dinámica europea es otra. Aquí se ha optado por recapitalizar a los bancos. Se lo hemos oído recientemente al gobierno español: hace falta que los bancos de nuestro país metan 50.000 millones de euros más en el negocio. ¿Qué se consigue con esto? Realmente, poco de bueno. La cifra señalada es insuficiente para cubrir los riesgos de morosidad que tiene la banca española – estimados, recientemente, en 176.000 millones de euros – y, por otra parte, los requisitos para dotar provisiones, mediante las que obtener el capital que se exige, no harán más que endurecer el mercado del crédito. Por ejemplo, la UE estudia reducir, con carácter general, el periodo de «tolerancia» en los retrasos de los créditos a 90 días; de manera que, superado ese plazo en impago, el crédito se declare «fallido». Eso adelantará los embargos, desahucios y ejecuciones, por ejemplo, en las hipotecas. Y, probablemente, inducirá a los bancos a ser más duros en las garantías de solvencia con sus clientes. Los esfuerzos por devolver la solvencia a entidades que hace tiempo la han perdido, pero a las que por su tamaño no se puede dejar caer, lo que ha llegado a poner en riesgo a los propios estados, se traducirán en menor fluidez todavía del crédito.