Bankia: el plan

Bankia está lejos de atravesar una situación desesperada. Su problema es incapacidad de cumplir los requisitos de la reciente reforma financiera, que imponen la dotación de mayores provisiones para insolvencias en la cobertura de sus riesgos. Las cifras de Bankia no satisfacían los requisitos, y no permitían confiar en que lo haga antes del límite temporal estipulado (diciembre 2012). Los depositantes y accionistas reaccionaron con desconfianza a las noticias. Hubo retirada de dinero, la cotización bursátil de Bankia se hundió y arrastró al conjunto de valores bancarios. A comienzos de la semana pasada, Rodrigo Rato cesó como presidente y para sucederlo fue elegido José Ignacio Goirigolzarri. Finalmente, el viernes 25 y el sábado 26 de mayo, el nuevo presidente presentó su plan.

El plan cuenta con 23.464 millones de euros del gobierno. De ellos, 4.464 millones corresponden a capitalización de la deuda que Bankia tiene contraída con el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). Los 19.000 millones restantes recapitalizarán BFA (Banco de Financiación y Ahorro, principal accionista de Bankia) y Bankia propiamente dicha. Al término del proceso, este mismo año, Bankia dispondrá de un capital principal elevado al 9,5% de sus activos ponderados por riesgo, lo que satisface de sobra los requisitos de la legislación española.

Un aspecto clave del plan es la renuncia a capitalizar deuda privada, tanto preferente como subordinada. Esto es crucial para las perspectivas de Goirigolzarri de devolver al gobierno el dinero de los contribuyentes. Como él mismo dice, el plan requiere capital, no «ayudas». Tratándose de capital, el dinero que se proporcione a Bankia será recuperable mediante venta de acciones en poder del gobierno. Así pues, el plan básico es un rápido retorno a la cotización bursátil. Si el mercado cree que Bankia ha recibido suficiente capital, la cotización de sus acciones subirá y el gobierno podrá recuperar la inversión gradualmente.

El plan Goirigolzarri parece sensato, juzgado desde una óptica microeconómica. Si sus previsiones se cumplen, en cuanto a capital obtenido, hay una razonable probabilidad de que tendrá éxito aunque sus resultados tardarán en manifestarse. El principal problema radica, no obstante, en las complicaciones macroeconómicas. Goirigolzarri ha presentado al gobierno una petición de fondos como si el gobierno fuera un inversor privado en busca de colocación para un exceso de capital disponible para la inversión. Una situación bastante distinta de la que realmente prevalece. El plan asegura a Bankia un completo saneamiento de sus estados financieros. Por tanto, es probable que sea percibido por la banca privada como sostenimiento desleal de uno de sus miembros. Incluso si el gobierno pudiera reunir fondos hasta totalizar esos 19.000 millones de euros para ponerlos a disposición de Bankia, sería absolutamente incapaz de hacer lo mismo por el resto de la banca.

La cuestión de si el gobierno español será capaz de reunir 19.000 millones de euros para Bankia es de difícil respuesta. El gobierno acaba de recortar gastos educativos y sanitarios por importe de 10.000 millones, con vistas a compensar recientes revisiones al alza del déficit público registrado en 2011. Las necesidades financieras de Bankia doblan esa cifra. Muchos creemos, con el presidente francés, François Hollande, que España no tendrá más remedio que acudir a los fondos europeos en petición de ayuda para solventar el caso. Pero el gobierno ha hecho causa de que España no necesita ser rescatada, y el propio presidente, Mariano Rajoy, censuró a Hollande hace unos días su «ignorancia» a la hora de hablar de los bancos españoles. En conjunto, parece que el gobierno está dispuesto a lo que haga falta con tal de no reconocer también su error en este ámbito. Habla de que las necesidades de Bankia suponen deuda y no déficit, y esto quiere decir – como se ha aclarado – que el gobierno emitirá deuda para suscribir las ampliaciones de capital de Bankia y BFA. A continuación, Bankia utilizará esa deuda para obtener financiación del Banco Central Europeo.

El asunto candente, por tanto, es si el BCE aceptará el procedimiento en este caso, que lo llevaría a adquirir (aunque sea de forma temporal, que podría terminar siendo definitiva si todo acaba mal) deuda española, cosa que ha decidido no hacer más tras haberlo hecho en meses pasados. Rajoy recorrió dos continentes defendiendo su tesis de que el BCE debe continuar haciendo lo que el propio BCE ha declarado no querer volver a hacer, y ahora el gobierno español se descuelga con una maniobra de ingeniería financiera para obligar al BCE a hacerlo. En todo caso, tenemos el precedente irlandés. A principios de 2009, el gobierno de ese país tuvo que rescatar a su principal banco, el Anglo-Irish Bank (AIB), y el procedimiento fue similar al planeado ahora por el gobierno español. El BCE terminó aceptando el procedimiento, pero el resultado fue que el BCE adquirió de hecho, en el proceso, la prerrogativa de decidir cuándo la cosa había llegado demasiado lejos e imponer al país su rescate formal a pesar de que el gobierno se resistió a ello como gato panza arriba.