La ley de Hanlon y la doctrina del gobierno-maruja

Cierto optimismo recorre Europa, y sobre todo las filas socialistas, acerca de las posibilidades abiertas por el triunfo de Hollande en Francia. Muchos piensan que la política de austeridad, preconizada por Merkel, Cameron y Rajoy, además de haber demostrado palmariamente su ineficiencia en los dos últimos años, ahora resulta políticamente cada vez más difícil de sostener. Si a esto se añade el retroceso insistente que muestra el partido de la canciller alemana en las elecciones de länder de su país (el último, el verdaderamente crucial de Renania-Westfalia) la perspectiva más probable sería un cambio también en Alemania en la dirección de imprimir mayor crecimiento en la eurozona, incluso si es a costa de algo más de inflación y de alargar el ajuste fiscal.

Tengo que decir que no soy nada optimista. Para empezar, lo que aquí he llamado «vía prusiana» a la unificación europea tiene sus partidarios en todo el Continente, y se muestran dispuestos a no entregar las armas sin lucha. Así, se ha sabido que Jean-Claude Trichet, anterior presidente del Banco Central Europeo, anda proponiendo un plan para que la Unión declare en bancarrota a los estados miembros que no puedan sostener sus finanzas por sí mismos, y para que tome el control directo de las mismas a partir de ese momento. Esto es algo que he venido prediciendo que ocurriría, y es un refuerzo importante para los «europrusianos», que Hollande y los suyos no encontrarán forma clara de rechazar.

En segundo lugar, creo que Hollande tampoco va a realizar un cambio radical de política, como la que se necesita para reducir drásticamente el desempleo en Europa, que es lo que se está necesitando, sobre todo en España. Él y los suyos nos van a decir: «Bueno, no os apuréis; en vez de tener que llegar al 3% de déficit el año que viene, tendréis dos o tres años más». ¿Y en qué nos ayuda eso a reducir el desempleo? Lo único que hará es frenar la destrucción de puestos de trabajo, puesta a velocidad punta por la irresponsabilidad doctrinaria del gobierno Rajoy, y nada más. En fin, habrá lo que pomposamente se está llamando «nuevo plan Marshall», pero que ascenderá a unos 200.000 millones de euros para toda Europa, y que tardará en ponerse en marcha; el fondo para sostener a los bancos supera el medio billón. Eso a algunos parece que les conforma. A mí no. Tenemos en Europa herramientas de política económica para reaccionar de inmediato y con contundencia frente al paro, y no hay excusa, salvo la estupidez, para que la izquierda no las quiera utilizar.

La estupidez radica, a mi juicio, en la siguiente forma de entender las finanzas públicas. Un gobierno es como una familia o una empresa: no debe gastar más de lo que ingresa. Estupidez supina, porque familias y empresas se endeudan, o sea que se le pide más al gobierno pretendiendo que se le pide lo mismo. Una versión algo más sutil de la misma estúpida doctrina es decir que ni familias ni empresas ni, por consiguiente, un gobierno deben endeudarse por encima de lo que pueden pagar con sus ingresos futuros. Esta proposición es verdad, dicha de familias y empresas, pero un paradigma de idiotas en política económica. En realidad, un gobierno que controla la emisión de su propia moneda no está limitado en sus gastos más que por la totalidad de los recursos de su economía nacional. Cuando aumenta el gasto público relativamente al PIB, si dicho gasto se monetiza, el resultado es la transferencia de recursos del sector privado al sector público. La transferencia es muy rápida si la economía está en pleno empleo; más lenta cuanto más aumenta la tasa de desempleo. Esto explica por qué la derecha hayeckiana (de Hayek, paladín de la escuela Austriaca y defensor de un capitalismo a rajatabla) se opone a la monetización del gasto público; por qué, concretamente, Merkel lo hace. No quieren más sector público ni aunque sea la única forma de reducir el desempleo. Lo que no explica es por qué Hollande y los socialistas se muestran tibios frente a la posibilidad y prefieren llegar a compromisos con la derecha que comportan la aceptación de la doctrina del gobierno-maruja en su versión más moderada. Es aquí donde entra la ley de Hanlon.

La derecha, que sabe bien de qué estoy hablando, hace entonces un quiebro en su discurso y replica: «Pero es que el gasto público trae consigo enorme despilfarro, que introduce ineficiencia en la economía». Aquí estoy por darles la razón. Vamos, no; se la doy sin reservas. Pero mi pregunta es: «¿Acaso el gasto privado no da lugar a despilfarros?». Desde luego, no de otra cosa que despilfarro merece ser calificado, por ejemplo, el pago de bonus multimillonarios a incapaces manifiestos, como se ve todos los días.

Mi propuesta sería la siguiente. Estoy deseando que a España la intervenga la troika. Qué digo, estoy deseando que nos declaren directamente en bancarrota y que vengan a fiscalizarnos en todo. ¿Qué más me dan los secretarios de Estado y directores generales de este gobierno o del anterior, inútiles para todo a más no poder? Que vengan a hacerse cargo secretarios de Estado y directores generales franceses del PS y alemanes del SPD, no ya a fiscalizarnos sino a tomar ellos las decisiones y dar las órdenes. Seguro que lo harían mucho mejor. Acepto la completa pérdida de soberanía (esto es dar lanzadas a moro muerto) y la «prusianización» de España, con una sola condición: que vengan a gastar a manos llenas para eliminar el desempleo. Que vengan también jueces de toda Europa a hacerse cargo del Supremo (seguro que ellos no condenarían a Garzón) y a encerrar a todo el que meta la mano en el cazo. Tardaríamos meses, a lo sumo dos años en volver a una tasa de desempleo del 8%. Se haría así realidad el sueño postrero de Joaquín Costa, que el final de su vida sentenció con amargura: «Lo España necesita es un invasor extranjero que venga a cerrar cuarteles y abrir escuelas».