Razones económicas de una abdicación

Hoy publican los medios que el paro ha descendido en un importante número de personas y que los cotizantes a la Seguridad Social han aumentado en otro número importante; es evidente que el gobierno debía conocer estos datos con antelación, ayer sin ir más lejos. Uno se pregunta qué razones ha podido tener ese mismo gobierno para anunciar la abdicación en tal día, a una semana de las elecciones europeas.

Las coincidencias no existen. Ayer se conocía otro dato del máximo interés: la Comisión Europea transmitía públicamente a España sus exigencias, dentro del procedimiento por déficit excesivo en que nos encontramos incursos; también eso debía conocerlo el gobierno con antelación. Entre las medidas exigidas, varias que pueden despertar malestar entre la población: subida adicional del IVA, elevación de las tarifas eléctricas y nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral. Tras haberse resistido durante meses a esa clase de exigencias, pues no en vano estamos cada vez más cerca de las elecciones generales, esta vez el gobierno carece de fuerza para hacerlo, por cuanto las europeas acaban de mostrar que cuenta con el apoyo de un segmento muy exiguo de la población. Esta vez, el gobierno aplicará las medidas, o por lo menos una fracción lo suficientemente sustancial de ellas como para demostrar su buena voluntad. No sea que las quejas de la Comisión despierten a los mercados y se vuelva a disparar la prima de riesgo, con lo que costó domesticarla.

Después de dos años, el gobierno sabe de sobra lo que significa ceder. Frenar en seco la recuperación y a corto plazo más paro, exactamente eso. La Comisión lo exige porque cree que así se podrá crecer con más fuerza dentro de dos o tres años, ya que el crecimiento de ahora les parece insuficiente para aumentar rápidamente el empleo. Se trata de una diferencia de criterio en cuanto a los plazos. El gobierno, con su pachorra habitual habría estado dispuesto a andar diez o quince años creciendo a paso de tortuga, pero la Comisión está preocupada con el ascenso de los radicales de una y otra mano en toda Europa. De modo que el gobierno se enfrenta solo a la perspectiva de aplicar nuevas medidas impopulares en vísperas de elecciones. El problema es tanto más grave cuanto que es consciente de que sus medidas anteriores han significado la ruina y empobrecimiento de muchos que le votaron hace dos años y medio, bastantes de los cuales podrían estar votando a Podemos o estar pensando en hacerlo en las generales.

Así las cosas, parece que el gobierno ha decidido agarrar el toro por los cuernos, forzar la abdicación del Rey, abrir una crisis constitucional (puesto que no hay ley que regule la abdicación), provocar un debate artificial sobre si monarquía o república, terminar de laminar a un PSOE esquizofrénico entre una dirección comprometida con la lealtad institucional y unas bases fervientemente republicanas; y dejar al PP dueño del centro político, erigido en paladín del bando monárquico y agitando el mensaje subliminal de la guerra civil. O eso, o son completamente idiotas. Pongámonos en lo razonable: "¿Queréis Podemos? Pues sabed que son republicanos, es decir, rojos que vendrán a quemar iglesias, como en el 31". Le saldrá mejor o peor; sospecho que no le puede salir bien. Pero lo que no puede estar más claro es que, de las exigencias de la Comisión, ésta no nos libramos.

Lo que teme el Fondo Monetario Internacional

En las últimas semanas se ha asistido a una bochornosa ceremonia de la confusión, oficiada por distintas instancias del establishment. Quizá el pronunciamiento más importante, por su insistencia, es el del FMI, primero reconociendo que se ha ido demasiado lejos con las políticas de consolidación fiscal (= recortes de gasto público) y pidiendo, por boca de su directora-gerente, Christine Lagarde, que empiece a promoverse el crecimiento económico. A este gimoteo se ha apuntado enseguida Mariano Rajoy, quizá por aquello de la morriña gallega. Pero ya ha dicho Alemania que con su dinero no se cuente.

La preocupación del Fondo estriba en la conciencia cada vez más clara, en su seno, de que lleva tres años haciendo el canelo. A fines de 2009 advirtió contra el celo «consolidador» de las finanzas públicas, que ya se observaba en las autoridades alemanas y el Banco Central Europeo, entonces dominado por Alemania todavía más que ahora. Aunque el FMI admitía que había que impedir que se inflara la burbuja de la deuda pública, estimaba que había que lograrlo sin perjuicio de mantener un mínimo de estímulos fiscales para evitar que las economías nacionales se quedaran paradas. Pero Alemania no estaba para concesiones, y los estímulos fiscales se cortaron en seco; más aún, fue como si se metiera la marcha atrás en la maquinaria económica. El FMI cedió, pero además su cesión, que podía haber sido puramente pragmática, incorporó ciertos aspectos de renuncia fundamental. Encargó a su teórico más brillante, Olivier Blachard, elaborar una justificación intelectual de la renuncia. Y lo que se le ocurrió a Blanchard fue decir que la crisis iniciada en 2007-2008, y cuyos efectos más profundos todavía padecemos, es sobre todo un problema de confianza. En otras palabras, los estímulos fiscales no son decisivos para la recuperación, o por lo menos no son el único medio de recuperar la confianza. Un medio incluso mejor, y ésta es la morrocotuda aportación de Blanchard, consiste en restaurar la confianza disminuyendo la incertidumbre en vez de incrementando la actividad a tontas y a locas, que es lo que vendrían a hacer los estímulos fiscales. Para reducir la incertidumbre, nada mejor que hacer más previsible la actuación de los gobiernos. Y para hacer más previsibles a los gobiernos, lo óptimo sería empezar por prohibirles gastar más de lo que ingresan. Ahí lo tienen ustedes; el FMI, con la doctrina Blanchard, venía a coincidir al 100 por 100 con la política alemana. Mejor imposible. El resultado lo tenemos a la vista.

Ahora el FMI empieza a sospechar que toda la charla ésa de restaurar la confianza reduciendo la incertidumbre por medio de hacer más previsibles a los gobiernos, es un camelo. Entiéndase bien; como dice Lagarde, todo eso habría estado bien para evitar que la economía mundial se hundiera más, pero no sirve para sacarla del agujero en que ya ha caído. Pero lo que Lagarde se calla es que eso de que con la doctrina Blanchard se ha evitado males mayores es muy relativo, porque a partir de este momento podría conducirnos a una situación mucho peor en unos años.

El peligro global ha sido enunciado entre líneas por la propia Lagarde. Veamos. Para que los países de la eurozona más endeudados o que se endeudaban más rápidamente (caso de España) detuvieran su «loca» carrera hacia el endeudamiento, la receta era simple: recortar gasto público, como fuera; flexibilizar el mercado de trabajo y, por el efecto combinado de ambas políticas, proceder a una devaluación interna. El gobierno Rajoy ha sido un alumno aventajado. Todos lo han reconocido en estas últimas semanas. ¡Qué bien! Ahora se puede volver a invertir en nuestro país; las reducciones salariales han devuelto competitividad a la producción española. Las exportaciones se están relanzando. ¿Dónde está el fallo? En términos macroeconómicos, sólo en el altísimo volumen de paro. Si no fuera por ese «pequeño» detalle, España en este momento sería perfecta. Desde luego, mucho mejor que Francia, que todavía no ha entendido de qué va la cosa, según juzgan los tecnócratas y algunos analistas financieros; los mercados parecen tenerlo menos claro, ya que la prima de riesgo de la deuda soberana de Francia se mantiene casi plana en torno a 62-64 puntos básicos, bien lejos de los 350 de la española. Pero la cuestión clave, según juzgan analistas y tecnócratas, es que España, con su mejorada competitividad, va a arrebatar cuota de mercado a sus competidores en los mercados comunitarios, por ejemplo, a Francia. En la actual recesión, el reparto del mercado comunitario es un juego de suma cero: lo que gana un país es lo que otro pierde. Cuando los mercados financieros, todavía no apercibidos, se den cuenta, la valoración de Francia empeorará, y lo hará rápidamente. Entonces las autoridades francesas caerán en la cuenta de que tienen que imitar las «buenas prácticas» de España. En otras palabras, procederán a su propia devaluación interna, para recuperar competitividad. Eso, a su vez, nos hará perder cuota de mercado a nosotros, que tendremos que volver a devaluar internamente. Y así, hasta que las devaluaciones internas de los países europeos empiecen a minar la competitividad de los países emergentes, que tendrán que devaluar a su vez, aunque no internamente sino manipulando el tipo de cambio, lo que es mucho más fácil. Una carrera así se llama de devaluaciones competitivas. La última conocida, en la década de los treinta, condujo directamente al hundimiento del comercio internacional, a la formación de bloques económicos antagónicos y a la segunda guerra mundial. O eso dictaminó la conferencia de Bretton Woods, en julio de 1944. Claro que lo hizo bajo la hipnótica influencia de John Maynard Keynes, que en esto como en todo lo demás podía estar diciendo tonterías.

No creo que los tecnócratas del FMI lleguen tan lejos. Lo que ahora parece preocuparles es que las devaluaciones competitivas van unidas a aumentos del desempleo. En su estrecha visión del mundo, un encadenamiento competitivo de devaluaciones internas en la eurozona sería adecuada si las economías estuvieran próximas al pleno empleo. Pero cuando el desempleo es tan elevado como aquí y ahora, si a Francia se le ocurre proceder a su propia devaluación interna, está claro que España no podrá afrontar una segunda. Y entonces, ¿qué? Lo que pasó en los años treinta en situaciones semejantes es un hecho no sujeto a interpretación. Los países que, por su adhesión al patrón-oro tenían que devaluar internamente, hartos de hacerlo, abandonaron dicho patrón para poder devaluar su moneda sin necesidad de mayor ajuste interno. Traducido al momento actual, eso significa salir del euro.

Así pues, lo que Lagarde viene a decir entre líneas es: ojo, que España ha hecho un gran sacrificio, y lo ha hecho muy bien; pero ese sacrificio no puede dilapidarse ahora. La forma de no dilapidarlo es impulsar el crecimiento. España tiene que tener la oportunidad de crecer porque crecen todos, sin entrar en una pelea a muerte por la competitividad con sus socios comunitarios. Como las cosas se planteen de otra manera, España a medio plazo está fuera del euro.

La ley de Hanlon y la doctrina del gobierno-maruja

Cierto optimismo recorre Europa, y sobre todo las filas socialistas, acerca de las posibilidades abiertas por el triunfo de Hollande en Francia. Muchos piensan que la política de austeridad, preconizada por Merkel, Cameron y Rajoy, además de haber demostrado palmariamente su ineficiencia en los dos últimos años, ahora resulta políticamente cada vez más difícil de sostener. Si a esto se añade el retroceso insistente que muestra el partido de la canciller alemana en las elecciones de länder de su país (el último, el verdaderamente crucial de Renania-Westfalia) la perspectiva más probable sería un cambio también en Alemania en la dirección de imprimir mayor crecimiento en la eurozona, incluso si es a costa de algo más de inflación y de alargar el ajuste fiscal.

Tengo que decir que no soy nada optimista. Para empezar, lo que aquí he llamado «vía prusiana» a la unificación europea tiene sus partidarios en todo el Continente, y se muestran dispuestos a no entregar las armas sin lucha. Así, se ha sabido que Jean-Claude Trichet, anterior presidente del Banco Central Europeo, anda proponiendo un plan para que la Unión declare en bancarrota a los estados miembros que no puedan sostener sus finanzas por sí mismos, y para que tome el control directo de las mismas a partir de ese momento. Esto es algo que he venido prediciendo que ocurriría, y es un refuerzo importante para los «europrusianos», que Hollande y los suyos no encontrarán forma clara de rechazar.

En segundo lugar, creo que Hollande tampoco va a realizar un cambio radical de política, como la que se necesita para reducir drásticamente el desempleo en Europa, que es lo que se está necesitando, sobre todo en España. Él y los suyos nos van a decir: «Bueno, no os apuréis; en vez de tener que llegar al 3% de déficit el año que viene, tendréis dos o tres años más». ¿Y en qué nos ayuda eso a reducir el desempleo? Lo único que hará es frenar la destrucción de puestos de trabajo, puesta a velocidad punta por la irresponsabilidad doctrinaria del gobierno Rajoy, y nada más. En fin, habrá lo que pomposamente se está llamando «nuevo plan Marshall», pero que ascenderá a unos 200.000 millones de euros para toda Europa, y que tardará en ponerse en marcha; el fondo para sostener a los bancos supera el medio billón. Eso a algunos parece que les conforma. A mí no. Tenemos en Europa herramientas de política económica para reaccionar de inmediato y con contundencia frente al paro, y no hay excusa, salvo la estupidez, para que la izquierda no las quiera utilizar.

La estupidez radica, a mi juicio, en la siguiente forma de entender las finanzas públicas. Un gobierno es como una familia o una empresa: no debe gastar más de lo que ingresa. Estupidez supina, porque familias y empresas se endeudan, o sea que se le pide más al gobierno pretendiendo que se le pide lo mismo. Una versión algo más sutil de la misma estúpida doctrina es decir que ni familias ni empresas ni, por consiguiente, un gobierno deben endeudarse por encima de lo que pueden pagar con sus ingresos futuros. Esta proposición es verdad, dicha de familias y empresas, pero un paradigma de idiotas en política económica. En realidad, un gobierno que controla la emisión de su propia moneda no está limitado en sus gastos más que por la totalidad de los recursos de su economía nacional. Cuando aumenta el gasto público relativamente al PIB, si dicho gasto se monetiza, el resultado es la transferencia de recursos del sector privado al sector público. La transferencia es muy rápida si la economía está en pleno empleo; más lenta cuanto más aumenta la tasa de desempleo. Esto explica por qué la derecha hayeckiana (de Hayek, paladín de la escuela Austriaca y defensor de un capitalismo a rajatabla) se opone a la monetización del gasto público; por qué, concretamente, Merkel lo hace. No quieren más sector público ni aunque sea la única forma de reducir el desempleo. Lo que no explica es por qué Hollande y los socialistas se muestran tibios frente a la posibilidad y prefieren llegar a compromisos con la derecha que comportan la aceptación de la doctrina del gobierno-maruja en su versión más moderada. Es aquí donde entra la ley de Hanlon.

La derecha, que sabe bien de qué estoy hablando, hace entonces un quiebro en su discurso y replica: «Pero es que el gasto público trae consigo enorme despilfarro, que introduce ineficiencia en la economía». Aquí estoy por darles la razón. Vamos, no; se la doy sin reservas. Pero mi pregunta es: «¿Acaso el gasto privado no da lugar a despilfarros?». Desde luego, no de otra cosa que despilfarro merece ser calificado, por ejemplo, el pago de bonus multimillonarios a incapaces manifiestos, como se ve todos los días.

Mi propuesta sería la siguiente. Estoy deseando que a España la intervenga la troika. Qué digo, estoy deseando que nos declaren directamente en bancarrota y que vengan a fiscalizarnos en todo. ¿Qué más me dan los secretarios de Estado y directores generales de este gobierno o del anterior, inútiles para todo a más no poder? Que vengan a hacerse cargo secretarios de Estado y directores generales franceses del PS y alemanes del SPD, no ya a fiscalizarnos sino a tomar ellos las decisiones y dar las órdenes. Seguro que lo harían mucho mejor. Acepto la completa pérdida de soberanía (esto es dar lanzadas a moro muerto) y la «prusianización» de España, con una sola condición: que vengan a gastar a manos llenas para eliminar el desempleo. Que vengan también jueces de toda Europa a hacerse cargo del Supremo (seguro que ellos no condenarían a Garzón) y a encerrar a todo el que meta la mano en el cazo. Tardaríamos meses, a lo sumo dos años en volver a una tasa de desempleo del 8%. Se haría así realidad el sueño postrero de Joaquín Costa, que el final de su vida sentenció con amargura: «Lo España necesita es un invasor extranjero que venga a cerrar cuarteles y abrir escuelas».

Jornadas decisivas para Europa

El 15 de septiembre de 2008 ha pasado a la historia como fecha oficial del comienzo de la crisis internacional con la que aún bregamos. Venían presentándose síntomas inequívocamente críticos desde el verano de 2007, algunos de ellos muy preocupantes; pero la mente humana gusta de las simplificaciones, de establecer comienzos y finales claros para las cosas importantes. Con el mismo ánimo, me atrevo a señalar la fecha de ayer, 21 de diciembre de 2011, como un punto de inflexión decisivo en el curso de la crisis, sobre todo en Europa. Es verdad que ha estado precedido de signos, que ahora parecen inequívocos, pero lo que ayer se manifestó es un cambio de voluntad política de la mayor trascendencia. Ayer, el Banco Central Europeo adjudicó una cifra inesperada de dinero a 523 bancos europeos Los expertos habían predicho entre 200.000 y 300.000 millones; algún exagerado se había atrevido a pronosticar 400.000 millones. El importe adjudicado fue de 489.190 millones de euros, casi medio billón. Lo más notable, sin embargo, es que se adjudicó a los bancos todo lo que habían pedido, que se hizo a un 1% de interés anual, por un plazo de tres años – hasta ahora el BCE nunca había adjudicado liquidez a plazo superior a un año – y aceptando activos de garantía de calidad inferior a lo acostumbrado.

Es un cambio tan radical que me atrevo a más. Diría que ha empezado la monetización en serio de la deuda soberana europea. Cierto que se trata de una monetización indirecta y temporal; dentro de tres años volverá a presentarse el problema, pero para entonces Mario Draghi espera que el problema verdaderamente grave haya entrado en vías de solución. No sólo es monetización indirecta, sino también una variante de QE gradual. QE (Quantitative Easing) se llama a la inyección masiva de liquidez para frenar la recesión. Empezó en EE.UU., donde la Fed va ya por la QE2, y se aplica también en el Reino Unido. Hemos entrado, así pues, en un contexto parcialmente keynesiano; digo parcialmente, porque hay expansión monetaria y restricción fiscal. Una variante de la policy mix de los años sesenta, vaya.

Lo que Draghi espera es evidente. Del medio billón de euros, algo más de la mitad irá a cancelar posiciones abiertas con el propio BCE. Es decir, la 3-yr LTRO (Operación de Financiación a Plazo de 3 Años, nombre oficial de esta primera operación, a la que seguirán otras) se va a convertir en la principal vía de inyección de liquidez en el Eurosistema; las MRO (Operaciones Principales de Financiación), estrellas del manual de operaciones del BCE, que ya habían perdido importancia aunque retuvieran bastante desde el comienzo de la crisis, quedan relegadas presumiblemente a un papel residual. El resto, unos 232.000 millones de euros, es fresh money, que servirá para atender las necesidades financieras en 2012 de los países con mayores problemas de deuda, entre ellos, España. En otras palabras, los bancos reciben dinero al 1% para prestarlo a sus gobiernos al 4 ó 5%. Eso puede significar unos beneficios, digamos, de 40.000 millones al año. En un lapso de tres a cinco años, la banca europea habrá podido dotar reservas como para atender la recapitalización que EBA (Asociación de la Banca Europea) y el FMI estiman imprescindible. Mientras tanto los gobiernos deben reducir su déficit, con lo que el dinero tendrá que ir encontrando una vía de filtrarse, poco a poco, a la actividad real de la economía. De aquí el nombre de QE gradual que utilizo para describir la operación.

Draghi, con esta operación, nos ha sorprendido a todos. ¿Funcionará su plan? Esto ya es más difícil de decir. Al emitir un juicio, mi corazón keynesiano quiere creer que sí, pero mi alma liberal dice que no. En realidad, el plan Draghi tiene que haber sido pactado con Merkel, posiblemente en junio pasado, cuando la canciller dio el placet a la sucesión de Trichet por el italiano. Todo esto generará inflación en una economía europea aún desprovista de recursos para arrancar con fuerza y reducir el desempleo. Pero Merkel ha conseguido, en contrapartida, el compromiso de avanzar en la unión fiscal, imprescindible para lo que llamo «vía neoprusiana a la unidad europea». Merkel aplica las máximas de Tsun Zu sobre el arte de la guerra: para comprimir algo, antes hay que dejar que se expanda. La cuestión crucial es que Alemania está comprando, a un alto precio en su concepto, el liderazgo absoluto en el proceso de unificación europea. Durante los pasados meses, se ha temido que el euro se rompiera. Ahora se puede decir con total seguridad que no se va a romper. Lo que acabamos de ver en las últimas semanas es algo mucho más dramático todavía. Ha habido que elegir entre el euro y Europa, y se ha elegido Europa. Muchos estarán felices. Yo no. El sacrificio del euro como proyecto de atracción universal nos deja un euro símbolo de la unidad europea, y restringido al uso interno de los europeos. Eso, y una política convencional que salvará a los bancos – aliados insustituibles de esa unidad, por lo que se está viendo – a un coste enorme para la ciudadanía europea y que nos dejará un sistema bancario terriblemente anticuado y que se debería haber reformado en esta crisis.

La voluntad política no es suficiente

En vísperas de la primera reunión del G-20, que tuvo lugar en Washington en noviembre de 2008, a menos de dos meses de la quiebra de Lehman Brothers, el suceso que desencadenó la mayor crisis financiera desde el crack del 29, varios líderes europeos se felicitaron de lo que parecía un aspecto positivo de una pavorosa situación. Durante década y media de crecimiento al parecer imparable de la economía mundial, la economía había tratado a la política como su pariente pobre. El discurso mediático era que los estados soberanos lo eran ya menos porque tenían que plegarse a las exigencias de la globalización para garantizar a sus ciudadanos un aceptable nivel de vida. Gurús como Alan Greenspan, desde la presidencia de la Reserva Federal estadounidense, proclamaban a los cuatro vientos la buena nueva de la desregulación, lo que era equivalente a cuanta menos intervención pública, mejor. En resumidas cuentas, los políticos habían tenido que tragar quina por un tubo, como quien dice. Pero, héteme aquí que la crisis de 2008 venía a demostrar que los mercados, dejados a su actuación espontánea, conducen al desastre y que la política volvía a ser, una vez más, necesaria para reconducir la situación.

Tres años después, aquí estamos. Más viejos, con menos ilusión, más cansados. Los estadistas mundiales no han sido capaces de reformar el orden económico mundial, como se habían propuesto; ni siquiera han podido abordar el caso, singular y bien identificado, de los «paraísos fiscales», que parecía una víctima propiciatoria del ardor reformista. Absolutamente nada, de nada: eso es lo que se ha hecho. Es más bien al revés. Las políticas de consolidación fiscal, en las que ciertos tecnócratas han vuelto a revelar su pericia para teledirigir a los políticos, representan un regreso conceptual a la época prekeynesiana. Y no es que se trate de propugnar políticas keynesianas. Me refiero a lo absurdo de pretender que el keynesianismo sólo fue un error, que no hemos aprendido nada en los últimos ochenta años, que hay que volver a los dogmas – como el presupuesto equilibrado – de finales del siglo XIX. Y no voy a decir que todas las intuiciones políticas de estos tres años han sido equivocadas o fútiles. La idea, por ejemplo, de que el monetarismo de la era de la globalización, digamos de 1991 a 2007, con su expansión monetaria asociada a la financiación de grandes déficits públicos, era un keynesianismo disfrazado de neoliberalismo, es rigurosamente cierta. Pero eso es una cosa, y otra muy distinta rechazar el keynesianismo en bloque. Entre otras cosas, porque rechazar el keynesianismo en bloque supondría rechazar la contabilidad nacional, que es hija de aquel pensamiento.

Si se piensa bien, las tribulaciones de Europa provienen de ese rechazo indiscriminado del keynesianismo, que lleva implícito el rechazo de la contabilidad nacional. Cuando se dice que la política debe mantener el equilibrio presupuestario, lo que – en una época en la que apenas se puede subir los impuestos – presupone la reducción del gasto público en lo que resulte necesario, se ignora que la reducción del gasto da lugar a la reducción de la producción agregada (PIB) y, como mínimo, al estancamiento del crecimiento. ¿Qué está pasando en España, sino eso? Mala contabilidad nacional, tal es la inspiración principal de las políticas de consolidación fiscal.

¿Qué habría que haber hecho, entonces? La alternativa parecía la política keynesiana «pura», es decir, ingenua. Es la que acometió el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desde finales de 2008 a comienzos de 2010. La voluntad política era sostener la actividad y el empleo manteniendo o incluso expandiendo el gasto público (el famoso «plan E» y el estímulo al sector de la automóvil). El plan fracasó estrepitosamente, y se puede considerar como el origen de gran parte de los problemas financieros actuales. Y fracasó porque una política así no es keynesiana más que en un sentido naif que transpira esta época de posmodernidad muchas veces estúpida. El único keynesiano que queda en el mundo, el premio Nobel Paul Krugman, lo planteó con claridad en una visita que hizo a España en febrero de 2009. Dijo que, para sostener el empleo, había que hacer dos cosas (dos, y no sólo una). Gastar más en el sector público, era una, y la otra, reducir precios y salarios en un 15%. En varios artículos que envié a la prensa en aquella época, traté de explicar la propuesta de Krugman, que estaba bajo el fuego cruzado de la derecha y la izquierda. Concretamente, propuse un pacto nacional – a la manera de los Pactos de La Moncla – para expandir el gasto y reducir los salarios, en un artículo que envié a El País en junio de 2009. A este insigne periódico le debió de parecer que la propuesta era demasiado extravagante, y declinó publicarla «por razones de oportunidad y espacio», según su fórmula habitual. En Comisiones Obreras estaban al tanto de mis ideas pero, prudentemente, evitaron comentarlas.

Podemos ver por qué Krugman y yo teníamos razón; sobre todo él, ya que yo sólo soy un intérprete. El problema de España no radica en el excesivo endeudamiento, ni público ni privado. Es verdad que tanto familias como empresas, y de resultas de ello, también los bancos, están todos bastante endeudados. Pero el problema sería menor si estuviéramos creciendo, digamos, al 2,5%. El problema es que no crecemos. Y no crecemos porque no hay crédito. Y no hay crédito porque el dinero escasea en España. Y el dinero escasea porque tenemos un agujero en la balanza de pagos. Es así de sencillo. En 2007 y 2008, la balanza por cuenta corriente española registró déficits récord de más de 100.000 millones de euros cada año. Unido al cierre de los mercados interbancarios internacionales, esa sangría obligó al gobierno a endeudarse rápidamente en el exterior para reponer el dinero perdido. En 2009, 2010 y 2011, se ha reducido considerablemente el volumen del déficit, pero no basta. El saldo exterior debe ser positivo, o continuará saliendo dinero del país, aunque sea más moderadamente; el estrangulamiento será más lento, pero no menos seguro. Y, para tener un saldo positivo, o sea, un superávit con el exterior, lo que hace falta es que los precios españoles vuelvan a ser competitivos. Desde nuestra entrada en el euro y hasta 2008, el IPC español subió alrededor de un 15% más que el de Alemania. En 2009, era necesario reducir los precios interiores al menos en esa cuantía para restaurar la competitividad perdida, y de ahí la cifra de Krugman. Esta política de rentas tenía que haber complementado la política de gasto, para no acabar como hemos acabado.

Ahora, con casi total seguridad, volverán las ideas sobre un gran pacto de Estado para reducir los salarios, con la vista puesta en provocar lo que llamo una deflación controlada. Pero, si eso se hace sin una paralela expansión del gasto público, nos habremos ido al extremo opuesto, previsiblemente, con tan malos resultados como en el pasado. Pues la deflación reducirá la recaudación tributaria, lo que aumentará el peso de la deuda, tanto pública como privada, con el exterior. Y, por otro lado, ¿de dónde vamos a sacar recursos para financiar una nueva expansión del gasto, si nuestro crédito exterior se encuentra agotado? Empieza a ser tarde ya para casi todo.