Razones económicas de una abdicación

Hoy publican los medios que el paro ha descendido en un importante número de personas y que los cotizantes a la Seguridad Social han aumentado en otro número importante; es evidente que el gobierno debía conocer estos datos con antelación, ayer sin ir más lejos. Uno se pregunta qué razones ha podido tener ese mismo gobierno para anunciar la abdicación en tal día, a una semana de las elecciones europeas.

Las coincidencias no existen. Ayer se conocía otro dato del máximo interés: la Comisión Europea transmitía públicamente a España sus exigencias, dentro del procedimiento por déficit excesivo en que nos encontramos incursos; también eso debía conocerlo el gobierno con antelación. Entre las medidas exigidas, varias que pueden despertar malestar entre la población: subida adicional del IVA, elevación de las tarifas eléctricas y nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral. Tras haberse resistido durante meses a esa clase de exigencias, pues no en vano estamos cada vez más cerca de las elecciones generales, esta vez el gobierno carece de fuerza para hacerlo, por cuanto las europeas acaban de mostrar que cuenta con el apoyo de un segmento muy exiguo de la población. Esta vez, el gobierno aplicará las medidas, o por lo menos una fracción lo suficientemente sustancial de ellas como para demostrar su buena voluntad. No sea que las quejas de la Comisión despierten a los mercados y se vuelva a disparar la prima de riesgo, con lo que costó domesticarla.

Después de dos años, el gobierno sabe de sobra lo que significa ceder. Frenar en seco la recuperación y a corto plazo más paro, exactamente eso. La Comisión lo exige porque cree que así se podrá crecer con más fuerza dentro de dos o tres años, ya que el crecimiento de ahora les parece insuficiente para aumentar rápidamente el empleo. Se trata de una diferencia de criterio en cuanto a los plazos. El gobierno, con su pachorra habitual habría estado dispuesto a andar diez o quince años creciendo a paso de tortuga, pero la Comisión está preocupada con el ascenso de los radicales de una y otra mano en toda Europa. De modo que el gobierno se enfrenta solo a la perspectiva de aplicar nuevas medidas impopulares en vísperas de elecciones. El problema es tanto más grave cuanto que es consciente de que sus medidas anteriores han significado la ruina y empobrecimiento de muchos que le votaron hace dos años y medio, bastantes de los cuales podrían estar votando a Podemos o estar pensando en hacerlo en las generales.

Así las cosas, parece que el gobierno ha decidido agarrar el toro por los cuernos, forzar la abdicación del Rey, abrir una crisis constitucional (puesto que no hay ley que regule la abdicación), provocar un debate artificial sobre si monarquía o república, terminar de laminar a un PSOE esquizofrénico entre una dirección comprometida con la lealtad institucional y unas bases fervientemente republicanas; y dejar al PP dueño del centro político, erigido en paladín del bando monárquico y agitando el mensaje subliminal de la guerra civil. O eso, o son completamente idiotas. Pongámonos en lo razonable: "¿Queréis Podemos? Pues sabed que son republicanos, es decir, rojos que vendrán a quemar iglesias, como en el 31". Le saldrá mejor o peor; sospecho que no le puede salir bien. Pero lo que no puede estar más claro es que, de las exigencias de la Comisión, ésta no nos libramos.