Negociar la independencia

No soy el presidente del Gobierno, lo que es mala suerte para los independentistas catalanes, que necesitarían enfrente a alguien con formación para tratar de números más que a quien machaconamente repite: “La ley, la ley, la Ley”; a alguien, en definitiva, capaz de negociar y no a quien da fe de lo que es propiedad de la soberanía nacional de España. Aun así, daré mi opinión, por si resulta de utilidad para salir de este embrollo.

La clave de todo es la deuda soberana de España. Cataluña no puede independizarse sin hacerse cargo de su parte alícuota. Por varias razones, pero sobre todo por una: de no hacerse cargo de su parte, Castaluña nacería como un estado en quiebra desde el principio. No porque lo diga yo, que no soy nadie; sino porque lo dirán las agencias de rating en representación de los mercados internacionales. Sé que esos brillantes economistas que tiene el independentismo opinan que la asignación de deuda soberana al nuevo estado sería “ilegítima”; es decir, que su brillantez no los lleva mucho más allá de concebir un futuro financiero como el de Argentina. Ni siquiera voy a explicar por qué semejante estulticia no se tiene en pie; lo he hecho repetidas veces en este blog. Tan sólo diré que no tengo ninguna prisa, y que para mí será un placer que terminen reconociendo que son malos economistas.

No voy a aburrir con cifras. España debe a los mercados algo más de un billón de euros. Unas cosas por otras, a Cataluña le corresponden 200.000 millones; el Banco de España y subsidiariamente todos como contribuyentes debemos otros 210.000 millones, de los que al futuro Banco de Cataluña le corresponderán unos 40.000 millones, si Cataluña quiere seguir en el euro.

Lo que España tiene que ofrecer: apoyo para reentrar en la UE y la zona euro. Y más importante todavía: durante el periodo transitorio hasta que Cataluña entre de nuevo en el euro, España podría mantener intacto el sistema bancario, lo que significa que Cataluña seguiría de facto en la zona euro, con sus intereses garantizados por el Banco de España, hasta que su propio Banco central pudiera hacerse cargo. Esto es una alfombra roja, no me lo negarán.

Lo que Cataluña tiene que pagar: hacerse cargo de un cuarto de billón de euros de deuda, en números redondos. Supongo que no habrá inconveniente, porque la independencia vale mucho más; una verdadera ganga. El quid radica en la forma de hacerlo. España no puede, sencillamente, ceder a Cataluña 200.000 millones de deuda, porque se trata de un pasivo; hace falta el concurso de los acreedores. Y aquí empiezan los problemas. ¿Por qué a Fulano se le asigna deuda española y por qué a Mengano se le asigna deuda catalana? ¿O por qué no lo echamos a suerte en vez de asignarse a todo acreedor un euro de cada cinco en deuda catalana y cuatro en deuda española? ¿O por qué no hacer un reparto proporcional en lugar de una lotería? En éstas, los dos países podemos quebrar.

Y el caso es que no hay que inventar nada. Basta con aplicar la tecnología desarrollada por la troika con Grecia. La solución es sencilla. España sigue respondiendo del 100 por 100 de la deuda ante los mercados, pero Cataluña se compromete ante España a pagar uno de cada cinco euros de esa deuda, en tiempo y forma. Para garantizar el pago, se constituirá un fondo de activos, de los cuales se realizará todo lo necesario para cubrir eventuales defaults. Dicho fondo estará domiciliado en Luxemburgo (como el griego), y constará de tantos activos públicos como para garantizar el principal de un cuarto de billón. Sin ánimo de ser exhaustivo, incluirá activos como el aeropuerto del Prat; el tramo catalán de la infraestructura del AVE y el Metro y las Rodalies de Barcelona, todas las carreteras públicas, incluso las comarcales, que podrían acabar siendo de peaje; el Parque Güel y la Sagrada Familia (Cataluña nacerá sin Concordato y se podrá desamortizar ese monumento); en definitiva, cualquier bien de titularidad pública, hasta la Moreneta, si es necesario. Una auditoría independiente, o mejor un par, de firmas internacionales, determinará el contenido exacto de dicho fondo. Como veo que la fe de los independentistas en Cataluña es sólida de narices, no tendrán problema en asumir esta carga.

Lo dicho: una ganga.

Qué futuro espera a Cataluña

Que el proceso soberanista en Cataluña está muerto no debería ser un secreto para nadie: lo único que falta es que sus protagonistas den testimonio de ello, lo que puede hacerse esperar todavía un tiempo. Lo principal, sin embargo, es que el procés está herido de muerte, y nada puede ya remediarlo. Veamos.

El 9N Artur Mas le ha asestado, a su vez, un golpe casi mortal al régimen de 1978. Por un momento, pudo vanagloriarse de ello; pero una reflexión un poco detenida le ha debido de convencer de que continuar por ese camino, más que un suicidio político, significaría su condena ante la Historia. Él contaba con tres cosas, de las cuales la consulta no le ha proporcionado sino sólo una de ellas y tampoco el todo. Las tres eran: primero, la salida de España del euro, prometida por Andreu Mas-Colell en el verano de 2012; les parecía a ambos que, expulsada España del euro por no pagar sus deudas, Cataluña sería recibida con los brazos abiertos en la eurozona, como la parte más "seria" de la economía española y la única digna de pertenecer a la élite monetaria. Hasta tal punto llega la fatuidad catalanista. (Incidentalmente, se puede añadir que esa misma fatuidad es la que les ha hecho pensar que, independizada Cataluña de España, es impensable que a aquélla la expulsen, bajo ningún concepto, del euro). En segundo lugar, los dos paladines de CDC contaban con un apoyo creciente de la sociedad catalana; lo han recibido, sin duda, pero en menor medida de la esperada tanto en las autonómicas de 2012 como en la consulta del 9N. No pretendo minimizar los efectos de esta última. He empezado por decir que supone un golpe casi mortal al régimen de 1978 el que casi dos millones de personas, probablemente la parte más dinámica de la sociedad catalana, se hayan movilizado contra el Tribunal Constitucional y, por unas horas, hayan convertido a la propia Constitución en papel mojado ante la impotencia del Gobierno. Pero en 2014 no hay muchos más soberanistas que dos años antes, aunque su posición estratégica parezca ahora más fuerte. Únicamente lo parece, ya que les falta también la tercera pata de su proceso, una pata sin la cual todo el edificio "estatal" que tan diligentemente han construido se sostiene sobre el entusiasmo de las masas, permanece en equilibrio inestable y se vendrá inevitablemente a abajo cuando el entusiasmo se enfríe. Esa tercera pata era el reconocimiento internacional, cuya consecución en su fatuidad característica daban por hecha pero en la que han fracasado estrepitosamente.

Para Artur Mas, que es un estadista considerablemente superior a Rajoy aunque éste triunfe y aquél fracase, era crucial ir logrando parabienes de la comunidad internacional mientras avanzaba el proceso. Lo único que ha conseguido es un silencio glacial, cuando no lacónicos comentarios de que se trata de un asunto interno del Estado español o explícitas advertencias que la secesión sacaría a Cataluña del euro e incluso de la Unión Europea. Mas ha tenido tiempo de pedir aclaraciones y de que se le ponga en claro, como vengo sosteniendo desde hace un par de años, que, sin llevarse un mínimo de 200.000 millones de euros de la deuda soberana de España, Cataluña sería declarada en default ipso facto por las agencias de calificación de riesgos crediticios. Pero ya ni siquiera eso es lo más importante. Los soberanistas catalanes han conseguido demostrar que el Gobierno de Madrid, en estos momentos en manos de la derecha española, es incapaz de hacerse con el control del Estado; por la brecha abierta, se está haciendo fuerte una oposición antisistema que puede convertir ese Estado en ingobernable. España está en riesgo de convertirse en un Estado fallido, y la aparición de un Estado fallido en la eurozona y en la Unión Europea podría ser la chispa que encienda un fogonazo que haga arder la burbuja de unos mercados financieros sobrevendidos cuando la economía global está a las puertas de una nueva recesión; esto, en el momento en que el liderazgo europeo es más débil que nunca. La perspectiva de pegar fuego a la estabilidad tan trabajosamente lograda tras cinco años de austeridad puede hacer las delicias de Oriol Junqueras, pero no las de Artur Mas. Ésa es la diferencia entre CDC y ERC, sencillamente.

Creo que ésta es la clave en que hay que leer la disputa sobre lista única o listas separadas en unas elecciones plebiscitarias. Como han intuido Junqueras y tantos otros, Mas quiere perder las elecciones plebiscitarias aunque conservando un número de votos suficiente como para poder negociar. Sabe, por otra parte, que así destruiría a ERC como fuerza política independiente, lo que le permitiría hacerle una OPA hostil que le compensara, en número de votos, los que perdiera de Unió; pues Durán ya ha advertido que su coalición durará mientras quiera Mas, es decir, mientras Mas no se alíe con los republicanos. ¿Y si no hay lista única porque ERC y la CUP se resisten a entrar en ella? Si no hay lista única, entonces no habrá elecciones plebiscitarias. En su lugar habrá un acercamiento de Mas a Rajoy o al sucesor de Rajoy en el PP (y quizá a Pedro Sánchez), con el Gobierno ya obligado a negociar por el descrédito a causa de la corrupción, al efecto de recomponer el régimen del 78 y cerrar el paso a Podemos y a un nuevo proceso constituyente.

Propuesta de reforma financiera del Estado

He leído la resolución de Podemos sobre auditoría y reestructuración de la deuda, y sigue las líneas maestras ya conocidas. Me referí a este asunto en el penúltimo post. Decía allí que el impago de la deuda puede ser una necesidad, en determinados supuestos, para llevar a cabo políticas sociales y de reactivación de la demanda. Como imaginaba, Podemos hace de esa necesidad una virtud. Lo interesante es cómo argumenta el carácter virtuoso de la medida. Afirman que la auditoría dará ocasión de movilizar a las masas alrededor de un problema candente de política económica y de concitar su apoyo a la propuesta de reestructuración, cualquiera que ésta sea. Sólo comentaré que ningún almuerzo es gratis, y la movilización a que se hace referencia no se logrará a coste cero. Si es posible que dé oportunidad de discutir públicamente y movilizar, también generará un conflicto de primera magnitud con organismos internacionales como el Banco Central Europeo, la Unión Europea  y el Fondo Monetario Internacional, a todos los cuales pertenece España. A la luz de los indicadores macro (excepto el paro y la pobreza, pero ya sabemos que éstos les interesan menos), España no tiene ninguna necesidad de impagar la deuda ahora. Dejar de pagar sería, con toda seguridad en su concepto, una arbitrariedad injustificada que introduciría grave inestabilidad en las finanzas europeas y globales. Olvidemos las presuntas o reales virtudes y centrémonos en las necesidades. La necesidad de reestructurar la deuda hay que demostrarla y no sólo presuponerla, como la presupone Podemos. Y el movimiento se demuestra andando. Sirva esta introducción - convengo en que un poco larga - para dejar sentado que lo prioritario es resolver el paro y no buscar el conflicto con los organismos internacionales; que es preferible atacar el problema hasta donde se pueda sin provocar conflictos, o con conflictos de mejor intensidad, y, sólo cuando los medios alternativos sean insuficientes, acudir a la reestructuración.

Mi plan es el siguiente. El gobierno español debe dejar de inmediato de emitir deuda soberana convencional; esto es lógicamente anterior a reestructurarla e incluso a auditarla, toda vez que anunciar tales medidas mientras se sigue recurriendo a los mercados resulta incongruente. A partir de ese momento, la única deuda que se emitirá será deuda admitida en pago de impuestos. Esto, en los círculos  "chartalistas" (Universidad de Kansas City y sus seguidores en todo el mundo) se denomina bonos Mossler. La idea es sencilla: el gobierno paga sus gastos en bonos Mossler y éstos pueden circular como dinero ya que sirven para pagar impuestos; casi son dinero. La aplicación de la idea no es tan sencilla, al menos en España. El gobierno no puede dar circulación forzosa a los bonos Mossler, es decir, convertirlos en dinero legal, porque lo prohíbe su pertenencia a la zona euro: el único dinero legal aquí es el euro emitido por el BCE. El bono Mossler, en el mejor de los casos, será cuasi-dinero. El hecho de que se admita el bono Mossler en pago de impuestos es un incentivo para su circulación, pero como el dinero no sólo se usa para pagar impuestos, sin más incentivos el bono Mossler se cotizaría con un descuento sobre el euro. Eso no interesa. Lo que interesa es que la deuda monetizada se cotice a la par con el dinero legal. Lo ideal sería que el cuasi-dinero sea deuda perpetua, es decir, que sea admitida en pago de impuestos en cualquier momento y que devengue un interés continuo; es decir, que cada segundo que el cuasi-dinero esté en poder del tenedor le genere réditos. Eso sí será un incentivo poderoso para aceptar la deuda irredimible que circule como cuasi-dinero.

Un problema será la divisibilidad del cuasi-dinero. Éste tiene que servir tanto para cancelar una deuda de un millón de euros como una de un céntimo. El problema es resoluble dentro de las posibilidades técnicas de la Central de Anotaciones de Deuda Pública. Ahí uno no es propietario de "bonos", sino de "saldos"; por tanto, ya no hablamos estrictamente de "bonos Mossler" sino de "saldos como-queramos-llamarlos" (por ejemplo, "saldos de euros paralelos"). La dificultad de gestionar el nuevo sistema vendrá atemperada por la circunstancia de que las nuevas emisiones serán todas de una única clase o denominación, y las restantes quedarán a extinguir según vayan amortizándose. El sistema debe adaptarse al requisito de que los saldos se actualicen continuamente con la adición de los réditos correspondientes.

La Central de Anotaciones no está diseñada para admitir cuentas de los millones de agentes que deberán disponer de ellas; lo está sólo para registrar las cuentas de un número relativamente bajo de intermediarios, llamados "titulares" y "gestoras". Cada empresa o economía doméstica propietaria de saldos de deuda irredimible deberá tenerlos depositados en una gestora, que a todos los efectos hará las veces de un banco. Con una diferencia fundamental con respecto a los bancos actuales: las gestoras actuarán como bancos con un 100 por 100 de reservas, sin autorización para crear dinero con cargo a préstamos ni operaciones de ningún tipo. Este detalle es crucial. Los préstamos en euros paralelos serán el cometido de "bancos" apoderados por el propietario de un saldo para invertirlo en todo o en parte, de forma rentable y con riesgo. Hay "bancos" de este tipo actuando ya en el mercado español. La cuestión es que son la excepción. De lo que se trata es de que sean la regla general.

El tribunal constitucional alemán y el BCE

Párrafo 4d) del fallo:

"En opinión del Tribunal Constitucional Federal, la decisión OMT [Outright Market Transactions, compra de bonos en el mercado por el Banco Central Europeo] no sería rechazable si pudiera ser interpretada o limitada en su validez de conformidad con las leyes vigentes de manera tal que no socavara la condicionalidad de los programas de asistencia del EFSF y el ESM [Fondos europeos de rescate], y fuera realmente sólo un apoyo de las políticas económicas de la Unión. A la luz del TFEU [Tratado Fundacional de la UE], eso probablemente requeriría la exclusión de quitas de deuda, que la compra de bonos de determinados Estados Miembros no se realice en cuantías sin límite, y que se evite interferencias con la formación de precios en el mercado hasta donde sea posible. Las declaraciones de representantes del Banco Central Europeo en el curso del proceso judicial y de forma oral ante el Senado sugieren que tal interpretación de conformidad con la ley vigente sería compatible, con toda probabilidad, con el significado y propósitos de la Decisión OMT".

Si esto no es un apoyo explícito a la estrategia del BCE, venga Dios y veálo. ¿Es que en España nadie se lee los papeles? Nos orientamos sólo por rumores, y así nos va.

Cómo restaurar el crédito de Cataluña

Me han convencido el señor Mas y sus socios soberanistas. Me han convencido por completo. A ver, Artur Mas dice que habrá consulta el 9 de noviembre, sí o sí (es su frase). Y luego las preguntas no dejan lugar a dudas. Supongamos que vota el 80% del censo (una estimación generosa) y que de los ochenta de cada cien que votan, 41 quieren un estado catalán y 40, no. Éstos últimos, ya lo han dicho los organizadores bien claro, es cómo si se abstuvieran en la segunda pregunta; vaya, como si les diera lo mismo que el estado que rechazan sea independiente o no. De los 41 que quieren un estado catalán, supongamos que 21 quieren la independencia y 20, no. O sea, con un 21% del censo, que supondría poco más de la cuarta parte de los votantes efectivos, Cataluña es independiente. Con menos del 80% de afluencia a las urnas y contando con votos nulos y en blanco, el porcentaje necesario para la independencia será todavía menor. No se lo han montado nada mal éstos, que no paran de dar lecciones de democracia. Yo lo doy por hecho.

Me preocupa la viabilidad financiera del nuevo estado independiente. Moody's acaba de ser la primera de las agencias de calificación de riesgos crediticios en tocar el asunto que me parece crucial, y sobre el que he escrito repetidamente en este blog, sin encontrar el mejor eco (lo cual dice mucho, y poco bueno, de la cultura financiera tanto de españoles como de catalanes). Lo único que me ha llegado sobre el particular son las ocurrencias de Xavier Sala-i-Martì (peregrinas, aunque vengan de Harvard), para quien no hay necesidad de que Cataluña se haga cargo de nada de la deuda española, puesto que la totalidad de ésta se ha contraído sin el permiso de aquélla; vamos, retroactividad en el ejercicio de la soberanía. Moody's ha aclarado que eso equivaldría, para los mercados, a la inmediata declaración de Cataluña en bancarrota. Me imagino la respuesta de Sala-i-Martì. ¿Y qué más da? Haciendo las cosas bien, el crédito de Cataluña se restaurará con menos dificultad que pagando una parte, cualquiera, de la odiosa deuda de España.

Para los que se tomen la realidad en serio, el problema no es baladí. Tan serio que un servidor, de suyo poco inclinado a apoyar las tesis independentistas, ha resuelto poner toda su ciencia al servicio de la noble causa de restaurar el crédito de Cataluña tras la independencia. ¿Y España!? A España que la zurzan, pues en eso estamos, ¿no? A tal fin, he perjeñado un astuto plan, que pueden ustedes llamar "Plan Viaña para restaurar el crédito de Cataluña? Lo tengo acogido a una licencia de los Commons, lo que significa que puede citarse libremente, con la condición de mencionar a su autor; y miren, incluso si no quieren citarme, pues no me citen. Hago esto no por afán de dinero, ni por deseo de notoriedad; únicamente, porque me place

Vayamos al Plan. Hay dos variantes, según que el Estado español colabore o que se ponga borde y no colabore. Supongamos que colabora. España acepta la independencia de Cataluña y facilita su ingreso, como nuevo Estado, tanto en la Unión Europea como en la Zona Euro. En tal caso, Cataluña y España, de la mano como buenas hermanas, se dirigen al Fondo Monetario Internacional, a la UE y al Banco Central Europeo, con un plan para que Cataluña se haga cargo de, digamos, un 20% de la deuda española; 200.000 millones de euros, en números redondos. A continuación, y contando con la acquiescencia de la troika, calculan el 20% de todas y cada una de la emisiones vivas y, por sorteo, asignan esa cuota a Cataluña, liberando de ella a España. Qué bien, ¿no? A partir de ese momento, la evolución del mercado secundario permitirá comparar la marcha de ambas economías, en una sana y fraternal competencia.

¡Ah! Pero ¿qué hacer si la pérfida Madrid se niega? Aquí entra la astucia de mi Plan. Cataluña no tiene más que adquirir en el mercado secundario un 20% de la deuda española circulando, presentarla ante las agencias de calificación, renunciar oficialmente a su cobro, y es seguro que le otorgarán la triple A. ¿Qué menos se merece Cataluña? Pero pongámonos en lo peor. Cataluña, probablemente, no tiene suficientes euros para comprar el 20% de la deuda española vida. Bueno, no importa. Mi Plan también lo tiene previsto. Entonces la Generalitat no tendrá más que dirigirse a los acreedores de España y ofrecerles un interés superior al que cobran de España. ¿Cuánto superior? Tanto como haga falta para que los acreedores canjeen 200.000 millones de deuda española por deuda catalana. En realidad, se trata de una subasta. Incluso puede ocurrir que, si los acreedores confían en Cataluña más que en España, Cataluña tenga que pagar un interés menor que el que está pagando España.

Claro que, fuera de la UE y de la Zona Euro, les aconsejo a los catalanes que se preparen a pagar un interés un poco más alto.

España coquetea de nuevo con el rescate

El mundo de la representación y el de la realidad se mueven con ritmos y a velocidades diferentes. Ahora que el gobierno saca pecho con sus logros económicos es cuando hay que echarse a temblar. Me explico.

Entre diciembre de 2011 y agosto de 2012, los primeros ocho meses de gobierno del PP, el Eurosistema, o sea, el conjunto de los bancos centrales de la zona euro, nos tuvo que prestar 260.000 millones de euros, para compensar la salida de dinero que se estaba produciendo de los bancos españoles en dirección a otros bancos de la eurozona, principalmente alemanes. Un rescate de tamaño regular, del que nadie ha hablado. La situación se tornó tan preocupante que Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo y principal responsable de la gestión del Eurosistema, salió a la palestra a garantizar la capacidad de pago de España. Gracias a la intervención de Draghi, los mercados concedieron un respiro España. Y España pudo mejorar algunos indicadores, de lo que ahora presume el gobierno. Entre septiembre de 2012 y mayo de 2013, devolvió 150.000 millones de los que había recibido previamente en préstamo. Seguramente, éste es uno de los logros más importantes.

Pero desde mayo hasta agosto de este año las cifras han mejorado poco. De hecho, en junio y julio permanecieron estancadas. En agosto, por primera vez desde hace un año, han vuelto a empeorar. No es buen síntoma. Ahora pueden pasar dos cosas. Puede que sea un momento de vacilación sin consecuencias a largo plazo y que en breve se reinicie la devolución de lo recibido en préstamo en los primeros meses de 2012. O puede ocurrir que estemos ante un cambio de tendencia. En este último caso, la garantía de Draghi ya no estaría siendo suficiente. Incluso es posible que los mercados ni siquiera reaccionen de forma adversa, por lo menos en un primer momento, toda vez que los préstamos monetarios intrasistema de la eurozona pasan desapercibidos excepto para los expertos. Pero los restantes bancos centrales, encabezados por el Bundesbank alemán, no se van a quedar quietos, fascinados por el "buen hacer" de Rajoy, si de nuevo ven crecer la deuda monetaria de España con ellos mismos. Máxime si se trata de una deuda, como en este caso, que no tiene plazos de devolución preestablecidos, como ocurre con los descubiertos en cuenta corriente; pero que, a diferencia de los descubiertos en cuenta corriente, por ella no estamos pagando intereses. Su devolución depende enteramente de la credibilidad que merezca la mejora del sector exterior de la economía española. Si esa credibilidad, que es realmente el único dato realmente positivo entre los indicadores de nuestra economía, llegara a ponerse en cuestión, la eurozona impondría el rescate formal, en lo fundamental para estipular compromisos concretos de devolución de la deuda monetaria, que supera los 250.000 millones de euros, y subordinar estrictamente nuestra política económica a los dictados de la troika como garantía de cumplimiento.

Cataluña independiente: el problema financiero

Resuelta la cuestión constitucional sobre el derecho a decidir, a favor del mismo, por el brillante artículo de Javier Pérez Royo aparecido esta semana en El País, queda por dilucidar cuáles serían los efectos económico-financieros de una consulta que resultara en apoyo mayoritario a la independencia. En ese orden de reflexiones hay que distinguir entre los efectos en Cataluña y los efectos en España.

En cuanto a lo que ocurra en Cataluña, una vez proclamada la independencia, no debemos preocuparnos demasiado. Será su problema, no el nuestro. No están de más, sin embargo, unas palabras. Los independentistas se las prometen muy felices porque podrán ahorrarse unos 16.000 millones de euros al año que, según ellos, pierden sin contrapartida en concepto de "déficit fiscal" impuesto por España. Parece que llaman así al hecho de que Cataluña en su conjunto paga más en concepto de impuestos de los que recibe en inversiones y otros gastos realizados por el gobierno central. No discutiré el concepto, porque me parece evidente que una de las funciones del Estado es redistribuir; incluso la futura Hacienda catalana distribuirá, y así no podrá evitar un "déficit fiscal" de Barcelona, favorable, digo yo, a las comarcas del sur de Lérida, por ejemplo. El problema no es que haya déficit fiscal; el problema es que no se quiere que beneficie a Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha. Más claro, agua. Pero, con todo, Cataluña tendrá un ahorro. ¿Qué harán el eminente Andreu Mas-Collell y el no tan eminente pero más influyente Xavier Sala-i-Marti con ese dinero? Seguramente, lo que pide ortodoxia económica, a saber, reducir impuestos, amortizar deuda y, si queda algo, invertir para reanimar la economía que tan maltrecha han dejado los austeros manejos del primero de esos personajes. Un momento; buena parte de su deuda la tienen con España, que en los últimos años se ha hecho cargo del déficit financiero de Cataluña, incapaz de acudir por sí sola a los mercados. ¿Devolverá la Cataluña independiente la deuda que tiene contraída con España? No, desde luego, si los españoles nos ponemos tontos; sí, a lo mejor, en un rasgo de magnanimidad, si accedemos a cuestiones que a los catalanes les parecen obvias, como que el Barça continúe jugando en la Liga española, a pesar de todo. Con razón deben de pensar estos tipos que nos tienen cogidos por los mismísimos.

El previsible resultado de la secesión no podría, por tanto, presentarse mejor para los independentistas, toda vez que la separación de bienes, como quien dice, estará para Cataluña limpia de polvo y paja. Concretamente, no esperan tener que cargar con un euro de la deuda contraída por España en los mercados. ¿Por qué habrían de hacerse cargo de nada de eso? Ellos a lo sumo reconocerán la deuda que tienen con España; pero de la deuda de España con otros, nada. Si habido mala gestión financiera en el gobierno central, y de resultas de esa gestión España se ha endeudado, es problema de España, no de Cataluña. Además, no podrían hacerse cargo de un solo euro de esa deuda aunque quisieran. Veamos. España está a punto de deber algo así como un billón de euros; Cataluña representa algo así como el 20% del PIB español; supongamos, por tanto, que 200.000 millones de euros de deuda soberana de España se convierten en deuda soberana de Cataluña. Uno de cada cinco euros, en números redondos. ¿Qué euros, es decir, que acreedores de España pasarán a ser acreedores de Cataluña? Es un problema sin precedentes, y para el que los mercados no tienen solución. Para los independentistas seria estupendo soñar con que los acreedores se rifarían el pasar a acreedores de Cataluña, y es muy probable que sucediera así, toda vez que España entraría en default ("bancarrota", para los legos) de forma inmediata. De casi un 100% de deuda sobre el PIB, España pasaría a un 125%, lo que, dadas las brillantes perspectivas de crecimiento del gobierno Rajoy, supondría el default inmediato. La bancarrota de 800.000 millones de euros supondría, en 2013, un cataclismo global dedimensiones al menos equivalentes a la bancarrota, por una cifra considerablemente menor, de Lehman Brothers en 2008. No sé si el Banco Central Europeo, si la Unión Europea, si el Fondo Monetario Internacional, si la troika en pleno, si... No quiero hablar de más, pero alguien impedirá la secesión de Cataluña.

Por eso digo que, aunque mis simpatías están con Cataluña, la independencia no toca. Ahora bien, hágase la consulta y salga el sol por Antequera.  

El pacto Rajoy-Rubalcaba

Es sorprendente lo poco que ha llamado la atención que el pacto al que finalmente se ha llegado entre el gobierno y el principal partido de la oposición se haya negociado por teléfono. Y, sin embargo, parece un detalle crucial. Diríase que ambos líderes, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, alcanzaron el acuerdo de forma tan vergonzante que no se atrevieron a ponerse ante los periodistas en rueda de prensa posterior, algo que habría sido obligado de haberse reunido al efecto, con mayor o menor pompa y boato, en La Moncloa o donde fuere.

¿Cuál es, por tanto, el contenido del pacto más allá de la proposición no de ley que van a tramitar en el Congreso, y que cabe concebir como simple carnaza para el consumo de los medios? Aquí sólo se puede formular hipótesis, conjeturas más o menos fundamentadas. Yo avanzo la mía. He apuntado en otro lugar que Rajoy va a este Consejo Europeo a recibir un tirón de orejas de Merkel, y no quiere recibirlo solo; quiere compartirlo con Rubalcaba. ¿Por qué el tirón de orejas? Muy sencillo. Rajoy lleva unos meses hablando más de la cuenta en la escena europea. Se ha «aliado» con todo quisque (sobre todo con Hollande, pero incluso con Cameron y más recientemente con Letta) para decirle a Merkel que hace falta menos austeridad y más crecimiento; que se necesita «más Europa» (y, lógicamente, menos Alemania), lo que traducido en términos prácticos quiere decir Unión Bancaria; y que, en definitiva, España quiere pesar más de lo que pesa. Todo esto, que ha parecido muy razonable, «de sentido común», como al bueno de don Mariano le gusta decir, de repente se ha convertido en charla de lo más inconveniente desde el momento en que ha saltado a los medios que el tribunal constitucional alemán podría invalidar la política del BCE de compra de deuda soberana, técnicamente llamada OMT. Puede que lo haga, aunque lo previsible es que no; pero podría, y esa simple posibilidad revela que la famosa recuperación de la economía española, tan cacareada en los últimos tiempos, tiene los pies de barro, pues se asienta en las declaraciones de Draghi de agosto de 2012, donde enunciaba esa política, y podría venirse abajo con sólo que el tribunal constitucional declarara dicha política incompatible con la Ley Fundamental alemana. Véase, a modo de botón de muestra, la evolución de la prima de riesgo esta misma semana.

Desde que trascendió que el tribunal alemán se ponía a la tarea de estudiar el caso, este mismo lunes, Rajoy se dio cuenta de que su suerte se encuentra por entero en manos de Merkel y la influencia que la canciller pueda ejercer sobre aquél, en un sentido u otro. Y eso, en un complicado año de elecciones en Alemania. Ahora, la cuestión es que Rajoy tiene que ir al Consejo a mendigar después de haber despotricado, y eso se le hacía muy cuesta arriba a nuestro buen presidente. Ha querido hacer un gesto de decir: «Yo, en realidad, soy ese alumno aplicado que todos admiran; lo que pasa es que me pierden las malas compañías». Y ahora se presenta con esa mala compañía, sólo para que Merkel le diga: «Rompe con ella». De modo que se trata de un pacto destinado a romperse… si Merkel vuelve a ganar las elecciones. Si no las gana, el pacto servirá a Rajoy de aval ante los correligionarios de Rubalcaba en Alemania, la socialdemocracia, que sería la ganadora en ese caso.

Pero ¿cuál es el contenido del pacto, qué se han prometido mutuamente Rajoy y Rubalcaba, aparte de presentar una voz común en Europa? A mi modo de ver, sólo una cosa: Rubalcaba ha prometido no continuar haciendo sangre con el tema del desempleo y Rajoy ha prometido aparcar el tema de las pensiones, que de continuar adelante demostraría la inoperancia del PSOE. Puede que haya algún fleco también sobre la corrupción. Pero, y esto explica que el pacto sea telefónico, aparte de ser secreto, únicamente obliga a los protagonistas. O sea, Báñez seguirá entonando loas a la calidad técnica del informe de los expertos sobre las pensiones y SorayaPSOE seguirá atizando en las sesiones de control al gobierno, por más que SorayaPP no alcance a entenderlo. Todo parecerá seguir igual, pero habrá pasado a depender de forma explícita del resultado de las elecciones alemanas de septiembre.

El problema económico de nuestro tiempo

Hemos llegado a un punto en que ya es muy difícil, si no prácticamente imposible, poner en marcha políticas económicas que combatan de una forma clara el desempleo. Por un lado tenemos las reformas, llamadas «estructurales», que tienden a liberalizar los mercados, y muy señaladamente el de trabajo, a reforzar el sistema bancario y a reducir la necesidad de financiación de las administraciones públicas. Tras un periodo de cierto papanatismo, en que los partidarios de estas reformas opinaban que ellas traerían, por sí solas, la recuperación económica (la llamada «austeridad expansiva»), hoy parece haber consenso en que tales políticas, en el mejor de los casos, preparan a la economía para una posterior expansión, capacitándola para aprovechar de una forma más intensa las potencialidades del crecimiento. Incluso si la austeridad mostrara cierta capacidad de estimular el crecimiento a corto plazo, por vía de fomentar un mayor apetito de los inversores por el riesgo, lo que todavía está por ver, ese crecimiento tendrá un recorrido muy corto porque subsisten desequilibrios globales que la austeridad no es capaz de resolver.

Por otro lado, siguen estando quienes – con Paul Krugman a la cabeza – propugnan el aumento del gasto público y/o reducción de impuestos, y con eso el agravamiento del déficit, para estimular el crecimiento. El problema sigue siendo cómo se financia el mayor déficit. Financiarlo con deuda lleva implícita una restricción en el volumen de endeudamiento relativo al PIB, o sea, en la capacidad de soportar el pago de intereses y de devolver la propia deuda. Financiarlo con cargo a la expansión monetaria comporta un disenso considerable dentro de la opinión pública, de la más amplia como de la más experta, disenso que – a mi juicio – lo convierte en políticamente impracticable, al menos a medio plazo.

¿Dónde está, así pues, la solución? No la hay, sencillamente. Los «austericistas» tienen razón en que, en el contexto actual, uno, cualquiera, no debe endeudarse por encima de lo que es capaz de devolver; no la tienen en no ver que, monetizando el déficit y promoviendo la inflación, la deuda se devalúa y cuesta menos pagarla. Ahora bien, vuelven a tenerla en que, si todos los países hicieran lo mismo, el mercado global de deuda se hundiría, y todos (no sólo nosotros) acabarían peor; es preferible que los males no se generalicen. Y vuelven a perderla al tratar el default o impago de la deuda como un acto atroz, según se vio en Argentina hace unos años y se está viendo ahora mismo en Grecia. Esa forma de ver las cosas sólo crea exclusión en el ámbito internacional, pero también hay que entender que si el default no fuera tratado de esa forma, los países sentirían menos pavor y podrían dejarse tentar por la posibilidad de incurrir en él con frecuencia, con lo que, por vía de impago, se llegaría a la misma generalización del mal que más arriba por devaluación de la deuda. Como adelantaba, no hay solución fácil.

Para mí, el principal problema está en una incorrecta visión del mercado de trabajo y su papel en una economía capitalista. Creo que Keynes tenía razón en que los políticos vivos siempre son tributarios de algún economista muerto. Los liberales de hoy lo son en exceso de las teorías de Karl Marx. La idea de que el beneficio empresarial depende, sobre todo en épocas de crisis, de la extracción de lo que Marx llamó «plusvalía absoluta» (rebaja de salarios, aumento de la jornada de trabajo, intensificación de los ritmos de producción) ha calado demasiado hondo. ¿Que se nos dice? ¿Que para salvar la menguada industria textil que nos queda tenemos que llegar a los estándares laborales de Bangla Desh, primer productor textil mundial, con una industria que emplea a más de cuatro millones de trabajadores? ¡No me toquen los güitos! El mismo experimento mental se puede hacer mutatis mutandis con todas las industrias manufactureras, absolutamente con todas; menos con la fábrica de BMW en Spartanburg, Carolina del Sur, Estados Unidos de América, naturalmente. Al final, la variable clave radica en la tecnología. Y es justo la tecnología lo que siempre se queda fuera de las reformas estructurales. Excepto cuando se pone en marcha reformas para promover la educación «de excelencia», de las que hablaré in extenso otro día.

Pero algo habrá que hacer, nos decimos todos. Y aquí es donde entra la flexibilización del mercado de trabajo que propugnan nuestros liberales marxianos. No vamos a salvar el textil pero a lo mejor salvamos el automóvil, y la fabricación de aerogeneradores, y… y… Lo dicen mirando a Estados Unidos, como si copiando el mercado laboral de ese país fuéramos a atraer la inversión de BMW como lo ha hecho Spartanburg. Yo prefiero mirar directamente a Alemania. Me parece que a largo plazo nos trae mucha más cuenta mirar a Alemania. Y lo que veo es un mercado laboral tremendamente distinto, y no tanto por las normas legales (porque sea más fácil el despido en Alemania, que no lo es) sino por las consuetudinarias, o sea, por el comportamiento que asumen como moral los intervinientes en ese mercado. En 2008-2009, cuando aquí el trabajador jugaba a la ruleta rusa con su empleo, o más fácil todavía, se despedía directamente a las mujeres y a los jóvenes, y los que permanecían en la empresa se frotaban secretamente las manos, en Alemania, en cambio, toda la plantilla aceptaba reducciones salariales con tal de que no hubiera despidos. Aquí eso no lo aceptarían ni la empresa ni los empleados con más probabilidades de quedarse; a lo sumo, éstos aceptarían un ERE en cuya virtud trabajaran menos horas, o días, pero cobrando exactamente lo mismo con cargo al seguro de desempleo. Se trata de que yo, si estoy en posición de poder, no pierda nunca. Eso marca la diferencia. Sobre dos comportamientos tan distintos en la base de la economía se construyen dos modelos de país enteramente diversos. Y ahora vemos con claridad cuál es capaz de hacer frente mejor a una situación globalmente adversa.

Una buena noticia económica

Diversos indicadores venían apuntando la posibilidad de que se estuviera produciendo un cambio positivo en los datos económicos. Hoy voy a centrarme en uno de tales indicadores que, precisamente, ha venido en estos días a reforzar esa impresión. Se refiere a un aspecto particularmente técnico de la pertenencia de España a la zona euro, así que no tengo más remedio que intentar explicar de qué se trata, con las palabras más sencillas que puede encontrar.

Cuando ordeno una transferencia desde mi banco al de un proveedor, si los dos operamos con bancos españoles, el primero «envía» el dinero al segundo a través del Servicio de Liquidación de Depósitos Interbancarios (SLDI), que es el nombre que recibe el Servicio de Liquidación del Banco de España (SLBE) desde su integración en la infraestructura transeuropea de transferencias interbancarias que se denomina Target2. Mi banco carga la transferencia en mi cuenta y el SDLI carga el importe en la cuenta de mi banco para abonarla en la del banco de mi proveedor y éste en la de su cliente. Pero esto, merece repetirse, ocurre sólo cuando ambos bancos son españoles. ¿Qué pasa cuando el mío es español pero el de mi proveedor es de otro país de la zona cubierta por Target2, que incluye a la UE y a otros países como Suiza, Islandia y Noruega? Entonces no hay verdadera transferencia de fondos. Mi banco me carga a mí, el Banco de España carga a mi banco, el Banco de España aparece deudor del Banco Central del país en cuestión, éste abona al banco de mi proveedor y el banco de mi proveedor abona a su cliente. En vez de verdadera transferencia de fondos hay un reconocimiento de deuda del Banco de España a favor del Banco Central de otro país europeo.

Cuando uno observa las estadísticas que describen este asunto, se aprecia que, hasta 2006, las cuentas asociadas tenían saldo cero. Esto lo interpretamos como que entonces funcionaba el mercado interbancario europeo. No había deuda de unos bancos centrales con otros porque los bancos privados se prestaban día-a-día los saldos resultantes de tales movimientos. Pero tras el verano de 2007 el interbancario se bloqueó, y el Banco de España apareció en el conjunto de ese año como deudor por importe de 3.275 millones de euros, tal y como se refleja en el cuadro siguiente:

Lo que ocurrió es que el interbancario europeo se cerró y entonces los bancos centrales de los países con déficit tuvieron que salir fiadores ante los bancos centrales de los países con superávit, para evitar la parálisis del sistema de pagos intereuropeo. A partir de ese momento, la deuda del Banco de España en Target2 ha crecido de forma exponencial, hasta totalizar casi 175.000 millones de euros a fines de 2011. A lo largo del presente año, ha crecido incluso más rápidamente, hasta superar 400.000 millones de euros a fines de septiembre de 2012. De esa cifra, por supuesto, hay que deducir la deuda de otros bancos centrales con el de España (los de Grecia y Portugal, presumiblemente), que asciende a 50.000 millones de euros. El endeudamiento neto del Banco de España en el seno de Target2 asciende, así pues, a 350.000 millones de euros, lo que viene a significar que, sin los 100.000 millones comprometidos en junio, Europa ya ha rescatado otras 3 veces y media al sistema bancario español.

Hay, inevitablemente, una reflexión sobre la oportunidad de la ofensiva del gobierno en Europa a favor de la unión bancaria. Cuanto más se insiste en este tema, más se puede estar poniendo la soga al cuello de España. Porque no hace falta ser un lince para comprender que la unión bancaria exigirá un mecanismo de transferencias bancarias que se aproxime más a lo que ocurre entre bancos españoles que a lo que ocurre entre un banco español y uno que no lo es. Por pura lógica. Pero eso significará, indefectiblemente, que Target2 deberá ceder paso a un nuevo sistema de pagos, que no se pondrá en marcha sin antes haber ajustado las cuentas del propio Target2. Lo cual traerá consigo, con toda probabilidad, la conversión de la deuda del Banco de España en algún tipo de deuda soberana. En resumen, el riesgo es vernos devolviendo una deuda de 350.000 millones, con mucha suerte, a 15 años y al 1,5%. Sin duda, muy buen negocio para forzar la recapitalización directa de la banca.

Pero esos pequeños temores no deben empañar un gran motivo de satisfacción, a saber, que la deuda del Banco de España en Target2 se redujo en septiembre comparativamente a la de agosto en 34.000 millones. Que es el dato positivo que yo quería resaltar.

La posición financiera de España se deteriora aceleradamente

Se va conociendo información que permite a uno hacerse una idea bastante precisa de la evolución de las finanzas públicas de España a lo largo de este año, de su tremendo deterioro (presumiblemente, como consecuencia del ahondamiento de la recesión) y de la inevitabilidad de pedir árnica al Banco Central Europeo y/o la Unión Europea en su conjunto vía el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Esta situación se complica con los compromisos que va adquiriendo el gobierno, sobre todo en materia de recapitalización bancaria, de la que me he ocupado en otro momento. En la presente entrada, utilizo datos del Banco de España y del Tesoro público.

Visto en perspectiva de la historia más reciente, España fue construyendo una sólida posición financiera hasta 2008, que se deterioró levemente en 2009, para caer en barrena desde entonces. Una de las razones que han dado un apreciable margen de maniobra al gobierno durante este año, del que carecieron Grecia e Irlanda en 2010 y Portugal en 2011, es la sólida tesorería acumulada en el periodo anterior, que casi alcanzó la cifra de 120.000 millones de euros en 2009. Desde entonces, no ha hecho más que disminuir. Este colchón de tesorería ha permitido al gobierno recurrir al mercado de deuda en menor medida de lo que correspondería a sus necesidades corrientes, con lo que ha evitado que la prima de riesgo y los intereses se dispararan, como sucedió a los países que fueron rescatados antes. A finales de 2011, la tesorería ascendía a 78.000 millones de euros, una cifra todavía apreciable. Durante el primer trimestre de este año, la tesorería de las administraciones públicas repuntó en 26.000 millones. Éste es un dato cuyas causas no están claras, toda vez que algo parecido pero de menor cuantía ocurrió en 2011, aunque no en 2010. Durante los meses de abril a agosto, sin embargo, la tesorería ha caído en aproximadamente 37.000 millones, lo que la deja en un total de 67.000 millones. Semejante hundimiento de la tesorería, de prolongarse, significa que España no podría pasar sin rescate desde junio de 2013 en adelante, pues para entonces su tesorería se habría reducido a cero. Gracias a haber tirado de ese colchón, el gobierno ha podido mantener su recurso al mercado de deuda en los niveles previstos a comienzo de año, muy por debajo de lo que habría sido preciso en otro caso; un ítem de la herencia socialista de la que supongo que a Rajoy no le gustaría hablar. Es muy difícil saber si el mantenimiento de la prima de riesgo por debajo de 500 puntos es consecuencia de que las expectativas del mercado han mejorado, o de que el colchón se agota a ritmo aún más acelerado que desde la primavera. Este información la podemos tener conforme el Banco de España y el propio Tesoro vayan publicando más datos.

Nota añadida el 18.10.12: Un dato que se da en el texto, aun siendo correcto, podría inducir a error. Se trata de lo que aquí se ha denominado «tesorería del gobierno» o «de las administraciones públicas». Entendía yo que el asunto estaba claro, o sea, que incluye la tesorería de todas las administraciones públicas, tanto central como autonómicas y locales, y que en todo caso es el dato más relevante puesto que si una administración no central se queda sin recursos la administración central tendrá que acudir en su rescate, como ya está ocurriendo con varias autonómicas. Pero dado que podría pensarse que es la administración central, o sea, el gobierno de la nación, el que disponía a 31 de agosto de 67.000 millones de euros en efectivo, aclaro sus cifras. El gobierno central alcanzó un máximo de tesorería en 2008, con 75.000 millones de euros; en 2009, cayó a 68.000 millones; y, en 2010, a 36.000 millones. En 2011, se recuperó de forma considerable, llegando a casi 57.000 millones a 31 de diciembre. En el primer trimestre de 2012, ascendió a 98.000 millones, lo que parece su máximo absoluto, para caer vertiginosamente a partir de abril, hasta totalizar 38.000 millones a fines de agosto.

Las cuentas del banco malo

Ya puede uno empezar a hacerse una idea de qué es lo que hay detrás del famoso «banco malo», convertido en los últimos meses en pieza clave de la reforma financiera después de que banqueros y ministros – también éstos de ahora – lo descartaran como solución a la crisis. Tomando bits de información aquí y allá y componiendo una especie de rompecabezas, se llega a vislumbrar el siguiente panorama.

El punto de partida son los 100.000 millones de euros del rescate bancario, acordado en junio por las autoridades comunitarias y de la eurozona de conformidad con España. Esos 100.000 millones son una cifra máxima y el FROB será el organismo encargado de gestionarlos por delegación del Estado. La segunda pieza es el informe de Oliver Wyman, que se conoció el pasado 28 de septiembre y que cifra las necesidades de recapitalización de la banca en unos 59.000 millones, que con las fusiones y absorciones en marcha podrían quedar en 54.000 millones. Algunos de los bancos necesitados de recapitalización, muy señaladamente el Popular, han manifestado su intención de obtener los recursos necesarios a través del mercado, o sea, sin necesidad de apoyo público. Se estima – aunque a mí me parece optimista – que eso reducirá las aportaciones del FROB a unos 40.000 millones, de los que 24.000 son lo que necesita Bankia. El gobierno, por boca de su ministro De Guindos, se ha felicitado repetidamente por este resultado, que reduce notablemente el recurso a fondos europeos por debajo de lo previsto en junio. «En vez de un incremento de la deuda superior al 9%, como estaba previsto, esto supondrá uno inferior al 4%», se le ha oído decir.

Una primera percepción de estas cifras y de la reacción del gobierno es 1) que la operación Oliver Wyman se ha orquestado para sacar las castañas del fuego a Bankia, toda vez que los recursos asignados por el gobierno a otras entidades (menos de 16.000 millones) parecen irrisorios a estas alturas; y 2) que la clave de la reforma del sector radica en la puesta en marcha del famoso «banco malo». Ahora bien, el gobierno quiere una importante participación de inversores privados en la financiación del «banco malo», debido a que no desea que esa financiación repercuta en mayor deuda soberana. Loable pretensión, pero debería añadirse «excesivamente», para dejar la oración así: «porque no desea que esa financiación repercuta excesivamente en mayor deuda». Es evidente que hará falta mayor deuda. El propio gobierno ha declarado que el objetivo es lograr un 55% de inversión privada en la capitalización de la sociedad de gestión de activos, o sea, del «banco malo». Lo cual deja otro 45% a cargo del FROB o de quien fuere que aporte los fondos públicos (aunque estoy convencido de que será el propio FROB).

Por otra parte, De Guindos ha dicho que el «banco malo» no gestionará inmuebles de valor inferior a 100.000 euros (¿en los libros del «banco bueno» o en los del «malo»?) ni préstamos inferiores a 250.000 euros (ídem de ídem). Según algún experto en la materia, eso dejará fuera de la operación al 36% de los «activos tóxicos» de la banca (¿en número o en saldo vivo?). Otra estimación que se ha manejado estos días es que el valor en libros, agregado, de los «activos tóxicos» de la banca española asciende a 260.000 millones de euros. Finalmente, la banca exige que la adquisición de los activos por el «banco malo» no se haga a precios muy por debajo del actual (¿saldo vivo de la deuda o descontadas las provisiones que se haya dotado?).

Las cuentas son las siguientes. Si el 36% queda fuera, el 64% queda dentro: el conjunto de los activos sobre los que operaría el «banco malo» ascendería a unos 166.000 millones de euros. Si el «banco malo» tiene que hacerse cargo del 45% de ese valor, resultan unos 75.000 millones de euros. Si se efectúa una rebaja del 10% sobre el valor en libros de esos activos – algo que tendría que ser calificado de muy generoso por la propia banca – las obligaciones de pago del «banco malo» ascenderían a unos 58.000 millones. Como el rescate bancario asciende a 100.000 millones y 40.000 de ellos están asignados a recapitalizaciones, restan 60.000 millones que dan justita, justita la capitalización del «banco malo».

Juzgue cada cual la credibilidad que le merece este esquema. A mí me parece cogido con alfileres.

Condicionalidad macroeconómica

Por fin, será rescate y no tomate. Ya está el mecanismo, aprobado por el Banco Central Europeo en su primera reunión de septiembre. Y ya está dicho: los países tienen que pedir el rescate y habrá condicionalidad macroeconómica (se sobreentiende: adicional a la incorporada al procedimiento de déficit excesivo que, en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya se aplica a España). Ahora falta saber cuándo se decidirá Rajoy a pedirlo.

Está la cuestión de la condicionalidad. ¿En qué estará pensando Draghi? Monti, primer ministro italiano, que debe de conocer algo de eso, ha declarado de inmediato que Italia puede pasarse sin acudir al mecanismo, lo que da idea de la aprensión que le produce. Seguramente, Rajoy ha tomado buena nota. Se habla de recortes en las pensiones y en las prestaciones por desempleo. Otros asuntos son más importantes desde el punto de vista macroeconómico. La cuestión clave son los equilibrios sectoriales compatibles. Es un tema técnico pero crucial. Intentaré explicarlo de la forma más clara posible. El objetivo macroeconómico de la economía española, aquél a partir de cuyo logro será posible crear empleo, ha sido definido como el desapalancamiento financiero (o sea, la reducción del nivel de endeudamiento) de todos los agentes económicos, tanto públicos como privados. Ahora bien, no todos pueden hacerlo a la vez a menos que se obtenga un saldo favorable con el exterior equivalente a la suma en la que aquéllos reducen su endeudamiento. El problema de España es que, en vez de un saldo favorable, registra uno bastante desfavorable, es decir, un déficit con el exterior por importe de 36.226 millones de euros a 12 de julio de este año, según datos del Banco de España. Estamos mejor que en el bienio 2007-2008, cuando España registró déficits por ese concepto superiores a 100.000 millones cada año; pero la situación dista de ser buena, incluso regular tirando a mala. Es pésima. Incluso si España registrara un déficit cero con el exterior, con las cifras actuales las administraciones públicas todavía registrarían un déficit superior a 55.000 millones de euros, lo que viene a ser un 5% del PIB, bien lejos del objetivo del 3% para 2014. Para que España se situara en ese objetivo, digamos unos 35.000 millones, con las instituciones financieras despalancándose al ritmo actual (13.479 millones el 12.07.2012) lo mismo que familias y empresas (41.715 millones), el saldo con el exterior tendría que ser un superávit superior a 20.000 millones. Nunca, que yo recuerde, ha tenido España superávit con el exterior, y mucho menos uno del orden del 2% del PIB. Lograrlo podría calificarse de verdadera revolución en el comportamiento macroeconómico de nuestra economía.

Y resulta que el BCE ha caído en la cuenta de que esa revolución tiene que hacerse de aquí a 2014. Aumentar las exportaciones parece el camino lógico; también, el más fácil. Pero el aumento de las exportaciones ha llevado a reducir el déficit exterior aproximadamente a la mitad en cuatro años de crisis. No es creíble que se puede reducir otro tanto y además meterse casi un cuarto más en zona de superávit en la mitad de tiempo. Sencillamente, no es creíble. Y desde luego Graghi no se lo cree. Rajoy quizá sí, pero Draghi no. Y Draghi se ha jugado todo su prestigio y el poder omnímodo de que aparentemente disfruta a una sola carta: sacar a España de la crisis, si España colabora. Por tanto, nada de la ingenuidad de pensar que el déficit exterior se trocará en superávit por arte de magia gracias al crecimiento de las exportaciones. Hay que frenar las importaciones, y hacerlo con toda contundencia.

Aquí empiezan los verdaderos problemas. Si España controlara el tipo de cambio, podría devaluar su moneda y hacerlo en la medida necesaria para convertir el déficit exterior en superávit. Esto, en teoría, porque en la práctica España ha devaluado en numerosas ocasiones la peseta, sin conseguir nunca hacerlo tanto como para pasar de déficit a superávit. En todo caso, el debate es ocioso: España no puede devaluar su moneda, porque pertenecemos a la zona euro. Es un tema manido. En ausencia de esa solución, yo propuse en noviembre un mecanismo inspirado en los montantes compesatorios de la PAC en los años sesenta. Es improbable que nadie me haga el menor caso, ni siquiera que alguien repare en ello. Lo que debe habérsele ocurrido a Draghi, y la razón por la que habló de «condicionalidad estricta» en su última rueda de prensa, es deprimir toda la demanda de consumo, y no sólo la de importaciones. Si no puedo actuar sobre las importaciones solo, actuaré sobre todo el consumo, que incluye también las importaciones. Esto es, por otra parte, lo que parece haber inspirado una primera subida del IVA, hasta situarnos en el 21%, sobre la media de la UE.

Me temo, por decirlo claramente, que la medida estrella de la condicionalidad macroeconómica de Draghi sea una nueva sabida del IVA, hasta situarnos en la parte alta de la tabla. Así, se deprimirá el consumo; las familias ahorrarán más, a la fuerza; los bancos, con menor demanda de crédito, podrán continuar reduciendo su endeudamiento; las importaciones caerán, con lo que él saldo exterior mejorará y… Draghi tendrá que cruzar los dedos para queeso lleve a reconducir el déficit público a la senda pactada.

Habrá que ver cómo se toma Rajoy todo esto. Y cómo nos lo tomamos los españoles.

Por qué el rescate no se hará esperar

A perro flaco, todo se le vuelven pulgas. El empeño de Rajoy en no pedir el rescate, que aquí ahora se llama «integral» (en inglés bail-out), de España se topa cada vez con mayores dificultades. Ahora son sus aliados fundamentales en esta peripecia, aquéllos por los que lo ha dado todo sacrificando lo que sea y a quien sea, los bancos, quienes parecen abandonarlo. Pero los bancos no tienen opción. Pese al rescate bancario pactado semanas atrás y – hay que decirlo – que el gobierno está instrumentando a paso de tortuga acorde con la velocidad de la sangre en las venas del presidente, los bancos españoles pierden depósitos a velocidad de vértigo. Sólo en julio pasado, la banca española perdió 74.000 millones de euros, o un 4,7% del total de sus depósitos, con lo que lo perdido desde junio de 2011 asciende a 233.000 millones, o el 13,4% de lo que entonces había. Son datos del Banco Central Europeo (y alguna elaboración mía). Si yo fuera un pelín monetarista, aunque sólo fuera un pelín, pensaría que esta contracción monetaria se une a la consolidación fiscal a la hora de agudizar la recesión que tenemos encima. El problema es que en el gobierno no parece haber quien tenga la menor idea de qué es una contracción monetaria y cuáles son sus efectos.

Vamos a la reacción de la banca ante la pérdida de depósitos. Los bancos de la eurozona están obligados a mantener el 2% de sus depósitos en forma líquida, esto es, en forma de dinero emitido, de una forma u otra, por el Banco Central Europeo. Cada vez que un depositante retira 1 euro, el banco tira bien de su exceso de reservas (si está por encima del 2%), bien de sus reservas obligatorias, lo que significa que tiene que reponerlas de inmediato. La forma de reponer reservas líquidas es vender otros activos, menos líquidos que el dinero. Los bancos españoles no pueden obtener liquidez de los préstamos hipotecarios y otras inversiones, que son invendibles y cuya realización es muy lenta. La vía rápida es vender deuda pública, para la que hay un mercado muy líquido. Parece que la banca española, ante la retirada de depósitos, y una vez agotado su exceso de reservas, ha tenido que reponer reservas obligatorias vendiendo deuda soberana de España.

Es difícil exagerar el contratiempo que este cambio de orientación supone para la situación financiera del gobierno. Desde noviembre de 2011, no hay inversores extranjeros que pujen en las subastas de deuda española. Sólo la banca española lo hace, dados los condicionantes políticos y el pacto de Estado que existe entre el gobierno y la banca; de ahí el especial interés del gobierno en apoyarla, caiga quien caiga. Pues bien, entre diciembre de 2011 y abril de 2012, la banca española ha adquirido 87.000 millones de deuda soberana de España; en buena medida, gracias a las grandes subastas de dinero llamadas «3-yr LTRO», en la jerga del BCE. Pero, tras dos de esas subastas, el BCE no ha vuelto a anunciar ni siquiera planes de una tercera. Para reponer reservas líquidas, por tanto, la banca española no ha tenido más remedio que vender deuda soberana de España, por primera vez en nuestra historia reciente. Unos 17.000 millones desde mayo, y 9.300 millones sólo en julio, siempre según datos del BCE. O sea, que el proceso, tanto en pérdida de depósitos como en venta de deuda, se acelera.

Así se explica, con datos estrictamente financieros, el «pico» en la prima de riesgo de España, al superar los 500 puntos básicos y en algunos momentos los 600; zona de peligro de la que no hemos salido todavía ni, previsiblemente, vamos a salir. Lo que ha ocurrido es que, hasta abril, la banca española compraba deuda en el mercado secundario, lo que mantenía la prima en niveles altos pero aún no alarmantes. Ahora la banca española vende en vez de comprar. ¿Y quiénes compran ahora la deuda? Especuladores. Son especuladores los que compran, con una prima muy alta, esperando que la situación mejore: compran deuda barata para venderla cara. Son quienes especulan, digamos, a favor de España. ¿Les daremos las gracias, después de habernos metido con ellos cuando ocurría al revés? Claro que no. Lo hacen para ganar dinero, como antes. Sólo que unas veces nos perjudica y otras nos favorece, como ahora.

El verdadero problema, en este momento, no está en los que compran, sino en los que venden, los bancos españoles. Y no lo hacen para ganar dinero, sino porque están con el agua al cuello. De hecho, podrían estar registrando importantes pérdidas, si compraron la deuda a un precio y la tienen que vender ahora a otro que les perjudica. Pero no tienen más remedio porque se trata de cumplir con una regulación europea. Los obliga a ello la retirada de depósitos. Y lo que es peor, el reloj avanza. Y lo hace para todos. El gobierno puede esperar una subida considerable de los intereses en la subasta prevista para el próximo jueves. Puede que hasta se invierta la relación subastas/mercado secundario. Hasta ahora las subastas eran más favorables que el mercado secundario. Ahora puede ocurrir lo contrario. De otra forma, los bancos españoles podrían entrar en pérdidas milmillonarias, y lo que se los recapitalice con el gran rescate bancario de 100.000 millones, se acabará yendo por el desagüe con la pérdida de depósitos vía reventa con pérdidas de deuda pública. Precisamente para evitar que el rescate bancario sea una filfa, puede llegar a ser inevitable el rescate «integral».

¿Y qué hace mientras tanto Rajoy, aparte de jurar y perjurar que lo que ha hecho lo hizo porque era necesario? Nada, sencillamente, esperar. Espera que los socialistas franceses le saquen las castañas del fuego. Que el BCE nos rescate sin necesidad de pedírselo. Que nos haga un bail-in, como siempre, por nuestra bella cara. Porque hay que premiar al que hace los deberes. Porque España es muy importante para Europa. Porque si caemos nosotros, caerá el euro. Y todas esas zarandajas propias de políticos que no están a la altura de la emergencia que atravesamos.

Aires de crisis en la eurozona

La crisis de la deuda soberana, de la que España, junto con Grecia, es uno de los epicentros, está a punto de dar una nueva vuelta de tuerca. Dos claros indicios apuntan al aislamiento político de la conservadora Alemania. Por una parte, la lentitud en decidir la separación, expulsión o como se le quiera llamar, de Grecia de la eurozona. Por otra, la más que ostensible divergencia entre la dirección del Banco Central Europeo y el Bundesbank, o por personalizar, entre Draghi y Merkel. Los dos indicios marcan una fisura que amenaza con resquebrajar hasta el tuétano a la eurozona. Francia, es decir, Hollande se convierte así en el árbitro de la situación.

Algunos creen que no se puede echar a Grecia, o para el caso, a ningún otro país del euro. Ilusos. Claro que es posible, y además muy fácil. Pero el BCE tiene que querer, y en este caso parece que no quiere. Para echar a Grecia, le basta al BCE con excluir a la deuda griega de la lista de activos de garantía utilizables en las operaciones habituales del Eurosistema; así, Grecia queda de facto fuera del euro. ¿Y esto se puede hacer? Naturalmente que se puede, y el BCE debería haberlo hecho hace meses, si no años, dada la baja calificación crediticia de esa deuda. Pero no se ha hecho por motivos políticos, con los que Alemania comulgó en su momento, y esa comunión se vuelve contra ella ahora. Este verano, se ha empezado a reconocer que el problema de Grecia es de calidad de su democracia, mucho más importante que el de la calidad de su crédito. Y que la calidad de la democracia griega no mejorará sino que previsiblemente empeorará en cuanto Grecia salga del euro. Y, todavía más importante, que Europa entera pagará las consecuencias de una evolución de Grecia hacia totalitarismos de un signo u otro.

El segundo problema es el de España. Draghi ha protagonizado una propuesta este verano, consistente en la compra masiva de deuda española para contener y rebajar la prima de riesgo. Simplemente, el anuncio de esa nueva política, prevista para septiembre, bajó la prima de riesgo desde bastante por encima de 600 puntos básicos a los poco más de 500 en que se sitúa ahora. Pero incluso esta última cifra resulta excesiva. De los anuncios hay que pasar a las realidades. Y se ha desatado una lucha sorda entre Draghi y el Bundesbank, que es trasunto de la negativa de Alemania a relajar la disciplina que se exige a los rescatados.

Uno no puede dejar de ver la mano del socialista Hollande en el pulso general que están echando Draghi y Merkel. En los dos asuntos en que chocan, Draghi defiende la posición que a priori se atribuiría al francés, de modo que lo lógico es pensar que el italiano se muestra fuerte porque se siente respaldado. Estamos, así pues, ante el cambio de clima general que algunos pronosticaron tras las presidenciales francesas. Pero, más que nada, Alemania paga ahora la crisis interna que sufrió a comienzos de 2011, cuando el presidente del Bundesbank, y candidato a suceder al francés Trichet al frente del BCE, Axel Weber, se enfrentó públicamente a Merkel defendiendo la misma postura que ahora defiende la canciller. Entonces, Merkel quiso hacer política europea para contrarrestar el terreno que le estaba ganando la oposición socialdemócrata, y obligó al presidente del Buba a dimitir antes de tiempo, con lo que Alemania perdió sus opciones a la presidencia del BCE. Más tarde, en junio, a la canciller debió de parecerle que el currículum de Draghi en Goldman Sachs era suficiente aval para contar con él en los momentos difíciles. Está claro que se equivocó.

No diría yo que Merkel ha perdido ya la partida, sin embargo. Es el más peligroso «animal político» de la Unión Europea. Sabe que si ahora se deja arrinconar, perderá las próximas generales de su país ante una cada vez más crecida oposición socialdemócrata. Sabe, además, que puede contar con el apoyo incondicional (o casi) de Austria, Finlandia y Holanda. Y sabe, sobre todo, que Hollande, es decir, Francia no tiene alternativa al eje franco-alemán. Dispone de unos cuantos meses, quizá sólo de unas semanas, para encontrar la forma de poner a Hollande entre la espada y la pared, dándole claramente a elegir entre Alemania y esas veleidades. Si logra hacerlo, todavía la veremos levantar cabeza y hacerse de nuevo con el liderazgo europeo, justo a tiempo de plantar cara a los socialdemócratas para disputarles el triunfo electoral el año que viene.

Y mientras aquí, el amigo Rajoy se mantiene quieto, enconchado y cruzando los dedos para que el socialista, o mejor los socialistas, tanto franceses como alemanes, le ganen la partida a su correligionaria, a la que pese a todo su buen sentido y toda su sensatez, no ha logrado convencer. ¿De qué? De nada, en realidad. El problema de Rajoy es que no tiene otra cosa que ofrecer que sensatez y buen sentido… vacíos de todo contenido concreto. Espera sin duda poder vender ese humo a buen precio a los tontos de los socialistas, que seguro que se lo querrán comprar enternecidos ante la deprimente visión de seis millones de parados.

España, rescatada

Finalmente, las cosas terminan por ser como es lógico que sean. Toda la polémica, sobre si los 100.000 millones de Europa para la banca eran un rescate o no, ha enmarañado el asunto hasta tal punto que la propia Europa dudaba de si Rajoy y su gobierno le habían metido un gol o si, simplemente, se engañaba a sí misma. Los mercados, a su vez, recelaban de la solución adoptada; de ahí la escalada de la prima de riesgo y los repetidos batacazos de la Bolsa. La cuestión se ha zanjado con las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, esta semana. Ha dicho que hará lo que haga falta para salvar al euro, y otra cosa aún más importante: ha dicho veladamente que el miedo creciente a la ruptura del euro justifica plenamente su intervención, incluso por encima del hasta ahora sacrosanto objetivo de mantener la inflación en el límite fijado en Maastricht. Por fin, parece que el BCE ha encontrado algo que le importa más que el 2%.

A buen entendedor, las palabras de Draghi juegan con la ambigüedad, y no juegan con ella. Juegan con la ambigüedad porque no dice cuánta deuda (española e italiana, sobre todo) va a comprar por intermediación del fondo europeo de rescate, sino sólo la que haga falta; incluso si al final no tiene que comprar nada, mejor que mejor. Incluso si alcanza sus metas sin necesidad de poner un euro, habrá demostrado todo su poder, la capacidad de domar a los mercados a golpe de declaraciones, cual Júpiter tronando desde el Olimpo. En esto, la «tecnología» de los rescates muestra lo que ha aprendido Europa en los últimos dos años. Pero sus palabras no juegan con la ambigüedad desde el momento que, sólo para facultar al fondo europeo de rescate a comprar deuda soberana, los países cuya deuda se adquiera deberán firmar un nuevo tipo de MoU (memorandum of understanding = memorando de entendimiento), que desgranará, exigencia a exigencia, la condicionalidad macro y microeconómica a que dichos países se verán sometidos. Esto de la condicionalidad micro se había visto por primera vez con la banca española. Ahora tendremos oportunidad de verlo en todos los sectores que vengan a cuento.

El gobierno español vive los últimos días de soberanía nacional. Ya sé que es una soberanía recortada en extremo, pero continúa siendo soberanía. Por ejemplo, el gobierno ha podido ignorar a los mineros del carbón, pese a sus largas marchas y contramarchas, y pactar, en cambio, con los taxistas apenas se han movilizado un poco. ¿Por qué? Es evidente el porqué: los taxistas votan en masa al PP y, por el contrario, entre los mineros el partido del gobierno no debe de recabar un solo voto. Poco más o menos. A uno le podrá gustar o no gustar, pero el PP ha logrado el gobierno democráticamente: eso es soberanía nacional.

Pero en cuanto el gobierno firme el nuevo MoU, y las cosas han llegado a un punto en que no podrá decir que no lo firma, ni regatear una sola exigencia, ya no podrá permitirse esas veleidades. No podrá regatear una sola exigencia de las que se le imponga porque lleva semanas pidiendo a gritos que el BCE compre deuda “para salvar al euro”, por aquello de que “si cae España, cae el euro” y de que “hace falta más Europa para salir de la crisis”, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a regatear ahora condiciones necesarias para salvar a Europa? Y no podrá permitirse veleidades como contentar a los taxistas porque, si se ha determinado que la liberalización del taxi es una de las reformas estructurales que hay que acometer, Europa no querrá entender que se ceda ante su protesta por motivos electorales ni de ninguna otra clase. Se acabó la soberanía nacional. España se va a poner a la cabeza en lo de «hacer Europa». El gobierno español está por convertirse en piloto automático operado desde el control de vuelo de Francfort y Bruselas. Justo premio a la diplomacia económica de ZP-Salgado y Rajoy-Guindos, con arreglo a la cual hemos sido los alumnos más disciplinados de la clase a la par que los más torpes en conseguir resultados.

Pero todo eso el gobierno, seguramente, ya lo sabe.

Eurobonos: qué, cómo y para qué

Si algo no se puede negar a los partidarios de la emisión de eurobonos es que son tenaces e inconmovibles en su fe. Diríase, lo mismo oyendo a François Hollande que a Alfredo Pérez Rubalcaba y – lo que es más sorprendente – a muchos economistas, que la solución a la crisis de la deuda soberana depende de su emisión. Por mi parte, soy escéptico. Mejor dicho: soy decididamente contrario, no tanto a su emisión como a depositar en ésta una confianza que sería totalmente inmerecida.

Para empezar, no es posible saber con precisión de qué se está hablando, o sea, qué cosa puedan ser los eurobonos de marras. ¿Quiérese decir que, una vez acordada la emisión de eurobonos, cesará toda emisión de bonos nacionales? Si es esto, la verdad, lo que se propone es francamente irrealizable. Por la sencilla razón de que, suponiendo un mercado donde la formación de precios sea perfecta, la prima de riesgo de los eurobonos vendrá a ser un promedio de las primas de riesgo de los bonos nacionales, actualmente en circulación, ponderadas por la masa de deuda nacional que circula. Incluso si admitimos, con algunos economistas que defienden la cosa con entusiasmo, que el eurobono será objeto de una apreciación derivada de la mejora de las expectativas (aunque no entiendo por qué los mercados supondrían que la emisión de estos eurobonos mejoraría sustancialmente la situación financiera de Europa), incluso en ese optimista caso, repito, parece evidente que un buen número de países tendría que pagar por su deuda más de lo que está pagando actualmente; y esos países serían, precisamente, los que mejor están funcionando en la crisis: Alemania, Austria, Finlandia, Dinamarca… Nosotros ganaríamos, porque nuestra mala calificación crediticia se compensaría con la buena de ellos, pero ellos perderían. Y no se comprende bien por qué ellos, que tienen la sartén por el mango, habrían de darle la vuelta a la sartén para ofrecernos el mango a nosotros.

La alternativa es que cada país acuda a la emisión de eurobonos o a la de bonos nacionales, a su elección. Nosotros acudiríamos de cabeza, en principio; eso es bien evidente. Pero Alemania y los otros países del «centro» económico de la eurozona se abstendrían de acudir y seguirían captando financiación a tipos de interés muy bajos; concretamente, Alemania a tipos próximos a cero. Total, que sólo acudiríamos a protegernos bajo el paraguas de los eurobonos los países de la periferia que soportamos tipos muy elevados: nosotros, además de Grecia, Irlanda, Portugal e Italia. El resultado sería un absoluto desastre, ya que nuestros intereses, aunque bastante elevados, son sensiblemente menores que los de los tres países citados en primer lugar. Con lo que al promediar los tipos nacionales, resultaría un eurotipo bastante superior a lo que pagamos ahora. No nos convendría acudir a los eurobonos y lo mismo le ocurriría a Italia. Con lo que finalmente, los eurobonos se quedarían en un proyecto carente de realización.

Una tercera posibilidad es la propuesta por el SPD, partido socialdemócrata alemán, que aquí ha sido muy criticada, como si supusiera defender los eurobonos «de boquilla», pero rechazarlos en realidad. Lo cual demuestra, entre otras cosas, lo poco que ha reflexionado la izquierda española sobre los problemas de ejecución del proyecto. De hecho, la variante propuesta por el SPD – como uno se podía figurar a priori – no sólo es perfectamente realizable, sino que es la única realizable. Se trata de forzar los eurobonos como financiación para porcentajes de deuda sobre el PIB superiores al 60%, y precisamente para financiar el exceso de deuda sobre el 60% del PIB. De manera que si nosotros tenemos un 70% de deuda sobre el PIB, únicamente podremos financiar con eurobonos (se sobreentiende que pagando el tipo de los eurobonos, un tipo medio entre los tipos nacionales, inferior al nacional nuestro) la deuda que corresponde a un 10% del PIB. El 60% restante tendremos que financiarlo con emisiones nacionales. El tipo que pagaremos en conjunto será algo inferior al que nos correspondería pagar con toda la deuda financiada por emisiones nacionales, pero no tan inferior como les gusta pensar a los defensores a ultranza de la fórmula. Por su parte, Alemania podría financiar a un tipo cero – como ahora – su deuda hasta que ésta alcanzara el 60% de su PIB. En cuanto pasara de ese porcentaje, debería acudir a los eurobonos, con un tipo sensiblemente superior. Así, los países tendrían incentivos para mantenerse en porcentajes inferiores al 60% y cabría esperar que los que lo lograran pagarían tipos inferiores al de los eurobonos. Como digo, ésta es la única alternativa que me parece económicamente sensata y políticamente viable.

Como parece evidente, el proyecto SPD puede ayudar a introducir disciplina y hasta cierta uniformidad fiscal en la eurozona, pero difícilmente resolverá la crisis de la deuda. Creo que es una propuesta positiva, y yo la apoyaría. Pero me temo que sea ilusorio pretender que es la principal medida para resolver la crisis de deuda. Diría incluso que, desde esa óptica, no me parece muy importante.

Bankia: el plan

Bankia está lejos de atravesar una situación desesperada. Su problema es incapacidad de cumplir los requisitos de la reciente reforma financiera, que imponen la dotación de mayores provisiones para insolvencias en la cobertura de sus riesgos. Las cifras de Bankia no satisfacían los requisitos, y no permitían confiar en que lo haga antes del límite temporal estipulado (diciembre 2012). Los depositantes y accionistas reaccionaron con desconfianza a las noticias. Hubo retirada de dinero, la cotización bursátil de Bankia se hundió y arrastró al conjunto de valores bancarios. A comienzos de la semana pasada, Rodrigo Rato cesó como presidente y para sucederlo fue elegido José Ignacio Goirigolzarri. Finalmente, el viernes 25 y el sábado 26 de mayo, el nuevo presidente presentó su plan.

El plan cuenta con 23.464 millones de euros del gobierno. De ellos, 4.464 millones corresponden a capitalización de la deuda que Bankia tiene contraída con el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). Los 19.000 millones restantes recapitalizarán BFA (Banco de Financiación y Ahorro, principal accionista de Bankia) y Bankia propiamente dicha. Al término del proceso, este mismo año, Bankia dispondrá de un capital principal elevado al 9,5% de sus activos ponderados por riesgo, lo que satisface de sobra los requisitos de la legislación española.

Un aspecto clave del plan es la renuncia a capitalizar deuda privada, tanto preferente como subordinada. Esto es crucial para las perspectivas de Goirigolzarri de devolver al gobierno el dinero de los contribuyentes. Como él mismo dice, el plan requiere capital, no «ayudas». Tratándose de capital, el dinero que se proporcione a Bankia será recuperable mediante venta de acciones en poder del gobierno. Así pues, el plan básico es un rápido retorno a la cotización bursátil. Si el mercado cree que Bankia ha recibido suficiente capital, la cotización de sus acciones subirá y el gobierno podrá recuperar la inversión gradualmente.

El plan Goirigolzarri parece sensato, juzgado desde una óptica microeconómica. Si sus previsiones se cumplen, en cuanto a capital obtenido, hay una razonable probabilidad de que tendrá éxito aunque sus resultados tardarán en manifestarse. El principal problema radica, no obstante, en las complicaciones macroeconómicas. Goirigolzarri ha presentado al gobierno una petición de fondos como si el gobierno fuera un inversor privado en busca de colocación para un exceso de capital disponible para la inversión. Una situación bastante distinta de la que realmente prevalece. El plan asegura a Bankia un completo saneamiento de sus estados financieros. Por tanto, es probable que sea percibido por la banca privada como sostenimiento desleal de uno de sus miembros. Incluso si el gobierno pudiera reunir fondos hasta totalizar esos 19.000 millones de euros para ponerlos a disposición de Bankia, sería absolutamente incapaz de hacer lo mismo por el resto de la banca.

La cuestión de si el gobierno español será capaz de reunir 19.000 millones de euros para Bankia es de difícil respuesta. El gobierno acaba de recortar gastos educativos y sanitarios por importe de 10.000 millones, con vistas a compensar recientes revisiones al alza del déficit público registrado en 2011. Las necesidades financieras de Bankia doblan esa cifra. Muchos creemos, con el presidente francés, François Hollande, que España no tendrá más remedio que acudir a los fondos europeos en petición de ayuda para solventar el caso. Pero el gobierno ha hecho causa de que España no necesita ser rescatada, y el propio presidente, Mariano Rajoy, censuró a Hollande hace unos días su «ignorancia» a la hora de hablar de los bancos españoles. En conjunto, parece que el gobierno está dispuesto a lo que haga falta con tal de no reconocer también su error en este ámbito. Habla de que las necesidades de Bankia suponen deuda y no déficit, y esto quiere decir – como se ha aclarado – que el gobierno emitirá deuda para suscribir las ampliaciones de capital de Bankia y BFA. A continuación, Bankia utilizará esa deuda para obtener financiación del Banco Central Europeo.

El asunto candente, por tanto, es si el BCE aceptará el procedimiento en este caso, que lo llevaría a adquirir (aunque sea de forma temporal, que podría terminar siendo definitiva si todo acaba mal) deuda española, cosa que ha decidido no hacer más tras haberlo hecho en meses pasados. Rajoy recorrió dos continentes defendiendo su tesis de que el BCE debe continuar haciendo lo que el propio BCE ha declarado no querer volver a hacer, y ahora el gobierno español se descuelga con una maniobra de ingeniería financiera para obligar al BCE a hacerlo. En todo caso, tenemos el precedente irlandés. A principios de 2009, el gobierno de ese país tuvo que rescatar a su principal banco, el Anglo-Irish Bank (AIB), y el procedimiento fue similar al planeado ahora por el gobierno español. El BCE terminó aceptando el procedimiento, pero el resultado fue que el BCE adquirió de hecho, en el proceso, la prerrogativa de decidir cuándo la cosa había llegado demasiado lejos e imponer al país su rescate formal a pesar de que el gobierno se resistió a ello como gato panza arriba.

Standard&Poor's y la nota de España

Desde que S&P puso el crédito de nuestro país en perspectiva negativa, pocas semanas atrás, han estado los mercados esperando la noticia de la rebaja de la calificación de España. Ayer se esperó esa noticia, hasta que la que difundieron los medios fue la de la rebaja de calificación de diez entidades bancarias españolas. Alguien había oído campanas sin saber bien dónde. O quizá S&P hizo correr el rumor de que iba a recalificar al país, cuando lo que pretendía recalificar era a los bancos. Eso tendría por objeto minimizar el impacto negativo de la noticia. Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que las Bolsas reaccionaron con parsimonia a la noticia, y durante buena parte de la jornada los bancos más castigados por el rating – notablemente, Sabadell, entre ellos – vieron subir sus cotizaciones bursátiles.

Ya por la tarde, S&P publicó un informe sobre Canarias, en el que de forma aparentemente casual deslizaba un párrafo sobre España. Venía a decir que la perspectiva negativa en que está España podría muy pronto traducirse en una rebaja de dos escalones – nada menos – de su calificación crediticia, dependiendo de factores «políticos», «externos» y «monetarios». El entrecomillado de los términos, en el original, venía a añadir misterio a lo enigmático de la frase. ¿Qué quiere decir S&P? Mi forma de interpretarla es la siguiente.

Factores «políticos». Los mercados han dado en cierta forma una tregua a España, dejando que la situación de Italia pase a primer plano en punto a primas de riesgo, por ejemplo, porque no es que haya confianza en Rajoy, aunque se le ha dado cierto margen. Ahora bien, el lunes 19 Rajoy tiene que pasar un importante examen en el congreso de los diputados. Se espera de su discurso de investidura que cambie el tono ambiguo de sus declaraciones hasta ahora y que anuncie medidas contundentes para revertir la situación. En realidad, hay que entender la frase «casual» de S&P como un serio aviso en este sentido. S&P parece decididamente pesimista; es decir, su opinión es que Rajoy no logrará superar el escrutinio de los mercados, aunque su triunfo en el hemiciclo esté garantizado. Y no logrará superar el escrutinio porque su misión es auténticamente imposible. Es fácil proponer medidas que recorten el déficit; es difícil proponer medidas que estimulen el crecimiento. Proponer medidas que recorten el déficit y a la vez estimulen el crecimiento es sencillamente imposible.

Factores «externos». En estos momentos, el principal factor externo que puede desequilibrar la situación española es la entrada de toda la Unión Europea en recesión. Dado que el grueso de nuestro comercio – léase, de las exportaciones – se efectúa con la UE, una recesión en ésta traerá consigo la caída de nuestras exportaciones, que estaban siendo el componente más dinámico del PIB. O sea, una recesión europea arrastrará un crecimiento todavía menor, en otras palabras, una recesión más profunda de nuestro país. Con lo cual el aumento de la deuda pública, del 58 al 66% del PIB, registrado en 2011, podría resultar en un incremento meramente aritmético de ese porcentaje, incluso sin aumentar la deuda (en 2011 ha crecido un 15%) y en la imposibilidad de cumplir el objetivo de reducir el déficit al 4,5% el año entrante.

Factores «monetarios». Esta es la parte más desconocida para el gran público. S&P intuye que la banca española, o una parte considerable de ella, puede estar llegando al límite de su endeudamiento con el BCE, que esta semana ha totalizado 98.000 millones de euros. Para obtener dinero del BCE, las entidades deben ofrecer garantías en forma de activos elegibles para ello; hay una lista del BCE a tal efecto. Pero, conforme avanzamos en la crisis, y la crisis de solvencia que mantiene cerrado el interbancario europeo va traduciéndose en crisis de liquidez, los bancos españoles o por lo menos una parte de ellos, cargada de activos inmobiliarios y sus derivados – presume S&P –, ha ido desprendiéndose de los activos de garantía y ahora andan cortos de ellos, con lo que acuden con dificultad a las subastas, quemando sus últimos cartuchos, por así decirlo. La crisis de CCM, a principios de 2009, sería un adelanto de esta clase de crisis, que ahora estaría afectando a un sector importante, cuando no mayoritario, de nuestro sector bancario. Si esta crisis resulta ser real, el gobierno no tendrá más remedio que intervenir, para lo cual carece de recursos. La discusión sobre el «banco malo» sería algo más que un asunto teórico: sería una salida obligada, por más que indeseable, a semejante situación.

La voluntad política no es suficiente

En vísperas de la primera reunión del G-20, que tuvo lugar en Washington en noviembre de 2008, a menos de dos meses de la quiebra de Lehman Brothers, el suceso que desencadenó la mayor crisis financiera desde el crack del 29, varios líderes europeos se felicitaron de lo que parecía un aspecto positivo de una pavorosa situación. Durante década y media de crecimiento al parecer imparable de la economía mundial, la economía había tratado a la política como su pariente pobre. El discurso mediático era que los estados soberanos lo eran ya menos porque tenían que plegarse a las exigencias de la globalización para garantizar a sus ciudadanos un aceptable nivel de vida. Gurús como Alan Greenspan, desde la presidencia de la Reserva Federal estadounidense, proclamaban a los cuatro vientos la buena nueva de la desregulación, lo que era equivalente a cuanta menos intervención pública, mejor. En resumidas cuentas, los políticos habían tenido que tragar quina por un tubo, como quien dice. Pero, héteme aquí que la crisis de 2008 venía a demostrar que los mercados, dejados a su actuación espontánea, conducen al desastre y que la política volvía a ser, una vez más, necesaria para reconducir la situación.

Tres años después, aquí estamos. Más viejos, con menos ilusión, más cansados. Los estadistas mundiales no han sido capaces de reformar el orden económico mundial, como se habían propuesto; ni siquiera han podido abordar el caso, singular y bien identificado, de los «paraísos fiscales», que parecía una víctima propiciatoria del ardor reformista. Absolutamente nada, de nada: eso es lo que se ha hecho. Es más bien al revés. Las políticas de consolidación fiscal, en las que ciertos tecnócratas han vuelto a revelar su pericia para teledirigir a los políticos, representan un regreso conceptual a la época prekeynesiana. Y no es que se trate de propugnar políticas keynesianas. Me refiero a lo absurdo de pretender que el keynesianismo sólo fue un error, que no hemos aprendido nada en los últimos ochenta años, que hay que volver a los dogmas – como el presupuesto equilibrado – de finales del siglo XIX. Y no voy a decir que todas las intuiciones políticas de estos tres años han sido equivocadas o fútiles. La idea, por ejemplo, de que el monetarismo de la era de la globalización, digamos de 1991 a 2007, con su expansión monetaria asociada a la financiación de grandes déficits públicos, era un keynesianismo disfrazado de neoliberalismo, es rigurosamente cierta. Pero eso es una cosa, y otra muy distinta rechazar el keynesianismo en bloque. Entre otras cosas, porque rechazar el keynesianismo en bloque supondría rechazar la contabilidad nacional, que es hija de aquel pensamiento.

Si se piensa bien, las tribulaciones de Europa provienen de ese rechazo indiscriminado del keynesianismo, que lleva implícito el rechazo de la contabilidad nacional. Cuando se dice que la política debe mantener el equilibrio presupuestario, lo que – en una época en la que apenas se puede subir los impuestos – presupone la reducción del gasto público en lo que resulte necesario, se ignora que la reducción del gasto da lugar a la reducción de la producción agregada (PIB) y, como mínimo, al estancamiento del crecimiento. ¿Qué está pasando en España, sino eso? Mala contabilidad nacional, tal es la inspiración principal de las políticas de consolidación fiscal.

¿Qué habría que haber hecho, entonces? La alternativa parecía la política keynesiana «pura», es decir, ingenua. Es la que acometió el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desde finales de 2008 a comienzos de 2010. La voluntad política era sostener la actividad y el empleo manteniendo o incluso expandiendo el gasto público (el famoso «plan E» y el estímulo al sector de la automóvil). El plan fracasó estrepitosamente, y se puede considerar como el origen de gran parte de los problemas financieros actuales. Y fracasó porque una política así no es keynesiana más que en un sentido naif que transpira esta época de posmodernidad muchas veces estúpida. El único keynesiano que queda en el mundo, el premio Nobel Paul Krugman, lo planteó con claridad en una visita que hizo a España en febrero de 2009. Dijo que, para sostener el empleo, había que hacer dos cosas (dos, y no sólo una). Gastar más en el sector público, era una, y la otra, reducir precios y salarios en un 15%. En varios artículos que envié a la prensa en aquella época, traté de explicar la propuesta de Krugman, que estaba bajo el fuego cruzado de la derecha y la izquierda. Concretamente, propuse un pacto nacional – a la manera de los Pactos de La Moncla – para expandir el gasto y reducir los salarios, en un artículo que envié a El País en junio de 2009. A este insigne periódico le debió de parecer que la propuesta era demasiado extravagante, y declinó publicarla «por razones de oportunidad y espacio», según su fórmula habitual. En Comisiones Obreras estaban al tanto de mis ideas pero, prudentemente, evitaron comentarlas.

Podemos ver por qué Krugman y yo teníamos razón; sobre todo él, ya que yo sólo soy un intérprete. El problema de España no radica en el excesivo endeudamiento, ni público ni privado. Es verdad que tanto familias como empresas, y de resultas de ello, también los bancos, están todos bastante endeudados. Pero el problema sería menor si estuviéramos creciendo, digamos, al 2,5%. El problema es que no crecemos. Y no crecemos porque no hay crédito. Y no hay crédito porque el dinero escasea en España. Y el dinero escasea porque tenemos un agujero en la balanza de pagos. Es así de sencillo. En 2007 y 2008, la balanza por cuenta corriente española registró déficits récord de más de 100.000 millones de euros cada año. Unido al cierre de los mercados interbancarios internacionales, esa sangría obligó al gobierno a endeudarse rápidamente en el exterior para reponer el dinero perdido. En 2009, 2010 y 2011, se ha reducido considerablemente el volumen del déficit, pero no basta. El saldo exterior debe ser positivo, o continuará saliendo dinero del país, aunque sea más moderadamente; el estrangulamiento será más lento, pero no menos seguro. Y, para tener un saldo positivo, o sea, un superávit con el exterior, lo que hace falta es que los precios españoles vuelvan a ser competitivos. Desde nuestra entrada en el euro y hasta 2008, el IPC español subió alrededor de un 15% más que el de Alemania. En 2009, era necesario reducir los precios interiores al menos en esa cuantía para restaurar la competitividad perdida, y de ahí la cifra de Krugman. Esta política de rentas tenía que haber complementado la política de gasto, para no acabar como hemos acabado.

Ahora, con casi total seguridad, volverán las ideas sobre un gran pacto de Estado para reducir los salarios, con la vista puesta en provocar lo que llamo una deflación controlada. Pero, si eso se hace sin una paralela expansión del gasto público, nos habremos ido al extremo opuesto, previsiblemente, con tan malos resultados como en el pasado. Pues la deflación reducirá la recaudación tributaria, lo que aumentará el peso de la deuda, tanto pública como privada, con el exterior. Y, por otro lado, ¿de dónde vamos a sacar recursos para financiar una nueva expansión del gasto, si nuestro crédito exterior se encuentra agotado? Empieza a ser tarde ya para casi todo.