Un tuit de Eduardo Garzón sobre el BCE provoca debate en las redes sociales

El tuit en cuestión decía: «Una economía con su propia moneda fiduciaria puede evitar siempre que quiera la insolvencia; la deuda pública nunca le supone un problema». Como era de esperar, le llovieron las críticas. Entre ellas la de Toni Cantó (que no tiene formación económica, que yo sepa): «Vuelve el del monopoly». A lo que Garzón replicó: «Lo que he tuiteado no es de mi autoría; es un extracto literal (sic) de este boletín del Banco Central Europeo», y seguía la URL del boletín.

Dejando a un lado que un extracto no puede ser literal, lo que Garzón quería decir está claro: la idea no es suya sino que la ha tomado de la fuente citada. Luego resulta que se trata de un artículo de dos analistas del BCE, que tampoco representa la opinión de éste. No tengo ningún interés en hacer la hermenéutica del artículo. Lo que me importa es la claridad de las ideas económicas discutidas.

La idea, sea de Garzón o de quien se quiera, es sólo una verdad a medias. En este caso, doblemente cuestionable porque sobre ella se apoya cierta opinión partidaria de abandonar el euro para que la economía española retorne a «su propia moneda fiduciaria»; así se podrá evitar siempre que se quiera la insolvencia, o eso se nos dice. Es un error; quizá Garzón no extractó correctamente. Lo cierto es que así se podrá evitar la insolvencia a condición de que la deuda pública esté denominada en moneda nacional. Si está denominada en divisas extranjeras, no cabe ninguna duda de que puede dar en insolvencia, en cuanto no ingrese las suficientes divisas para hacer frente al servicio de la deuda. Luego entonces no es correcto decir que «la deuda pública nunca le supone un problema». No le supone un problema si está denominada en moneda nacional, puede suponérselo si está en divisas extranjeras.

¿Y por qué el gobierno de un Estado soberano habría de emitir deuda en divisas extranjeras? Muy sencillo. Si su déficit supera la capacidad de ahorro de la economía nacional, no tendrá más remedio que recurrir al ahorro del resto del mundo. Naturalmente, no es forzoso acudir al ahorro exterior para financiar el déficit; ahí está el ejemplo de Japón, que con la mayor deuda pública del mundo en relación al PIB, la coloca prácticamente toda entre sus residentes. Pero eso es así por la gran capacidad de ahorro de la economía japonesa. El resto de los países, por regla general, tienen que endeudarse en el mercado internacional. Y mucha suerte, o una posición muy central en la economía mundial, como Estados Unidos, habrá de tener el país en cuestión para que el resto del mundo acepte deuda en su moneda nacional. Lo normal será que deba emitirla en dólares, euros o cualquier divisa convertible. De ahí que el término deuda pública se haya subsumido en el de deuda soberana, que incluye la deuda emitida tanto en moneda nacional como en divisas extranjeras.

Por tanto, salir del euro no nos libraría para siempre de los apuros de la deuda ni nos aseguraría que nunca volviera a ser un problema. En realidad, nos veríamos sometidos a las mismas restricciones presupuestarias que ahora, en cuanto tengamos que acudir al mercado internacional, sin el apoyo que nos ha supuesto y todavía nos supone el Banco Central Europeo.

El problema económico de nuestro tiempo

Hemos llegado a un punto en que ya es muy difícil, si no prácticamente imposible, poner en marcha políticas económicas que combatan de una forma clara el desempleo. Por un lado tenemos las reformas, llamadas «estructurales», que tienden a liberalizar los mercados, y muy señaladamente el de trabajo, a reforzar el sistema bancario y a reducir la necesidad de financiación de las administraciones públicas. Tras un periodo de cierto papanatismo, en que los partidarios de estas reformas opinaban que ellas traerían, por sí solas, la recuperación económica (la llamada «austeridad expansiva»), hoy parece haber consenso en que tales políticas, en el mejor de los casos, preparan a la economía para una posterior expansión, capacitándola para aprovechar de una forma más intensa las potencialidades del crecimiento. Incluso si la austeridad mostrara cierta capacidad de estimular el crecimiento a corto plazo, por vía de fomentar un mayor apetito de los inversores por el riesgo, lo que todavía está por ver, ese crecimiento tendrá un recorrido muy corto porque subsisten desequilibrios globales que la austeridad no es capaz de resolver.

Por otro lado, siguen estando quienes – con Paul Krugman a la cabeza – propugnan el aumento del gasto público y/o reducción de impuestos, y con eso el agravamiento del déficit, para estimular el crecimiento. El problema sigue siendo cómo se financia el mayor déficit. Financiarlo con deuda lleva implícita una restricción en el volumen de endeudamiento relativo al PIB, o sea, en la capacidad de soportar el pago de intereses y de devolver la propia deuda. Financiarlo con cargo a la expansión monetaria comporta un disenso considerable dentro de la opinión pública, de la más amplia como de la más experta, disenso que – a mi juicio – lo convierte en políticamente impracticable, al menos a medio plazo.

¿Dónde está, así pues, la solución? No la hay, sencillamente. Los «austericistas» tienen razón en que, en el contexto actual, uno, cualquiera, no debe endeudarse por encima de lo que es capaz de devolver; no la tienen en no ver que, monetizando el déficit y promoviendo la inflación, la deuda se devalúa y cuesta menos pagarla. Ahora bien, vuelven a tenerla en que, si todos los países hicieran lo mismo, el mercado global de deuda se hundiría, y todos (no sólo nosotros) acabarían peor; es preferible que los males no se generalicen. Y vuelven a perderla al tratar el default o impago de la deuda como un acto atroz, según se vio en Argentina hace unos años y se está viendo ahora mismo en Grecia. Esa forma de ver las cosas sólo crea exclusión en el ámbito internacional, pero también hay que entender que si el default no fuera tratado de esa forma, los países sentirían menos pavor y podrían dejarse tentar por la posibilidad de incurrir en él con frecuencia, con lo que, por vía de impago, se llegaría a la misma generalización del mal que más arriba por devaluación de la deuda. Como adelantaba, no hay solución fácil.

Para mí, el principal problema está en una incorrecta visión del mercado de trabajo y su papel en una economía capitalista. Creo que Keynes tenía razón en que los políticos vivos siempre son tributarios de algún economista muerto. Los liberales de hoy lo son en exceso de las teorías de Karl Marx. La idea de que el beneficio empresarial depende, sobre todo en épocas de crisis, de la extracción de lo que Marx llamó «plusvalía absoluta» (rebaja de salarios, aumento de la jornada de trabajo, intensificación de los ritmos de producción) ha calado demasiado hondo. ¿Que se nos dice? ¿Que para salvar la menguada industria textil que nos queda tenemos que llegar a los estándares laborales de Bangla Desh, primer productor textil mundial, con una industria que emplea a más de cuatro millones de trabajadores? ¡No me toquen los güitos! El mismo experimento mental se puede hacer mutatis mutandis con todas las industrias manufactureras, absolutamente con todas; menos con la fábrica de BMW en Spartanburg, Carolina del Sur, Estados Unidos de América, naturalmente. Al final, la variable clave radica en la tecnología. Y es justo la tecnología lo que siempre se queda fuera de las reformas estructurales. Excepto cuando se pone en marcha reformas para promover la educación «de excelencia», de las que hablaré in extenso otro día.

Pero algo habrá que hacer, nos decimos todos. Y aquí es donde entra la flexibilización del mercado de trabajo que propugnan nuestros liberales marxianos. No vamos a salvar el textil pero a lo mejor salvamos el automóvil, y la fabricación de aerogeneradores, y… y… Lo dicen mirando a Estados Unidos, como si copiando el mercado laboral de ese país fuéramos a atraer la inversión de BMW como lo ha hecho Spartanburg. Yo prefiero mirar directamente a Alemania. Me parece que a largo plazo nos trae mucha más cuenta mirar a Alemania. Y lo que veo es un mercado laboral tremendamente distinto, y no tanto por las normas legales (porque sea más fácil el despido en Alemania, que no lo es) sino por las consuetudinarias, o sea, por el comportamiento que asumen como moral los intervinientes en ese mercado. En 2008-2009, cuando aquí el trabajador jugaba a la ruleta rusa con su empleo, o más fácil todavía, se despedía directamente a las mujeres y a los jóvenes, y los que permanecían en la empresa se frotaban secretamente las manos, en Alemania, en cambio, toda la plantilla aceptaba reducciones salariales con tal de que no hubiera despidos. Aquí eso no lo aceptarían ni la empresa ni los empleados con más probabilidades de quedarse; a lo sumo, éstos aceptarían un ERE en cuya virtud trabajaran menos horas, o días, pero cobrando exactamente lo mismo con cargo al seguro de desempleo. Se trata de que yo, si estoy en posición de poder, no pierda nunca. Eso marca la diferencia. Sobre dos comportamientos tan distintos en la base de la economía se construyen dos modelos de país enteramente diversos. Y ahora vemos con claridad cuál es capaz de hacer frente mejor a una situación globalmente adversa.

Qué política económica

Tras las pasadas elecciones generales en España, que darían paso a un gobierno omnímodo del Partido Popular, formulé la tesis de que el hecho ponía fin a un ciclo político de larga duración, iniciado el 28 de octubre de 1982 y cerrado precisamente el 23 de noviembre de 2011. En esos 29 años, hubo 21 de gobiernos socialistas y un paréntesis de otros 8 de gobierno «popular». En su transcurso, la izquierda modernizó España y la metió en Europa, lo que la derecha, con la UCD, se había demostrado incapaz de hacer por su división radical entre cavernícolas filogolpistas y modernizadores moderados. Las transformaciones acometidas por los socialistas obligaron a la derecha a su vez a modernizarse y a enviar al baúl de la historia a los franquistas, declarados o encubiertos; tras eso, el paréntesis de Aznar pudo romper el bloqueo en que había caído una izquierda esquizoide entre las exigencias del euro y la defensa del estado de bienestar recientemente adquirido. Pero el PSOE aprendió la lección y, cuando llegaron las vacas flacas y tras las inevitables vacilaciones, supo inclinarse con Zapatero del lado de la austeridad, como mandaban los cánones de Europa. Por tanto, no habría que cargar sobre Rubalcaba más responsabilidad que la que históricamente le corresponde: haberle tocado el desagradecido papel de epígono del ciclo de larga duración socialista. Hoy, esta tesis me parece más acertada que nunca.

Lo que ahora se puede esperar son 28 ó 30 años de hegemonía de la derecha, con algún que otro paréntesis (necesariamente breves, si hay más de uno) de signo socialista. Esta nueva onda larga tiene la misión de corregir los excesos del periodo largo anterior; la «misión», desde luego, desde el punto de vista del capitalismo. El estado de bienestar ya se mostró como constituyendo cierta rémora a las puertas del euro, aunque el PP tuvo entonces la habilidad de sortear los obstáculos sin tocar los fundamentos del mismo. Esa habilidad le permitió construir una sólida confianza entre los electores, lo que al fin y a la postre facilitó su aplastante triunfo en 2011. Ahora, ha dilapidado esa confianza en poco más de un año. Pero no hay que engañarse: el PSOE la había dilapidado en sus dos últimos años de gobierno, y la situación es el descrédito del bipartidismo a que se ha llegado. La pérdida de votos del PP no beneficia al PSOE, e importa poco que ambos juntos reciban muchos votos o muy pocos, porque la regla d’Hont se encarga del resto. La derecha será hegemónica durante el próximo cuarto de siglo, o más. Y lo será por una razón muy sencilla. El cometido histórico del PP es desmontar el estado de bienestar, hacer en las próximas décadas la contrarrevolución thatcherista (contemporánea, en el Reino Unido, de la construcción del estado de bienestar en España: fíjense el retraso que llevamos, a juicio de la derecha). Y eso es necesario, en un país como España, porque aquí se entiende el estado de bienestar como servicios gratis cuyo coste, en todo caso, habrán de pagar los ricos; nada los de abajo. En Alemania es distinto, pero no voy a explicar ahora por qué. El hecho es que, siendo como es la sociedad española, nuestro estado de bienestar es insostenible en la era de la globalización.

De la misma forma que la derecha tuvo que resolver sus dilemas en la primera mitad del ciclo largo socialista, la izquierda tendrá que resolver ahora los suyos a lo largo de la próxima década y pico. De un lado, como siempre en la derecha y la izquierda, los que quieren dar marcha atrás al reloj de la Historia; en este caso, dar patadas a Alemania y salir del euro. No argumentaré contra esta postura, muy, pero que muy extendida entre los jóvenes y activistas radicales no tan jóvenes; tan sólo diré que esta postura facilitará la hegemonía «popular», igual que la supervivencia de sectores franquistas lastró a la derecha en los ochenta del siglo pasado. El electorado español, que acompañó a González en la modernización para entrar en Europa y a Aznar en la aventura del euro y dio el triunfo a Rajoy en 2011, no apoyará mayoritariamente ninguna opción política que suponga retrocesos históricos y regreso a cierto aislamiento. Puede que salgamos del euro, pero será porque no podemos mantenernos en él por razones financieras, no sociales; véase, si no, el caso de Grecia, todavía más sangrante y con una oposición antisistema mucho más dura. Rubalcaba y el PSOE lo entienden, y de ahí que se resistan simplemente a plantearse la opción.

Entonces, ¿qué política económica? Ante todo, ninguna política económica podrá restaurar el estado de bienestar destruido en estos meses ni recuperar el pleno empleo; no en el mundo en que nos adentramos. Debido al retraso histórico impuesto por el franquismo, la izquierda española construyó un estado del bienestar a escala nacional mientras a escala global se gestaban fuerzas destinadas a hacerlo inviable de la forma que se estaba construyendo. Por tanto, hay que replantear, enteritas, las bases del estado de bienestar, a sabiendas de que incluso así, no se podrá empezar a reconstruirlo más que al final del desierto cuya travesía hemos empezado. Mientras tanto, la izquierda tampoco debe perder más tiempo pretendiendo que puede gestionar la crisis mejor que la derecha, lo que le lleva implícitamente a proponer destruirlo igual, sólo que un poco más lentamente.

En cambio, hay una oportunidad para políticas redistributivas de signo liberal, acordes con los tiempos que corren. Me refiero a dejar la cantinela de que en España se pagan pocos impuestos y que hay que subirlos, cantinela de lo más contraproducente porque la gente sólo ve que se le va a dejar todavía menos dinero en el bolsillo. Y no sirve decir que hay que sacar el dinero a los ricos, porque los ricos no pagan impuestos y la gente lo sabe. Lo que hay que proponer es sustanciales rebajas de impuestos a los asalariados, a quienes se les descuenta el dinero en nómina. Rebaja de impuestos a los asalariados que favorecerá el consumo y atacará al menos un poco el problema del paro. Y se preguntará ¿no se creará déficit? El PSOE tiene que dejar de inquietarse por eso. No tiene por qué preocuparse de la gestión macroeconómica de sus propuestas. Tiene que abandonar las ínfulas de responsabilidad y ser más «obrero» que nunca. Por más que se esfuerce, no conseguirá los votos de los autónomos, los pequeños empresarios y los profesionales liberales; éstos son votos «naturales» de la derecha en esta nueva situación. En cambio, hay 16 millones de asalariados cuyo voto sí puede movilizar y con los que, incluso sin llegar al gobierno, influirá sobre la derecha obligándole a moderar su montaraz voracidad. Y no como ahora, que no es capaz de influir absolutamente nada.

¿De dónde saldrá el dinero con que reponer en los presupuestos del Estado la rebaja de impuestos a los asalariados? El liberalismo doctrinario dirá una cosa, pero la derecha política sabe bien de dónde lo tiene que sacar.

El espinoso asunto del déficit

En poco más de 24 horas, la semana pasada se escuchó al presidente Rajoy decir, en el debate sobre el Estado de la Nación, que el déficit público de España en 2012 quedaría por debajo del 7% del PIB, y al comisario europeo Olli Rehn afirmar que sería del 10,2%. Ayer mismo, oímos a Rajoy precisar que será del 6,7%, y que ésa será la cifra que envíen a Bruselas para su validación. (La Comisión Europea ha rehusado comentar este dato, pronunciándose por esperar el veredicto de la oficina europea de estadísticas, Eurostat). A cuenta, hemos tenido todos que soportar la petulancia de los populares sobre su propia capacidad de reconducir las finanzas públicas, comparada con la inoperancia del gobierno anterior, socialista, que – según se nos ha repetido hasta la saciedad – dejó un déficit de tanto y cuanto más que lo declarado. Dime de qué alardeas, y te diré de qué careces.

De inmediato, han surgido voces críticas, recordando al gobierno que hay unos 40.000 millones de euros de deuda con la Unión Europea por el rescate bancario pactado en junio y llevado a cabo en las semanas finales del año, lo que viene a suponer algo más del 3,5% del PIB, y que eso podría explicar la discrepancia entre la cifra de Rajoy y la de Rehn. A lo que la bancada del gobierno ha replicado de diverso modo, desde que eso no es déficit puesto que es un préstamo a los bancos, que ellos tienen que devolver aunque salga fiador el gobierno (lo que es manifiestamente falso), hasta que esa clase de deuda nunca se cuenta en el déficit (lo que únicamente demuestra ignorancia). Es un préstamo a España, no a los bancos; que España ha empleado en recapitalizar bancos, no en prestarles dinero; y que, por tanto, sólo se recuperará si el FROB vende las acciones en su poder a un precio que compense lo que pagó por ellas. Véase a cómo están las acciones de Bankia, para hacerse una idea de cuáles son las expectativas de recuperación, a día de hoy. Es más, si las entidades quiebran o se procede a su disolución, cosa que está prevista a cierto plazo por la UE para las que no tienen forma de sociedad anónima, no se recuperará nada en absoluto. Por tanto, hoy cuenta como déficit. Y si se recupera algo mañana, mañana contará como superávit lo que se recupere. Ésa es la forma de contabilizar correctamente las cosas. Muy distinto es que la UE, que ha aprobado separadamente ese déficit, y es parte interesada en su generación, permita al gobierno contarlo aparte. Seguramente, esto ya está pactado y de ahí proviene la prepotencia del gobierno y sus corifeos.

Pero lo que a buen seguro no tienen pactado estos jugadores de ventaja es el déficit autonómico y su financiación. Que las Comunidades Autónomas han hecho ajustes cosméticos en sus déficits con la aprobación del gobierno es algo que está fuera de dudas. La Generalitat de Catalunya, por ejemplo, preveía un déficit del 2,5% en noviembre y ahora dice que será sólo del 2%. Qué raro; en un mes, la cantidad de ahorros que han hecho. Si esta contabilidad creativa se ha dado en una de las Comunidades más «serias», qué no habrán hecho las otras. Más oscuro todavía es el asunto del Fondo de Liquidez Autonómico, con el que el gobierno ha querido proporcionar medios de pago a las CC.AA. Se empezó por 16.000 millones, ahora ronda los 30.000 millones. Esto supone casi el 3% del PIB. Y esto, como con los bancos. En principio, hay que suponer que es financiación a fondo perdido. ¿O es que alguien espera que Cataluña devuelva lo que le ha prestado el FLA? Y si no lo devuelve Cataluña, no lo devolverá ninguna otra. En todo caso, lo que se recupere después, será superávit.

No pretenderé que la inversión del FLA se suma al resto del déficit, estatal más autonómico. Sumarla supondría algún tipo de doble contabilización, y no se trata de eso. De lo que se trata es de entender por qué ha surgido esa necesidad financiera en las CC.AA. y de ver si nos ayuda a estimar el déficit real, no el «maquillado», de las mismas. Las CC.AA. han necesitado financiación extra porque sus gastos fueron presupuestados antes del verano; con tales gastos había un presupuesto de ingresos que ha resultado claramente optimista, pues no tenía en cuenta los efectos sobre la recaudación de la caída de la actividad y el empleo. Como han ingresado menos de lo que esperaban, pero han gastado conforme a lo que esperaban ingresar, les ha faltado dinero. Y semejante carencia es la que ha venido a suplir el FLA. Por tanto, la inversión del FLA es una buena estimación del déficit de las CC.AA. Una estimación, y no un cálculo exacto. El déficit real será algo menor, porque con el dinero del FLA las Autonomías han debido de pagar facturas que se arrastraban de ejercicios anteriores. Con el lío contable que las CC.AA. deben de tener montado, será prácticamente imposible llegar algún día a saber cuál fue exactamente el déficit. Y, sin duda, en esta percepción se apoyan el ministro Montoro y los creativos del ministerio de Hacienda para vendernos su quincallería contable.

Unas cosas con otras, no me parece irreal pronosticar que Eurostat acabará dictaminando que el déficit autonómico se situará entre el 2,5 y el 3% del PIB, en lugar del 1,5% presupuestado para 2012. Como me caben pocas dudas de que Economía está haciendo sus cálculos sobre la base del 1,5%, a fin de cargar eventualmente sobre ellas incumplimientos sobrevenidos, me aventuraría a pronosticar que el déficit final estará, no en el 6,7%, sino entre el 7,7 y el 8%. Quizá el 7,5%, si Economía se ha puesto realista y estima el 1,7% en vez del 1,5% para las Autonomías. Más el rescate de los bancos, naturalmente; digamos el 3,5%. En total, el 11% del PIB.

Con un déficit del 12% del PIB, y en circunstancias similares, recapitalización bancaria y banco malo incluidos, Irlanda tuvo que pedir el rescate de sus finanzas públicas, o sea, del país entero, en noviembre de 2010.

Pocas horas después de publicada esta entrada, el ministro Montoro ha dado una rueda de prensa para abundar en detalles sobre el déficit. Anuncia que el déficit de las CC.AA. ha sido del 1,73%. O sea, el gobierno se ha puesto «realista», como yo suponía que podía ocurrir, y exactamente en la cifra que yo suponía. Todo lo dicho más arriba queda confirmado, excepto en una cosa. Daba yo por hecho que el responsable de la cifra final era Guindos; y todavía creo que es él quien informa de cuánto déficit está la UE dispuesta a aceptar. Pero, puesto que Montoro da la cara, he cambiado por el suyo el nombre de Guindos, que aparecía originalmente en la entrada.

La doctrina Blanchard del FMI

Mi amigo Javier Braña, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, me hace una pregunta que considero interesante trasladar, con su debida respuesta, a los lectores de Killer Cost. En una entrada anterior («Lo que teme el Fondo Monetario Internacional») me refería yo a cierta doctrina Blanchard que habría permitido al FMI reconciliar sus puntos de vista sobre la crisis con los que prevalecen (MinFin alemán, BCE) en la eurozona, lo que ahora el propio FMI estaría juzgando como un «exceso de celo» en la aplicación de las políticas de austeridad. La idea básica de la doctrina es que lo fundamental ante la crisis es reducir la incertidumbre, que la incertidumbre se reduce aumentando la confianza, y que para aumentar la confianza puede llegar a ser mejor hacer previsible el comportamiento de los gobiernos (por ejemplo, con la «regla de oro» que impone un déficit cero) que los estímulos fiscales, que lo hacen hasta cierto punto imprevisible. Semejante doctrina, de haber sido realmente formulada, supondría un alejamiento de Blanchard del neokenesianismo defendido por él como profesor en el MIT, de Boston, antes de 2008, cuando se convirtió en economista jefe del Fondo. Puesto que Blanchard es uno de los economistas más citados del mundo, merecía la pena aclarar dónde está escrita esa doctrina, toda vez que no aparece en ninguno de sus artículos académicos.

El texto base apareció en un artículo de divulgación en The Economist, en enero de 2009 (aquí). Lo resumiré. Subraya la importancia de la incertidumbre y cómo reducirla para incrementar la confianza. El procedimiento básico sería, según Blanchard, «reducir los tail-risks o riesgos de cola» (riesgos poco probables pero de consecuencias catastróficas). El gasto público y las políticas monetarias expansivas siguen pareciéndole oportunos, en cuanto ayudan a reducir riesgos de cola relacionados con quiebras (de bancos, sobre todo) en cadena y catástrofes similares.

A partir de la crisis de Grecia, en enero de 2010, calculo yo, el énfasis del FMI cambia. El default soberano se presenta como el riesgo de cola más importante. Esto se aprecia con particular claridad en una nota de prensa (aquí), en la que un alto funcionario del Fondo advierte que el riesgo de que EEUU y Japón pierdan credibilidad por incapacidad de reducir sus respectivos déficits fiscales «supone una baja probabilidad, pero si se materializa será un gran problema, un desastre». Eso es lo que se entiende por riesgo de cola, exactamente. La nota es de septiembre de 2011, lo que muestra que el encaje de la consolidación fiscal en la doctrina Blanchard es completo en esa fecha. Siendo él economista jefe del FMI, nadie podría haber hecho semejante pronunciamiento sin su aprobación.

Por otra parte, el Fondo ha alardeado de mantener un equilibrio en materia de consolidación fiscal entre aumento de la recaudación vía crecimiento (sus restos de neokeynesianismo) y reducción de gastos. Pero antes de 2012, y concretamente en referencia a España, se ha inclinado sin reservas por el recorte de gastos. En una nota de junio de 2011 (aquí), se advierte al gobierno español de que el principal riesgo fiscal del Estado (y, por tanto, un riesgo de cola para la economía global) es la incapacidad de las comunidades autónomas de reducir sus déficits. Como éstas dependen casi por entero de ingresos transferidos por el Estado, la única variable sobre la que ellas pueden influir es el gasto. Así pues, por mucho equilibrio que el FMI quisiera mantener, en junio de 2011 uno de los principales riesgos de cola, que era necesario reducir para disminuir la incertidumbre y restablecer la confianza, en esa fecha, era el déficit público de España; y la forma de reducirlo, recortar el gasto de las comunidades autónomas. No hay aquí ni rastro ya de neokeynesianismo. Es austeridad pura y dura.

Este análisis, ciertamente, discrepa del de Krugman (aquí) y de lo que dice el propio Blanchard en su blog (aquí). Esta última entrada es del 21 de diciembre de 2011. Lo que viene a decir nos lo ha contado Christine Lagarde más de un año después, y es que los multiplicadores del gasto público son mayores de lo esperado, con lo que los recortes pueden llegar a resultar desastrosos. En otras palabras, Blanchard, a fines de 2011, pudo empezar a criticar la doctrina que él mismo tuvo que haber avalado, pues de otra forma altos funcionarios del FMI no habrían podido exponerla con la contundencia con que lo hicieron a mediados y hasta septiembre de ese año. Y lo hizo, como sugiere su uso de la palabra «multiplicadores», después de tener suficiente evidencia empírica provista por concienzudos estudios econométricos de los servicios del propio Fondo. Entonces pudo hablar de «esquizofrenia de los inversores financieros» y dar por cerrado su propio episodio de esquizofrenia teórica cuando su consciente se manifestaba a través de sus subordinados rabiosamente «clásico», mientras su subconsciente seguía siendo, es de suponer, neokeinesiano. Fue un proceder científico, sin duda, siguiendo con todo rigor las prescripciones del falsacionismo, muy digno de la eminencia que fue del MIT, del que nunca debió haber salido. Y totalmente improcedente en un puesto de responsabilidad como el que ocupa, en el que dudas intelectuales y vacilaciones teóricas cuestan millones de puestos de trabajo. El sentido común dictaba a muchos, desde mucho antes, lo disparatado de esas políticas, sin necesidad de tanto aparato econométrico.

Toda esta discusión, que ciertamente es extensa, tuve que resumirla y sintetizarla para que tuviera cabida, con otras consideraciones, en las dimensiones de una entrada de blog. Espero haberlo logrado sin faltar ni una coma a la verdad.

Plan de choque para la economía española

La resistencia de Rajoy, contra todo pronóstico, a pedir el rescate europeo de la economía española plantea una posibilidad extrañamente favorable. ¿Y si España fuera capaz de pasarse sin firmar odiosos MoU (Memoranda of Understanding, o memorándums de entendimiento) con la Troika? Dentro de unos años, estos momentos de extrema dificultad se verían como un periodo en el que nuestro país habría mostrado capacidad de superar la crisis por sí sola, sin necesidad de ayuda. Sabemos que esto sería falso, en buena medida. Europa ya nos ha rescatado una vez formalmente, mediante el rescate bancario, y casi cuatro veces a través del sistema de pagos interbancario (Target2). Pero evitando el rescate llamado «integral» no se descendería al nivel de humillación a que hemos visto descender a Grecia, Irlanda y Portugal. Sin duda, vale la pena intentarlo.

Propondré mi plan. En primer lugar, no vale de nada hacer como Rajoy; es inútil negarse a ser rescatado por una cuestión de trasnochado orgullo español. Dentro de la política de austeridad, rehusar el rescate no tiene perspectivas. No es cuestión de si sí o sí no, sino de cuándo. Mientras, el país languidece en una depresión cada vez más evidente. Es necesario, por tanto, impulsar el crecimiento y eso no es posible más que aumentando el déficit. Hay, así pues, que repudiar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que nos obliga a continuar reduciendo el déficit hasta 2014 y posiblemente más allá. Tampoco sirve la propuesta de dilatar o modular el ajuste; eso no es más que prolongar la agonía. Si, de conformidad con la marea general que en EEUU presiona para levantar el techo de deuda, Europa acepta suspender la «consolidación fiscal», aunque sea temporalmente, nuestro mayor déficit será financiado con la compra de deuda española por el BCE, como por otra parte ya recomienda hasta Goldman Sachs. Si no se acepta este plan A, habrá que poner en marcha un plan B.

Con independencia de qué plan financiero se pone en marcha, si el A o el B, la clave del éxito en la reducción del déficit depende de qué es lo que lo genera. Si se genera para llenar los bolsillos de políticos corruptos, promotores sin escrúpulos y banqueros, entonces muy mal resultado tendrá la cosa. El mayor déficit tiene que servir para darle un verdadero empujón a la economía, de forma que el crecimiento y, con éste, una mayor recaudación tributaria tiendan a restablecer el equilibrio a largo plazo. Actuaría en dos planos distintos, tanto sobre la oferta como sobre la demanda. Políticas de oferta, por sí solas, no producen un aumento del output efectivo, por mucho que aumenten el output potencial. Políticas de demanda, por sí solas, si topan con un output potencial muy bajo, provocan inflación más que aumento de producción. Por tanto, el objetivo es utilizar el déficit para actuar simultáneamente sobre la oferta y demanda agregadas, en los siguientes ámbitos:

1) Transferencia a los Presupuestos Generales del Estado de los gastos de la Seguridad Social, tanto de pensiones como de los que financian la sanidad y los diferentes subsidios de desempleo. El resultado será la desaparición total o parcial de las cotizaciones de empleador y empleado a la Seguridad Social y la conversión del actual sistema de pseudo capitalización en un sistema de reparto. Puesto que no va a haber aumento alguno de impuestos – no puede haberlo en esta situación – la transferencia a los PGE tendrá por efecto el aumento del déficit.

2) Reducción del IVA.

3) Creación de un «banco malo2», para adquirir las primeras viviendas que vayan entrando en mora de sus pagos hipotecarios, a un precio que sea igual al principal no provisionado por el banco, con objeto de encontrar las soluciones que sean oportunas para que los ocupantes no sean desahuciados.

Esto es lo que hay que hacer. Se puede hacer en mayor o menor medida. El choque puede ser más fuerte o más débil. Se puede efectuar la conversión del sistema de capitalización en otro de reparto de una sola vez o en un proceso gradual; y, de igual modo, el IVA se puede reducir en más o menos puntos porcentuales. La medida en que las actuaciones puedan llevarse a cabo es asunto que depende de la prudencia y, probablemente también, del resultado de una negociación con la UE y el BCE, si éstos tienen que financiar en todo o en parte el déficit que se genere.

Lo que es irrenunciable es que la «austeridad», o sea, la política combinada de recortes en el gasto y aumentos de impuestos, se suspenda de inmediato y, en la medida de lo posible, se dé marcha atrás en ella. Un aumento del gasto no tendrá efectos tan beneficiosos sobre la actividad y el empleo como una reducción de impuestos (sobre todo, los que gravan el consumo) y las cotizaciones sociales (que gravan el empleo). La reducción de impuestos sobre el consumo facilitará, además, el desapalancamiento de las familias, al reducir el gasto para un nivel de consumo dado; el mismo efecto tendrá el rescate de familias hipotecadas. Y la reducción de cotizaciones sociales actuará como motor de devaluación interna, con los consiguientes efectos de fomento de exportaciones y sustitución de importaciones.

Probablemente, lo más adecuado sería intentar una reducción paulatina de la carga fiscal indirecta y sobre el trabajo. Unos cuantos puntos porcentuales en el IVA y en las cotizaciones sociales, de forma que la reducción en los tipos fuera pagándose a sí misma con la ampliación gradual de la base imponible gracias al aumento del consumo y del empleo. Y si la evolución fuera favorable, aumentar la intensidad sin prisa, pero sin pausa.

Medidas contra el fraude fiscal

¡Qué poca determinación, qué falta de carácter muestra este gobierno! Hoy entra en vigor la prohibición de hacer pagos en efectivo por importe igual o superior a 2.500 euros; habrá que pagar sumas así con tarjeta, cheque nominativo o transferencia bancaria. Serán responsables las dos partes, pagador lo mismo que cobrador, a los que la Agencia Tributaria podrá exigir una multa por el 25% del importe pagado de forma indebida. Cualquiera de ellas se librará de la sanción si denuncia la infracción antes de tres meses. Y esto se presenta como el último grito en lucha contra el fraude fiscal. Sencillamente, ridículo.

No me gusta pagar impuestos. No coincido con los que dicen que los pagan a gusto a cambio de los servicios públicos de que disfrutamos. Para mí, esos servicios son una patata. Quiero decir que mucho de lo que hacen las administraciones públicas me genera utilidad negativa o desutilidad. Por ejemplo, si veo en la tele a unos antidisturbios ensañarse golpeando con sus porras a una chica que les reprocha haber apaleado antes a un niño, eso me produce desutilidad. Ya sé que algunos energúmenos, de mucho éxito en las redes sociales, se felicitan de que eso ocurra con cualquiera que se encuentre en una manifestación de ultraizquierda. Yo estoy chapado a la antigua y me eduqué en la ética de que pegar a las mujeres es de cobardes. Y me genera desutilidad saber que los impuestos que pago sirven para que unos hombretones de uniforme hagan gala de su cobardía de esa manera ante las cámaras. Cuando sumo todas las actuaciones de servidores públicos que me generan desutilidad, con signo negativo, a las que me suponen utilidad, el resultado neto se aproxima a cero, si no es negativo. Lo dicho: una patata.

Así pues, pago impuestos porque no me queda más remedio que hacerlo. Hacienda me tiene pillado por todos lados y si no declaro algo me cae con todo encima. Y pago una buena suma. Al año, más o menos lo que gana un empleado medio de este país. Soy un privilegiado, lo reconozco. Pero veo las cosas así: con lo que Hacienda me hace pagar podría tener mayordomo, calculo. No es que me interese tener mayordomo. Es lo que los economistas llamarían mi coste de oportunidad de pagar impuestos. Lo que de verdad me repatea es que un tipo que tenga más o menos los mismos ingresos que yo, pero la suerte de no estar controlado por Hacienda como yo lo estoy, puede vivir como yo y además tener mayordomo. Y encima, creerse más listo que yo. Ese tipo puede ser el mismo que me hace una chapuza, en la casa o en la boca, y que al pedirle factura me responde: «Ah, si quiere factura tengo que incrementar el importe en el 21%». Con lo que, para más inri, me pone en el dilema de ser defraudador o idiota.

Es cierto que ahora podré responderle, cuando el importe supere 2.500 euros: «Pues si me carga un 21% se lo pago ahora y mañana lo denuncio a Hacienda», a ver qué cara pone. Pero para hacer eso hay que tener ganas de bronca, y la mayoría de la gente no la tiene. La mayoría de la gente continuará pagando la factura sin IVA, quizá pensando para sus adentros que otro día irá a Hacienda a denunciar el hecho. Pocos lo harán, sin embargo, porque en frío pensarán: «¿Y yo que gano metiéndome en semejante fregado?». Ahí es donde creo que habría que introducir una sustancial mejora en el plan. Propongo que al denunciante se le prometa el 50% de la multa que haya de pagar el defraudador. Entonces sí que tendría algo que ganar quien denuncia.

Ya veo la objeción: «¡Quieres montar un estado policial, donde los niños denuncien a sus padres que no pagan impuestos!». No. Yo lo que quiero es recibir lo que en Estados Unidos se llama un trato honesto por parte de las autoridades. Si se me hace pagar impuestos, que los paguen igualmente quienes están en la misma situación imponible que yo estoy, en vez de dejarle el privilegio de evadirlos porque un gobierno de pusilánimes no se atreve a meterle mano de verdad. Y es cierto que la expectativa de ganancia podría dar lugar a abusos en las denuncias. Pero eso se evitaría con sanciones severas en los supuestos de denuncia falsa. A la larga, creo que los particulares terminarían denunciando poco y que en este menester se especializarían ciertas empresas, con actuación profesional, que es lo suyo. Los cálculos que se hacen – muy toscos, por lo demás – es que si hay un 20% de economía sumergida, que evade IVA, Sociedades e IRPF, eso supone unos 200.000 millones de euros, lo que permitiría recaudar quizá 30.000 millones de IVA más otros 30.000 millones de tipo reducido de Sociedades, e IRPF; total, 60.000 millones. Y esa cifra da como para que se constituyan muchas, pero que muchas empresas especializadas.

Trampa mortal para la economía española

La economía española ha rebasado el umbral en que las políticas económicas, todas las políticas económicas se muestran inservibles. El gobierno actual ha terminado de hundirnos de hoz y coz en una severa depresión, de la que no vamos a salir con rescate o sin él.

Es ya un tópico de la derecha el decir que la culpa la tuvo el gasto público acordado por el gobierno de Zapatero en 2009. En términos económicos, es una equivocación. La política era correcta, pero se mantuvo durante un tiempo excesivamente corto. El Fondo Monetario Internacional vendió aquel verano la piel del oso antes de cazarlo y proclamó a los cuatro vientos que los indicadores de la economía norteamericana mostraban que la recesión iniciada el otoño anterior estaba llegando a su fin. En noviembre del mismo año, en vista de que los datos de la economía alemana confirmaban los de EEUU, el Banco Central Europeo puso fin a sus subastas extraordinarias de dinero a seis meses y a un año, que habían facilitado a la banca europea absorber la deuda soberana a bajos tipos de interés. Así entramos en la fase de consolidación fiscal, en que todavía nos encontramos.

Los estímulos fiscales de Zapatero—400 euros de desgravación en el IRFP, 8.000 millones del Plan E y las ayudas al automóvil—fracasaron porque se toparon con una brusca revisión a la baja de las expectativas a largo plazo de la economía española. La tasa de ahorro, que casi se dobló en pocos meses para alcanzar el 25% de la renta nacional, creció de forma tan rápida que la tasa marginal debe de haber estado muy cerca de 1. Endeudadas como estaban muchas familias españolas, el dinero de los estímulos, ante la amenaza de desahucio, se destinó en una elevada proporción a pagar hipotecas y quedó inmovilizado en bancos. Así, el multiplicador keynesiano no pudo actuar y los efectos de la política se agotaron en la inicial ronda de pagos del gobierno.

Ahora las perspectivas son poco más halagüeñas. Tres años de consolidación fiscal y reformas estructurales nos han hundido profundamente en la depresión. Pese a sus esfuerzos por desapalancarse, la economía española no consigue hacerlo por la sencilla razón de que el déficit con el exterior no se lo permite. Ese déficit se ha reducido un tanto, sobre todo porque la economía española está en proceso de contracción. Mientras haya déficit con el exterior, empero, el gobierno deberá incurrir así mismo en un déficit que no puede ser menor, en valor absoluto, que la suma del déficit exterior y el superávit privado que permitiría a familias y empresas reducir su apalancamiento. Si el gobierno no es consciente de la restricción macro, como parece que no lo es, y se empeña en reducir su déficit por debajo del déficit exterior (medidos ambos en porcentaje del PIB), el sector privado no podrá desapalancarse. Y si el sector privado no logra desapalancarse, las medidas de estímulo fiscal que puedan ponerse en marcha fracasarán ahora como lo hicieron en 2009.

Por tanto, se abre una difícil fase de la crisis. Durante un periodo indeterminado, los estímulos fiscales sólo servirán para que el sector privado disminuya su grado de apalancamiento y, presumiblemente, el multiplicador keynesiano se eleve. A partir de un cierto valor del multiplicador, los estímulos fiscales empezarán a hacer notar sus efectos en la actividad y el empleo. Pero no sabemos cuánto tiempo deberá pasar entre el primer momento y el segundo. Como también ignoramos si la espera será políticamente viable.

Condicionalidad macroeconómica

Por fin, será rescate y no tomate. Ya está el mecanismo, aprobado por el Banco Central Europeo en su primera reunión de septiembre. Y ya está dicho: los países tienen que pedir el rescate y habrá condicionalidad macroeconómica (se sobreentiende: adicional a la incorporada al procedimiento de déficit excesivo que, en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya se aplica a España). Ahora falta saber cuándo se decidirá Rajoy a pedirlo.

Está la cuestión de la condicionalidad. ¿En qué estará pensando Draghi? Monti, primer ministro italiano, que debe de conocer algo de eso, ha declarado de inmediato que Italia puede pasarse sin acudir al mecanismo, lo que da idea de la aprensión que le produce. Seguramente, Rajoy ha tomado buena nota. Se habla de recortes en las pensiones y en las prestaciones por desempleo. Otros asuntos son más importantes desde el punto de vista macroeconómico. La cuestión clave son los equilibrios sectoriales compatibles. Es un tema técnico pero crucial. Intentaré explicarlo de la forma más clara posible. El objetivo macroeconómico de la economía española, aquél a partir de cuyo logro será posible crear empleo, ha sido definido como el desapalancamiento financiero (o sea, la reducción del nivel de endeudamiento) de todos los agentes económicos, tanto públicos como privados. Ahora bien, no todos pueden hacerlo a la vez a menos que se obtenga un saldo favorable con el exterior equivalente a la suma en la que aquéllos reducen su endeudamiento. El problema de España es que, en vez de un saldo favorable, registra uno bastante desfavorable, es decir, un déficit con el exterior por importe de 36.226 millones de euros a 12 de julio de este año, según datos del Banco de España. Estamos mejor que en el bienio 2007-2008, cuando España registró déficits por ese concepto superiores a 100.000 millones cada año; pero la situación dista de ser buena, incluso regular tirando a mala. Es pésima. Incluso si España registrara un déficit cero con el exterior, con las cifras actuales las administraciones públicas todavía registrarían un déficit superior a 55.000 millones de euros, lo que viene a ser un 5% del PIB, bien lejos del objetivo del 3% para 2014. Para que España se situara en ese objetivo, digamos unos 35.000 millones, con las instituciones financieras despalancándose al ritmo actual (13.479 millones el 12.07.2012) lo mismo que familias y empresas (41.715 millones), el saldo con el exterior tendría que ser un superávit superior a 20.000 millones. Nunca, que yo recuerde, ha tenido España superávit con el exterior, y mucho menos uno del orden del 2% del PIB. Lograrlo podría calificarse de verdadera revolución en el comportamiento macroeconómico de nuestra economía.

Y resulta que el BCE ha caído en la cuenta de que esa revolución tiene que hacerse de aquí a 2014. Aumentar las exportaciones parece el camino lógico; también, el más fácil. Pero el aumento de las exportaciones ha llevado a reducir el déficit exterior aproximadamente a la mitad en cuatro años de crisis. No es creíble que se puede reducir otro tanto y además meterse casi un cuarto más en zona de superávit en la mitad de tiempo. Sencillamente, no es creíble. Y desde luego Graghi no se lo cree. Rajoy quizá sí, pero Draghi no. Y Draghi se ha jugado todo su prestigio y el poder omnímodo de que aparentemente disfruta a una sola carta: sacar a España de la crisis, si España colabora. Por tanto, nada de la ingenuidad de pensar que el déficit exterior se trocará en superávit por arte de magia gracias al crecimiento de las exportaciones. Hay que frenar las importaciones, y hacerlo con toda contundencia.

Aquí empiezan los verdaderos problemas. Si España controlara el tipo de cambio, podría devaluar su moneda y hacerlo en la medida necesaria para convertir el déficit exterior en superávit. Esto, en teoría, porque en la práctica España ha devaluado en numerosas ocasiones la peseta, sin conseguir nunca hacerlo tanto como para pasar de déficit a superávit. En todo caso, el debate es ocioso: España no puede devaluar su moneda, porque pertenecemos a la zona euro. Es un tema manido. En ausencia de esa solución, yo propuse en noviembre un mecanismo inspirado en los montantes compesatorios de la PAC en los años sesenta. Es improbable que nadie me haga el menor caso, ni siquiera que alguien repare en ello. Lo que debe habérsele ocurrido a Draghi, y la razón por la que habló de «condicionalidad estricta» en su última rueda de prensa, es deprimir toda la demanda de consumo, y no sólo la de importaciones. Si no puedo actuar sobre las importaciones solo, actuaré sobre todo el consumo, que incluye también las importaciones. Esto es, por otra parte, lo que parece haber inspirado una primera subida del IVA, hasta situarnos en el 21%, sobre la media de la UE.

Me temo, por decirlo claramente, que la medida estrella de la condicionalidad macroeconómica de Draghi sea una nueva sabida del IVA, hasta situarnos en la parte alta de la tabla. Así, se deprimirá el consumo; las familias ahorrarán más, a la fuerza; los bancos, con menor demanda de crédito, podrán continuar reduciendo su endeudamiento; las importaciones caerán, con lo que él saldo exterior mejorará y… Draghi tendrá que cruzar los dedos para queeso lleve a reconducir el déficit público a la senda pactada.

Habrá que ver cómo se toma Rajoy todo esto. Y cómo nos lo tomamos los españoles.

Disparatada política económica del gobierno español

Hoy he escuchado a Luis de Guindos caracterizar la crisis actual como una «crisis de balances». Steve Keen, de la Universidad del Oeste de Sidney (Australia), así como L. Randall Wray y Stephanie Kelton, de la Universidad de Kansas City (EEUU), todos ellos inspirados en el trabajo del legendario Hyman Minsky, llevan años caracterizando de esa forma la crisis. Pero es la primera vez que oigo a De Guindos hablar de «crisis de balances», de lo que deduzco que es lo último que ha leído u oído sobre el tema. Lo que dice confirma que no tiene ni puñetera idea de qué está hablando.

De Guindos interpreta lo de la crisis de balances como que tanto el gobierno como el sector privado están sobreendeudados. Hasta aquí es hasta donde parece haber entendido. Como gobierno y familias y empresas están sobreendeudados, lo primero que tienen que hacer todos ellos es «desapalancarse», o sea, reducir su endeudamiento. Primer error, y muy grave. Y no ayuda al argumento del ministro que añada que el gobierno se «desapalanca» reduciendo gasto (recortes) y aumentado ingresos (IVA); que las familias lo hacen aumentando su ahorro, para lo cual reducen su consumo, y las empresas aumentando su productividad. Y que éste es el único camino para salir de la crisis. Este buen hombre, que para desgracia de todos dirige la política macroeconómica de España, no parece saber una palabra de contabilidad agregada.

Para reducir su endeudamiento, uno ha de registrar superávit, o sea, tiene que gastar menos de lo que ingresa; es de cajón. Ahora bien, que tanto el gobierno como el sector privado ingresan más de lo que gastan equivale a decir que la economía nacional tiene superávit con el exterior, superávit que, de existir, sería la suma de los superávits público y privado. También es de cajón. Ahora bien, la economía española no registra superávit con el exterior, sino un déficit importante si bien se ha reducido en los últimos cuatro años. El dato clave, sin embargo, es que, para poder «desapalancarse» a la vez gobierno, familias y empresas, como propugna De Guindos, tendríamos que estar registrando superávit con el exterior, cuando lo que registramos es déficit. Por tanto, la economía española se «apalanca», es decir, se endeuda cada vez más, aunque sea a un ritmo menos rápido que en años anteriores. Luego la política económica del gobierno español, en estos momentos, es una política imposible.

No sólo es imposible la política económica del gobierno español, sino que cada día se aleja más y más de su objetivo principal, que no debería ser otro que el «desapalancamiento» del sector privado, verdadero freno a que se vuelva a crecer. Para que el gobierno y el sector privado puedan «desapalancarse» a la vez, tendríamos que estar exportando mucho, muchísimo más de lo que exportamos; esto es lo que significa un superávit con el exterior. Pero una cosa es necesitar exportar más y otra muy distinta exportar más, efectivamente. Esto es algo que no se puede conseguir más que a largo plazo, aparte de depender de cómo están los países que nos tienen que comprar lo que exportamos, que ahora mismo tampoco están muy boyantes. En cambio, la urgencia con que el gobierno se quiere «desapalancar» es perentoria, y más perentoria cuanto más arriba se va la prima de riesgo. Si el saldo con el exterior, que depende de nuestra capacidad exportadora, no puede mejorar más que poco a poco, en el mejor de los casos, y el gobierno trata de «desapalancarse» a toda velocidad, el resultado será que el sector privado, familias y empresas, no podrán «desapalancarse» por más que quieran. Peor aún, para que el gobierno reduzca su endeudamiento, familias y empresas tendrán que aumentar el suyo. No hay otro camino, salvo que se haga una contabilidad nacional creativa.

Y eso es lo que nos muestran los indicadores económicos. Allí donde las familias tendrían que estar aumentando su ahorro, resulta que lo están reduciendo. Así, en 2009, las familias aumentaron considerablemente su ahorro, hasta alcanzar el 25% del sus ingresos; en 2011, la tasa había caído al 14%; en 2012, o sea, hoy, el ahorro ya es negativo. ¿Pues no tenían que estar ahorrando, en vez de «desahorrando», para devolver parte de su deuda? El dato de 2009 muestra que ahorraban, exactamente para eso, y seguro que ahora también querrían estar ahorrando. El problema es que no pueden, porque el gobierno no les deja. Consumen cada día menos pero eso, en vez de suponer más ahorro, se combina con la necesidad social de mantener a seis millones de parados, que viven en gran parte de los ingresos de los ocupados, con lo que finalmente todos terminan viviendo del ahorro de los que pudieron ahorrar en el pasado, que son cada vez menos. Y tampoco el gobierno alcanza su objetivo, pues reduce sus gastos, sí, pero cada vez recauda menos impuestos, sencillamente porque la sociedad no puede (o no quiere, para lo cual sumerge cada vez más actividades) pagar más.

¿Qué habría que estar haciendo? Primero, hay que hablar de lo que se tendría que haber hecho. En 2008, España todavía registraba superávit en las finanzas públicas y su endeudamiento soberano era relativamente bajo, inferior al 40% del PIB. Fue en 2009 cuando el gobierno incurrió en déficit y empezó a aumentar el endeudamiento público. Era una política correcta, en lo fundamental, porque, dado el saldo con el exterior, el sector privado no puede ahorrar más y «desapalancarse» si no es con apoyo de un mayor déficit del gobierno. El aumento del ahorro agregado en el primer año de la crisis así lo demuestra. Pero la fiebre por forzar el equilibrio presupuestario, que todavía padecemos, cortó los estímulos fiscales demasiado pronto. El resultado es lo que tenemos.

Lucha de ideas en economía

Se ha hecho costumbre decir que los economistas no se enteran de lo que pasa, que la crisis los ha sobrepasado ampliamente. Craso error. La gran mayoría sabe lo que pasa, pero difieren considerablemente en cuanto a la forma de recuperar altas tasas de crecimiento, capaces de aumentar de forma apreciable el empleo. Resumiendo mucho el estado actual del debate, se podría afirmar que hay dos posiciones fundamentales.

Un aspecto en el que parecen estar profundamente en desacuerdo, pero en todo caso es un asunto secundario, es en cuanto a si las finanzas de un gobierno se parecen o no a las de una familia o una empresa, en definitiva, a las de cualquier entidad privada. Sólo los tontos y los legos pueden creerlo en serio. Al final, los economistas estarían de acuerdo en que un gobierno no se parece a ninguna entidad privada. Ya que, mientras una entidad privada tiene sus gastos limitados a largo plazo por sus ingresos, un gobierno, estrictamente hablando, no los tiene. Un gobierno, por lo general, paga sus gastos en la clase de moneda que él mismo emite, de modo que, en último extremo, siempre puede emitir más moneda para hacer frente a cualquier déficit. (La zona euro parece una excepción a esta afirmación, pero no lo es de una forma fundamental). Como digo, casi todos los economistas estarían de acuerdo en esto, pero divergen en que, para unos, el gobierno debe hacer uso de esta ventaja siempre que sea necesario, en tanto que, para otros, el gobierno debe conducir sus finanzas como una entidad privada aunque pueda hacerlo de forma distinta. La razón por la que esto sería así radica, según los defensores de esta doctrina, en que, conduciéndose como una entidad privada, el gobierno inspira más confianza al sector privado que si hace uso de todos los recursos a su alcance. Supuestamente, el gobierno resulta más previsible, y siendo más previsible genera menos incertidumbre, si establece límites claros a su propio comportamiento que si utiliza sus poderes discrecionalmente. Teóricamente, se podría aumentar el empleo imprimiendo cuanto dinero fuera necesario para financiar la inversión pública capaz de llevar a la economía al pleno empleo, pero los adversarios de esa posibilidad sostienen que el resultado de una actuación discrecional como ésa sería sembrar el desconcierto entre la iniciativa privada y, a la postre, a entrar en una espiral contractiva que desembocaría en el reconocimiento del fracaso o en una estatalización completa de la economía.

Mi opinión en este debate es que resulta ilusorio esperar que la implantación de un modelo de comportamiento autocontrolado por parte del gobierno pueda inspirar confianza al sector privado en situaciones como la que atravesamos. La crisis es de demanda efectiva, y lo que el sector privado espera del gobierno es una firme demostración de liderazgo que anime a los empresarios a aumentar el empleo en previsión de un inmediato incremento de sus ventas. Es después de iniciada una sostenida reactivación cuando podrá instaurarse un modelo de autolimitación que, haciendo más previsible el comportamiento del gobierno, reduzca la incertidumbre.

En resumidas cuentas, y esto es lo más cerca que estoy dispuesto a llegar de quienes defienden un modelo de finanzas estable para el gobierno, me parece que dicho modelo puede estudiarse y en su caso implantarse una vez que la reactivación sea un hecho y el empleo se esté recuperando a buen ritmo. En tal coyuntura, la previsibilidad de las finanzas gubernamentales podría introducir estímulos adicionales a la iniciativa privada. Pero antes de llegar a ella, cualquier modelo rígido de comportamiento gubernamental, y más si es de autocontención, no dejará de surtir efectos paralizantes y aumentará los efectos de pánico a la recesión en el sector privado. Que es exactamente lo que está pasando en España.

Las grandes Guerras Macro

Hay gente que tiene un don, y eso suele ser independiente de la edad. Noah Smith, editor del blog Noahpinion, es un tipo bastante joven, que estudió física y ahora está completando su tesis doctoral en economía. Pese a su precocidad, o quizá debido a ella, tiene una percepción extremadamente brillante de lo que está pasando en nuestra profesión y por qué damos esa lamentable impresión de no saber lo que está pasando con la crisis. Lo que está pasando él lo llama las grandes Guerras Macro. No podría haberse resumido mejor. Lo contaré a mi manera.

El conocimiento en economía no avanza de la manera lineal que parece hacerlo en otras ciencias. La razón estriba en que cada avance se topa con una dura resistencia de quienes se sienten perjudicados o siquiera amenazados por las nuevas ideas. Esto también pasó en física e incluso en astronomía (recuérdese cómo persiguió la Inquisición a Galileo por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol en vez de a la inversa), pero cada vez es más raro. Recuerdo una ridícula polémica en los ochenta, cuando los creacionistas pretendían que la existencia de vida inteligente en la Tierra era un fenómeno único en el universo, que ellos deducían de la falta de observación directa, entonces, de ningún cuerpo estelar similar a los planetas del sistema solar. Ahora que la observación de planetas girando alrededor de estrellas comparables al Sol es cosa cotidiana, ya nadie se acuerda a aquellos idiotas, alguno de ellos Premio Nobel o casi. Hace años que nadie viene con estupideces semejantes, y probablemente la intervención de Stephen Hawkins ha sido decisiva al respecto.

El problema es que en economía esa clase de tonterías está a la orden del día. Ahora, por ejemplo, se ha puesto de moda decir que el buen gobierno financiero de un país debe tomar como modelo el de una familia bien administrada, que jamás gasta más de lo que ingresa. No nos riamos de ese prejuicio, propio de quienes se empeñan en concebir a la familia como microcosmos de la sociedad, que ésta debería reflejar en todas sus esferas de actuación, porque es el que rige actualmente el gobierno económico y financiero de la Unión Europea y la zona euro. Tan bajo como eso ha caído la independencia intelectual de los economistas en esta parte del mundo. Afortunadamente, en Estados Unidos, la beatería económica encuentra todavía quienes la combaten con inteligencia y tesón.

Es, básicamente, una historia de trincheras y de la lucha por conquistarlas. Algo parecido a la pugna por el fuerte Douamont, que pasó de los franceses a los alemanes y de nuevo a aquellos, innumerables veces en 1916, durante la batalla de Verdún. En 1930, la trinchera estaba en manos de aquellos a quienes Keynes llamó los «economistas clásicos», que durante todo el siglo XIX y el primer tercio del XX habían defendido el equilibrio presupuestario y la máxima liberalización de los mercados, como solución a todas las crisis. La Gran Depresión mostró que la creciente complejidad de la economía real y financiera convertía esa solución en ilusoria, y el keynesianismo, propugnando una resuelta actuación inversora del gobierno para restaurar el pleno empleo, tomó la trinchera a la bayoneta, sin hacer prisioneros. Durante 35 ó 40 años, los keynesianos la ocuparon sin disputa, porque los «clásicos» habían pasado a la historia. O eso parecía. Pero la década de 1970 mostró lo que los excesos de un recurso excesivo al gasto público – no tanto provocado por la política de pleno empleo como por las aventuras militares en el Sudeste asiático – podían provocar, en términos de inflación y estancamiento. En esa década, el monetarismo, una doctrina que trataba de ser equidistante entre el keynesianismo y los «clásicos» tomó la trinchera para compartirla, en buena armonía, con lo que se llamó la «nueva macroeconomía clásica», y que venía a decir que el público sabe lo que se trae entre manos cuando se trata de asuntos económicos, lo que convierte la actuación del gobierno en perjudicial. Durante treinta años, monetaristas y «nuevos clásicos» – ya digo, en buena armonía – han ocupado la trinchera sobre la base de un compromiso según el cual si hay que hacer algo, hágase manipulando la cantidad de dinero en circulación, pero nunca, nunca, nunca jamás, incurriendo en déficit público. (La excepción era, como se puede lógicamente entender, el déficit en que era necesario incurrir para sostener la carrera de armamentos).

La teoría era que, así, las crisis desaparecerían para siempre. Y pareció que desaparecían durante el paréntesis que supuso el cierre de la globalización. Pero 2007 y, sobre todo, 2008 nos recordaron que las crisis no desaparecen. Por un momento, pareció que volvíamos a 1933, al hablarse de una crisis comparable a aquélla. La mayor parte de los economistas, atónitos ante su propia incapacidad para prever la magnitud de la crisis, se iniciaron fugazmente keynesianos. El Fondo Monetario Internacional interrumpió una tradición de décadas de apretar el gaznate de las economías con problemas, para proclamar la necesidad de lanzar poderosos estímulos fiscales. Puesto que los ingresos tributarios caían con el PIB, la recomendación era incurrir en abultados déficits. Y, en la urgencia del momento, a todo el mundo le pareció bien. Fue un momento de gloria, como el de la más que diezmada brigada de Pickett al izar la bandera confederada en el cerro del cementerio tras su famosa carga en Gettysburg… sólo para ser aplastada bajo el abrumador cañoneo posterior. La ocupación de la trinchera por los keynesianos fue apenas más larga que eso, pues en cuanto los indicadores de Estados Unidos y Alemania empezaron a mejorar, en el verano de 2009, los economistas volvieron a olvidarse del santa Bárbara cuando no truena y reiniciaron el «business as usual»: la mayoría pensó que había que dar por restauradas las condiciones de normalidad, a fin de devolver la confianza a los agentes económicos, que saben bien lo que se traen entre manos si el gobierno no les complica la vida. Otra vez las expectativas racionales instaladas en la trinchera.

Pero era evidente que no, que no se ha restaurado aún la normalidad. Los keynesianos, poskeynesianos, neokeynesianos y demás compañeros de viaje, encabezados por Paul Krugman, un hombre que ha tenido el coraje de asumir su responsabilidad intelectual incluso cuando la mayoría de los economistas desertaba de su bando, decimos que no se saldrá de la crisis sin considerables dosis de déficit público. Los «nuevos clásicos», con sus acólitos monetaristas, que no se saldrá de ella mientras quede un resto de déficit público por eliminar. Es una lucha sin cuartel porque es una lucha de todo o nada, sin compromiso posible. Ya sé que Krugman inspira muchos recelos entre gentes bienintencionadas, pero el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. No hay por qué comulgar con todo lo que dice Krugman, pero la batalla es ésa y en ella nos jugamos el estado de bienestar y todas las conquistas sociales hasta la fecha.

Las grandes Guerras Macro de este siglo no han hecho más que comenzar.

El objetivo de déficit

El sentido de Estado es requisito imprescindible para el ejercicio de la ciudadanía. No importa que la ciudadanía se exprese en un tranquilo acto de votación o en la toma de la Bastilla; sin sentido de Estado, no hay ciudadanía sino turbas encanalladas. El sentido de Estado consiste, sencillamente, en el compromiso de compartir la suerte y la desgracia, los aciertos y los errores de quienes lo conforman. Si es imperativo buscar un cabeza de turco, como se dice, alguien a quien cargar con las culpas para exonerar a la sociedad, de modo que ésta pueda seguir avanzando, se lo busca y se le hace cargar con ellas. Pero lo que demuestra carencia del más elemental sentido de Estado es la manía de echar la culpa de los fracasos a los demás y atribuirnos en exclusiva los éxitos patentes. Eso, en política, es la ridiculez elevada a la categoría de ideal de actuación.

Semejante ridículo, a los ojos de Europa, es en el que ha incurrido el gobierno al decidir unilateralmente – es decir, sin consultar allende nuestras fronteras – la flexibilización del objetivo de déficit para 2012, del 4,4% al 5,8% del PIB. El gobierno cree poder resolver la situación echando la culpa a su antecesor – aquí, la falta de sentido de Estado –, que fue quien asumió el compromiso ahora considerado excesivamente duro. Así, el gobierno repudia, de su antecesor, todo: actuación y compromisos. El problema es que con esto siembra dudas sobre la dirección de la causalidad, y a fin de cuentas sobre su propia credibilidad. Porque el gobierno afirma que es la pésima ejecutoria de Zapatero lo que justifica la relajación del objetivo de déficit, pero ¿no podría ser que la relajación, secretamente motivada por el deseo de evitar esfuerzos, fuera la causa de la malos resultados del antecesor en forma de un déficit de 2011 artificialmente inflado para inspirar lástima? Al bueno de don Mariano le vendrían bien algunas lecciones de semiótica para no presentar imagen tan patética ante la UE y los mercados.

Se dista de haber visto el fin del culebrón, empero. Lo paradójico de la situación es que se ofrece a Rajoy la oportunidad de aparecer abanderando al pueblo español en la afirmación de nuestra soberanía frente al intervencionismo de Europa y la dictadura de los mercados. Eso, precisamente en el momento en que su gobierno está asestando un golpe al Estado de bienestar del que éste se recuperará (si lo hace) a duras penas. Se me llevan los diablos de pensar que, bien por patriotismo y militancia antiglobalización, bien por responsabilidad y sentido de Estado (como ya está haciendo Rubalcaba), voy a tener que dar la cara en Europa y el mundo por la incompetencia de Rajoy y sus ministros, quienes no tienen otra cosa en la cabeza que la cursi pretensión de que una familia bien gestionada es el modelo óptimo de política macroeconómica. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Aportar sentido de Estado ahora no hará más que reforzar la sinrazón de Estado que está en el origen de la situación.

Decididamente, en esta situación todas las posturas son malas, lo que no dejará de contribuir a la fragmentación de la izquierda y la desvertebración del país.