La resistencia de Rajoy, contra todo pronóstico, a pedir el rescate europeo de la economía española plantea una posibilidad extrañamente favorable. ¿Y si España fuera capaz de pasarse sin firmar odiosos MoU (Memoranda of Understanding, o memorándums de entendimiento) con la Troika? Dentro de unos años, estos momentos de extrema dificultad se verían como un periodo en el que nuestro país habría mostrado capacidad de superar la crisis por sí sola, sin necesidad de ayuda. Sabemos que esto sería falso, en buena medida. Europa ya nos ha rescatado una vez formalmente, mediante el rescate bancario, y casi cuatro veces a través del sistema de pagos interbancario (Target2). Pero evitando el rescate llamado «integral» no se descendería al nivel de humillación a que hemos visto descender a Grecia, Irlanda y Portugal. Sin duda, vale la pena intentarlo.
Propondré mi plan. En primer lugar, no vale de nada hacer como Rajoy; es inútil negarse a ser rescatado por una cuestión de trasnochado orgullo español. Dentro de la política de austeridad, rehusar el rescate no tiene perspectivas. No es cuestión de si sí o sí no, sino de cuándo. Mientras, el país languidece en una depresión cada vez más evidente. Es necesario, por tanto, impulsar el crecimiento y eso no es posible más que aumentando el déficit. Hay, así pues, que repudiar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que nos obliga a continuar reduciendo el déficit hasta 2014 y posiblemente más allá. Tampoco sirve la propuesta de dilatar o modular el ajuste; eso no es más que prolongar la agonía. Si, de conformidad con la marea general que en EEUU presiona para levantar el techo de deuda, Europa acepta suspender la «consolidación fiscal», aunque sea temporalmente, nuestro mayor déficit será financiado con la compra de deuda española por el BCE, como por otra parte ya recomienda hasta Goldman Sachs. Si no se acepta este plan A, habrá que poner en marcha un plan B.
Con independencia de qué plan financiero se pone en marcha, si el A o el B, la clave del éxito en la reducción del déficit depende de qué es lo que lo genera. Si se genera para llenar los bolsillos de políticos corruptos, promotores sin escrúpulos y banqueros, entonces muy mal resultado tendrá la cosa. El mayor déficit tiene que servir para darle un verdadero empujón a la economía, de forma que el crecimiento y, con éste, una mayor recaudación tributaria tiendan a restablecer el equilibrio a largo plazo. Actuaría en dos planos distintos, tanto sobre la oferta como sobre la demanda. Políticas de oferta, por sí solas, no producen un aumento del output efectivo, por mucho que aumenten el output potencial. Políticas de demanda, por sí solas, si topan con un output potencial muy bajo, provocan inflación más que aumento de producción. Por tanto, el objetivo es utilizar el déficit para actuar simultáneamente sobre la oferta y demanda agregadas, en los siguientes ámbitos:
1) Transferencia a los Presupuestos Generales del Estado de los gastos de la Seguridad Social, tanto de pensiones como de los que financian la sanidad y los diferentes subsidios de desempleo. El resultado será la desaparición total o parcial de las cotizaciones de empleador y empleado a la Seguridad Social y la conversión del actual sistema de pseudo capitalización en un sistema de reparto. Puesto que no va a haber aumento alguno de impuestos – no puede haberlo en esta situación – la transferencia a los PGE tendrá por efecto el aumento del déficit.
2) Reducción del IVA.
3) Creación de un «banco malo2», para adquirir las primeras viviendas que vayan entrando en mora de sus pagos hipotecarios, a un precio que sea igual al principal no provisionado por el banco, con objeto de encontrar las soluciones que sean oportunas para que los ocupantes no sean desahuciados.
Esto es lo que hay que hacer. Se puede hacer en mayor o menor medida. El choque puede ser más fuerte o más débil. Se puede efectuar la conversión del sistema de capitalización en otro de reparto de una sola vez o en un proceso gradual; y, de igual modo, el IVA se puede reducir en más o menos puntos porcentuales. La medida en que las actuaciones puedan llevarse a cabo es asunto que depende de la prudencia y, probablemente también, del resultado de una negociación con la UE y el BCE, si éstos tienen que financiar en todo o en parte el déficit que se genere.
Lo que es irrenunciable es que la «austeridad», o sea, la política combinada de recortes en el gasto y aumentos de impuestos, se suspenda de inmediato y, en la medida de lo posible, se dé marcha atrás en ella. Un aumento del gasto no tendrá efectos tan beneficiosos sobre la actividad y el empleo como una reducción de impuestos (sobre todo, los que gravan el consumo) y las cotizaciones sociales (que gravan el empleo). La reducción de impuestos sobre el consumo facilitará, además, el desapalancamiento de las familias, al reducir el gasto para un nivel de consumo dado; el mismo efecto tendrá el rescate de familias hipotecadas. Y la reducción de cotizaciones sociales actuará como motor de devaluación interna, con los consiguientes efectos de fomento de exportaciones y sustitución de importaciones.
Probablemente, lo más adecuado sería intentar una reducción paulatina de la carga fiscal indirecta y sobre el trabajo. Unos cuantos puntos porcentuales en el IVA y en las cotizaciones sociales, de forma que la reducción en los tipos fuera pagándose a sí misma con la ampliación gradual de la base imponible gracias al aumento del consumo y del empleo. Y si la evolución fuera favorable, aumentar la intensidad sin prisa, pero sin pausa.
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