Las pensiones y su necesaria reforma

Me está pareciendo que todas las propuestas sobre pensiones andan desencaminadas. No habrá solución viable mientras no se reconozca que sus problemas derivan de que en España tenemos un sistema de reparto, que casi todo el mundo se empeña aquí en vender (y reformar) como si fuera de capitalización. Es absurdo.

El absurdo de ver en las pensiones públicas españolas un sistema de capitalización resulta evidente en cuanto se piensa un poco la clase de problemas que preocupan a todo el mundo. ¿O es que alguien cree que si de capitalización se tratara sería un problema el envejecimiento de la población, como claman unánimemente los expertos? En un sistema de capitalización lo cotizado para cada perceptor por él mismo y su empleador antes de jubilarse se invertiría mejor o peor, pero no habría riesgo de quiebra porque entran pocos cotizantes al sistema; el sistema empequeñecería y empequeñecería, si se quiere hasta extinguirse, pero cada cual seguiría cobrando lo suyo hasta fallecer. Si hay miedo a que las nuevas cotizaciones no sean suficientes es, precisamente, porque la capitalización brilla por su ausencia.

Entonces, ¿por qué unos pensionistas cobran más que otros, como si fuera respondiendo al hecho de que los primeros han cotizado más y por tanto, aparentemente, porque su capitalización es mayor? Nada de eso. El sistema es de falsa capitalización, y la prueba es que es que lo que se cobra no guarda ninguna relación razonable de capitalización con lo que se ha cotizado.

Si es así, ¿por qué hay un fondo de reserva, que presuntamente se invertiría para capitalizar las cotizaciones? Lo cierto es que la existencia del fondo de reserva responde a otras cuestiones. Cuando se creó, a finales de los años cuarenta del siglo pasado, respondía sencillamente al hecho de que la población laboral era joven, con muchos más cotizantes que perceptores, lo que (tras pagar a éstos una pensión "razonable") dejaba un remanente que, al acumularse año tras año, formó el fondo de reserva. Al régimen franquista le vino muy bien para financiar al Instituto Nacional de Industria (INI). A mediados de los noventa, los flujos de prestaciones y de cotizaciones se habían equilibrado y el miedo a que la relación pudiera invertirse impulsó el Pacto de Toledo. Pero la corriente inmigratoria que vino después volvió a resultar favorable, con efectos parecidos a (aunque más moderados que) lo ocurrido cincuenta años antes. Luego vino la crisis actual, entre tres y cuatro millones de trabajadores se fueron al paro y dejaron de cotizar. Entonces se puso de nuevo en peligro, y de forma más dramática, el reparto. Con todo, se había creado un fondo de setenta mil millones de euros en sus mejores momentos, que los expertos están de acuerdo en considerar un amortiguador de las crisis. Ahora lleva unos años disminuyendo, como corresponde a la coyuntura. Mientras se agota por completo, su presencia ha resultado muy oportuna para relajar la presión de los mercados sobre el Tesoro público, ya que dicho fondo está invertido, en su práctica totalidad, en deuda soberana española.

No entiendo cómo se puede meter nadie a diseñar una reforma del sistema español de pensiones ignorando estas cosas, que son elementales.

Por ignorarlo, la mayoría de la propuestas, si no todas, ignoran también el principal riesgo del sistema, que no es a muy largo plazo como el derivado del envejecimiento de la población, sino quizá a corto o medio dependiendo de la evolución de la coyuntura. Si entráramos en deflación, la caída de los salarios llevaría a un descenso proporcional de las cotizaciones mientras la legislación vigente garantiza las pensiones en términos nominales. El agujero del sistema, agrandándose en ese caso, acelerará el vaciado del fondo de reserva. Y la única solución que se les ocurrirá a los expertos será cambiar la legislación para rebajar las pensiones.

En cuanto a propuestas, una vez se acepta que el sistema es de reparto, son fáciles de plantear. Un sistema de reparto se debe financiar con cargo a impuestos; IVA, IRPF, Impuesto de Sociedades, el que sea, pero impuestos. Sufragarlo con cargo a cotizaciones sociales es hacer tributar a las empresas por los puestos de trabajo que crean. Si se quiere que lo paguen las empresas, es mucho más adecuado hacerlo con arreglo a los beneficios que con cargo al empleo creado. Es tan evidente que no merece la pena ni argumentarlo.

El pacto Rajoy-Rubalcaba

Es sorprendente lo poco que ha llamado la atención que el pacto al que finalmente se ha llegado entre el gobierno y el principal partido de la oposición se haya negociado por teléfono. Y, sin embargo, parece un detalle crucial. Diríase que ambos líderes, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, alcanzaron el acuerdo de forma tan vergonzante que no se atrevieron a ponerse ante los periodistas en rueda de prensa posterior, algo que habría sido obligado de haberse reunido al efecto, con mayor o menor pompa y boato, en La Moncloa o donde fuere.

¿Cuál es, por tanto, el contenido del pacto más allá de la proposición no de ley que van a tramitar en el Congreso, y que cabe concebir como simple carnaza para el consumo de los medios? Aquí sólo se puede formular hipótesis, conjeturas más o menos fundamentadas. Yo avanzo la mía. He apuntado en otro lugar que Rajoy va a este Consejo Europeo a recibir un tirón de orejas de Merkel, y no quiere recibirlo solo; quiere compartirlo con Rubalcaba. ¿Por qué el tirón de orejas? Muy sencillo. Rajoy lleva unos meses hablando más de la cuenta en la escena europea. Se ha «aliado» con todo quisque (sobre todo con Hollande, pero incluso con Cameron y más recientemente con Letta) para decirle a Merkel que hace falta menos austeridad y más crecimiento; que se necesita «más Europa» (y, lógicamente, menos Alemania), lo que traducido en términos prácticos quiere decir Unión Bancaria; y que, en definitiva, España quiere pesar más de lo que pesa. Todo esto, que ha parecido muy razonable, «de sentido común», como al bueno de don Mariano le gusta decir, de repente se ha convertido en charla de lo más inconveniente desde el momento en que ha saltado a los medios que el tribunal constitucional alemán podría invalidar la política del BCE de compra de deuda soberana, técnicamente llamada OMT. Puede que lo haga, aunque lo previsible es que no; pero podría, y esa simple posibilidad revela que la famosa recuperación de la economía española, tan cacareada en los últimos tiempos, tiene los pies de barro, pues se asienta en las declaraciones de Draghi de agosto de 2012, donde enunciaba esa política, y podría venirse abajo con sólo que el tribunal constitucional declarara dicha política incompatible con la Ley Fundamental alemana. Véase, a modo de botón de muestra, la evolución de la prima de riesgo esta misma semana.

Desde que trascendió que el tribunal alemán se ponía a la tarea de estudiar el caso, este mismo lunes, Rajoy se dio cuenta de que su suerte se encuentra por entero en manos de Merkel y la influencia que la canciller pueda ejercer sobre aquél, en un sentido u otro. Y eso, en un complicado año de elecciones en Alemania. Ahora, la cuestión es que Rajoy tiene que ir al Consejo a mendigar después de haber despotricado, y eso se le hacía muy cuesta arriba a nuestro buen presidente. Ha querido hacer un gesto de decir: «Yo, en realidad, soy ese alumno aplicado que todos admiran; lo que pasa es que me pierden las malas compañías». Y ahora se presenta con esa mala compañía, sólo para que Merkel le diga: «Rompe con ella». De modo que se trata de un pacto destinado a romperse… si Merkel vuelve a ganar las elecciones. Si no las gana, el pacto servirá a Rajoy de aval ante los correligionarios de Rubalcaba en Alemania, la socialdemocracia, que sería la ganadora en ese caso.

Pero ¿cuál es el contenido del pacto, qué se han prometido mutuamente Rajoy y Rubalcaba, aparte de presentar una voz común en Europa? A mi modo de ver, sólo una cosa: Rubalcaba ha prometido no continuar haciendo sangre con el tema del desempleo y Rajoy ha prometido aparcar el tema de las pensiones, que de continuar adelante demostraría la inoperancia del PSOE. Puede que haya algún fleco también sobre la corrupción. Pero, y esto explica que el pacto sea telefónico, aparte de ser secreto, únicamente obliga a los protagonistas. O sea, Báñez seguirá entonando loas a la calidad técnica del informe de los expertos sobre las pensiones y SorayaPSOE seguirá atizando en las sesiones de control al gobierno, por más que SorayaPP no alcance a entenderlo. Todo parecerá seguir igual, pero habrá pasado a depender de forma explícita del resultado de las elecciones alemanas de septiembre.

Pensiones

Ya tenemos otra vuelta de tuerca en torno al sistema público de pensiones. La reforma de 2011, del gobierno socialista, que endureció los requisitos de percepción y alargó la edad de jubilación, hoy no parece suficiente. La propia Comisión Europea ha reclamado más actuaciones en ese campo. Y cabe preguntarse, ¿por qué? ¿Es que esto no va a terminar nunca? La respuesta es: No, no va a terminar; al menos por ahora.

Cuando se entra al fondo de la cuestión, se aprecia lo indeleble de los argumentos «técnicos». Se nos dice que hoy se vive más tiempo; si se trabaja lo mismo, parece evidente que lo que se cotiza no puede dar para lo que luego se percibe. Parece, pero no es así. Un sistema público de pensiones no puede ser juzgado con los criterios de un fondo privado, aunque aparentemente sirvan para lo mismo. El fondo privado de pensiones se va nutriendo de contribuciones voluntarias, que se invierte en activos financieros que producen una rentabilidad, y con arreglo a esa rentabilidad se va pagando las pensiones de los que se retiran. Si los beneficiarios se retiran antes, o viven más, está claro que hará falta mayor rentabilidad, o una pensión menor, para compensar la diferencia. O retirarse más tarde. Éstas son las soluciones que se ofrecen, igualmente, para el sistema público. Pero, ya digo, no hay término de comparación.

Un sistema público y un fondo privado sólo tienen en común una cosa: que existen para pagar pensiones a los jubilados. Todo lo demás, la lógica con la que obtienen recursos y los emplean, así como las soluciones a los problemas que presentan, son enteramente distintos. Para empezar un fondo privado se basa en la capitalización de las aportaciones, mientras que un sistema público se basa en la lógica de redistribuir renta de los activos a los jubilados. En el sistema público español, no hay capitalización que valga; lo que hay es que los empleados pagan con parte de su salario las pensiones de los jubilados. Parece que la contribución la hacen al alimón empleador y empleado, pero no. Al empresario, que suele hacer bien sus cálculos, le da lo mismo pagar el salario que paga a los empleados y la pensión a los jubilados; para él lo que va en nómina y lo que se queda la seguridad social es un todo indiferenciado: coste laboral. Si contrata al trabajador es porque le compensa, comparativamente a lo que el trabajador produce. Y si exige rebajar la contribución social y no tanto el salario, es (aparte de su propia obnubilación sobre el supuesto carácter de «capitalización» del sistema) porque los jubilados son un oponente más débil que los sindicatos. Ahora bien, una parte de eso la ingresa a la seguridad social y todavía otra parte de lo que va en nómina se detrae de los ingresos del empleado y se ingresa, igualmente, en la caja de la seguridad social. Conjuntamente ambas cotizaciones, llamadas del empleador y del empleado, pero que son una sola: salario indirecto del trabajador, sirven para pagar las pensiones de los jubilados.

Está claro que cuando los cotizantes son muchos y los perceptores pocos, hay dinero para pagar pensiones de banquero o, si eso se estima inconveniente, para financiar otras cosas. Eso ocurrió en España desde 1947, fecha en que se reorganizó el Instituto Nacional de Previsión. Entonces, la gran mayoría de los cotizantes eran jóvenes; había, comparativamente a las incorporaciones, pocos retiros. El sistema nadaba en liquidez, y con esa liquidez se financió la creación del sector público empresarial español (el INI). Cuando el INI empezó a financiarse solo, en todo caso suplementado por subvenciones a fondo perdido del Estado, el superávit financiero del sistema público de pensiones, integrado en la caja única de la seguridad social, sirvió para financiar la sanidad pública de este país. Eso ocurría a comienzos de la democracia. Luego, la expansión de los beneficios sanitarios y el progresivo envejecimiento de la población determinaron que el sistema no pudiera financiar ambas cosas, pensiones y sanidad, con lo que ésta última empezó a depender de los presupuestos generales del Estado, como antes le había pasado al INI. El traspaso de competencias sanitarias, del Estado a las comunidades autónomas, marca el fin de esa época. Entonces, hacia mediados de la década de los noventa del siglo pasado, empezó a cundir la preocupación de que el sistema llegara a ser incapaz, incluso, de pagar las pensiones. Pero el gran crecimiento de la burbuja inmobiliaria, con el efecto llamada ejercido sobre cinco millones de inmigrantes, volvió a «rejuvenecer» el sistema, por así decirlo, y a fortalecer nuevamente las bases del sistema de reparto. Hasta el punto de que se generó un nuevo superávit, que se materializó en la creación del Fondo de Reserva.

Ahora estamos en una crisis en la que se ha perdido más de tres millones de puestos de trabajo mientras el número de jubilados, por efecto de la mayor esperanza de vida, no ha dejado de crecer. Es natural que vuelvan a surgir dudas sobre la sostenibilidad del sistema. Pero la solución está en volver a crecer, no en degradar el sistema. Los gobiernos que meten mano al sistema, para degradarlo, escurren el bulto de sus propias responsabilidades en cuanto al crecimiento de la economía española. Incurrió en esa dejación de responsabilidades el gobierno de ZP, y parece a punto de incurrir en ella el de Rajoy. Este tema, quizá más que ningún otro, habla de la escasa calidad técnica y política de los gobiernos que nos han tocado en esta crisis.

Pero ¿y la Comisión Europea, y de rechazo, la troika entera? ¿Por qué piden la reforma del sistema público de pensiones español? La respuesta es: por razones que tienen poco que ver con los problemas de fondo de ese sistema. En parte, hay un problema ideológico. Se ha instalado en Europa la idea de que el Estado de bienestar es inviable, y las pensiones públicas son una parte fundamental de ese sistema; con ello, hay mucho negocio potencial para las aseguradoras, promotores privilegiados de los fondos privados. En parte, también, hay una preocupación a corto plazo por la fragilidad de la situación financiera de España. Abundando en lo que señalaba en la entrada anterior de este blog (“Economía política de Rajoy”), la troika está convencida de que hay que mantener una continua dramatización de las reformas estructurales para mantener entretenido al público del gran teatro de los mercados globales. Ahora toca pensiones sencillamente porque el año pasado se metió mano al mercado laboral, la sanidad y la educación (todos ellos, pilares fundamentales del Estado de bienestar). Cuando la nueva reforma de las pensiones esté completada, si Rajoy no nos ha sacado de esta precariedad financiera en que nos metieron ZP y él, se tratará de darle nuevas vueltas de tuerca a lo que ahora parece resuelto. Y, así, sin final a la vista.

Economía Política de Rajoy

Mariano Rajoy y su gobierno están en estado de gracia, no cabe la menor duda. Tras sobrepasar la cota de 600 hace menos de un año, la prima de riesgo del bono español a 10 años se encuentra en alrededor de 300, menos de la mitad. Ciertos indicadores de la economía española han empezado a mejorar, particularmente los relativos al sector exterior. Tras meses de aumento vertiginoso del desempleo, el dato de paro registrado de mayo, casi 100.000 parados menos, con un incremento en valor absoluto incluso superior de la afiliación a la Seguridad Social, han convertido el moderado optimismo de semanas atrás en verdadera euforia. Hace un par de días se oyó a un miembro del gobierno alardear de que la inflación interanual se sitúe en el 1% del IPC, lo que – se nos dice – es un mínimo histórico. Lo único que dice el dato, en realidad, es que estamos al borde de la deflación. Otra miembro del gobierno, que el año pasado rogaba a la Virgen del Rocío que hiciera el milagro, ahora viene a decir que la Virgen se le ha aparecido, efectivamente, y le ha dicho que 2013 será el año del fin de la crisis.

Pero es cierto que algo ha pasado, y continúa pasando. Rajoy ha demostrado ser el alumno más aplicado de la clase. Ha aplicado con esmero las recetas que dictaba la troika, y gracias a ello se ha ganado el favor de los mercados. De hecho, los mercados han empezado a entusiasmarse con Rajoy. Este tipo gris, de torpe oratoria y carente de gracia, está resultando ser el ejecutor perfecto de las políticas antisociales que han dado en considerarse como las más adecuadas para salir de la crisis. ¿Para qué se quiere un tipo más brillante? Lo único que haría es creérselo y terminar por fastidiarlo todo. Pero un Rajoy nunca olvidará sus propias limitaciones y su necesidad de ganarse día a día la estima de los poderosos limitándose a ser un gestor eficiente de sus intereses. Después de todo, lo único que hace falta es alguien consciente de que cualquiera puede llegar a presidente del gobierno (él es buena prueba) pero que mantenerse en el cargo depende sólo y exclusivamente de comprender sin atisbo de dudas quién manda.

Pero – seamos justos – no basta con la actitud, con ser ésta importante; también se necesita resultados. Por descontado, los resultados que se esperan de él. Y para producir esos resultados hace falta un don, el don de saber captar qué resultados se espera en cada momento. Porque los resultados esperados cambian con la percepción de la situación por quienes tienen que juzgarla, llamémosles «troika» y «mercados». Hace un año, se quería a todo trance la reducción del déficit mediante políticas de austeridad. Y Rajoy, obedeciendo como un valiente, se lanzó a la tarea de desmontar el estado de bienestar como estrategia para reducir el déficit. Lo consiguió apenas en un punto y medio (sin contar las ayudas a la banca) y con un aumento brutal del paro. Pero eso hoy no importa, porque se empieza a pensar (y a decir: el FMI lo ha dicho) que la austeridad es un error manifiesto. Lo que importa es que fue obediente. Hace lo que se le dice. Ahora se resiste a continuar con recortes adicionales, que le pondrían a los pies de los caballos ante las próximas elecciones; pero lo hace únicamente porque ha surgido una grieta en el seno de la troika, que le permite hacerlo. Es astuto, no cabe negarlo; cazurro, pero astuto. No llega al punto de darse verdadera cuenta de que, si el sector exterior ha mejorado, es sólo porque la coyuntura internacional ha sido favorable. Si se diera cuenta de eso, sería más prudente en sus afirmaciones, que últimamente rayan en el triunfalismo.

Pero tiene ese don, el don de saber, no cómo se sale de la crisis sino qué hacer para que los demás piensen que está haciendo todo lo humanamente posible para salir de ella. Y aquí está su ventaja sobre los Papandreu y Samaras, los Sócrates y Passos Coelho, los Monti y Letta, los Sarkozi y Hollande. Se da cuenta de que no puede quedarse quieto, no puede sentarse a descansar y decirse que todo lo posible y necesario está hecho. Como el perezoso de movimientos lentos pero interminables, Rajoy tiene que seguir actuando, empujando hacia delante su propia dramatización de las «reformas estructurales». ¿No les ha metido un buen palo a la sanidad y la educación, a la dependencia y la igualdad? ¿Pues qué otra cosa puede quedar que las pensiones? Agárrense, que va curva.