La Generalitat y la desconexión virtual

El pasado 22 de mayo la Generalitat catalana ha celebrado un acto público en la capital del Estado. Intervinieron el president Puigdemont y los conseillers Junqueras y Romeva. Éste último, en calidad de encargado de Asuntos Exteriores, tuvo a bien dar una lección de historia: «España debe cambiar el modelo de relación con Catalunya, que mantiene desde hace tres siglos». Junqueras, a cargo de Economía y Hacienda, dio la suya sobre ciencia política: «Exijo para Catalunya el derecho al voto, fundamento de la democracia». El President, por su parte, disertó sobre pragmatismo: «Si hay voluntad política de atender la reclamación de Catalunya, todos los obstáculos podrán allanarse».

Voy a lo importante: por supuesto que no hay voluntad de reconocer a Cataluña como sujeto soberano. Aceptar o no aceptar el referéndum no es cuestión de cálculo de votos; aceptarlo sería reconocer el derecho autodeterminación, cosa que no se hará. Sorprende que los independentistas no se hayan dado cuenta todavía, lo que sería una imperdonable falta de realismo en gentes de su responsabilidad; o que todavía pretendan ocultar que la celebración del referéndum presupone reconocer el derecho de autodeterminación, cualquiera que sea su resultado. Alegan los precedentes de Canadá y el Reino Unido, países de la Commonwealth y en los que rige la common law anglosajona, que reconoce el derecho a la determinación desde que Londres perdió la guerra de Independencia norteamericana, derecho bajo el que se desmembró el Imperio británico tras la segunda guerra mundial. España, como el resto de los países latinos (Cataluña es un país latino), pertenece al área de lo que los propios anglosajones llaman civil law, resultado de la evolución del derecho romano. Los países de instituciones heredadas del derecho romano y actualizadas con el código napoleónico nunca han cedido tierra y población sin guerra. Está en la matriz de nuestros Estados. Y se equivocan los independentistas catalanes si creen que Naciones Unidas, con su llamada a descolonizar, respalda lo más mínimo sus planteamientos. El derecho de autodeterminación respalda a las colonias y sólo a las colonias. Todo intento retórico de presentar a Cataluña como colonia se estrella contra la presencia de sus representantes en las instituciones del Estado (el casus belli de Washington y los rebeldes norteamericanos, o el de Martí y los rebeldes cubanos) y con la realidad del autogobierno. La soberanía, en esa perspectiva, es un lujo.

El acto terminó con la promesa del President de realizar el referéndum, con acuerdo con el Estado o sin él. Y de que después ya no habrá más negociaciones que las encaminadas a implementar su resultado. Nuevamente, la misma falta de realismo. Si celebran un nuevo referéndum (¿qué pasó con el del 9-N?) y gana la independencia, tampoco pasará nada. Ellos creen que el Estado ya no tendrá más remedio que sentarse a dialogar. En absoluto. El Estado sólo tiene que sentarse a esperar. ¿Qué hará la Generalitat? Para empezar, meterse en una pelea con numerosos funcionarios que no están dispuestos a seguir un rumbo de ilegalidad manifiesta, puesto que la Ley de Desconexión será declarada ilegal en el momento de promulgarse.

Supongamos, por mor de reducción al absurdo, que los funcionarios se someten. ¿Para qué? Empezando por lo más simple, para emitir a los catalanes un documento de identidad que no servirá para coger un avión en el aeropuerto del Prat, y pasaportes que no serán aceptados en ningún país del mundo; sobre todo, no servirán para los países que más interesan a los catalanes. De acuerdo, es una cuestión menor; los pragmáticos catalanes seguirán usando los documentos emitidos por el Estado. Pasemos a la moneda: ¿cuál será? El euro, faltaría más. ¿Puesto en circulación, por quién? El Banco Nacional de Catalunya. Perdón, no. Ese hipotético banco no es miembro del Sistema Europeo de Bancos Centrales, y no lo será. Y sin serlo, no pondrá en circulación nada. Cataluña y sus bancos seguirán dependiendo del Banco de España, que no va a estrangular financieramente a nuestros compatriotas. Y de la misma forma, Cataluña seguirá disfrutando de las ventajas de pertenecer a la Unión Europea gracias a ser parte de España; gracias, precisamente, a que el Estado no reconoce la independencia.

Qué ridículo, ¿no? ¿De qué va entonces la independencia que quiere esta gente? ¿De proclamar a los cuatro vientos que son independientes, y en realidad continuar dependiendo en todas las cuestiones cruciales de España? ¿Para ese paripé hay que torcer la voluntad de respetar la ley que todavía hay en gran número de funcionarios? ¿Ofrecerá esa situación mayor seguridad jurídica que la actual? Hay que estar completamente loco para pensarlo.