Al terminar la quinta semana
del macro proceso contra dirigentes independentistas por los sucesos ocurridos
entre el 6-7 de septiembre y el 27 de octubre de 2017, las estrategias de las
acusaciones y las defensas empiezan a estar claras.
Las acusaciones actúan en
un triple frente: rebelión, sedición y malversación. Cualquiera de las tres es
buena al objeto de justificar pragmáticamente la prisión preventiva, que no es
lo mismo que justificarla formalmente. Formalmente solo la justifican las causas
tasadas en la ley; pragmáticamente, cualquier condena superior al tiempo que
hayan permanecido previamente en la cárcel. Las defensas, por su parte, han
admitido implícitamente el cargo de desobediencia, delito por el que solo se sigue la pena de
inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Si no se probara al menos
uno de los delitos imputados por la fiscalía, habría que indemnizar a los
encausados cuando el asunto llegue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
A mi modo de ver, en la
construcción del relato van ganando las defensas, si bien está por ver que eso
beneficia a sus representados. Las acusaciones han aportado numerosos indicios
pero pocas pruebas, si es que alguna consistente. Hubo malversación, es
indudable; pero no parece haber modo se saber quién la cometió. Más nebuloso es
si hubo sedición, y aún más rebelión. Para que haya rebelión debe haber
violencia organizada por los acusados. Creo demasiado débil el argumento de que
la violencia policial del 1-O fue organizada por los acusados, y más débil
todavía el de que los Jordis incurrieron en violencia por subirse a unos coches
policiales que ya estaban destrozados. Que una secretaria judicial tuviera que
escapar por los tejados no es gran cosa cuando se recuerda que todo el Govern
tuvo que escapar en helicóptero durante el asedio popular al Parlament en 2012.
La rauxa catalana es así, qué se le
va a hacer. Algo un poco más consistente es el testimonio de los cuerpos de
seguridad estatales, en el sentido de que los Mossos, de arriba abajo, fueron
un peso muerto en el cumplimiento de los mandamientos judiciales y, según uno
de tales testimonios, en algún caso se opusieron físicamente a dicho
cumplimiento. A menos que las acusaciones se saquen algo de la chistera, dudo
que la Sala tenga estas evidencias por concluyentes.
En cuanto al delito de
sedición, las acusaciones han intentado mostrar que los acusados tenían planes,
con distinto grado de concreción, para construir un Estado catalán. Pero, como
se ha dicho, uno no construye un Estado con el contenido de un pendrive.
Así las cosas, planea
sobre el juicio el relato que van construyendo las defensas. No hubo rebelión,
sino acaso actos esporádicos de violencia (incontrolable) de masas yuxtapuestos
a una actuación policial indiscriminada. Tampoco hubo sedición. Lo que hubo,
según este relato, fue una inmensa provocación orquestada por el nacionalismo
catalán para poner en ridículo a España y mostrar así al mundo, por vía de una
performance colectiva, los motivos de su deseo de independencia. Y de rebote, negociar con el Estado.
Jugada maestra.
Si este relato se impone habremos
tenido, en efecto, el juicio político que el independentismo prometió. Sería muy
ilustrativo de los cambios traídos por este siglo. En el pasado, juicio político
era aquel en que el acusado se convertía gallardamente en acusador. Esto es distinto.
Aquí el acusado mantiene un perfil bajo mientras el aparato mediático, transmitiendo
el mensaje, se convierte en parte del mismo.
¿En qué falla este
relato? A partir de las elecciones autonómicas de 2015, el independentismo
perdió todo interés en negociar nada que no fuera el reconocimiento del derecho
de autodeterminación, rechazado por la Constitución. El testimonio del
lehendakari Urkullu ha sido crucial para desmontar la coartada de la negociación.
Uno no ridiculiza a aquel con quien
quiere llegar a un acuerdo. El objetivo era la independencia, con acuerdo o
sin acuerdo. Les faltó el reconocimiento internacional, con el que contaban. Y
les faltó, sobre todo, cuando se demostró, por vía de manifestaciones también multitudinarias,
que la sociedad catalana está profundamente dividida. La secesión de Cataluña
habría supuesto una brutal disrupción del Estado español. Y eso nos lleva a que
quizá la estrategia de las acusaciones ha consistido, por ahora, en llevar el
proceso a ese punto en que desobediencia y sedición están en el fiel de la
balanza. A la espera de que, por su propio peso, se desprenda la sedición como
cargo probado en las conclusiones
definitivas.
Por su parte las
defensas, que todavía no han mostrado todas sus cartas, parecen convencidas de
que solo se podrá probar la desobediencia. Y que porfiar sin pruebas por la
existencia una conspiración entre los desobedientes (eso es la sedición) solo
llevará a las acusaciones a quedarse sin caso. Crucial, en esta perspectiva,
fue el testimonio del mayor Trapero (convocado por la acusación particular,
nada menos) y otros cargos de la policía autonómica, quienes declarando que los
Mossos advirtieron al Govern que podría haber violencia, han roto todo vínculo
entre los políticos y los cuerpos armados, lo que desactiva el cargo de rebelión.
Veremos qué testimonios ayudan a las defensas a desactivar el de sedición.
Ahora bien, que están
convencidas de poder desactivar la sedición, lo que obligaría quizá a las
acusaciones públicas a rearmar el caso como un simple delito de odio, ayudaría
a entender la declaración de Oriol Junqueras, principal acusado, el primer día,
orientada a mostrar que él nunca ha odiado, porque es «una buena persona».
No hay comentarios:
Publicar un comentario