El juicio, visto para sentencia

La virtud de los juicios es que, si son imparciales, la verdad termina por resplandecer. Este lo ha sido. Sabemos que los partidarios de los acusados lo tildarán de juicio-farsa, pero no habrá que tenerlo mucho en cuenta: para ellos será una farsa todo proceso en que no se dé la razón de inmediato a sus dirigentes. Forma parte de su ideario saberse en posesión de la verdad, y no iba a ser distinto en este trascendental asunto. Los independentistas pueden querer destruir el Estado constitucional, pero siempre será en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales. No faltaba más, amén.

El proceso penal que ahora concluye, a falta del fallo del tribunal, ha mostrado con claridad que los acusados llevaron a cabo un golpe de Estado. Como ha recordado una de las defensas, ‘golpe de Estado’ no es un delito tipificado en el Código Penal. Se trata, por tanto, de una calificación política. El entorno de los acusados se ha molestado particularmente porque los equipara a Tejero, Milans del Bosch y Armada. Aparte de ser ambos atentados manifiestos contra la Constitución Española de 1978, hay un hilo conductor entre ambas intentonas golpistas, por más que sus ideologías respectivas diverjan como de la noche al día. Visto en retrospectiva, el golpe del 23-F de 1981 se hizo para impedir la consolidación de un Estado de las Autonomías al que los autores de aquel veían propicio a favorecer golpes separatistas como el de septiembre-octubre de 2017. Desgraciadamente, la deslealtad de los independentistas a las leyes y al Estado cuyo ordenamiento jurídico habían jurado defender ha dado, a los ojos de millones de españoles (para empezar, los votantes de Vox), la razón a los golpistas de hace casi cuarenta años. Pueden estar orgullosos los de ahora, que gracias a sus desvelos el Estado autonómico (con la exigencia de los partidos de la derecha de aplicar un artículo 155 permanente) está hoy más en cuestión que nunca.

Pero una cosa es la calificación política y otra la jurídica de los hechos. En la primera entrada de este blog dedicada al juicio, señalé mi convicción de que tipificar los hechos como delito de rebelión exigía —a mi modesto entender, pues no soy jurista— demostrar un nexo conspirativo entre el Govern y los mandos de los Mossos d’Esquadra, o al menos la existencia de órdenes que condicionaran el comportamiento de estos. Seguí con particular atención las testificales de los mandos policiales, y en opinión nada de eso se ha demostrado. Creo que los golpistas renunciaron a un instrumento que los habría podido incriminar como rebeldes y siempre confiaron en que la actuación multitudinaria, oportunamente manipulada por las entitats ANC y Òmnium, arrastrara a la policía autonómica en un esquema insurreccional clásico del leninismo. Eso es lo que ocurrió el 1-O: los Mossos, atrapados entre un clamor popular que les pedía solidaridad y la certeza de que el Govern era responsable de que la gente saliera a la calle, adecuaron sus rules of engagement a una doctrina ad hoc para la ocasión, según la cual se trataba de minimizar el sufrimiento de la población a la hora de hacer cumplir los mandamientos judiciales. Eso no es lo mismo que alzarse contra el orden constitucional.

Para mí, la sedición está clara. Si esto no es sedición, ¿qué lo puede ser? Pero quienes construyen el delito de rebelión como no necesitado de armas a partir del artículo 473.2 del Código Penal, creo que incurren en un problema de compresión lectora. Ahí no se dice, ni explícita ni implícitamente, que la rebelión pueda hacerse sin armas; lo que la fiscalía denominó, en un claro exceso retórico, rebelión posmoderna. La existencia de armas en apoyo de la rebelión se da por supuesta. Lo que el mencionado precepto indica es que si además de tenerlas dispuestas, los rebeldes esgrimen armas, el gesto será considerado agravante. No se ha demostrado que las esgrimieran, y tampoco que las tuvieran ocultas y preparadas.

Cómo va el juicio 3

Al terminar la quinta semana del macro proceso contra dirigentes independentistas por los sucesos ocurridos entre el 6-7 de septiembre y el 27 de octubre de 2017, las estrategias de las acusaciones y las defensas empiezan a estar claras.

Las acusaciones actúan en un triple frente: rebelión, sedición y malversación. Cualquiera de las tres es buena al objeto de justificar pragmáticamente la prisión preventiva, que no es lo mismo que justificarla formalmente. Formalmente solo la justifican las causas tasadas en la ley; pragmáticamente, cualquier condena superior al tiempo que hayan permanecido previamente en la cárcel. Las defensas, por su parte, han admitido implícitamente el cargo de desobediencia, delito por el que solo se sigue la pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Si no se probara al menos uno de los delitos imputados por la fiscalía, habría que indemnizar a los encausados cuando el asunto llegue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A mi modo de ver, en la construcción del relato van ganando las defensas, si bien está por ver que eso beneficia a sus representados. Las acusaciones han aportado numerosos indicios pero pocas pruebas, si es que alguna consistente. Hubo malversación, es indudable; pero no parece haber modo se saber quién la cometió. Más nebuloso es si hubo sedición, y aún más rebelión. Para que haya rebelión debe haber violencia organizada por los acusados. Creo demasiado débil el argumento de que la violencia policial del 1-O fue organizada por los acusados, y más débil todavía el de que los Jordis incurrieron en violencia por subirse a unos coches policiales que ya estaban destrozados. Que una secretaria judicial tuviera que escapar por los tejados no es gran cosa cuando se recuerda que todo el Govern tuvo que escapar en helicóptero durante el asedio popular al Parlament en 2012. La rauxa catalana es así, qué se le va a hacer. Algo un poco más consistente es el testimonio de los cuerpos de seguridad estatales, en el sentido de que los Mossos, de arriba abajo, fueron un peso muerto en el cumplimiento de los mandamientos judiciales y, según uno de tales testimonios, en algún caso se opusieron físicamente a dicho cumplimiento. A menos que las acusaciones se saquen algo de la chistera, dudo que la Sala tenga estas evidencias por concluyentes.

En cuanto al delito de sedición, las acusaciones han intentado mostrar que los acusados tenían planes, con distinto grado de concreción, para construir un Estado catalán. Pero, como se ha dicho, uno no construye un Estado con el contenido de un pendrive.

Así las cosas, planea sobre el juicio el relato que van construyendo las defensas. No hubo rebelión, sino acaso actos esporádicos de violencia (incontrolable) de masas yuxtapuestos a una actuación policial indiscriminada. Tampoco hubo sedición. Lo que hubo, según este relato, fue una inmensa provocación orquestada por el nacionalismo catalán para poner en ridículo a España y mostrar así al mundo, por vía de una performance colectiva, los motivos de su deseo de independencia. Y de rebote, negociar con el Estado. Jugada maestra.

Si este relato se impone habremos tenido, en efecto, el juicio político que el independentismo prometió. Sería muy ilustrativo de los cambios traídos por este siglo. En el pasado, juicio político era aquel en que el acusado se convertía gallardamente en acusador. Esto es distinto. Aquí el acusado mantiene un perfil bajo mientras el aparato mediático, transmitiendo el mensaje, se convierte en parte del mismo.

¿En qué falla este relato? A partir de las elecciones autonómicas de 2015, el independentismo perdió todo interés en negociar nada que no fuera el reconocimiento del derecho de autodeterminación, rechazado por la Constitución. El testimonio del lehendakari Urkullu ha sido crucial para desmontar la coartada de la negociación. Uno no ridiculiza a aquel con quien quiere llegar a un acuerdo. El objetivo era la independencia, con acuerdo o sin acuerdo. Les faltó el reconocimiento internacional, con el que contaban. Y les faltó, sobre todo, cuando se demostró, por vía de manifestaciones también multitudinarias, que la sociedad catalana está profundamente dividida. La secesión de Cataluña habría supuesto una brutal disrupción del Estado español. Y eso nos lleva a que quizá la estrategia de las acusaciones ha consistido, por ahora, en llevar el proceso a ese punto en que desobediencia y sedición están en el fiel de la balanza. A la espera de que, por su propio peso, se desprenda la sedición como cargo probado en las conclusiones definitivas.

Por su parte las defensas, que todavía no han mostrado todas sus cartas, parecen convencidas de que solo se podrá probar la desobediencia. Y que porfiar sin pruebas por la existencia una conspiración entre los desobedientes (eso es la sedición) solo llevará a las acusaciones a quedarse sin caso. Crucial, en esta perspectiva, fue el testimonio del mayor Trapero (convocado por la acusación particular, nada menos) y otros cargos de la policía autonómica, quienes declarando que los Mossos advirtieron al Govern que podría haber violencia, han roto todo vínculo entre los políticos y los cuerpos armados, lo que desactiva el cargo de rebelión. Veremos qué testimonios ayudan a las defensas a desactivar el de sedición.

Ahora bien, que están convencidas de poder desactivar la sedición, lo que obligaría quizá a las acusaciones públicas a rearmar el caso como un simple delito de odio, ayudaría a entender la declaración de Oriol Junqueras, principal acusado, el primer día, orientada a mostrar que él nunca ha odiado, porque es «una buena persona».

Los diecisiete cupos del Partido Popular

Advierto de antemano que no pretendo un análisis técnico de lo que puede significar, análisis inútil antes de conocer los pormenores del plan. Tan solo intentaré dar respuesta a algunos de los interrogantes que suscita la propuesta. También conviene advertir que los nacionalistas catalanes rechazaron el cupo cuando se les ofreció, como a los vascos, que sí lo aceptaron, en el momento de redactarse los primeros Estatutos de Autonomía. Han cambiado de opinión, que sea para bien. Rectificar es de sabios.

No hay que olvidar que la propuesta del PP se hace en precampaña electoral.

Veamos los antecedentes. En 2012, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, ante el fracaso de los recortes fiscales emprendidos por su gobierno, quiso negociar con Rajoy la aplicación a Cataluña del sistema de cupo. La diferencia entre este y el llamado sistema de ‘régimen común’ estriba en que en el cupo los impuestos los recauda el gobierno autonómico y, tras entregar al gobierno central el cupo acordado, conserva el resto de la recaudación para disponer de ella como le convenga, con arreglo a las leyes; mientras que en el régimen común recauda el Estado y redistribuye entre Comunidades. En 2012, el PP consideró oportuno ignorar la petición del Govern, y la respuesta fue el procés. Ahora el PP cree que conviene ceder, y la forma de hacerlo —en previsión de que las demás Comunidades digan culo veo, culo quiero— es extender el sistema de cupo a todas.

Una primera duda. ¿No se está dando mucha prisa el PP? ¿Acaso no convendría examinar despacio las razones del nacionalismo catalán para rechazar el sistema de cupo en la Transición? Quizá algunas de esas razones continúan siendo válidas, si no para Cataluña, quizá sí para otras Comunidades Autónomas. La propuesta parece precipitada y con cierto tufillo electoralista.

Otra cuestión importante es que la generalización del sistema de cupo liquida la corresponsabilidad fiscal entre el Estado y las Comunidades Autónomas: aquí puede estar el motivo de fondo para el rechazo catalán en un primer momento. Lo que ocurre es que desde entonces gran parte de ellos se han convencido de su incuestionable superioridad y capacidad de salir adelante sin ayuda del resto. Bueno, habría que verlo. Lo que es indiscutible es que otras Comunidades no están en la misma situación. La propuesta las dejaría, literalmente, con el culo al aire.

La tercera cuestión es si la generalización del sistema de cupo haría lo bastante felices a los independentistas para cejar en su repetido desafío al Estado. Sin duda, lo habría sido en 2012, pero ¿en 2019? Artur Mas nos dice por activa y por pasiva que sí. Yo lo dudo mucho. El Estado de las Autonomías ha sido descrito como federalismo asimétrico. Generalizar el sistema de cupo lo transformaría en un confederalismo neto. Fíjense en Suiza: el sistema de cupo funciona entre cantones, pero hay algo más. Si un suizo francófono pretende en Zúrich que el empleado del banco le hable en francés, se le dirá: «Oiga, está usted en la zona alemana. Hable usted alemán». Y a la inversa en Ginebra.

Y quizá uno se pregunte: si eso es así, ¿por qué no ha ocurrido lo mismo en el País Vasco, que está en el lado confederal de la asimetría? Por una razón muy sencilla. El euskera es una lengua tan endemoniadamente distinta a todas las conocidas, y tan inútil para moverse por el mundo, que los gobernantes vascos, con buen criterio, han decidido mantenerla de adorno. Pero con el catalán la cosa es distinta. Los nacionalistas catalanes creen (y lo creen cada día más) que el catalán es una lengua superior al castellano, y lo bastante próxima a esta como para que los hablantes de aquella se plieguen a aprenderla si quieren hacer negocios en Cataluña. Y por esa vía, sueñan con extender su uso por todo el mundo hispano. ¿Y por qué no, si consiguen convencer al mundo de que Colón, Miguel Ángel y Cervantes eran catalanes, y esas glorias, como muchas otras, les habrían sido arrebatadas en un expolio de siglos que haría de Catalunya, con excepción de los judíos, la nación peor tratada de la Historia?

Como va el juicio 2

A despecho de quienes porfían por convencernos de que no había plan alguno de los líderes independentistas para el 1-O y que todo fue un show procesista cuya repercusión se vio multiplicada por la torpeza del Estado, las declaraciones de los testigos empiezan a arrojar una luz muy distinta sobre los hechos. Tras las huecas declaraciones de los altos representantes del Gobierno, las de los mandos policiales (Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra) muestran imágenes bastante claras.

Claro que había un plan de la Generalitat. Basculaba sobre a) la noción de que la acción para ejecutar el mandamiento judicial de impedir el referéndum correspondía principalmente a los Mossos, en tanto que GC y PN debían actuar como fuerzas auxiliares de aquellos cuando se les demandara, y b) el dispositivo policial organizado por los Mossos en torno a una pareja de agentes (‘binomio’) por colegio y cuya función era actuar de ‘mediadores’ con los CDR (entonces Comités de Defensa del Referéndum, ahora de Defensa de la República catalana) para convencerlos de que permitieran al cerrar los colegios e incautar el material de votación por las buenas. Donde no había representantes de los CDR, los Mossos pudieron cerrar el colegio sin dificultad a primera hora (sin efectos sobre la votación porque los votantes eran informados en el acto de que podían acudir a cualquier otro colegio al haberse declarado el censo universal). Donde había CDR los Mossos en general se limitaron a esperar el final de la votación para proceder al cierre, es de suponer que levantada acta por la mesa y cuando la actuación policial era irrelevante: así se engrosaba la lista de colegios cerrados sin fricción alguna con la ciudadanía. En ningún caso estaba previsto recurrir a los antidisturbios de los Mossos (BRIMO). Tampoco consta que los Mossos recabaran el auxilio de GC y PN en ningún caso, incumpliendo así los acuerdos de coordinación entre los tres cuerpos adoptados bajo la supervisión del ministerio del Interior representado por el coronel Pérez de los Cobos.

El comisario Castellví, jefe de Información de los Mossos, ha señalado el momento en que representantes del Govern le informaron a él y a otros jefes del Cuerpo de la decisión de incumplir el mandato judicial y de llevar a efecto el referéndum. Fue en una reunión el día 28 a la que asistieron Puigdemont, Junqueras y Forn, además de Trapero. La desobediencia es palmaria. Ahí Puigdemont fue el más beligerante; Junqueras lo sería incluso más al día siguiente, el 29 en el mitin de cierre de campaña, cuando llamó fervientemente a votar “por el futuro, por nosotros y por nuestros hijos”. La declaración de Castellví convierte a Puigdemont y Junqueras en reos de sedición, porque lo que separa la mera desobediencia de la sedición es que la primera es individual mientras la segunda comporta incitar a otros a desobedecer (“quienes… se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, etc“, art. 544 CP). Forn puede que escape y puede que no: según la misma declaración guardó silencio durante la reunión. Será clave la apreciación por el Tribunal de solidaridad entre los miembros del Govern, la presidenta del Parlament y los líderes de las entitats ANC y Omnium. No pinta bien para ninguno.

En la apreciación o no de rebelión será crucial, creo, dilucidar cuáles eran las instrucciones de la BRIMO para ese día, y quién las dio. Sabemos que se decidió no usarla para el cierre de colegios, pero ¿tenía otras órdenes? Es improbable que enviaran a los antidisturbios a casa. Lo de que estaban para vigilar un partido Barça-Las Palmas, pretendidamente de alto riesgo pero celebrado a puerta cerrada por decisión del club anfitrión en protesta de la actuación policial, no puede creérselo nadie.

Cómo va el juicio 1

En la primera semana, ya han surgido voces —interesadas, siempre son voces interesadas— que piden la absolución en vista de que «las acusaciones flojean». No saben mucho de juicios, es evidente. Lo que hemos visto es la declaración de los acusados, y nadie espera que acusados inteligentes den a la acusación pruebas de la comisión por ellos de ningún delito. Es un trámite, y hay que dar cierto margen a que en un proceso de esta complejidad ese trámite se haya preparado menos concienzudamente que otros.

Con todo, las declaraciones de dos testigos, las de Forn y Vila, se apartan del resto en aspectos importantes que conviene reseñar. Antes, sin embargo, hay que hablar de lo que se perfila como estrategia de la acusación, frente a la que aquellas declaraciones —sobre todo la del primero— constituyen una clara reacción.

El quid del juicio radica, como se sabe, en el cargo de rebelión. A este respecto, las famosas «murallas humanas» no constituyen evidencia suficiente, como la mayoría de los comentaristas ha colegido; parece una pantalla para un fundamento distinto y más preocupante para los acusados: el papel de los Mossos d’Esquadra, de los que todavía no se ha hecho mención en la vista. A los Mossos ni se los vio el 20 de septiembre o el 1 de octubre, ni se los esperaba. Nadie contó con ellos. Los ‘piolines’ tuvieron que vérselas con la crisis de orden público solos. Existe la fundada sospecha de que alguien ordenó a los Mossos mantenerse al margen y no asistir a la Policía Nacional y la Guardia Civil en sus esfuerzos por contener los tumultos causados por el cerco a la Conselleria de Hacienda y para defender las urnas. Siendo los Mossos un instituto armado esa orden de resistencia pasiva a la autoridad judicial constituiría un supuesto de rebelión por quien la diera.

Aquí es donde se enmarca la estrategia de la defensa de Joaquim Forn, conseller de Interior en las fechas de autos. Su declaración ha sido calificada como la «más técnica», o la menos política de todas. Echa balones fuera: desde el momento en que el Tribunal Constitucional prohibió la celebración del referéndum, él cesó en toda preparación del mismo. Es de esperar que la fiscalía no tenga pruebas de lo contrario, porque si las tiene su credibilidad quedará destruida. Teóricamente, la orden la dio otro; en primera instancia, un subordinado suyo saltándose la cadena de mando. El mayor Trapero es el máximo candidato a cargar con esta responsabilidad. Esperemos a ver qué declara cuando se lo llame como testigo, aunque es improbable que él mismo aporte la prueba de cargo, porque sería ponerse la soga al cuello en el juicio que lo aguarda tras la conclusión de este. Tendrán que ser subordinados suyos, en segundo y tercer escalones de la jerarquía policial, quienes aporten evidencia concluyente. Es de suponer que la fiscalía habrá atado bien los cabos. Pero entendamos lo que significa ‘atar bien los cabos’: los testimonios deben apuntar directamente a Trapero, y este tendrá que admitirlos o negarlos. Si todo está como debe, Trapero estará ante dos opciones: o apuntar a la persona del Govern que, puenteando a Forn, dio a Trapero la orden neutralizar a los Mossos, o comerse el delito de rebelión él solo. Los dos candidatos a haber dado esa orden son Puigdemont y Junqueras. De ahí que la pena máxima se solicite para este último.

A esto se reduce, en mi modesta opinión, el juicio por lo que a la acusación de rebelión se refiere. En cuanto a la sedición, se desprenderá como una evidencia para todos los ringleaders —es decir, los participantes en el diseño de la ‘hoja de ruta’— con tal de que uno solo sea condenado por rebelión. Es significativo, desde este punto de vista, que Santi Vila, que no formaba parte de Junts-pel-Si, por tanto tampoco intervino en dicho diseño. Se perfila de este modo como la coartada (involuntaria por lo que le atañe) de los supuestos sediciosos para engañar al gobierno de España sobre sus verdaderos propósitos. Hoy por hoy, es el único candidato a la absolución.

Abandonar el centro siempre es un error en política

Cuatro hechos enmarcan la semana y nos dan la clave de lo que han de ser las elecciones del 28-A y de su importancia, muy relativa. Y me explico: desde el domingo 10 de febrero, España ha quedado oficialmente dividida en bloques irreconciliables. (‘Irreconciliables’ quiere decir que Ciudadanos va tenerlo difícil —no imposible— para pactar con el PSOE, y viceversa). De un lado tenemos el bloque de derechas Cs-PP-Vox y del otro, el de izquierdas PSOE-UP, con los nacionalistas vascos y catalanes a verlas venir y actuando como les convenga en cada caso. Esto de los bloques es el sucedáneo que se ha improvisado en sustitución del viejo bipartidismo, que se vino abajo en 2015. Ahora ya no se trata de conseguir mayoría absoluta para un partido sino para un bloque. La forma de atraer votos es agitar el espantajo de 1936. Que nadie se asuste, porque la cosa no trae la guerra civil debajo del brazo. El ‘sistema’ sí viene con ‘prueba del algodón’: se trata de conseguir mayoría absoluta para uno de los bloques, no mayoría relativa que solo pueda formar gobierno con el apoyo de los independentistas. Esto se ha visto que no funciona, y menos mientras continúe el juicio de los golpistas. Si el sistema falla, la única salida será volver al acuerdo PSOE-Cs. De momento, gana el bloque Cs-PP-Vox en las apuestas.

Estoy convencido que el sistema no funcionará. En ninguna de las elecciones celebradas hasta ahora en España bajo el actual paraguas constitucional ha estado el voto tan decidido de antemano como en estas. Sospecho que el perímetro electoral de los bloques es más o menos el de las elecciones de 2016. Puede haber trasvases dentro de los bloques, que representan tan solo diferencias de énfasis ante la cuestión catalana, pero dudo mucho que haya corrimientos tectónicos entre bloques. (El error de creer que puede haberlos proviene de leer las elecciones andaluzas en clave de la crisis actual, cuando su marco de referencia son treinta años). La excepción sería el paso de algunos votos de Cs al PSOE y, quizá, el de algunos demasiado transversales de Podemos a Vox; en todo caso, no creo que sean muchos. Al final, el reparto de escaños no diferirá excesivamente del actual. Estaremos en las mismas. Todavía no se ha producido esa gran catarsis que hará ver al grueso de la ciudadanía que no hay nada que negociar con los independentistas pero tampoco se puede machacar a los ciudadanos que se decantan por esa opción ideológica, como lo sería privarlos de autogobierno con un ‘155 permanente’ o cosas parecidas. De lo que se trata es de purgar de comportamientos tóxicos —como el golpismo permanente— las instituciones.

Voy a los cuatro hechos: el No separatista a los presupuestos, el comienzo del juicio a los golpistas, la gran manifestación independentista del sábado 16 de febrero y las bofetadas (dos) del Parlamento Europeo al independentismo catalán y sus amigos. Excuso comentarlos en detalle, porque ya lo ha hecho mucha gente. Lo que haré es glosar las tendencias de futuro que esos hechos perfilan. La primera es que incluso si queda como partido más votado, el PSOE lo tendrá muy difícil para gobernar con los votos separatistas; está claro, ¿verdad? Sánchez no debe perder tiempo en eso y debería concentrarse en lo que sí puede hacer y con quién: entenderse con Cs —ya lo hicieron ambos una vez— y mandar los bloques al carajo.

La segunda tendencia es menos clara, pero no puede ocultársele a ningún observador atento de la realidad política de nuestro país. La represión del golpismo separatista se ha judicializado y así debe continuar hasta el final: no es bueno cambiar de caballo durante la carrera. Nunca reconoceremos lo suficiente la labor realizada por la Justicia durante esta primera crisis constitucional. Y la cosa no terminará con las sentencias del Supremo. Si los que tienen que ir una larga temporada a la cárcel reciben su merecido, a continuación vendrá el castigo de tanto alto cargo, electivo o de libre designación, que se haya destacado en el apoyo al golpe de Estado catalán de septiembre-octubre de 2017. Ojo, que yo no pido el castigo: vendrá de suyo por la acción de las ruedas dentadas de la Justicia. Esta represión de ámbito menor no terminará en penas de prisión salvo excepciones, pero sí en condenas de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Lo que hace falta para sacar a unos cuantos cientos o incluso miles de golpistas de las instituciones.

Y atención, esto es clave. Los separatistas cuentan con que la acción de la Justicia española traiga vergüenza internacional, incluso alguna condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a nuestro país. Lo veo dudoso. El TEDH podrá condenar a España por cuestiones de detalle en la instrucción del macrojuicio, pero no sacará a los golpistas de la cárcel. Es al revés. Barrunto que la acción de la Justicia española quedará como ejemplar, lo mismo que ocurrió con nuestra transición democrática. No en vano, el problema que tiene España lo tienen otros países europeos, que están pendientes de la solución que se le dé. Y dicha solución no será otra que encontrar un equilibrio entre orden legal y derechos civiles, roto por los gobiernos de la Generalitat desde 2012, y que proscriba toda concepción totalitaria de la democracia.

Manifestación anticlimática

Sé que cometo una incorrección en español al utilizar el término ‘anticlimática’ con su sentido anglosajón, pero no encuentro modo de expresarlo igual de brevemente en castellano. Lo que quiero decir es que las derechas habrían querido que la manifestación en la plaza de Colón del 10 de febrero fuera un clímax en su esfuerzo combinado por desalojar al PSOE del Gobierno, y el resultado no ha sido el esperado. El titular alternativo era Gatillazo de la derecha, pero me parecía demasiado ordinario.

Convocaron para defender la unidad de España y pongamos que juntaron a 200.000 personas; eso viene a ser la décima parte de lo logrado por los independentistas en Cataluña, varias veces. Aparentemente, una derrota de España. No lo es en absoluto. Más bien es lo contrario. Allí no estaba España defendiendo su unidad y nadie lo interpreta así, ni siquiera los independentistas. Lo que hubo es un acto preelectoral de tres partidos de derechas que trataban de capitalizar, barriendo cada uno para casa, lo que entendían era un momento de debilidad extrema del gobierno Sánchez. La política tiene estas cosas: el momento de aparente debilidad esconde una fuerza de reserva inesperada.

Todo el mundo da por hecho que Sánchez se equivocó al proponer la figura del relator en sus conversaciones con los independentistas. Incluso él lo creyó, y por eso dio marcha atrás precipitadamente. Es al contrario; el relator transpiraba una sincera voluntad de diálogo (quizá demasiado sincera) y los independentistas han respondido con un chantaje: o aceptas mis condiciones o te saco del Congreso. Esto contribuirá a abrir los ojos de Europa porque el diálogo no se lleva con tanta rudeza y porque esos presupuestos los ha aprobado Europa, y lo que esta quiere es que la senda de déficit se mantenga, y finalmente porque el gesto de los independentistas llega a renglón seguido de la advertencia de Puigdemont de que no olvidarán la inacción comunitaria frente al muy fundamental problema de derechos humanos en Cataluña. Como a los serbios antes de la Primera Guerra Mundial, solo les interesan sus propios problemas.

La manifestación para castigar el tremendo error de Sánchez no ha encontrado acogida en la sociedad española; faltaría más que la extrema derecha no lograra reunir a 200.000 personas en Madrid. Logró reunir más en las manifestaciones Pro Vida y contra la interpretación oficial del 11M. Pero la sociedad española no se ha dejado manipular por los voceros oficiales del ser de España. En eso, ha sacado ventaja a la sociedad catalana, donde los voceros oficiales del ser de Cataluña continúan arrastrando a dos millones. Y resulta que España es la fascista, con su denostado régimen del 78 a cuestas. A ver si va a ser al revés. España es una nación plural, diversa y democrática, de donde no se expulsa a nadie por no comulgar con ruedas de molino. Y eso también lo está viendo Europa.

Ahora, a los independentistas les queda la crucial decisión de votar contra los presupuestos con la derecha, y terminar así de quitarse la careta, o pasar por las horcas caudinas que Sánchez ha tenido tanta habilidad (y tanta suerte) en prepararles. Y en cuanto a las derechas, solo les queda la victoria pírrica de ver cómo Sánchez convoca elecciones para ganarlas. Otra cosa es que pueda formar gobierno, pero eso tampoco lo tendrá muy difícil. Veremos a Ciudadanos apurarse en colaborar con los socialistas, revitalizando viejos pactos, y sobre todo para lavar la imagen de sus líderes fotografiándose con los de Vox.