Los diecisiete cupos del Partido Popular

Advierto de antemano que no pretendo un análisis técnico de lo que puede significar, análisis inútil antes de conocer los pormenores del plan. Tan solo intentaré dar respuesta a algunos de los interrogantes que suscita la propuesta. También conviene advertir que los nacionalistas catalanes rechazaron el cupo cuando se les ofreció, como a los vascos, que sí lo aceptaron, en el momento de redactarse los primeros Estatutos de Autonomía. Han cambiado de opinión, que sea para bien. Rectificar es de sabios.

No hay que olvidar que la propuesta del PP se hace en precampaña electoral.

Veamos los antecedentes. En 2012, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, ante el fracaso de los recortes fiscales emprendidos por su gobierno, quiso negociar con Rajoy la aplicación a Cataluña del sistema de cupo. La diferencia entre este y el llamado sistema de ‘régimen común’ estriba en que en el cupo los impuestos los recauda el gobierno autonómico y, tras entregar al gobierno central el cupo acordado, conserva el resto de la recaudación para disponer de ella como le convenga, con arreglo a las leyes; mientras que en el régimen común recauda el Estado y redistribuye entre Comunidades. En 2012, el PP consideró oportuno ignorar la petición del Govern, y la respuesta fue el procés. Ahora el PP cree que conviene ceder, y la forma de hacerlo —en previsión de que las demás Comunidades digan culo veo, culo quiero— es extender el sistema de cupo a todas.

Una primera duda. ¿No se está dando mucha prisa el PP? ¿Acaso no convendría examinar despacio las razones del nacionalismo catalán para rechazar el sistema de cupo en la Transición? Quizá algunas de esas razones continúan siendo válidas, si no para Cataluña, quizá sí para otras Comunidades Autónomas. La propuesta parece precipitada y con cierto tufillo electoralista.

Otra cuestión importante es que la generalización del sistema de cupo liquida la corresponsabilidad fiscal entre el Estado y las Comunidades Autónomas: aquí puede estar el motivo de fondo para el rechazo catalán en un primer momento. Lo que ocurre es que desde entonces gran parte de ellos se han convencido de su incuestionable superioridad y capacidad de salir adelante sin ayuda del resto. Bueno, habría que verlo. Lo que es indiscutible es que otras Comunidades no están en la misma situación. La propuesta las dejaría, literalmente, con el culo al aire.

La tercera cuestión es si la generalización del sistema de cupo haría lo bastante felices a los independentistas para cejar en su repetido desafío al Estado. Sin duda, lo habría sido en 2012, pero ¿en 2019? Artur Mas nos dice por activa y por pasiva que sí. Yo lo dudo mucho. El Estado de las Autonomías ha sido descrito como federalismo asimétrico. Generalizar el sistema de cupo lo transformaría en un confederalismo neto. Fíjense en Suiza: el sistema de cupo funciona entre cantones, pero hay algo más. Si un suizo francófono pretende en Zúrich que el empleado del banco le hable en francés, se le dirá: «Oiga, está usted en la zona alemana. Hable usted alemán». Y a la inversa en Ginebra.

Y quizá uno se pregunte: si eso es así, ¿por qué no ha ocurrido lo mismo en el País Vasco, que está en el lado confederal de la asimetría? Por una razón muy sencilla. El euskera es una lengua tan endemoniadamente distinta a todas las conocidas, y tan inútil para moverse por el mundo, que los gobernantes vascos, con buen criterio, han decidido mantenerla de adorno. Pero con el catalán la cosa es distinta. Los nacionalistas catalanes creen (y lo creen cada día más) que el catalán es una lengua superior al castellano, y lo bastante próxima a esta como para que los hablantes de aquella se plieguen a aprenderla si quieren hacer negocios en Cataluña. Y por esa vía, sueñan con extender su uso por todo el mundo hispano. ¿Y por qué no, si consiguen convencer al mundo de que Colón, Miguel Ángel y Cervantes eran catalanes, y esas glorias, como muchas otras, les habrían sido arrebatadas en un expolio de siglos que haría de Catalunya, con excepción de los judíos, la nación peor tratada de la Historia?

Como va el juicio 2

A despecho de quienes porfían por convencernos de que no había plan alguno de los líderes independentistas para el 1-O y que todo fue un show procesista cuya repercusión se vio multiplicada por la torpeza del Estado, las declaraciones de los testigos empiezan a arrojar una luz muy distinta sobre los hechos. Tras las huecas declaraciones de los altos representantes del Gobierno, las de los mandos policiales (Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra) muestran imágenes bastante claras.

Claro que había un plan de la Generalitat. Basculaba sobre a) la noción de que la acción para ejecutar el mandamiento judicial de impedir el referéndum correspondía principalmente a los Mossos, en tanto que GC y PN debían actuar como fuerzas auxiliares de aquellos cuando se les demandara, y b) el dispositivo policial organizado por los Mossos en torno a una pareja de agentes (‘binomio’) por colegio y cuya función era actuar de ‘mediadores’ con los CDR (entonces Comités de Defensa del Referéndum, ahora de Defensa de la República catalana) para convencerlos de que permitieran al cerrar los colegios e incautar el material de votación por las buenas. Donde no había representantes de los CDR, los Mossos pudieron cerrar el colegio sin dificultad a primera hora (sin efectos sobre la votación porque los votantes eran informados en el acto de que podían acudir a cualquier otro colegio al haberse declarado el censo universal). Donde había CDR los Mossos en general se limitaron a esperar el final de la votación para proceder al cierre, es de suponer que levantada acta por la mesa y cuando la actuación policial era irrelevante: así se engrosaba la lista de colegios cerrados sin fricción alguna con la ciudadanía. En ningún caso estaba previsto recurrir a los antidisturbios de los Mossos (BRIMO). Tampoco consta que los Mossos recabaran el auxilio de GC y PN en ningún caso, incumpliendo así los acuerdos de coordinación entre los tres cuerpos adoptados bajo la supervisión del ministerio del Interior representado por el coronel Pérez de los Cobos.

El comisario Castellví, jefe de Información de los Mossos, ha señalado el momento en que representantes del Govern le informaron a él y a otros jefes del Cuerpo de la decisión de incumplir el mandato judicial y de llevar a efecto el referéndum. Fue en una reunión el día 28 a la que asistieron Puigdemont, Junqueras y Forn, además de Trapero. La desobediencia es palmaria. Ahí Puigdemont fue el más beligerante; Junqueras lo sería incluso más al día siguiente, el 29 en el mitin de cierre de campaña, cuando llamó fervientemente a votar “por el futuro, por nosotros y por nuestros hijos”. La declaración de Castellví convierte a Puigdemont y Junqueras en reos de sedición, porque lo que separa la mera desobediencia de la sedición es que la primera es individual mientras la segunda comporta incitar a otros a desobedecer (“quienes… se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, etc“, art. 544 CP). Forn puede que escape y puede que no: según la misma declaración guardó silencio durante la reunión. Será clave la apreciación por el Tribunal de solidaridad entre los miembros del Govern, la presidenta del Parlament y los líderes de las entitats ANC y Omnium. No pinta bien para ninguno.

En la apreciación o no de rebelión será crucial, creo, dilucidar cuáles eran las instrucciones de la BRIMO para ese día, y quién las dio. Sabemos que se decidió no usarla para el cierre de colegios, pero ¿tenía otras órdenes? Es improbable que enviaran a los antidisturbios a casa. Lo de que estaban para vigilar un partido Barça-Las Palmas, pretendidamente de alto riesgo pero celebrado a puerta cerrada por decisión del club anfitrión en protesta de la actuación policial, no puede creérselo nadie.

Cómo va el juicio 1

En la primera semana, ya han surgido voces —interesadas, siempre son voces interesadas— que piden la absolución en vista de que «las acusaciones flojean». No saben mucho de juicios, es evidente. Lo que hemos visto es la declaración de los acusados, y nadie espera que acusados inteligentes den a la acusación pruebas de la comisión por ellos de ningún delito. Es un trámite, y hay que dar cierto margen a que en un proceso de esta complejidad ese trámite se haya preparado menos concienzudamente que otros.

Con todo, las declaraciones de dos testigos, las de Forn y Vila, se apartan del resto en aspectos importantes que conviene reseñar. Antes, sin embargo, hay que hablar de lo que se perfila como estrategia de la acusación, frente a la que aquellas declaraciones —sobre todo la del primero— constituyen una clara reacción.

El quid del juicio radica, como se sabe, en el cargo de rebelión. A este respecto, las famosas «murallas humanas» no constituyen evidencia suficiente, como la mayoría de los comentaristas ha colegido; parece una pantalla para un fundamento distinto y más preocupante para los acusados: el papel de los Mossos d’Esquadra, de los que todavía no se ha hecho mención en la vista. A los Mossos ni se los vio el 20 de septiembre o el 1 de octubre, ni se los esperaba. Nadie contó con ellos. Los ‘piolines’ tuvieron que vérselas con la crisis de orden público solos. Existe la fundada sospecha de que alguien ordenó a los Mossos mantenerse al margen y no asistir a la Policía Nacional y la Guardia Civil en sus esfuerzos por contener los tumultos causados por el cerco a la Conselleria de Hacienda y para defender las urnas. Siendo los Mossos un instituto armado esa orden de resistencia pasiva a la autoridad judicial constituiría un supuesto de rebelión por quien la diera.

Aquí es donde se enmarca la estrategia de la defensa de Joaquim Forn, conseller de Interior en las fechas de autos. Su declaración ha sido calificada como la «más técnica», o la menos política de todas. Echa balones fuera: desde el momento en que el Tribunal Constitucional prohibió la celebración del referéndum, él cesó en toda preparación del mismo. Es de esperar que la fiscalía no tenga pruebas de lo contrario, porque si las tiene su credibilidad quedará destruida. Teóricamente, la orden la dio otro; en primera instancia, un subordinado suyo saltándose la cadena de mando. El mayor Trapero es el máximo candidato a cargar con esta responsabilidad. Esperemos a ver qué declara cuando se lo llame como testigo, aunque es improbable que él mismo aporte la prueba de cargo, porque sería ponerse la soga al cuello en el juicio que lo aguarda tras la conclusión de este. Tendrán que ser subordinados suyos, en segundo y tercer escalones de la jerarquía policial, quienes aporten evidencia concluyente. Es de suponer que la fiscalía habrá atado bien los cabos. Pero entendamos lo que significa ‘atar bien los cabos’: los testimonios deben apuntar directamente a Trapero, y este tendrá que admitirlos o negarlos. Si todo está como debe, Trapero estará ante dos opciones: o apuntar a la persona del Govern que, puenteando a Forn, dio a Trapero la orden neutralizar a los Mossos, o comerse el delito de rebelión él solo. Los dos candidatos a haber dado esa orden son Puigdemont y Junqueras. De ahí que la pena máxima se solicite para este último.

A esto se reduce, en mi modesta opinión, el juicio por lo que a la acusación de rebelión se refiere. En cuanto a la sedición, se desprenderá como una evidencia para todos los ringleaders —es decir, los participantes en el diseño de la ‘hoja de ruta’— con tal de que uno solo sea condenado por rebelión. Es significativo, desde este punto de vista, que Santi Vila, que no formaba parte de Junts-pel-Si, por tanto tampoco intervino en dicho diseño. Se perfila de este modo como la coartada (involuntaria por lo que le atañe) de los supuestos sediciosos para engañar al gobierno de España sobre sus verdaderos propósitos. Hoy por hoy, es el único candidato a la absolución.

Abandonar el centro siempre es un error en política

Cuatro hechos enmarcan la semana y nos dan la clave de lo que han de ser las elecciones del 28-A y de su importancia, muy relativa. Y me explico: desde el domingo 10 de febrero, España ha quedado oficialmente dividida en bloques irreconciliables. (‘Irreconciliables’ quiere decir que Ciudadanos va tenerlo difícil —no imposible— para pactar con el PSOE, y viceversa). De un lado tenemos el bloque de derechas Cs-PP-Vox y del otro, el de izquierdas PSOE-UP, con los nacionalistas vascos y catalanes a verlas venir y actuando como les convenga en cada caso. Esto de los bloques es el sucedáneo que se ha improvisado en sustitución del viejo bipartidismo, que se vino abajo en 2015. Ahora ya no se trata de conseguir mayoría absoluta para un partido sino para un bloque. La forma de atraer votos es agitar el espantajo de 1936. Que nadie se asuste, porque la cosa no trae la guerra civil debajo del brazo. El ‘sistema’ sí viene con ‘prueba del algodón’: se trata de conseguir mayoría absoluta para uno de los bloques, no mayoría relativa que solo pueda formar gobierno con el apoyo de los independentistas. Esto se ha visto que no funciona, y menos mientras continúe el juicio de los golpistas. Si el sistema falla, la única salida será volver al acuerdo PSOE-Cs. De momento, gana el bloque Cs-PP-Vox en las apuestas.

Estoy convencido que el sistema no funcionará. En ninguna de las elecciones celebradas hasta ahora en España bajo el actual paraguas constitucional ha estado el voto tan decidido de antemano como en estas. Sospecho que el perímetro electoral de los bloques es más o menos el de las elecciones de 2016. Puede haber trasvases dentro de los bloques, que representan tan solo diferencias de énfasis ante la cuestión catalana, pero dudo mucho que haya corrimientos tectónicos entre bloques. (El error de creer que puede haberlos proviene de leer las elecciones andaluzas en clave de la crisis actual, cuando su marco de referencia son treinta años). La excepción sería el paso de algunos votos de Cs al PSOE y, quizá, el de algunos demasiado transversales de Podemos a Vox; en todo caso, no creo que sean muchos. Al final, el reparto de escaños no diferirá excesivamente del actual. Estaremos en las mismas. Todavía no se ha producido esa gran catarsis que hará ver al grueso de la ciudadanía que no hay nada que negociar con los independentistas pero tampoco se puede machacar a los ciudadanos que se decantan por esa opción ideológica, como lo sería privarlos de autogobierno con un ‘155 permanente’ o cosas parecidas. De lo que se trata es de purgar de comportamientos tóxicos —como el golpismo permanente— las instituciones.

Voy a los cuatro hechos: el No separatista a los presupuestos, el comienzo del juicio a los golpistas, la gran manifestación independentista del sábado 16 de febrero y las bofetadas (dos) del Parlamento Europeo al independentismo catalán y sus amigos. Excuso comentarlos en detalle, porque ya lo ha hecho mucha gente. Lo que haré es glosar las tendencias de futuro que esos hechos perfilan. La primera es que incluso si queda como partido más votado, el PSOE lo tendrá muy difícil para gobernar con los votos separatistas; está claro, ¿verdad? Sánchez no debe perder tiempo en eso y debería concentrarse en lo que sí puede hacer y con quién: entenderse con Cs —ya lo hicieron ambos una vez— y mandar los bloques al carajo.

La segunda tendencia es menos clara, pero no puede ocultársele a ningún observador atento de la realidad política de nuestro país. La represión del golpismo separatista se ha judicializado y así debe continuar hasta el final: no es bueno cambiar de caballo durante la carrera. Nunca reconoceremos lo suficiente la labor realizada por la Justicia durante esta primera crisis constitucional. Y la cosa no terminará con las sentencias del Supremo. Si los que tienen que ir una larga temporada a la cárcel reciben su merecido, a continuación vendrá el castigo de tanto alto cargo, electivo o de libre designación, que se haya destacado en el apoyo al golpe de Estado catalán de septiembre-octubre de 2017. Ojo, que yo no pido el castigo: vendrá de suyo por la acción de las ruedas dentadas de la Justicia. Esta represión de ámbito menor no terminará en penas de prisión salvo excepciones, pero sí en condenas de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Lo que hace falta para sacar a unos cuantos cientos o incluso miles de golpistas de las instituciones.

Y atención, esto es clave. Los separatistas cuentan con que la acción de la Justicia española traiga vergüenza internacional, incluso alguna condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a nuestro país. Lo veo dudoso. El TEDH podrá condenar a España por cuestiones de detalle en la instrucción del macrojuicio, pero no sacará a los golpistas de la cárcel. Es al revés. Barrunto que la acción de la Justicia española quedará como ejemplar, lo mismo que ocurrió con nuestra transición democrática. No en vano, el problema que tiene España lo tienen otros países europeos, que están pendientes de la solución que se le dé. Y dicha solución no será otra que encontrar un equilibrio entre orden legal y derechos civiles, roto por los gobiernos de la Generalitat desde 2012, y que proscriba toda concepción totalitaria de la democracia.

Manifestación anticlimática

Sé que cometo una incorrección en español al utilizar el término ‘anticlimática’ con su sentido anglosajón, pero no encuentro modo de expresarlo igual de brevemente en castellano. Lo que quiero decir es que las derechas habrían querido que la manifestación en la plaza de Colón del 10 de febrero fuera un clímax en su esfuerzo combinado por desalojar al PSOE del Gobierno, y el resultado no ha sido el esperado. El titular alternativo era Gatillazo de la derecha, pero me parecía demasiado ordinario.

Convocaron para defender la unidad de España y pongamos que juntaron a 200.000 personas; eso viene a ser la décima parte de lo logrado por los independentistas en Cataluña, varias veces. Aparentemente, una derrota de España. No lo es en absoluto. Más bien es lo contrario. Allí no estaba España defendiendo su unidad y nadie lo interpreta así, ni siquiera los independentistas. Lo que hubo es un acto preelectoral de tres partidos de derechas que trataban de capitalizar, barriendo cada uno para casa, lo que entendían era un momento de debilidad extrema del gobierno Sánchez. La política tiene estas cosas: el momento de aparente debilidad esconde una fuerza de reserva inesperada.

Todo el mundo da por hecho que Sánchez se equivocó al proponer la figura del relator en sus conversaciones con los independentistas. Incluso él lo creyó, y por eso dio marcha atrás precipitadamente. Es al contrario; el relator transpiraba una sincera voluntad de diálogo (quizá demasiado sincera) y los independentistas han respondido con un chantaje: o aceptas mis condiciones o te saco del Congreso. Esto contribuirá a abrir los ojos de Europa porque el diálogo no se lleva con tanta rudeza y porque esos presupuestos los ha aprobado Europa, y lo que esta quiere es que la senda de déficit se mantenga, y finalmente porque el gesto de los independentistas llega a renglón seguido de la advertencia de Puigdemont de que no olvidarán la inacción comunitaria frente al muy fundamental problema de derechos humanos en Cataluña. Como a los serbios antes de la Primera Guerra Mundial, solo les interesan sus propios problemas.

La manifestación para castigar el tremendo error de Sánchez no ha encontrado acogida en la sociedad española; faltaría más que la extrema derecha no lograra reunir a 200.000 personas en Madrid. Logró reunir más en las manifestaciones Pro Vida y contra la interpretación oficial del 11M. Pero la sociedad española no se ha dejado manipular por los voceros oficiales del ser de España. En eso, ha sacado ventaja a la sociedad catalana, donde los voceros oficiales del ser de Cataluña continúan arrastrando a dos millones. Y resulta que España es la fascista, con su denostado régimen del 78 a cuestas. A ver si va a ser al revés. España es una nación plural, diversa y democrática, de donde no se expulsa a nadie por no comulgar con ruedas de molino. Y eso también lo está viendo Europa.

Ahora, a los independentistas les queda la crucial decisión de votar contra los presupuestos con la derecha, y terminar así de quitarse la careta, o pasar por las horcas caudinas que Sánchez ha tenido tanta habilidad (y tanta suerte) en prepararles. Y en cuanto a las derechas, solo les queda la victoria pírrica de ver cómo Sánchez convoca elecciones para ganarlas. Otra cosa es que pueda formar gobierno, pero eso tampoco lo tendrá muy difícil. Veremos a Ciudadanos apurarse en colaborar con los socialistas, revitalizando viejos pactos, y sobre todo para lavar la imagen de sus líderes fotografiándose con los de Vox.

Por qué Cataluña no será independiente

Mucho se debate sobre los méritos y deméritos de unionismo e independentismo en la región nororiental de España. Por mi parte, me limitaré a hablar de las posibilidades que tiene esa región de ser independiente en un horizonte temporal previsible. Adelanto mis conclusiones: ninguna.

Como el concepto que está en juego, el de soberanía, es eminentemente jurídico y la cuestión de los derechos en disputa siempre remite a los antecedentes del caso, examinemos los distintos que se puede esgrimir en apoyo de la reivindicación independentista. Tres son los contextos en que semejante reivindicación suele buscar antecedentes.

1) El empuje descolonizador de Naciones Unidas. Este contexto gusta mucho a los independentistas catalanes, pues les parece sustento de un así llamado “derecho de autodeterminación”, que supuestamente ampararía sus pretensiones. Vana ilusión, que únicamente muestra la falta de otro  apoyo legal, puesto que han de recurrir a tan endeble razón. La ONU no tiene reconocido el derecho a la autodeterminación de Cataluña, y previsiblemente no lo reconocerá. Los motivos son simples. Los explicaré porque, al parecer, aún no lo han entendido.

España ha demostrado sobradamente su ánimo descolonizador, en tres ocasiones a falta de una: cuando se determinó el final del protectorado del Norte de Marruecos (un poco más renuente se fue con Sidi Ifni, aunque se terminó cediendo, tras corta guerra, en cumplimiento de las resoluciones de la ONU), con Guinea Ecuatorial y con el Sahara occidental; cosa distinta es cómo se gestionó esa descolonización, bastante regular generalmente. Pero el caso es que todo territorio señalado por la ONU, España lo ha descolonizado. No se ha señalado a Cataluña, ni se señalará, por varias razones.
La primera es la contigüidad territorial, que apunta a la existencia de un país unido. La ONU ni siquiera considera al Ulster colonia británica, separada de la metrópoli por el Mar de Irlanda, como para considerar a Cataluña como tal. Pero hay más. El conflicto norirlandés se puede ver como ininterrumpido desde la independencia del Eire en 1922, hasta el punto de que la República de Irlanda fue amiga de la Alemania nazi por mor del odio al Reino Unido. Tal continuidad falta por completo en Cataluña, que para más señas nunca fue independiente. La reivindicación de independencia tendría que haber sido presentada cuando tocaba, con las demás colonias en las décadas de los cuarenta a los sesenta. Entonces los independentistas catalanes no dijeron nada, o si lo dijeron eran tan pocos que no se los escuchó. El plazo límite habrían sido los setenta, pero entonces Cataluña votaba masivamente la Constitución española. Ahora, de forma sobrevenida, resulta difícil evitar la impresión de que es un pasatiempo de moda entre élites esnob que no tienen nada mejor que hacer (de hecho, en el Govern, se niegan a gobernar) que enredar a capas más ignorantes de la población.

2) Las guerras de independencia de las ex colonias de Hispanoamérica (y Filipinas). A veces el soberanismo se plantea en este contexto. Las movilizaciones del llamado procés serían como una guerra de independencia librada por medios exclusivamente pacíficos. La cuestión no sería tanto de derechos como del coste que España pudiera soportar antes de desistir de su empeño imperial. Vayamos por partes.

España perdió la mayor parte de Hispanoamérica porque las colonias eran demasiado extensas (piénsese, desde Tejas a la Tierra de Fuego) y estaban demasiado lejos para defender la soberanía española. Cuando la revolución industrial mejoró las posibilidades de España en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, no se perdió la guerra por el desgaste sufrido sino por la intromisión de Estados Unidos. La derrota causó una crisis política de tal magnitud que ese habría sido un momento propicio para la independencia de Cataluña. Pero los catalanes (que por cierto lucharon como leones en Cuba) estaban entonces a otras cosas, concretamente, a ver dónde buscaban repuesto para los mercados que acaban de perder.

Ahora el independentismo catalán no puede esperar ayuda de una potencia extranjera, como recibieron Cuba, Puerto Rico y Filipinas; más bien, lo contrario. Con todo, el independentismo trata de imponer un desgaste más sutil pero no menos costoso, sembrando con mascaradas, lágrimas de cocodrilo y burlas permanentes, el descrédito internacional de España. Empeño inútil, por más que porfíen. Pues es evidente que mucho más costosa sería la independencia, una vez conocidos los planes imperialistas que subyacen a la noción de Països Catalans, que comportarían la subversión de Baleares, la Comunidad Valenciana y una franja en Aragón, por no mencionar Andorra, el Rosellón y una pequeña parte de Cerdeña. Para ese viaje no se necesita alforjas.

3) Los procesos de desmembramiento del Imperio Austro-Húngaro y sus sucesores, Yugoslavia y Checoslovaquia. Gusta a los independentistas comparar a España con Austria-Hungría. El mismo destino que a este decadente imperio aguardaría a España; después de todo, ambos fueron parte del Imperio Español de los Austrias. La comparación no se sostiene, sin embargo. Austria-Hungría se desmembró en virtud de los tratados de Saint-Germain y Trianon (1919), no por ninguna otra razón sino porque se la trató como al país que, al agredir a Serbia, inició la Primera Guerra Mundial, en que fue derrotada; similar razón asistió a los Aliados para desmembrar el Imperio Otomano. ¿Qué guerra acaba de perder España para que se le imponga semejante precio? Aquí los independentistas demuestran saber muy poco de historia y menos de entenderla.

Más acertada sería la comparación de Yugoslavia y Checoslovaquia con la Unión Soviética. Los tres países venían de tener gobiernos comunistas o filocomunistas. En la transición a economías de mercado, los dos primeros se rompieron por su diferente orientación geopolítica. Serbia y Eslovaquia (en 1992) tenían orientación pro rusa; Croacia y Chequia, pro UE. Los cuatro han terminado mirando a Bruselas, porque Rusia tampoco salió bien parada. La URSS se desmembró en 1991 por la misma razón que Austria-Hungría en 1920: porque perdió una guerra, la Guerra Fría. De nuevo toda comparación con España resulta ociosa.

Ninguno de los argumentos tiene el menor fuste. El único que resta, si es que se lo puede llamar argumento, es el de que el colmo de la democracia es que los ciudadanos voten contra lo dispuesto en la ley lo que les dé la gana y cuando les dé la gana. Puede que con el tiempo la comunidad internacional se lo compre, aunque es poco probable.

Xi Jinping

Casi todos los observadores están de acuerdo en que la supresión del límite de mandatos presidenciales en China es de importancia cardinal, pero no he visto a nadie que explique por qué. Hay desde luego una importancia que cabría calificar de administrativa, que cualquiera puede ver: aunque la dirección del PCCh (Partido Comunista de China) no está sometida a límites similares, la unión de los cargos de secretario general del Partido y de presidente de la República Popular China imponía esa limitación en la práctica. Pero fuera de eso, no se ve qué puede significar.

La medida significa, para empezar, que Xi se ha convertido en el tercero de los Grandes Líderes, tras Mao Zedong y Deng Xiaopin. El asunto no está exento de interés desde el punto de vista de la astrología china. Mao era serpiente, signo de sabiduría y astucia; Deng, dragón o el poder espiritual supremo. Xi es caballo, talentoso y hábil, atractivo y lleno de encanto pero afectado por un destino trágico. Se dirá que los chinos, y sobre todo los comunistas chinos, no son supersticiosos; y desde luego, se han tragado sus supersticiones al entronizar a Xi. Ha tenido que ser, sin embargo, por buenas razones. Máxime cuando tanto Mao como Deng tuvieron grandísimos aciertos en su vida (el primero hizo la revolución y el segundo la consolidó) pero sus carreras se vieron ensombrecidas al final. Mao, al llevar la revolución demasiado lejos, con la Revolución Cultural; Deng, con la matanza de Tien An Men para frustración de las esperanzas democráticas. Si ellos, cuyos animales emblemáticos prometen aciertos y prosperidad, tuvieron amargo final, ¿qué esperar del liderazgo perpetuo de Xi, cuyo animal emblemático anuncia la tragedia? Por suerte, Xi nació en 1954; de haberlo hecho en el siguiente año del caballo, 1966, llamado del «caballo de fuego», la cosa habría sido mucho más dudosa.

Hay, para que los chinos se arriesguen, razones de índole coyuntural, estratégica y hasta filosófica. Una razón coyuntural bien notoria es el empeoramiento del clima de seguridad mundial, con Trump y Putin. Éste último amenaza con perpetuarse en el poder, y está por ver que Trump no lo intente. China necesita en todo caso un líder que conozca a esos otros dirigentes mundiales, y que ellos lo conozcan a él. ¿Para qué esperar, si Xi es un candidato lo bastante bueno? Falta por explicar por qué. Xi es un sólido ideólogo y estratega. No es fácil combinar en un solo hombre ambas cualidades. Casi siempre predomina una o la otra. Por ejemplo, Mao fue un gran ideólogo pero pésimo estratega, sobre todo después de 1949; Deng, un gran estratega pero absolutamente pragmático toda su vida. Xi es ambas cosas a la vez, y por eso los chinos confían en que su presidencia vitalicia pueda representar el gran avance de China que él está prometiendo. Otro día hablaré de ambas cuestiones.

Hoy quiero centrarme en que no se puede ser ideólogo y estratega sin ser un filósofo notable; al menos eso creen los chinos. La filosofía oficial de China es la del Partido, el marxismo-leninismo pensamiento Mao Zedong teoría Deng Xiaopin, pero es una filosofía de la que sólo se habla en las grandes celebraciones. La filosofía cotidiana de China es el confucianismo. Durante los últimos lustros, el crecimiento económico de China y el aumento de la riqueza, por cierto no de forma igualitaria (Deng rompió en su día la «olla común»), han propiciado el surgimiento de una clase capitalista que ha denostado el marxismo-leninismo etc. La clase capitalista china volvió los ojos al confucianismo, la filosofía ancestral de China desde hace veinticinco siglos, como base sobre la que sostener la ética de los negocios. A Deng no le preocupó el asunto, pero las luchas recientes por el poder en el Partido revelan un intento de oponer frontalmente el marxismo-leninismo al confucianismo; Bo Xilai fracasó en el intento hace cinco años. Xi ha tratado preservar el marxismo-leninismo descendiendo al terreno del confucianismo. Él también es confuciano, como los grandes empresarios, pero acaso de otra escuela.

La lucha de las escuelas confucianas es algo que ya se vio en el Japón del periodo Edo. Entonces los samurái eran confucianos de la escuela Sung y los comerciantes lo eran de la escuela Ming. Aunque los hombres de negocios chinos no expresan preferencias colectivas por una o la otra (lo más probable es que cada individuo tenga la suya), Xi ya ha manifestado predilección por la primera, más antigua y más aristocrática. Era hasta cierto punto inevitable ya que la escuela Ming, promovida por la dinastía manchú para obtener el apoyo del pueblo frente a la nobleza de origen mongol, denuesta las pretensiones aristocráticas y serviría de apoyo a la democracia: Sun Yat Sen, líder de la revolución nacionalista, era tan seguidor de la escuela Ming como el último emperador.

Así pues, la maniobra de Xi ha sido clara: propone a los grandes empresarios una alianza para constituir una aristocracia confuciana que dirija conjuntamente el país sobre el acuerdo de impulsar una economía moderna y capaz de ser líder mundial. Para ello es absolutamente preciso que la superioridad moral de esa aristocracia integrada por el Partido y los grandes empresarios, se plasme en un compromiso irrenunciable de lucha contra la corrupción, que sea ejemplo para la sociedad china con vistas a consolidar una clase media hegemónica a lo largo de la primera mitad del siglo XXI. Logro que posibilitará plantearse nuevos objetivos y, eventualmente, la instauración de una democracia representativa.