YPF, Repsol y el mundo de ahora

El último barómetro del Instituto Elcano destaca que nueve de cada diez españoles rechaza la expropiación del 51% de YPF por el gobierno argentino. Un rechazo tan contundente no se producía, apostilla el Instituto, desde la guerra de Irak. El Mundo, en su afán de moderar las cosas, habla de «enfado de proporciones bélicas», lo que no se sabe si significa que los españoles estaríamos dispuestos a ir a la guerra por este agravio o es un chistoso juego de palabras en alusión al comentario sobre la guerra de Irak. Sea de ello lo que fuere, queda clara la ignorancia de la sociedad española en asuntos de economía y política globales, lo que a su vez explica en buena medida las tribulaciones que sufrimos, realmente, a juicio de muchos, sin saber por qué.

Empezaré por el principio. Imaginemos que la principal empresa española de refino y distribución de petróleo se llamara Royal Dutch Shell-Repsol y que su consejo de administración estuviera presidido por alguien llamado Voser; que el principal banco del país se llamara ING-Santander, y no pasara de ser una sucursal del banco de la cuenta naranja; que el principal generador de energía eléctrica se llamara Elektriciteits Produktienaatschappij Zuid-Nederland/España; que el principal operador telefónico fuera KPN; que… A mayor abundamiento, imaginemos que Iberia también era una filial de Arke Reizen, un tour operador holandés, pero se la expropiamos hace unos años porque era evidente la mala gestión que había llevado a cabo esta empresa, en suspensión de pagos en Holanda. Los españoles pensaríamos que estamos un poco colonizados, económicamente hablando, por Holanda. ¿O no? Esto no es absurdo. Es algo que podría ocurrir dentro de diez años, si las cosas siguen como hasta ahora, España tiene que ser rescatada y necesitamos acudir al capital extranjero para salir del agujero en que nos estamos metiendo. Es verdad que no todo el capital sería holandés, pero ésa es la licencia que me tomo para explicar el caso.

Los argentinos han sido bastante pacientes porque, en vez de un pueblo extraño para ellos, como para nosotros son los holandeses, quienes los han «colonizado» económicamente hemos sido los españoles, la Madre Patria. Ocurrió en los años noventa, en la euforia de la globalización. Argentina quería salir del agujero en que la había sumido, como a otros países latinoamericanos y del entonces llamado Tercer Mundo, la crisis de la deuda de 1982. Entonces les tocó a ellos, ahora nos ha tocado a nosotros. La década de los ochenta, según el Banco Mundial, fue para todos ellos una «década perdida». A principios de los noventa y bajo la recomendación del Fondo Monetario Internacional, Argentina adoptó medidas drásticas, como la dolarización de la economía, la privatización de las empresas públicas, y otras muchas que favorecían a los inversores extranjeros. Coincidió que las empresas españolas, las grandes de Ibex 35 y algunas otras, empezaban a tener beneficios que invertir en el exterior. Toda América Latina, pero muy especialmente Argentina, tenía la inestimable ventaja del idioma, ya que los españoles en aquella época apenas hablábamos inglés. Telefónica compró Entel y la rebautizó Telefónica de Argentina, Iberia compró Aerolíneas Argentinas para luego cedérsela a Marsans, Endesa adquirió SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires) y la rebautizó Edesur, el BBV compró el Banco Francés (ahora llamado BBVA Francés); finalmente, Repsol se hizo con YPF. Todo esto se hizo, merece la pena repetirlo, por recomendación del FMI y con todos los parabienes de la comunidad internacional.

En 2001, los argentinos pudieron comprobar que aquella política los había conducido al desastre. El corralito les privó de sus ahorros. Durante varios años, el gobierno mantuvo trabajosas negociaciones con el FMI y los acreedores. Desde 2003, con Néstor Kirchner en la presidencia, las cosas fueron de mal en peor. Todavía en 2005 hubo un canje de bonos que suponía una reestructuración de la deuda argentina. A comienzos de 2006, Argentina declaró que no podía pagar una parte de los nuevos bonos. De resultas de esa decisión, Argentina es el único país del G20 excluido de los mercados financieros internacionales. Eso significa que, no pudiendo endeudarse, ha de pagar todas sus importaciones «a tocateja», como si dijésemos, con las divisas que obtiene de sus exportaciones. Así las cosas, las finanzas del país han pasado por las mayores dificultades. Tras una experiencia a mi juicio decepcionante con los Bonos del Sur, emitidos por Venezuela para financiar a Argentina, ésta encontró cierto alivio hacia 2009 en la aproximación de China al país sudamericano. China tiene un problema estratégico con las fuentes de alimentación: 1.600 millones de chinos necesitan comer todos los días y además les encanta la soja, de la que Argentina es el tercer productor mundial. La balanza de pagos mejoró, exportó más y pudo también importar más. Pero nuevamente en 2011 la situación ha llegado a un punto límite.

Hay muchas interpretaciones de los motivos por los que el gobierno argentino ha expropiado YPF. Que si populismo, que si luchas de poder en el peronismo, que si CFK es incapaz de gestionar el «capitalismo de amiguetes» montado por su difunto marido. Mi sincera opinión es que los españoles somos cada vez menos simpáticos en Argentina. Y esto lo digo de uno de los dos países, junto con Cuba, que más quiere a España en la América Latina. Somos menos simpáticos por nuestras inconsecuencias y por los botarates que tenemos por gobernantes. Hace dos meses, Rajoy le dijo a Cameron, el premier británico, que quería conversaciones sobre Gibraltar. Cameron respondió tururú que te vi. Pero los argentinos tomaron buena nota y creyeron que íbamos en serio. ¿Nosotros en serio? ¡Qué va! Nosotros hablamos por hablar. Según se acercaba el trigésimo aniversario de la guerra de las Malvinas, Argentina montó una ofensiva diplomática para intentar recuperarlas de forma pacífica, ofensiva que culminó el fin de semana pasado en la Cumbre de las Américas, donde la reivindicación argentina encontró apoyo unánime, excepto en Estados Unidos. Argentina creyó de buena fe que también encontraría el apoyo de España pues ¿no nos unen, aparte de los lazos históricos, el interés común de descolonizar partes de nuestro territorio frente al mismo colonizador? Resulta que, desde hace unos lustros, el Reino Unido ha desarrollado una política muy hábil de ofrecer a los pescadores españoles que no van encontrando acomodo en la política pesquera común, un huequecito en las aguas territoriales de las Malvinas. El 40% de las concesiones pesqueras del archipiélago están en manos de armadores españoles. Los argentinos, que son casi tan ilusos como nosotros (debe de ir en la sangre) creyeron que España daría un golpe mortal a la soberanía británica renunciando a esas concesiones y arrojándoselas a la cara a los hijos de la Gran Bretaña. Naturalmente, a nosotros ni se nos pasó por la cabeza y, si hubo algún gesto diplomático en ese sentido, lo ignoramos olímpicamente, como ignoramos todo lo que no pasa aquí. Los argentinos se mosquearon. Pero aún, pensaron que nuestro talante, en general, es tirando a «blandito», porque nos habíamos arrugado de buenas a primeras con lo de Gibraltar por un plato de lentejas.

Ahora los argentinos se encuentran con que tienen un sector público inexistente desde los años noventa, y que lo perdieron por seguir un modelo que los condujo a la bancarrota y los expulsó como a apestados de la comunidad internacional (Argentina entró en el G20 gracias a los buenos oficios de Brasil, su socio en Mercosur). Si el neoliberalismo y las privatizaciones la han conducido a la ruina, ¿por qué tiene Argentina que seguir jugando a eso? Sí, desde luego, está el argumento de la seguridad jurídica y el derecho internacional, que tanto juego está dando en esta crisis, no sólo al gobierno sino también al principal partido de la oposición. ¿Derecho internacional, de qué? No hay derecho internacional de la seguridad jurídica de las inversiones, salvo el que libremente pacten entre sí los Estados soberanos. Repsol no fundó YPF. Ésta fue creada como sociedad estatal en 1922. Décadas después, el gobierno encontró oportuno privatizarla y la «vendió» a Repsol en 1999. Técnicamente, un Estado nunca vende derechos; de forma explícita o implícita e independientemente del lenguaje que se use, el Estado otorga o cede privilegios, siempre sujetos a reversión. La única forma de dificultar en serio la reversión es un tratado internacional, al que se sometan conjuntamente el Estado anfitrión y el Estado huésped, o sea, en este caso, Argentina y España. Hay un tratado de este tipo, llamado «código», entre varios países, realmente los más desarrollados del mundo, agrupados en la OCDE. Pero, ay, Argentina no pertenece a ese organismo, y por tanto, el código OCDE sobre seguridad jurídica de las inversiones no la obliga en absoluto. Y por otra parte España nunca se ha preocupado de dar seguridad a sus inversiones en Argentina con un tratado bilateral. Como de costumbre, pensamos que las cosas se nos deben «por nuestra bella cara», o porque si no se nos dan nos enfadamos, como ahora. O quizá, y esto sería mucho peor, porque en el fondo esperamos que la OCDE, que se ha dotado de un código de conducta tan racional, y con ella EEUU y Europa bien podrían enviar allí tropas de la OTAN a hacer valer la sacrosanta legalidad internacional en este tema. Pues me temo que «verdes las han segado». Para que luego algún ministro bastante poco inteligente diga que la frialdad de EEUU, por ejemplo, se debe a que temen por el futuro de sus propias inversiones en el país. Nada se puede hacer, y nada serio se va a intentar contra Argentina.

¿Qué se puede hacer, entonces? Lo repito: nada, sino esperar lo que Argentina quiera darle a Repsol, que, según mis cálculos, rondará los 3.000 millones de euros, lejos de los 8.000 que la compañía reclama. Y luego ya será problema de Repsol; lo tomará o lo dejará. Mejor que lo tome y dé fin a este penoso asunto, por el bien de todos. ¿Qué habría que haber hecho, y qué habría que hacer en el futuro por las restantes empresas españolas en Argentina? Lo primero, tomar buena nota de que no hemos adquirido derechos hasta el día del Juicio Final, como algunos parecen creer. Darnos cuenta de la moraleja de la ficción con que empezaba este artículo. Si somos los principales inversores extranjeros en Argentina y controlamos los sectores estratégicos, más tarde o más temprano a los argentinos no les gustará, como no nos gustaría a nosotros. Por otra parte, hay que ser conscientes de que a Argentina tampoco le interesa echar a España de allí. ¿Para qué, para caer de nuevo en manos de los yanquis (que no la apoyan contra el Reino Unido) o de nuevas en la de los chinos? No. España es un magnífico inversor en Argentina, pero hay que ser un poco sensibles a los problemas de los argentinos, que por lo demás son nuestros hermanos y les debemos devoción filial. Con este espíritu, y no con amenazas, lograremos defender el interés de España en América Latina de la mejor forma posible. Y, sobre todo, no pretendiendo dar lecciones a otros países, ni de buena gestión, ni de seguridad pseudo jurídica, ni de secreciones de testosterona.

Éste es el mundo de ahora, y no es mundo para idiotas.

Una nueva política económica, sin salir del euro

Por más que algún descerebrado se empeñe en decir que los nuevos parados de marzo llevan la marca de Zapatero y Rubalcaba, lo cierto es que la marca que realmente llevan es la de los recortes que el gobierno lleva a cabo desde finales de diciembre, con la facilidad añadida de la reforma laboral. Algún miembro destacado del partido gobernante lo reconocía en su defensa – bien poco ilustrada, por cierto – de la amnistía fiscal. Aparentemente, esos 2.500 millones de euros, que se espera recaudar con la amnistía, son una liquidez que resulta vital inyectar en la economía española en este momento. Y, en cierto modo, es la pura verdad. Con casi 30.000 millones de recortes, el gobierno acaba de retirar esa gigantesca cifra de dinero de la circulación. Y la economía se resiente contrayéndose.

Este gobierno puede jurar y perjurar que con sus medidas España saldrá de la crisis y creará empleo. La realidad es que esas medidas nos hunden más y más en el agujero. Y no podría ser de otra forma, ya que se sitúan exactamente en el polo opuesto a lo que habría que hacer. Hay que reconocer que el gobierno anterior adoleció del mismo estúpido concepto, aunque lo aplicó más moderadamente. En vez de recortar, ni mucho ni poco, habría que gastar más, mucho más. No voy a negar que no hay bien que por mal no venga, y que la austeridad está teniendo el efecto positivo de cortar en seco el despilfarro y la corrupción (que ya parece general) de la clase política. Esto es un efecto positivo de la austeridad; lo digo y lo mantengo. Pero sobraba la brutalidad con la que se está haciendo. En todo caso, propondría cambiar los criterios de gasto, no la cuantía del mismo. Ahora mismo, lo más importante es evitar que la economía española siga cayendo en este pozo sin fondo.

El principal problema parece ser nuestra pertenencia al euro. Y algunos, que desesperan de que la zona euro pueda cambiar de política económica, ya proponen nuestra salida de la moneda común para retornar – es de suponer – a la vieja peseta. Lo siento, pero esto me parece querer dar marcha atrás al reloj de la historia. Y, además, es absolutamente innecesario salir del euro.

Lo que propongo es introducir una doble circulación monetaria, ambos circuitos en euros. Al dinero inyectado por el Banco Central Europeo, en función de criterios políticos que no son los que nos convienen a nosotros sino los que convienen a otros, añadiría un dinero, también expresado en euros, que cree el gobierno – como quien dice, de la nada, que eso es lo que también hace el BCE – para pagar un gasto público considerablemente acrecentado. ¿Y qué dinero puede ser ése? Únicamente diré dos palabras: deuda monetizada.

Permanezcan atentos a este blog, para ulteriores detalles.

Lucha de ideas en economía

Se ha hecho costumbre decir que los economistas no se enteran de lo que pasa, que la crisis los ha sobrepasado ampliamente. Craso error. La gran mayoría sabe lo que pasa, pero difieren considerablemente en cuanto a la forma de recuperar altas tasas de crecimiento, capaces de aumentar de forma apreciable el empleo. Resumiendo mucho el estado actual del debate, se podría afirmar que hay dos posiciones fundamentales.

Un aspecto en el que parecen estar profundamente en desacuerdo, pero en todo caso es un asunto secundario, es en cuanto a si las finanzas de un gobierno se parecen o no a las de una familia o una empresa, en definitiva, a las de cualquier entidad privada. Sólo los tontos y los legos pueden creerlo en serio. Al final, los economistas estarían de acuerdo en que un gobierno no se parece a ninguna entidad privada. Ya que, mientras una entidad privada tiene sus gastos limitados a largo plazo por sus ingresos, un gobierno, estrictamente hablando, no los tiene. Un gobierno, por lo general, paga sus gastos en la clase de moneda que él mismo emite, de modo que, en último extremo, siempre puede emitir más moneda para hacer frente a cualquier déficit. (La zona euro parece una excepción a esta afirmación, pero no lo es de una forma fundamental). Como digo, casi todos los economistas estarían de acuerdo en esto, pero divergen en que, para unos, el gobierno debe hacer uso de esta ventaja siempre que sea necesario, en tanto que, para otros, el gobierno debe conducir sus finanzas como una entidad privada aunque pueda hacerlo de forma distinta. La razón por la que esto sería así radica, según los defensores de esta doctrina, en que, conduciéndose como una entidad privada, el gobierno inspira más confianza al sector privado que si hace uso de todos los recursos a su alcance. Supuestamente, el gobierno resulta más previsible, y siendo más previsible genera menos incertidumbre, si establece límites claros a su propio comportamiento que si utiliza sus poderes discrecionalmente. Teóricamente, se podría aumentar el empleo imprimiendo cuanto dinero fuera necesario para financiar la inversión pública capaz de llevar a la economía al pleno empleo, pero los adversarios de esa posibilidad sostienen que el resultado de una actuación discrecional como ésa sería sembrar el desconcierto entre la iniciativa privada y, a la postre, a entrar en una espiral contractiva que desembocaría en el reconocimiento del fracaso o en una estatalización completa de la economía.

Mi opinión en este debate es que resulta ilusorio esperar que la implantación de un modelo de comportamiento autocontrolado por parte del gobierno pueda inspirar confianza al sector privado en situaciones como la que atravesamos. La crisis es de demanda efectiva, y lo que el sector privado espera del gobierno es una firme demostración de liderazgo que anime a los empresarios a aumentar el empleo en previsión de un inmediato incremento de sus ventas. Es después de iniciada una sostenida reactivación cuando podrá instaurarse un modelo de autolimitación que, haciendo más previsible el comportamiento del gobierno, reduzca la incertidumbre.

En resumidas cuentas, y esto es lo más cerca que estoy dispuesto a llegar de quienes defienden un modelo de finanzas estable para el gobierno, me parece que dicho modelo puede estudiarse y en su caso implantarse una vez que la reactivación sea un hecho y el empleo se esté recuperando a buen ritmo. En tal coyuntura, la previsibilidad de las finanzas gubernamentales podría introducir estímulos adicionales a la iniciativa privada. Pero antes de llegar a ella, cualquier modelo rígido de comportamiento gubernamental, y más si es de autocontención, no dejará de surtir efectos paralizantes y aumentará los efectos de pánico a la recesión en el sector privado. Que es exactamente lo que está pasando en España.

Las grandes Guerras Macro

Hay gente que tiene un don, y eso suele ser independiente de la edad. Noah Smith, editor del blog Noahpinion, es un tipo bastante joven, que estudió física y ahora está completando su tesis doctoral en economía. Pese a su precocidad, o quizá debido a ella, tiene una percepción extremadamente brillante de lo que está pasando en nuestra profesión y por qué damos esa lamentable impresión de no saber lo que está pasando con la crisis. Lo que está pasando él lo llama las grandes Guerras Macro. No podría haberse resumido mejor. Lo contaré a mi manera.

El conocimiento en economía no avanza de la manera lineal que parece hacerlo en otras ciencias. La razón estriba en que cada avance se topa con una dura resistencia de quienes se sienten perjudicados o siquiera amenazados por las nuevas ideas. Esto también pasó en física e incluso en astronomía (recuérdese cómo persiguió la Inquisición a Galileo por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol en vez de a la inversa), pero cada vez es más raro. Recuerdo una ridícula polémica en los ochenta, cuando los creacionistas pretendían que la existencia de vida inteligente en la Tierra era un fenómeno único en el universo, que ellos deducían de la falta de observación directa, entonces, de ningún cuerpo estelar similar a los planetas del sistema solar. Ahora que la observación de planetas girando alrededor de estrellas comparables al Sol es cosa cotidiana, ya nadie se acuerda a aquellos idiotas, alguno de ellos Premio Nobel o casi. Hace años que nadie viene con estupideces semejantes, y probablemente la intervención de Stephen Hawkins ha sido decisiva al respecto.

El problema es que en economía esa clase de tonterías está a la orden del día. Ahora, por ejemplo, se ha puesto de moda decir que el buen gobierno financiero de un país debe tomar como modelo el de una familia bien administrada, que jamás gasta más de lo que ingresa. No nos riamos de ese prejuicio, propio de quienes se empeñan en concebir a la familia como microcosmos de la sociedad, que ésta debería reflejar en todas sus esferas de actuación, porque es el que rige actualmente el gobierno económico y financiero de la Unión Europea y la zona euro. Tan bajo como eso ha caído la independencia intelectual de los economistas en esta parte del mundo. Afortunadamente, en Estados Unidos, la beatería económica encuentra todavía quienes la combaten con inteligencia y tesón.

Es, básicamente, una historia de trincheras y de la lucha por conquistarlas. Algo parecido a la pugna por el fuerte Douamont, que pasó de los franceses a los alemanes y de nuevo a aquellos, innumerables veces en 1916, durante la batalla de Verdún. En 1930, la trinchera estaba en manos de aquellos a quienes Keynes llamó los «economistas clásicos», que durante todo el siglo XIX y el primer tercio del XX habían defendido el equilibrio presupuestario y la máxima liberalización de los mercados, como solución a todas las crisis. La Gran Depresión mostró que la creciente complejidad de la economía real y financiera convertía esa solución en ilusoria, y el keynesianismo, propugnando una resuelta actuación inversora del gobierno para restaurar el pleno empleo, tomó la trinchera a la bayoneta, sin hacer prisioneros. Durante 35 ó 40 años, los keynesianos la ocuparon sin disputa, porque los «clásicos» habían pasado a la historia. O eso parecía. Pero la década de 1970 mostró lo que los excesos de un recurso excesivo al gasto público – no tanto provocado por la política de pleno empleo como por las aventuras militares en el Sudeste asiático – podían provocar, en términos de inflación y estancamiento. En esa década, el monetarismo, una doctrina que trataba de ser equidistante entre el keynesianismo y los «clásicos» tomó la trinchera para compartirla, en buena armonía, con lo que se llamó la «nueva macroeconomía clásica», y que venía a decir que el público sabe lo que se trae entre manos cuando se trata de asuntos económicos, lo que convierte la actuación del gobierno en perjudicial. Durante treinta años, monetaristas y «nuevos clásicos» – ya digo, en buena armonía – han ocupado la trinchera sobre la base de un compromiso según el cual si hay que hacer algo, hágase manipulando la cantidad de dinero en circulación, pero nunca, nunca, nunca jamás, incurriendo en déficit público. (La excepción era, como se puede lógicamente entender, el déficit en que era necesario incurrir para sostener la carrera de armamentos).

La teoría era que, así, las crisis desaparecerían para siempre. Y pareció que desaparecían durante el paréntesis que supuso el cierre de la globalización. Pero 2007 y, sobre todo, 2008 nos recordaron que las crisis no desaparecen. Por un momento, pareció que volvíamos a 1933, al hablarse de una crisis comparable a aquélla. La mayor parte de los economistas, atónitos ante su propia incapacidad para prever la magnitud de la crisis, se iniciaron fugazmente keynesianos. El Fondo Monetario Internacional interrumpió una tradición de décadas de apretar el gaznate de las economías con problemas, para proclamar la necesidad de lanzar poderosos estímulos fiscales. Puesto que los ingresos tributarios caían con el PIB, la recomendación era incurrir en abultados déficits. Y, en la urgencia del momento, a todo el mundo le pareció bien. Fue un momento de gloria, como el de la más que diezmada brigada de Pickett al izar la bandera confederada en el cerro del cementerio tras su famosa carga en Gettysburg… sólo para ser aplastada bajo el abrumador cañoneo posterior. La ocupación de la trinchera por los keynesianos fue apenas más larga que eso, pues en cuanto los indicadores de Estados Unidos y Alemania empezaron a mejorar, en el verano de 2009, los economistas volvieron a olvidarse del santa Bárbara cuando no truena y reiniciaron el «business as usual»: la mayoría pensó que había que dar por restauradas las condiciones de normalidad, a fin de devolver la confianza a los agentes económicos, que saben bien lo que se traen entre manos si el gobierno no les complica la vida. Otra vez las expectativas racionales instaladas en la trinchera.

Pero era evidente que no, que no se ha restaurado aún la normalidad. Los keynesianos, poskeynesianos, neokeynesianos y demás compañeros de viaje, encabezados por Paul Krugman, un hombre que ha tenido el coraje de asumir su responsabilidad intelectual incluso cuando la mayoría de los economistas desertaba de su bando, decimos que no se saldrá de la crisis sin considerables dosis de déficit público. Los «nuevos clásicos», con sus acólitos monetaristas, que no se saldrá de ella mientras quede un resto de déficit público por eliminar. Es una lucha sin cuartel porque es una lucha de todo o nada, sin compromiso posible. Ya sé que Krugman inspira muchos recelos entre gentes bienintencionadas, pero el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. No hay por qué comulgar con todo lo que dice Krugman, pero la batalla es ésa y en ella nos jugamos el estado de bienestar y todas las conquistas sociales hasta la fecha.

Las grandes Guerras Macro de este siglo no han hecho más que comenzar.

Son los bancos, estúpido

Si dijese que el origen de la crisis estuvo en que una empresa financiera (Bear Stearns) compró hipotecas incobrables a bancos locales en EE.UU., las revendió a dos fondos de inversión localizados en las Islas Cayman, que las pagaron con el producto de una emisión de bonos de alto interés que el propio Bear Stearns colocó entre los bancos del mundo entero, todo lo cual funcionó a las mil maravillas hasta que otra sociedad financiera, Merrill Lynch, decidió subastar su paquete de esos bonos, que se vendió por una cantidad irrisoria, lo que obligó a los demás propietarios estadounidenses de esos bonos a ajustar a la baja su valor en libros, no creo que habría muchos economistas decididos a contradecirme, porque éste es exactamente el relato de los hechos del verano de 2007 que condujeron a la crisis. Pero a partir de ese relato, cabe extraer dos conclusiones diferentes. La extraída por la gran mayoría de los observadores, en los aciagos días del otoño de 2008 e incluso después, es que habría que prohibir a las entidades financieras hacer lo que hizo Bear Stearns. Conclusión equivocada. En realidad, la generación de esa clase de productos financieros debería seguir siendo libre, a condición de que se informe debidamente al inversor de que un alto interés, como el que pagaban aquellos bonos, era consecuencia del alto riesgo que comportaban. Si se me acepta el símil, es la diferencia entre prohibir la fabricación de cigarrillos y obligar a que las cajetillas adviertan claramente que el fumar perjudica gravemente la salud.

Lo que debería haberse prohibido de inmediato, y todavía no se ha hecho, es que los bancos puedan comprar productos (esos o similares) que sometan a la economía a indebidos riesgos sistémicos. Y aquí “riesgo sistémico” no quiere decir más que un riesgo que obliga a los gobiernos – como les obligó entonces – a rescatar a bancos que estaban en peligro de quiebra como consecuencia de haber adquirido bonos muy rentables sobre el papel, pero que resultaron no valer prácticamente nada.

El objetivo de déficit

El sentido de Estado es requisito imprescindible para el ejercicio de la ciudadanía. No importa que la ciudadanía se exprese en un tranquilo acto de votación o en la toma de la Bastilla; sin sentido de Estado, no hay ciudadanía sino turbas encanalladas. El sentido de Estado consiste, sencillamente, en el compromiso de compartir la suerte y la desgracia, los aciertos y los errores de quienes lo conforman. Si es imperativo buscar un cabeza de turco, como se dice, alguien a quien cargar con las culpas para exonerar a la sociedad, de modo que ésta pueda seguir avanzando, se lo busca y se le hace cargar con ellas. Pero lo que demuestra carencia del más elemental sentido de Estado es la manía de echar la culpa de los fracasos a los demás y atribuirnos en exclusiva los éxitos patentes. Eso, en política, es la ridiculez elevada a la categoría de ideal de actuación.

Semejante ridículo, a los ojos de Europa, es en el que ha incurrido el gobierno al decidir unilateralmente – es decir, sin consultar allende nuestras fronteras – la flexibilización del objetivo de déficit para 2012, del 4,4% al 5,8% del PIB. El gobierno cree poder resolver la situación echando la culpa a su antecesor – aquí, la falta de sentido de Estado –, que fue quien asumió el compromiso ahora considerado excesivamente duro. Así, el gobierno repudia, de su antecesor, todo: actuación y compromisos. El problema es que con esto siembra dudas sobre la dirección de la causalidad, y a fin de cuentas sobre su propia credibilidad. Porque el gobierno afirma que es la pésima ejecutoria de Zapatero lo que justifica la relajación del objetivo de déficit, pero ¿no podría ser que la relajación, secretamente motivada por el deseo de evitar esfuerzos, fuera la causa de la malos resultados del antecesor en forma de un déficit de 2011 artificialmente inflado para inspirar lástima? Al bueno de don Mariano le vendrían bien algunas lecciones de semiótica para no presentar imagen tan patética ante la UE y los mercados.

Se dista de haber visto el fin del culebrón, empero. Lo paradójico de la situación es que se ofrece a Rajoy la oportunidad de aparecer abanderando al pueblo español en la afirmación de nuestra soberanía frente al intervencionismo de Europa y la dictadura de los mercados. Eso, precisamente en el momento en que su gobierno está asestando un golpe al Estado de bienestar del que éste se recuperará (si lo hace) a duras penas. Se me llevan los diablos de pensar que, bien por patriotismo y militancia antiglobalización, bien por responsabilidad y sentido de Estado (como ya está haciendo Rubalcaba), voy a tener que dar la cara en Europa y el mundo por la incompetencia de Rajoy y sus ministros, quienes no tienen otra cosa en la cabeza que la cursi pretensión de que una familia bien gestionada es el modelo óptimo de política macroeconómica. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Aportar sentido de Estado ahora no hará más que reforzar la sinrazón de Estado que está en el origen de la situación.

Decididamente, en esta situación todas las posturas son malas, lo que no dejará de contribuir a la fragmentación de la izquierda y la desvertebración del país.

Las cosas se hacen mal desde hace años

Bien sé que el momento no está para hablar del pasado. La unidad frente a la derecha impone a la izquierda sus restricciones, y más vale no enfadar al PSOE éste de ahora metiéndonos con el que tuvo el gobierno en la legislatura anterior. Pero ¿qué quieren? No soy político; nunca lo he sido. Estoy convencido de que toda componenda sobre lo ocurrido lleva implícita una profunda incomprensión de lo que ocurrió. Y si no se comprende lo que ocurrió, ¿sobre qué bases de futuro se critica lo que está ocurriendo?

Tengo para mí que el origen de los actuales males que sufre España (males diferenciales, se podría decir, porque hay un sustrato común a la economía global del que nadie pudo haber escapado) se sitúa en 2009. Durante ese año, las cosas se hicieron medio bien, sólo. El plan de choque de inversión pública y subsidios al automóvil habría merecido la calificación de notable, si no fuera porque sostenía el empleo sin atacar el problema de fondo, que era (y sigue siendo) la pérdida de competitividad frente a Alemania, acumulada desde la entrada en el euro. A mediados de aquel año, sostuve ante quien me quiso escuchar (algunos dirigentes de Comisiones Obreras fueron los únicos; El País no se dignó a publicar ninguno de los varios artículos que les remití sobre el tema, y Público tampoco) que era necesario adoptar medidas complementarias en materia de política de rentas, desde luego, de acuerdo con los sindicatos. Eso habría hecho de todo punto innecesaria la reforma laboral de 2010, y por descontado la de 2012. Ninguna se adoptó entonces, y el déficit exterior se fue ajustando a base de contracción permanente de la actividad económica.

Pero, como digo, las cosas se iban haciendo medio bien, al menos. En enero de 2010 se empezaron a hacer rematadamente mal. Era fácil equivocarse, claro, pero en esos asuntos se mide la calidad de un gobierno. La cuestión era decidir entre prioridades: ¿el paro y el bienestar de la gente o el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia financiera? La excusa la proporcionó Grecia. Cuando se supo del fraude en la contabilidad nacional de Grecia, perpetrado por el gobierno conservador del partido Nueva Democracia, de Konstantinos Karamanlis, todo el mundo – incluido ZP, muy en primera línea – se puso a hablar de “las trampas de los griegos”, como si todo el país fuera culpable. Claro está, se trataba de aislar el problema – ya entonces, para evitar el contagio – y eso se lograba metiendo a todos los griegos en el mismo saco: ¡hala, por tramposos! Después hemos conocido que la sociedad griega se basa en reglas que los países del norte de Europa consideran “corruptas”, y eso debe haber tranquilizado a muchos. Pero creo que no debería haber tranquilizado a una izquierda de verdad. El lugar de la izquierda siempre está al lado de la gente, no de los poderes financieros que exigen satisfacción.

Ése es el camino que hemos seguido, y por el que aún transitamos. Todo nuestro empeño, el de ZP y el de Rajoy, estriba en demostrar que “no somos como los griegos”, cuando cada vez nos parecemos más. Tampoco a los poderes financieros les ha ido demasiado bien. El garrafal error de la izquierda también ha perjudicado a la derecha, y de ahí las tribulaciones de Rajoy en esta etapa. Habría que haber luchado, ya en el otoño de 2009, por una política monetaria como la que se ejecuta desde diciembre de 2011, con dos años y millones de parados de retraso. Eso habría servido para financiar nuevos planes de choque en vez de para pagar los intereses de la deuda acumulada desde entonces. Pero aquí estamos, y ya no hay vuelta atrás. De lo que se trata es de no olvidar por qué estamos como estamos.