El objetivo de déficit

El sentido de Estado es requisito imprescindible para el ejercicio de la ciudadanía. No importa que la ciudadanía se exprese en un tranquilo acto de votación o en la toma de la Bastilla; sin sentido de Estado, no hay ciudadanía sino turbas encanalladas. El sentido de Estado consiste, sencillamente, en el compromiso de compartir la suerte y la desgracia, los aciertos y los errores de quienes lo conforman. Si es imperativo buscar un cabeza de turco, como se dice, alguien a quien cargar con las culpas para exonerar a la sociedad, de modo que ésta pueda seguir avanzando, se lo busca y se le hace cargar con ellas. Pero lo que demuestra carencia del más elemental sentido de Estado es la manía de echar la culpa de los fracasos a los demás y atribuirnos en exclusiva los éxitos patentes. Eso, en política, es la ridiculez elevada a la categoría de ideal de actuación.

Semejante ridículo, a los ojos de Europa, es en el que ha incurrido el gobierno al decidir unilateralmente – es decir, sin consultar allende nuestras fronteras – la flexibilización del objetivo de déficit para 2012, del 4,4% al 5,8% del PIB. El gobierno cree poder resolver la situación echando la culpa a su antecesor – aquí, la falta de sentido de Estado –, que fue quien asumió el compromiso ahora considerado excesivamente duro. Así, el gobierno repudia, de su antecesor, todo: actuación y compromisos. El problema es que con esto siembra dudas sobre la dirección de la causalidad, y a fin de cuentas sobre su propia credibilidad. Porque el gobierno afirma que es la pésima ejecutoria de Zapatero lo que justifica la relajación del objetivo de déficit, pero ¿no podría ser que la relajación, secretamente motivada por el deseo de evitar esfuerzos, fuera la causa de la malos resultados del antecesor en forma de un déficit de 2011 artificialmente inflado para inspirar lástima? Al bueno de don Mariano le vendrían bien algunas lecciones de semiótica para no presentar imagen tan patética ante la UE y los mercados.

Se dista de haber visto el fin del culebrón, empero. Lo paradójico de la situación es que se ofrece a Rajoy la oportunidad de aparecer abanderando al pueblo español en la afirmación de nuestra soberanía frente al intervencionismo de Europa y la dictadura de los mercados. Eso, precisamente en el momento en que su gobierno está asestando un golpe al Estado de bienestar del que éste se recuperará (si lo hace) a duras penas. Se me llevan los diablos de pensar que, bien por patriotismo y militancia antiglobalización, bien por responsabilidad y sentido de Estado (como ya está haciendo Rubalcaba), voy a tener que dar la cara en Europa y el mundo por la incompetencia de Rajoy y sus ministros, quienes no tienen otra cosa en la cabeza que la cursi pretensión de que una familia bien gestionada es el modelo óptimo de política macroeconómica. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Aportar sentido de Estado ahora no hará más que reforzar la sinrazón de Estado que está en el origen de la situación.

Decididamente, en esta situación todas las posturas son malas, lo que no dejará de contribuir a la fragmentación de la izquierda y la desvertebración del país.

Las cosas se hacen mal desde hace años

Bien sé que el momento no está para hablar del pasado. La unidad frente a la derecha impone a la izquierda sus restricciones, y más vale no enfadar al PSOE éste de ahora metiéndonos con el que tuvo el gobierno en la legislatura anterior. Pero ¿qué quieren? No soy político; nunca lo he sido. Estoy convencido de que toda componenda sobre lo ocurrido lleva implícita una profunda incomprensión de lo que ocurrió. Y si no se comprende lo que ocurrió, ¿sobre qué bases de futuro se critica lo que está ocurriendo?

Tengo para mí que el origen de los actuales males que sufre España (males diferenciales, se podría decir, porque hay un sustrato común a la economía global del que nadie pudo haber escapado) se sitúa en 2009. Durante ese año, las cosas se hicieron medio bien, sólo. El plan de choque de inversión pública y subsidios al automóvil habría merecido la calificación de notable, si no fuera porque sostenía el empleo sin atacar el problema de fondo, que era (y sigue siendo) la pérdida de competitividad frente a Alemania, acumulada desde la entrada en el euro. A mediados de aquel año, sostuve ante quien me quiso escuchar (algunos dirigentes de Comisiones Obreras fueron los únicos; El País no se dignó a publicar ninguno de los varios artículos que les remití sobre el tema, y Público tampoco) que era necesario adoptar medidas complementarias en materia de política de rentas, desde luego, de acuerdo con los sindicatos. Eso habría hecho de todo punto innecesaria la reforma laboral de 2010, y por descontado la de 2012. Ninguna se adoptó entonces, y el déficit exterior se fue ajustando a base de contracción permanente de la actividad económica.

Pero, como digo, las cosas se iban haciendo medio bien, al menos. En enero de 2010 se empezaron a hacer rematadamente mal. Era fácil equivocarse, claro, pero en esos asuntos se mide la calidad de un gobierno. La cuestión era decidir entre prioridades: ¿el paro y el bienestar de la gente o el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia financiera? La excusa la proporcionó Grecia. Cuando se supo del fraude en la contabilidad nacional de Grecia, perpetrado por el gobierno conservador del partido Nueva Democracia, de Konstantinos Karamanlis, todo el mundo – incluido ZP, muy en primera línea – se puso a hablar de “las trampas de los griegos”, como si todo el país fuera culpable. Claro está, se trataba de aislar el problema – ya entonces, para evitar el contagio – y eso se lograba metiendo a todos los griegos en el mismo saco: ¡hala, por tramposos! Después hemos conocido que la sociedad griega se basa en reglas que los países del norte de Europa consideran “corruptas”, y eso debe haber tranquilizado a muchos. Pero creo que no debería haber tranquilizado a una izquierda de verdad. El lugar de la izquierda siempre está al lado de la gente, no de los poderes financieros que exigen satisfacción.

Ése es el camino que hemos seguido, y por el que aún transitamos. Todo nuestro empeño, el de ZP y el de Rajoy, estriba en demostrar que “no somos como los griegos”, cuando cada vez nos parecemos más. Tampoco a los poderes financieros les ha ido demasiado bien. El garrafal error de la izquierda también ha perjudicado a la derecha, y de ahí las tribulaciones de Rajoy en esta etapa. Habría que haber luchado, ya en el otoño de 2009, por una política monetaria como la que se ejecuta desde diciembre de 2011, con dos años y millones de parados de retraso. Eso habría servido para financiar nuevos planes de choque en vez de para pagar los intereses de la deuda acumulada desde entonces. Pero aquí estamos, y ya no hay vuelta atrás. De lo que se trata es de no olvidar por qué estamos como estamos.

El cortafuegos no está funcionando

El pasado 21 de diciembre, el Banco Central Europeo lanzó la mayor subasta de liquidez de su historia, poniendo a disposición de los bancos de la zona euro un total de 489.000 millones de euros de liquidez a tres años. En muchos aspectos, la operación ha funcionado. En algunos, de importancia crucial para la solución de la actual crisis, no. Por una parte, es cierto que las primas de riesgo se han reducido para casi todos los emisores soberanos; la del bono español a diez años, por ejemplo, ha conseguido bajar por debajo de los 300 puntos básicos, lo que sólo ha conseguido de forma esporádica desde el pasado verano. También, muchos bancos han dejado de sentir el rigor extremo de la paralización del mercado interbancario, que amenazaba con asfixiarlos. Entiéndaseme, no es que el interbancario se haya reanimado de forma perceptible; es que se suministra a los bancos un sucedáneo que, por el momento, va bien.

Pero, por otra parte, las cosas van de mal en peor en Portugal. Eso no debería estar pasando. Precisamente, la gran LTRO a tres años (nombre oficial de la operación mencionada al comienzo) se diseñó con el propósito de evitar que la situación de desamparo de Grecia se «contagiara» a ningún otro miembro de la zona euro. Puede estar ocurriendo por varias causas. La primera es que la crisis griega ni está en vías de solución ni lo contrario. Hoy se habla de que el acuerdo es inminente, mañana de que Grecia tendrá que quebrar y salir del euro. Esta clase de incertidumbre es lo que más zozobra transmite a los mercados. Que se solucione de una vez o que salga del euro, pero que se defina sin mayor dilación: eso sería la más conveniente para los demás. La perspectiva, sin embargo, es que la UE, el BCE y Grecia van a seguir mareando la perdiz un tanto más, para mayor nerviosismo de todos. En fin, es el tributo que todos debemos pagar al menos por compadecernos un rato viendo por televisión cómo las autoridades reparten mantas entre los ya miles de sin techo de las ciudades griegas.

La segunda posible causa del agravamiento de la situación portuguesa es, si cabe, más preocupante. Quizá la solución del BCE no funcionará en el largo plazo, y los mercados lo intuyen. Para sortear la objeción, el BCE prepara otra microinyección de liquidez ahora en febrero. Pero todos sabemos que eso no hace más que empujar el problema hacia delante. ¿Qué pasará dentro de tres años, si la economía europea y sobre todo las economías periféricas no llegan a crecer lo suficiente? Ésa es la gran interrogación. El largo plazo, por definición, está lejos, pero siempre termina por llegar. Los mercados aprenden, y en épocas de crisis aprenden mucho y muy deprisa. Diría que ya saben casi tanto como yo. Dentro de poco, sabrán más, y tanto como otros tipos más listos que yo, que dominan casi a la perfección el tema. Cuando sepan más que ellos, ése día llegará el Gran Susto que muchos empezamos a barruntar ya.

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Hay una reforma financiera más urgente

Casi tres años y medio después del comienzo oficial de la crisis, con la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008, todavía no hemos visto en acción ni una sola reforma financiera seria de las que se prometió en la cumbre inaugural del G20, en Washington, apenas dos meses después. Entonces, se habló de que los líderes mundiales iban a hacer esto, lo otro y lo de más allá. Poco después, en la cumbre de Londres, en abril de 2009, ya se vio que colectivamente no iban a afrontar nada. Y el problema es que, mientras no se haga, el mundo no saldrá de esta situación.

Hay una propuesta importante sobre la mesa: la llamada «regla Volcker». Paul Volcker es quien precedió a Alan Greenspan en la presidencia de la Reserva Federal, el banco central de EE.UU. No podía haber habido dos dirigentes de la autoridad monetaria más opuestos. Pues bien, Volcker ha apadrinado – como antes lo hizo James Tobin con la famosa tasa, que lleva su nombre – una reforma muy moderada del sector financiero. La regla Volcker en muy sencilla, y consiste en no permitir que exista una sola entidad financiera que sea demasiado grande como para no poder dejarla quebrar. La existencia de esa clase de entidades – la propia Lehman Brothers es un ejemplo – es la causa de los mayores descalabros para el sistema, y para evitar su quiebra es por lo que los gobiernos llevan tres años endeudándose en costosas operaciones de rescate, que los llevan al sobreendeudamiento y a la necesidad, a su vez, de ser rescatados. La regla Volcker propugna dividir esas entidades, de manera que las sociedades resultantes de la escisión puedan ir a la bancarrota si los riesgos que asumen resultan ser excesivos. Ahora no; ahora no puede dejárseles ir a la quiebra porque arrastran al sistema. La consecuencia es que las entidades aquejadas de gigantismo pueden asumir riesgos impunemente, porque saben que papá estado vendrá a rescatarlas.

La regla Volcker se introdujo en una ley de reforma norteamericana, la llamada ley de reforma de Wall Street y de protección del consumidor, que fijó un plazo para su implantación que vence próximamente. Los lobbies financieros ya están haciendo toda la presión que pueden para impedir o al menos retrasar su aplicación. Lo que buscan es perpetuar la impunidad absoluta para sus negocios. No ya jurídica, que por supuesto; también financiera. Invertir lo que les dé la gana, ganar todo lo que puedan y, si vienen mal dadas, que se haga cargo el contribuyente. Ésta es la clase de capitalismo a que hemos llegado. Lo va a tener difícil Obama para superar este escollo. También en el Reino Unido hay una legislación pendiente en la Cámara de los Comunes, que buscaría separar la banca comercial de la de inversión, y prevenir así el gigantismo de los bancos. Pero tampoco parece que avance su tramitación.

Ahora, François Hollande, candidato socialista a las presidenciales francesas, ha prometido que fragmentará la banca, a la manera de la legislación que dormita en Inglaterra. Si gana, dentro de unos meses, veremos de lo que es capaz. Pero, en general, la dinámica europea es otra. Aquí se ha optado por recapitalizar a los bancos. Se lo hemos oído recientemente al gobierno español: hace falta que los bancos de nuestro país metan 50.000 millones de euros más en el negocio. ¿Qué se consigue con esto? Realmente, poco de bueno. La cifra señalada es insuficiente para cubrir los riesgos de morosidad que tiene la banca española – estimados, recientemente, en 176.000 millones de euros – y, por otra parte, los requisitos para dotar provisiones, mediante las que obtener el capital que se exige, no harán más que endurecer el mercado del crédito. Por ejemplo, la UE estudia reducir, con carácter general, el periodo de «tolerancia» en los retrasos de los créditos a 90 días; de manera que, superado ese plazo en impago, el crédito se declare «fallido». Eso adelantará los embargos, desahucios y ejecuciones, por ejemplo, en las hipotecas. Y, probablemente, inducirá a los bancos a ser más duros en las garantías de solvencia con sus clientes. Los esfuerzos por devolver la solvencia a entidades que hace tiempo la han perdido, pero a las que por su tamaño no se puede dejar caer, lo que ha llegado a poner en riesgo a los propios estados, se traducirán en menor fluidez todavía del crédito.

La reforma laboral que toca

A España le tocó ser desgarrador símbolo en un momento dramático, pocos años antes de la tragedia más sangrienta de la historia universal. Que la Guerra de España sirviera de prólogo a la Mundial revistió a la primera de una aureola romántica, que no hizo sino acrecentarse con su triste final. Durante décadas, después, se pensaría que un esfuerzo un poco mayor de las democracias habría salvado a la República y acaso evitado la contienda generalizada que siguió. Todavía medio siglo más tarde, me encontré con ancianos estadounidenses, canadienses, húngaros o australianos, viejos brigadistas, que no podían saludar a un español sin que se les humedecieran los ojos. A todos, sin excepción, les costaba entender la transición española y que la izquierda hubiera apoyado el ingreso en la Comunidad Europea. (Por cierto, hoy podrían decirme que aquellos polvos trajeron estos lodos de 2012).

Me costaba explicar entonces que los republicanos se habían resistido a la derrota, que se habían echado al monte en Pirineos, Picos de Europa y los Montes de León, para acabar siendo cazados como conejos. Pero que, justo cuando Franco creía haber acabado con la izquierda, ésta había levantado cabeza tras sobrevivir a la más salvaje represión. De pronto, la izquierda (lo mismo la comunista del PCE que la católica de AST, HOAC y las JOCs) aparecía reunida en una organización clandestina, las Comisiones Obreras, que se infiltraba como una bacteria en la Organización Sindical franquista. Uno a uno, CC.OO. fue conquistando todos los puestos de representación obrera en el sindicato vertical. El día que uno de sus militantes fue elegido presidente de la Unión de Trabajadores y Técnicos del Metal de toda España, ese día el destino del Vertical (y del franquismo, en realidad) quedó sellado.

Resultó que, de una oposición frontal e intransigente a la dictadura, la izquierda había pasado hacia 1956 a infiltrarse en uno de sus pilares fundamentales hasta carcomerlo y hacer que el edificio se cayera por su propio peso. Veinte años después, la estrategia dio sus frutos. Pero había cierta inercia en la situación, de la que la izquierda no fue consciente. Al construir la nueva democracia, CC.OO. se inclinó – a lo que se ve ahora, en exceso – por aprovechar en todo lo que se pudiera el material de derribo de la Organización Sindical, lo que pareció conveniente a todos en el clima de consenso que presidió el inicio de la transición. Así, se continuó con las elecciones sindicales, sólo que cambiando «enlaces» y «jurados» por «delegados» y «comités». Y de conformidad con el afán universalista y conciliador del nacional-sindicalismo, se dio eficacia erga omnes a los convenios colectivos, es decir, se impuso su validez en todas las empresas y para todos los trabajadores. El franquismo había presumido de garantizar el pleno empleo; y para certificarlo, en sus últimos momentos, se estipuló costes de despido de 60 días por año de servicio en la empresa con tope de 42 mensualidades, lo que pareció tan desorbitado que ninguna empresa podría afrontarlo. También esto se trató de incorporar a la nueva legislación democrática, el Estatuto de los Trabajadores, y se logró con una módica rebaja hasta los 45 días por año. Y así con muchos elementos de la antigua regulación.

Es evidente que este sistema de relaciones laborales es insostenible; pero no ahora, hace mucho tiempo. Lo dije por primera vez hace trece años y lo he repetido en mi anterior blog, Purgatorio Económico. Es insostenible no sólo, y ni siquiera tanto, por los ataques a que la patronal y la derecha política y académica llevan sometiéndolo desde hace 40 años. Más aún, por la desafección generalizada de los trabajadores. Los sindicatos españoles presumen de tener una «representación democrática» de casi el 100%; pero su tasa de afiliación es de las más bajas de Europa, el 16 ó 17%. Una cosa trae la otra. Pero los sindicatos deberían haberse dado cuenta, hace tiempo, que el cambio es de dudoso valor. Gracias a su «representación democrática», y a su consideración de «pilar de la democracia», reciben financiación regular de los presupuestos del Estado pero apenas de los trabajadores. Ahora resulta que la financiación pública está en peligro; qué digo, está condenada. Peor aún, los funcionarios sindicales se han convertido en eso, funcionarios, burócratas que sólo rinden cuentas a la organización (no muy exigente, hay que decirlo) y no a los trabajadores. Quien paga manda era un lema muy querido de Marcelino Camacho. Parece que a todos se les ha olvidado que quienes mandan tendrían que ser los trabajadores.

Creyendo defender la negociación colectiva y proteger el empleo indefinido, todas las garantías a que se aferraron han terminado convertidas en su contrario. Es una ley de la dialéctica, y de la vida.

La crisis del capitalismo global

El diario londinense de negocios Financial times inició hace algún tiempo una serie de artículos sobre la crisis del capitalismo, e invita a lo que ellos consideran expertos económicos y financieros a dar su opinión al respecto. Allí se ve de todo, pero predominan las visiones que encuentran el origen de las actuales tribulaciones en la creciente desigualdad en el reparto mundial de la renta o en el peso opresivo de los gobiernos sobre la libertad individual; son las clásicas visiones de izquierda y derecha, respectivamente. Simpatizo con la visión de izquierda, pero no me la termino de creer. O mejor, diría que se queda en la superficie del problema. Dicho con crudeza, el capitalismo nunca ha salido de sus crisis repartiendo más sino menos justamente. Y la razón no es la habitualmente esgrimida por los neoliberales (“hay que poner el dinero en manos de quienes pueden crear empleo”) sino una más sutil y menos edulcorada. Puesto que los asalariados apenas tienen capacidad de ahorro, el necesario tirón de la demanda vendrá del sector exterior (exportaciones), del déficit público o del consumo de los ricos. Las exportaciones de todos los países no pueden crecer al mismo tiempo, luego lo que unos países ganen otros lo perderán por este concepto. El déficit público termina siendo políticamente inviable, como ocurre ahora mismo; y lo es por la sencilla razón de que los ricos prefieren la última solución, naturalmente. El consumo de los ricos tira de la demanda, de la actividad y del empleo de algunas industrias; el mayor empleo en ellas empieza a recuperar el consumo de sus asalariados, con lo que también se tira de la demanda de las industrias que abastecen el consumo de los pobres. Y así, sucesivamente, en un «círculo virtuoso», que lleva a la disminución del paro y la recuperación de la normalidad. Que se opte por la salida a la crisis basada en el consumo de los ricos y no por la basada en el consumo público financiado con déficits es producto, enteramente, del resultado de una lucha de clases que, en palabras de Warren Buffet, va ganando la suya.

Por eso creo que no hay que escandalizarse demasiado por datos que nos han escandalizado recientemente, como que la compra total de automóviles en España cayó en 2011 el 18% mientras la de vehículos de alta cilindrada subió el 83%. Eso podría significar, precisamente, un comienzo de reactivación, en el sentido que estoy señalando. Y, ojo, no digo que no haya que escandalizarse en absoluto, sino que no hay que escandalizarse demasiado. Tampoco digo que haya que rendirse y renunciar a gravar esas compras con un IVA de lujo, por ejemplo, porque creo que nunca hay que renunciar a la lucha por imponer una salida basada en el gasto público y no en el consumo de los ricos. En realidad, la salida por la primera puerta es más a costa del déficit que del gasto público, pero está claro que, frente a la marea política por el déficit cero, e inclinándonos frente a esa marea para que no nos quiebre, una manera de conseguirlo más equitativa es el IVA de lujo que la subida del tipo general del mismo impuesto.

Pero hay, a mi juicio, una cuestión previa y más profunda en el sentido económico, ya que no en el social. Incluso una salida basada en el consumo de los ricos se frustrará si no se resuelve el problema fundamental de esta crisis, que no es otro que el financiero. Si no se aborda este problema, creo que todo lo demás es accidental, y que la lucha de clases, por muy respetable que sea, será por migajas. Vamos, que no se va a resolver nada importante frenando el consumo de coches de lujo, salvo que los pobres se queden un poco más satisfechos porque no se ofende su sentido de la ética social, pero con el mismo paro poco más o menos. O tenemos claras las prioridades, o incluso una salida basada en el déficit se frustrará si no somos capaces de abordar como es debido el problema financiero. Y lo que me hace ser pesimista es que no veo a la sociedad actual consciente del problema financiero, salvo – nuevamente – en aspectos superficiales y más morales que económicos, como la retribución de los directivos bancarios y similares. Me temo que, tome la lucha de clases el curso que tome, tenemos crisis para rato.

Los bancos zombies no son la solución

Es problema se llama crisis de la deuda soberana. Un banco zombi es un banco insuficientemente capitalizado, debido a créditos morosos o incobrables y/u otros activos «tóxicos» de su balance; un banco que, además, pierde depósitos y no tiene acceso a los mercados de crédito y capitales. Semejante banco se mantiene operativo gracias a la inyección de dinero por parte del banco central en contrapartida de activos especulativos.

Actualmente, vemos a estos bancos operando a todo lo largo y ancho de Europa, aunque son más numerosos en la periferia. No es paradoja que jueguen un papel destacado en la política financiera de la eurozona. En tanto que los bancos saneados y fondos financieros se retraen de invertir en deuda soberana debido a la normal aversión al riesgo, los bancos zombies muestran un fuerte apetito por esa clase de deuda debido a su preferencia por las elevadas primas de riesgo: necesitan recapitalizarse aceleradamente. Así, un banco zombi compra deuda soberana, digamos, al 95% de su valor nominal; la vende con pacto de retrocesión a tres años por el 100% de su nominal pagando un 1% anual por la operación, y el proceso empieza de nuevo. Por descontado, el «sistema» – es decir, el BCE, la UE y el FMI – garantiza el pago de toda la deuda soberana, con la sola excepción de la de Grecia. El cielo y el infierno se conjuran para evitar el contagio. Supuestamente, todo el asunto es un simple arreglo para monetizar la deuda soberana, en fraude de ley del Tratado de la UE. En tres años, el BCE espera que los bancos zombies hayan ganado suficiente dinero (?) como para que se recapitalicen sin recurrir a los mercados, siendo el contribuyente quien pague por el nuevo capital a través de la prima de riesgo. Mientras tanto, se confía en que los déficits fiscales aflojen, de modo que se refuerce la confianza de los mercados y se reduzca la prima de riesgo de la deuda soberana.

El BCE también espera que los bancos zombies usen dinero fresco para prestar al sector privado, hogares y empresa. El BCE parece dispuesto a aceptar esos préstamos como garantía y se espera que los bancos zombies reinviertan en préstamos tan pronto como la prima de riesgo soberano se reduzca. Por el momento, sin embargo, primas de riesgo viables, pagaderas por parte de entidades privadas, no pueden ser, razonablemente, mucho mayores que las pagadas por los gobiernos, debido a la insuficiencia de la demanda agregada, mientras que los costes de transacción hacen de los préstamos un objeto menos adecuado (que la deuda soberana) para las operaciones de compraventa con pacto de retrocesión. Para empeorar las cosas, los bancos zombies son vulnerables a repetidas crisis por desconfianza de los depositantes, que obligarán a que los gobiernos rescaten bancos una y otra vez, con el consiguiente repunte en los déficits fiscales.

La financiación bancaria se filtrará al sector privado si la prima de riesgo de soberano se estrecha. La reducción de la prima de riesgo soberano depende de la confianza. Una mayor demanda agregada es condición necesaria, sin embargo, para aumentar la recaudación tributaria. En caso contrario, la reducción de los déficits fiscales forzará recortes en el gasto, que resultarán claramente contractivos en términos de PIB. La ofensiva de la UE, en 2010-2011, basada en la suposición de que una fuerte voluntad política de reducir los déficits fiscales a cualquier coste sería capaz por sí misma de restaurar la confianza y permitir a la economía recobrar el crecimiento, ha cosechado un estrepitoso fracaso desde el verano de 2011.

De momento, por tanto, el arreglo en su conjunto se asemeja a un gigantesco esquema piramidal. En consecuencia, los mercados permanecerán desconfiados e inquietos por bastante tiempo todavía.