España, rescatada

Finalmente, las cosas terminan por ser como es lógico que sean. Toda la polémica, sobre si los 100.000 millones de Europa para la banca eran un rescate o no, ha enmarañado el asunto hasta tal punto que la propia Europa dudaba de si Rajoy y su gobierno le habían metido un gol o si, simplemente, se engañaba a sí misma. Los mercados, a su vez, recelaban de la solución adoptada; de ahí la escalada de la prima de riesgo y los repetidos batacazos de la Bolsa. La cuestión se ha zanjado con las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, esta semana. Ha dicho que hará lo que haga falta para salvar al euro, y otra cosa aún más importante: ha dicho veladamente que el miedo creciente a la ruptura del euro justifica plenamente su intervención, incluso por encima del hasta ahora sacrosanto objetivo de mantener la inflación en el límite fijado en Maastricht. Por fin, parece que el BCE ha encontrado algo que le importa más que el 2%.

A buen entendedor, las palabras de Draghi juegan con la ambigüedad, y no juegan con ella. Juegan con la ambigüedad porque no dice cuánta deuda (española e italiana, sobre todo) va a comprar por intermediación del fondo europeo de rescate, sino sólo la que haga falta; incluso si al final no tiene que comprar nada, mejor que mejor. Incluso si alcanza sus metas sin necesidad de poner un euro, habrá demostrado todo su poder, la capacidad de domar a los mercados a golpe de declaraciones, cual Júpiter tronando desde el Olimpo. En esto, la «tecnología» de los rescates muestra lo que ha aprendido Europa en los últimos dos años. Pero sus palabras no juegan con la ambigüedad desde el momento que, sólo para facultar al fondo europeo de rescate a comprar deuda soberana, los países cuya deuda se adquiera deberán firmar un nuevo tipo de MoU (memorandum of understanding = memorando de entendimiento), que desgranará, exigencia a exigencia, la condicionalidad macro y microeconómica a que dichos países se verán sometidos. Esto de la condicionalidad micro se había visto por primera vez con la banca española. Ahora tendremos oportunidad de verlo en todos los sectores que vengan a cuento.

El gobierno español vive los últimos días de soberanía nacional. Ya sé que es una soberanía recortada en extremo, pero continúa siendo soberanía. Por ejemplo, el gobierno ha podido ignorar a los mineros del carbón, pese a sus largas marchas y contramarchas, y pactar, en cambio, con los taxistas apenas se han movilizado un poco. ¿Por qué? Es evidente el porqué: los taxistas votan en masa al PP y, por el contrario, entre los mineros el partido del gobierno no debe de recabar un solo voto. Poco más o menos. A uno le podrá gustar o no gustar, pero el PP ha logrado el gobierno democráticamente: eso es soberanía nacional.

Pero en cuanto el gobierno firme el nuevo MoU, y las cosas han llegado a un punto en que no podrá decir que no lo firma, ni regatear una sola exigencia, ya no podrá permitirse esas veleidades. No podrá regatear una sola exigencia de las que se le imponga porque lleva semanas pidiendo a gritos que el BCE compre deuda “para salvar al euro”, por aquello de que “si cae España, cae el euro” y de que “hace falta más Europa para salir de la crisis”, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a regatear ahora condiciones necesarias para salvar a Europa? Y no podrá permitirse veleidades como contentar a los taxistas porque, si se ha determinado que la liberalización del taxi es una de las reformas estructurales que hay que acometer, Europa no querrá entender que se ceda ante su protesta por motivos electorales ni de ninguna otra clase. Se acabó la soberanía nacional. España se va a poner a la cabeza en lo de «hacer Europa». El gobierno español está por convertirse en piloto automático operado desde el control de vuelo de Francfort y Bruselas. Justo premio a la diplomacia económica de ZP-Salgado y Rajoy-Guindos, con arreglo a la cual hemos sido los alumnos más disciplinados de la clase a la par que los más torpes en conseguir resultados.

Pero todo eso el gobierno, seguramente, ya lo sabe.

Amnistía hipotecaria

En una entrada publicada hace unos días, Dación en pago, expliqué cómo opera el mecanismo contable de las provisiones para morosos, y cómo ese mecanismo puede hacer que el banco pase a beneficios el exceso de provisiones sobre la deuda que resta por devolver, una vez subastado el inmueble. En la de hoy, trataré de explicar por qué la amnistía hipotecaria, que se asienta en el mecanismo contable de las provisiones, lo mismo que la dación en pago, es sin embargo muy superior a ésta por sus efectos macroeconómicos.

Supongamos que debo 100.000 euros al banco por una hipoteca que financia la compra de una vivienda. Hace un año dejé de pagar, porque desde entonces estoy en paro y el sueldo de mi pareja nos da para comer, vestir y poco más. Suponiendo que la hipoteca financiara más del 80% del precio de adquisición, el banco deberá haber dotado una provisión del 50% de la deuda, o sea, por importe de 50.000 euros. Ahora, el gobierno paga al banco el saldo de mi deuda, 100.000 euros. Se hace con una condición: si vendo en el futuro la vivienda, deberé devolver los 100.000 euros. Sigo ocupando la vivienda, de la que he pasado a ser legítimo propietario sin cargas, aunque con una limitación en cuanto a su disposición para la venta. Pero ya no habrá más pagos de principal ni intereses. Los ingresos que obtenga podré destinarlos al consumo.

En cuanto al banco, lo que ocurrirá es lo siguiente. Al ingresar 100.000 euros y cancelar la deuda, ésta dejará de ser un activo «tóxico» en su balance y la provisión para insolvencias, por importe de 50.000 euros, previamente dotada, quedará anulada. Los 50.000 euros pasarán a beneficios extraordinarios del ejercicio. El gobierno, sin embargo, exigirá del banco que esos 50.000 euros no sean distribuidos como dividendos entre los accionistas, sino que permanezcan en el balance como reservas, que se suman a su «capital de máxima calidad» o «capital principal». Así, amortizando anticipadamente por cuenta de las familias hipotecadas sus préstamos, declarados morosos por lo menos desde un año antes, el gobierno consigue recapitalizar los bancos.

Con respecto a la dación en pago, la amnistía hipotecaria es desde luego más costosa para quien la financia (el gobierno, con fondos europeos) pero es más beneficiosa tanto para el deudor como para el acreedor hipotecario. Al verse libre de cargas pero todavía propietario de su piso, el exdeudor puede incrementar, y a buen seguro incrementará su consumo, con efectos beneficiosos sobre la actividad y el empleo. En cuanto al banco, puede ahorrarse el tiempo y los gastos inevitables para la venta de la vivienda en pública subasta, por una parte, y además pasa a capital la totalidad de las provisiones y no sólo su exceso sobre lo que resta por devolver en el préstamo tras la subasta del inmueble.

Desde un punto de vista general de la actividad bancaria, se evitaría así la conversión de los bancos en gestores inmobiliarios espurios. En cuanto al mercado inmobiliario, propiamente dicho, se detendría en buena medida la caída insistente de los precios de la vivienda, que está empobreciendo a toda la sociedad española. Se trata, en definitiva, de una medida sencilla, socialmente equitativa pues beneficia tanto a las familias como a los bancos, además de un estímulo al crecimiento al aumentar el poder adquisitivo de los consumidores.

Ah, y es mucho mejor que un banco «malo».

Disparatada política económica del gobierno español

Hoy he escuchado a Luis de Guindos caracterizar la crisis actual como una «crisis de balances». Steve Keen, de la Universidad del Oeste de Sidney (Australia), así como L. Randall Wray y Stephanie Kelton, de la Universidad de Kansas City (EEUU), todos ellos inspirados en el trabajo del legendario Hyman Minsky, llevan años caracterizando de esa forma la crisis. Pero es la primera vez que oigo a De Guindos hablar de «crisis de balances», de lo que deduzco que es lo último que ha leído u oído sobre el tema. Lo que dice confirma que no tiene ni puñetera idea de qué está hablando.

De Guindos interpreta lo de la crisis de balances como que tanto el gobierno como el sector privado están sobreendeudados. Hasta aquí es hasta donde parece haber entendido. Como gobierno y familias y empresas están sobreendeudados, lo primero que tienen que hacer todos ellos es «desapalancarse», o sea, reducir su endeudamiento. Primer error, y muy grave. Y no ayuda al argumento del ministro que añada que el gobierno se «desapalanca» reduciendo gasto (recortes) y aumentado ingresos (IVA); que las familias lo hacen aumentando su ahorro, para lo cual reducen su consumo, y las empresas aumentando su productividad. Y que éste es el único camino para salir de la crisis. Este buen hombre, que para desgracia de todos dirige la política macroeconómica de España, no parece saber una palabra de contabilidad agregada.

Para reducir su endeudamiento, uno ha de registrar superávit, o sea, tiene que gastar menos de lo que ingresa; es de cajón. Ahora bien, que tanto el gobierno como el sector privado ingresan más de lo que gastan equivale a decir que la economía nacional tiene superávit con el exterior, superávit que, de existir, sería la suma de los superávits público y privado. También es de cajón. Ahora bien, la economía española no registra superávit con el exterior, sino un déficit importante si bien se ha reducido en los últimos cuatro años. El dato clave, sin embargo, es que, para poder «desapalancarse» a la vez gobierno, familias y empresas, como propugna De Guindos, tendríamos que estar registrando superávit con el exterior, cuando lo que registramos es déficit. Por tanto, la economía española se «apalanca», es decir, se endeuda cada vez más, aunque sea a un ritmo menos rápido que en años anteriores. Luego la política económica del gobierno español, en estos momentos, es una política imposible.

No sólo es imposible la política económica del gobierno español, sino que cada día se aleja más y más de su objetivo principal, que no debería ser otro que el «desapalancamiento» del sector privado, verdadero freno a que se vuelva a crecer. Para que el gobierno y el sector privado puedan «desapalancarse» a la vez, tendríamos que estar exportando mucho, muchísimo más de lo que exportamos; esto es lo que significa un superávit con el exterior. Pero una cosa es necesitar exportar más y otra muy distinta exportar más, efectivamente. Esto es algo que no se puede conseguir más que a largo plazo, aparte de depender de cómo están los países que nos tienen que comprar lo que exportamos, que ahora mismo tampoco están muy boyantes. En cambio, la urgencia con que el gobierno se quiere «desapalancar» es perentoria, y más perentoria cuanto más arriba se va la prima de riesgo. Si el saldo con el exterior, que depende de nuestra capacidad exportadora, no puede mejorar más que poco a poco, en el mejor de los casos, y el gobierno trata de «desapalancarse» a toda velocidad, el resultado será que el sector privado, familias y empresas, no podrán «desapalancarse» por más que quieran. Peor aún, para que el gobierno reduzca su endeudamiento, familias y empresas tendrán que aumentar el suyo. No hay otro camino, salvo que se haga una contabilidad nacional creativa.

Y eso es lo que nos muestran los indicadores económicos. Allí donde las familias tendrían que estar aumentando su ahorro, resulta que lo están reduciendo. Así, en 2009, las familias aumentaron considerablemente su ahorro, hasta alcanzar el 25% del sus ingresos; en 2011, la tasa había caído al 14%; en 2012, o sea, hoy, el ahorro ya es negativo. ¿Pues no tenían que estar ahorrando, en vez de «desahorrando», para devolver parte de su deuda? El dato de 2009 muestra que ahorraban, exactamente para eso, y seguro que ahora también querrían estar ahorrando. El problema es que no pueden, porque el gobierno no les deja. Consumen cada día menos pero eso, en vez de suponer más ahorro, se combina con la necesidad social de mantener a seis millones de parados, que viven en gran parte de los ingresos de los ocupados, con lo que finalmente todos terminan viviendo del ahorro de los que pudieron ahorrar en el pasado, que son cada vez menos. Y tampoco el gobierno alcanza su objetivo, pues reduce sus gastos, sí, pero cada vez recauda menos impuestos, sencillamente porque la sociedad no puede (o no quiere, para lo cual sumerge cada vez más actividades) pagar más.

¿Qué habría que estar haciendo? Primero, hay que hablar de lo que se tendría que haber hecho. En 2008, España todavía registraba superávit en las finanzas públicas y su endeudamiento soberano era relativamente bajo, inferior al 40% del PIB. Fue en 2009 cuando el gobierno incurrió en déficit y empezó a aumentar el endeudamiento público. Era una política correcta, en lo fundamental, porque, dado el saldo con el exterior, el sector privado no puede ahorrar más y «desapalancarse» si no es con apoyo de un mayor déficit del gobierno. El aumento del ahorro agregado en el primer año de la crisis así lo demuestra. Pero la fiebre por forzar el equilibrio presupuestario, que todavía padecemos, cortó los estímulos fiscales demasiado pronto. El resultado es lo que tenemos.

Dación en pago

Pongamos que debo 100.000 euros a un banco por una hipoteca concertada para financiar la compra de la vivienda en que resido. Puestos a suponer, supongamos que la cuantía del crédito inicial cubría el 85% del valor de adquisición de la vivienda, que pago un interés del 3,5% anual y que restan 10 años para terminar de pagar y poder considerarme dueño de una vivienda sin cargas. Con los parámetros expuestos, mi cuota mensual ascenderá a 1.000 euros. Mientras tuvimos trabajo mi pareja y yo, pagamos sin gran dificultad (¡por eso nos hipotecamos, hace siete años!). Al quedarme yo en el paro, y disponer sólo del sueldo de ella, cada vez nos ha costado más ir pagando. De hecho, hemos tenido que retrasar pagos en varias ocasiones en los últimos cuatro años, aunque siempre terminábamos de ponernos al corriente, a trancas y barrancas. Por desgracia, ella perdió también su empleo hace quince meses, y desde entonces no hemos podido hacer más que pagos de intereses, y no de todos los intereses adeudados, que crecen como una bola de nieve con los impagos. El banco ha sido muy amable (!) y nos ha ofrecido una reestructuración del crédito, con alargamiento del plazo, pero realmente ya nos es imposible pagar nada más. Nosotros querríamos la dación en pago, aunque tengamos que irnos a vivir con mi suegra y mi cuñada, pero el banco nos ha dicho que, en pública subasta, el precio de la vivienda no subirá de 70.000 euros, por el derrumbe del mercado inmobiliario, debido a lo cual todavía deberíamos 30.000 euros, que no sé cómo vamos a pagar, como no sea vendiendo la casa de mi suegra y mi cuñada, con cuya garantía mi suegro, que en paz descanse, nos avaló al hipotecarnos. En vista de lo visto, el banco inició hace meses los trámites de embargo y desahucio de nuestra vivienda, que llegarán a su fin en próximas semanas pero en modo alguno pondrán término a nuestras penalidades.

No sé cuántas familias se encuentran en esta situación, ni a cuántas afectará en los próximos meses. Me temo que a unas cuantas decenas de miles, y el número irá in crescendo conforme nos adentremos en la recesión en que llevamos ya casi un año y empieza ahora a azotar a los demás países europeos.

Debo redirigir la atención del lector, desde el drama humano que esta clase de situaciones comporta, al problema bancario. Para el banco que es mi acreedor, mi crédito, llegado a la situación que he descrito, es un «activo tóxico». Su «toxicidad» lleva consigo varios problemas. Uno es que acabará cambiando, al menos en la mayor parte de su valor, un crédito por un inmueble (nuestra vivienda), que no tiene nada que ver con el negocio bancario. Eso le obligará a incurrir en gastos de mantenimiento y a decidir si le interesa alquilarlo o venderlo. Convertirse en arrendador (propietario de un piso en alquiler) es una complicación para un banco, que no está preparado para actuar como gestor inmobiliario. Puede ponerlo en manos de un verdadero gestor inmobiliario, pero eso también presupone gastos. Al final, lo más sencillo para el banco es vender. Pero aquí empieza el verdadero problema. ¿Vender, por cuánto? Cabe estimar que el precio de la vivienda construida ha sufrido en España una caída media del 40%. En números redondos, el banco dejará de cobrar 30.000 euros del total de la deuda hipotecaria, que repercutirá sobre mis avalistas; ahora, mi suegra y mi cuñada.

Ahora bien, la regulación bancaria impuesta por el Banco de España ha obligado a mi banco a dotar provisiones por créditos morosos desde el tercer mes en que dejé definitivamente de pagar regularmente. Pongamos que hace un año. Dotar provisiones quiere decir apartar beneficios y dejarlos inmovilizados en una cuenta especial, a la espera de que el crédito sea incobrable, en cuyo caso la provisión cubre la pérdida, en todo o en parte, o de que yo vuelva a pagar, en cuyo caso el capital «provisionado» recupera su condición inicial de beneficios. Por las características del crédito, que satisface la mayoría de los créditos hipotecarios a familias en nuestro país, el banco ha estado obligado a «provisionar» mi crédito, claramente moroso, en dos años, a razón del 50% cada año. Digamos que ya tendría que tener provisiones, para cubrir mi crédito, o las tendrá dentro de poco, por importe de 50.000 euros.

Esto cambia radicalmente el panorama. Supongamos, en efecto, que nos desahucia y vende nuestro piso por 70.000 euros cuando la deuda asciende a 100.000. Hay una pérdida extraordinaria – así se llama – por importe de la diferencia, o sea, 30.000 euros. Pero ahora el banco tiene disponibles 50.000 euros para cubrir esa pérdida; 30.000 se van con la pérdida, lo que deja intacto el capital (éste es el objeto de la provisión) pero restan todavía 20.000 que se convierten… ¡en beneficio extraordinario de este ejercicio! Vaya, de tener pérdidas el banco ha pasado a tener beneficios. ¿Y todavía pretende asfixiarnos a mi suegra, a mi cuñada y a nosotros dos amenazándonos con el aval de mi suegro, que en paz descanse? Hace falta una caradura impresionante y una sed de dinero inhumana.

Es esta clase de situaciones la que abordó el Congreso hace unos meses al aprobar una ley invitando a las entidades bancarias que estuvieran en esa situación a optar voluntariamente por la dación en pago, es decir, por la cancelación total y definitiva del crédito desde el momento en que se haya producido la venta de la vivienda en pública subasta. Se sobreentiende que las entidades se avendrán a esa posibilidad únicamente en caso de que las provisiones previamente dotadas cubran el 100% o más de la inversión del banco. En caso de que no se llegue a ese extremo, el brazo seguirá apretando al deudor. Pero es que, en el preciso caso que he descrito, la dación en pago tendría que ser obligatoria, no voluntaria, porque otra cosa es verdadera extorsión. Incluso cuando no hay provisiones suficientes, habría que estudiar por qué no las hay. Quizá no las hay porque el banco no ha cumplido con sus obligaciones, y no las ha dotado o no lo ha hecho en la medida requerida. En este caso, tendría que exigirse responsabilidades a los gestores y el banco tendría que ser responsable civil subsidiario. En todo caso, no debería ser problema de la familia hipotecada. Las provisiones que hubieran debido ser dotadas en ejercicios anteriores, sin serlo efectivamente, deberían dotarse automáticamente éste, con cargo a los beneficios que el banco vaya a registrar, con lo que la situación y sus resultados retornarían a lo descrito. Finalmente, podría ocurrir que no hay provisiones porque no ha habido beneficios con cargo a los cuales dotarlas: si no hay beneficios, no hay provisiones. En ese caso, el Estado debería ser responsable subsidiario y resolver el problema, para llegar al mismo término, con los fondos del rescate bancario.

Lo que nos dice la prima de riesgo

Ayer fue un mal día en los mercados, peor de lo que pueda parecer a simple vista. El fin de semana pasado, la eurozona (y de rechazo el conjunto de la Unión Europea, sin haber sido consultada) se había embarcado en un esfuerzo sin precedentes por dar una solución definitiva a la crisis financiera antes de las elecciones griegas, con el compromiso de prestar hasta 100.000 millones de euros para la reforma estructural del sistema bancario en España. El experimento era crucial; se trataba de un «rescate» no convencional, si por convencional entendemos los que han tenido por objeto Grecia, Irlanda y Portugal. Tan es así, que la troika (el trío de técnicos de la UE, el BCE y el FMI encargados de vigilar el cumplimiento de las condiciones pactadas, Memorandum of Understanding o MoU) no quería ser llamada troika en esta ocasión. Realmente, no hace falta: Montoro ya los ha rebautizado castizamente como los «hombres de negro». Ayer, los mercados tenían que reaccionar a esta aparatosa escenificación, y la reacción fue pobre. La prima de riesgo volvió a situarse por encima de los 500 puntos básicos. Hoy, todo son explicaciones del hecho. Que si las condiciones no están claras, lo que es cierto; que si la política europea pierde credibilidad a velocidad de vértigo, lo que también. Pero nadie da, a mi juicio, en el clavo. Nos hemos autoconvencido de una manera tan firme de que hablar del «contagio» es una forma de echar balones fuera, que somos incapaces de reconocer el verdadero contagio cuando lo tenemos delante de las narices. En Twitter pronostiqué el resultado de la prima de riesgo el domingo. Dije que ni bajaría como esperaba el establishment ni se iría a la estratosfera como en los rescates convencionales; que se quedaría sobre 500, y sobre 500 está. Sospecho que se mantendrá, con cierto crecimiento, no demasiado intenso (no a 1200 y cosas así, como los rescatados antes), hasta las elecciones griegas. Estamos en un compás de espera. El riesgo ahora es, justamente, el contagio de Grecia.

Christine Lagarde, directora-gerente del FMI, ha dicho que se dispone de tres meses para salvar el euro. Vuelve a equivocar el tiro. El euro, como proyecto monetario transnacional, no corre verdadero peligro. El peligro es que el euro escupa a una serie de países que no cumplen los requisitos para estar en esa clase de moneda común. Lo señalé hace unas semanas, en una entrada de este mismo blog, sólo que escrita en inglés. Ahora lo repito en castellano. El euro se basa en una teoría económica, formulada hace décadas por Robert Mundell, premio Nobel de Economía en 1999. Lo que Mundell dijo es que una moneda común tan sólo se puede sostener en lo que llamó una «zona monetaria óptima». Con esto, quería significar un territorio donde sea posible realizar determinados ajustes de productividad. Cuando una parte de la zona pierde competitividad frente al resto, hay que ajustar salarios (lo que ahora se llama «devaluación interna») o tiene que producirse emigración. Una tercera posibilidad es que una política fiscal común retrase el ajuste, pero al precio de elevadas tasas de desempleo en la parte menos competitiva. Resulta que España es el ejemplo claro de pérdida de competitividad en una zona monetaria (es claro frente a Alemania), pero los mecanismos de ajuste no funcionan o funcionan lentamente. Determinada fiscalidad (sanidad y educación públicas) sostiene a la sociedad a pesar del desempleo. Entonces, se entra en la «consolidación fiscal», o sea, la reducción drástica del déficit vía gasto público, para forzar el ajuste. Pero la cosa sigue sin funcionar. Lo único que ocurre es que aumenta el desempleo. Es más, el desempleo aumenta aunque las cotas de devaluación interna son apreciables. Conclusión: la zona monetaria es subóptima, y la moneda común difícilmente se podrá mantener sobre ella.

España no es Grecia, por descontado. Pero ocurre que, por una confluencia planetaria, por otro nombre destino, han venido a coincidir un test crucial para la eurozona, en la solución de los problemas de España, y un problema político de otro orden, que podría terminar en la expulsión de Grecia de la eurozona. La salida de Grecia está cantada, prácticamente, pero ahora la cuestión es cómo digieren los mercados este trauma. Y mi tesis es que, si los mercados han asimilado y comparten la teoría de las zonas monetarias óptimas, como creo que la comparten, habrán llegado a la conclusión de que la reforma bancaria en España, por importante que sea y por mucho dinero que Europa invierta en ella, no es suficiente para transformar la zona monetaria, de subóptima, en óptima.

A partir de aquí, todo lo demás es sencillo. Si el euro debe sobrevivir, y por supuesto que Alemania y Francia, por encima de diferencias ideológicas y personales, se encargarán de que sobreviva; si la eurozona debe sobrevivir, repito, tendrá que ser a costa de expulsar de su seno a los países que impiden que sea una zona monetaria óptima. Y si Grecia sale ahora, o en unas semanas, los mercados entenderán que el proceso de expulsión ha empezado y que no parará hasta que la eurozona puede considerarse «óptima». En otras palabras, la salida de Grecia será tomada por los mercados como señal de la inmediata salida de Portugal, quizá Irlanda, bien seguro que España, y habrá que ver si también Italia. Y, en reacción lógica a esa expectativa, empezarán procesos «especulativos» (pero enteramente naturales) contra la deuda soberana de esos países. El mantenimiento de la prima de riesgo española en niveles de «prevengan» anticipa estos movimientos. Si gana la izquierda en Grecia, la prima de riesgo española subirá sensiblemente de nivel. Y si Grecia sale finalmente del euro, la prima de riesgo española se disparará a niveles de rescate convencional.

Pasta gansa para España

Estas cosas siempre son un disparate. Europa pone 100.000 millones de euros para arreglarle el cuerpo a la banca española, y el asunto no puede salir bien. Y no puede salir bien por un error (o quizá no tan error) de concepción. Estamos en el capitalismo. Aquí cada cual se tiene que buscar la vida, y el que no la encuentre, al hoyo. Eso vale para los bancos tanto como para todo lo demás. (Bueno, quizá no tanto para los bancos, porque son tan importantes, ¿verdad?).

Supongamos que sale bien. Supongamos que los miles de millones se reparten «equitativamente» entre los bancos, y que éstos ponen su parte (¿de dónde, dejando de pagar dividendos una temporada a los accionistas?) hasta reunir los 170.000 millones en que se estima el agujero del ladrillo español. Estupendo, ya tenemos unos bancos reflotados a tope… y listos para competir y quedarse con todo lo que puedan del pastel del mercado único de servicios bancarios de la Unión Europea. ¿Qué pasará, previsiblemente? Que los bancos de otros países levantarán el dedito para decir: «Yo también quiero». De algún modo, la eurozona se ha juramentado, con este rescate, a poner en marcha la famosa unión bancaria, cualquiera que sea la naturaleza de ésta, cosa que nadie conoce más allá de alguna obviedad, como que tiene que haber un supervisor único, un fondo de garantía de depósitos único y detalles así, que conoce cualquiera de mis alumnos de 5º de Administración y Dirección de Empresas. Luego la eurozona se ha metido en un callejón sin salidas laterales, que no sabemos a dónde la va a llevar.

A continuación, está la postura que pueda adoptar el Reino Unido, que no es miembro de la eurozona, que pagó en su momento de su bolsillo el rescate de sus bancos, y que se puede ver (se verá) perjudicado por ayudas públicas a un competidor de la Unión Europea. Ahí, la UE está abocada a una negociación que puede ser tan larga como la de principios de los años ochenta del siglo pasado, y que concluyó con la aprobación del «cheque británico». Sólo que ahora el Reino Unido va a contar con aliados como Polonia, Austria, Holanda y Finlandia. Y aunque no somos más pobres que hace treinta años, tenemos mucha menos riqueza en forma líquida, lo que dificulta el pago de cualquier cheque.

Y está la cuestión de España. España, ese país de baja productividad que, sin embargo, siempre se las arregla para recibir un trato de favor excepcional. Para que nos hagamos una idea, entre 1989 y 2006, España recibió unos 200.000 millones de euros en dinero de fondos europeos, mientras que el segundo país más beneficiado fue Italia, con unos 70.000 millones recibidos desde 1957. O sea, primeros, con el triple de beneficios que el segundo. Gracias a eso tenemos más autovías que nadie (excepto Alemania) y más tren de alta velocidad que nadie (incluida Alemania). Resulta que nos metemos en el fiasco del ladrillo ¿y tiene que venir Europa también a sacarnos del atolladero? No sorprende que algunos países afilen sus cuchillos, para cortarnos el cuello si pueden. Puñetera envidia, claro está. Y, para colmo, el pánfilo de Rajoy viene a presumir de que poco menos que nos van a regalar los 100.000 millones del rescate bancario. Holanda y Finlandia, sobre todo, estaban que echaban las muelas en la reunión del Eurogrupo del sábado 9 de junio.

Y luego está Grecia. Parece evidente que uno de los efectos inmediatos de toda la operación será inclinar el voto de los griegos hacia los partidos que quieren menos austeridad aun manteniéndose en el euro. Los españoles hicieron sus deberes: es lo que se les dirá, y vosotros no. Pero la sospecha de favoritismo planeará y se aliará con las recomendaciones, muchas veces técnico-profesionales, de economistas de prestigio, que sostienen que tanta austeridad no es buena. Pero aquí Merkel, o sea, Alemania, no puede aflojar ni un milímetro, porque si afloja el patio se le desmanda. Alemania, como todo buen organizador, sabe que la clave radica en un sistema eficiente de premios y castigos. A España se la premia, ostensiblemente; a Grecia se la castiga, no menos ostensiblemente. Pero una vez resuelto el problema de Grecia con su salida del euro, las cosas cambiarán. Empezará una complicada negociación con Irlanda, a la que también hay que favorecer porque ha sido «buena» aunque las cosas no están saliendo como se esperaba. Todo el mundo siente pena por Irlanda, verde país de gentes tan melancólicas. Habrá que aflojar la austeridad con ella. Pero al mismo tiempo, y una vez que el «delincuente» griego (en inglés delinquent es el que no paga lo que debe) no pueda beneficiarse indebidamente porque ya no estará en el euro, Alemania mostrará con claridad que España también está intervenida, para que Irlanda no se pase en sus expectativas.

Así pues, Rajoy puede esperar de tres a seis meses «dulces», en los que el paro bajará, sobre todo por el turismo, y la Bolsa subirá y todo parecerá enrumbarse del mejor modo. Pero al término de ese plazo, la troika empezará a meter las narices para garantizar que ni un solo euro de los 100.000 millones se desvía de los bancos para ir a financiar, por ejemplo, a las ineficientes Comunidades Autónomas, o las dispendiosas sanidad y educación públicas. Todo, todo tiene que ir a los bancos. Y a ver en qué condiciones prestan los bancos a toda esa panda de morosos que han vivido de la deuda pública. Es decir, los ajustes de Rajoy continuarán. Porque el plan es que los bancos suban sus cotizaciones a la estratosfera, porque España se vea inundada de capitales extranjeros, de modo que el FROB pueda ir vendiendo sus acciones y recuperando el capital invertido, para devolver el préstamo. Y, con un poco de suerte y la debida supervisión de la troika, las cosas saldrán como es debido. Y los españoles ni nos enteraremos. ¡Malditos enchufados!

Pero como el mundo entre en la recesión que muchos esperan, como gane Romney en Estados Unidos (quien apretará el presupuesto más que Obama, lo que no dejará de sentirse en Europa), como la Bolsa española no recupere niveles de bonanza como los necesitados para que el FROB recupere el dinero que España debe a Europa, entonces nos vamos a enterar de verdad de lo que es un rescate.

Errores que han conducido a la crisis de Bankia

Cuando la crisis financiera se desencadenó en el verano de 2007, los economistas atribuyeron sus causas a la emisión de derivados «tóxicos» con hipotecas subprime como subyacente. Tomaban el detonante por la causa profunda. El caso es que, como los bancos y cajas españoles no tenían esa clase de activos en sus balances, se pensó que España estaba fuera del alcance de la crisis. Y se continuó creyendo tal cosa incluso tras el 15 de septiembre de 2008, cuando quebró Lehman Brothers.

La cosa se atribuyó a la excelente supervisión del sector crediticio por el Banco de España (BdE). «El BdE no habría permitido esa clase de inversiones», se decía. Supongamos que era cierto. Había otra razón, sin embargo, para que la banca española no invirtiera en derivados de hipotecas-basura de EE.UU., y es que estaba bien cargadita de hipotecas de nacionales. Sea de ello lo que fuere, proliferaron los elogios al BdE. Conjuntamente con su papel supervisor, se alabó también su papel como regulador. El sistema de provisiones, que obliga a las entidades a dotarlas por encima de lo que es estrictamente necesario en cada momento, también se valoraba muy positivamente. A diferencia del resto de entidades del mundo, obligadas a dotar provisiones específicas contra la morosidad, las españolas han estado obligadas a dotar también provisiones genéricas, con cargo a beneficios. España acudió a la cumbre del G-20 en Washington, en noviembre de 2008, dispuesta a «vender» este modelo y el rol del BdE. Todavía en julio de 2009, una reunión del Ecofin (consejo comunitario de ministros de economía y finanzas) estudió la generalización del modelo español de provisiones a toda la Unión Europea. Pese a todo, España no ha conseguido que, bien en la UE, bien en el ámbito global de los acuerdos de Basilea III, se reconozca que las provisiones genéricas computan a efectos de «capital principal».

Mientras estas consideraciones eran las que dominaban el debate público, la actuación concreta del BdE como supervisor bancario arrojaba luces y sombras. Por una parte, desde el verano de 2007 presionó a las entidades a desprenderse de las filiales inmobiliarias que algunos habían constituido. Por otra, permaneció pasivo frente a inversiones especulativas de alto riesgo. Por ejemplo, a principios de 2007 Caja Castilla-La Mancha invirtió casi 100 millones de euros en adquirir acciones de una inmobiliaria cuya cotización cayó a la décima parte de su valor anterior pocas semanas de después. CCM perdió no menos de 80 millones de euros en aquella operación. El BdE no reaccionó. A lo largo de 2008, hubo episodios de alarma social sobre la capacidad de la Caja de hacer frente a sus depósitos, pero el BdE siguió sin reaccionar. Por fin, en febrero de 2009 fue el Banco Central Europeo el que detectó que CCM se debía de estar quedando sin activos de garantía que descontar, y por tanto sin liquidez, y encendió las luces de alerta. Entonces procedió el BdE a intervenir la Caja.

A lo largo de 2010, con la crisis de la deuda soberana, el foco se desplazó hacia la banca, obligada a absorber cantidades ingentes de deuda pública. Entonces se apuntaron las primeras dudas de los mercados acerca de su solvencia, dado el peso, creciente, de los activos inmobiliarios y sus derivados en sus balances. El BdE cometió su siguiente error. Convencido del poder de su reputación, enaltecida en los dos años anteriores, creyó poder intermediar entre las entidades y el mercado, oficiando de portavoz de las mismas. Prevalecía aquí un concepto trasnochado del secreto bancario, cuando lo que querían los mercados era información detallada de las inversiones y sus riesgos. La farsa de los tests de stress, repetida dos veces, no hizo nada por mejorar la confianza de los mercados.

Pero el mayor error fue el cometido por el gobierno anterior de creer que bastaría con atacar la situación de las cajas de ahorros dejando tranquilos a los bancos. Hubo en esto cierto dogmatismo liberal, que vio en la conversión de las cajas en bancos la oportunidad histórica para una última desamortización. También se pensó que sacrificando a las cajas, sin dueño conocido, se podía evitar ajustes a los bancos, con millones de accionistas. A todas luces, la operación fue producto de una alianza de ensueños doctrinarios e intereses electorales. Y completamente inútil. En ella se han perdido unos meses preciosos y se ha destruido importantes sumas de capital.

Se empezó por fomentar las «fusiones frías» entre cajas. De una de ellas, surgió Bankia. Una soberana estupidez, nacida de la manía española por los «campeones nacionales», que promueve el gigantismo. Un concepto de recién llegados a la competencia global. Lo único que se ha conseguido es crear entidades demasiado grandes para dejarlas caer y también demasiado grandes para poder rescatarlas con los recursos que el país puede reunir. La antesala inmediata de la tribulación actual.

El problema de fondo que se quería resolver con la privatización era la incapacidad de las cajas de acudir al mercado de capitales, al no ser sociedades por acciones. Una vez transformadas en bancos, este problema parecía solventado. Se obligó a todas las entidades a recapitalizarse. Así salieron a Bolsa Bankia y otras entidades, hace menos de un año. Lo que se logró es comprometer los ahorros de pequeños inversores, ya esterilizados para financiar inversión real. Y una medida nuevamente inútil para contener la desconfianza de los mercados. El problema no era ése. En EE.UU. hay muchos bancos pequeños, que tampoco tienen ocasión de acudir a la Bolsa y que, no obstante, funcionan razonablemente bien.

El gobierno actual ha continuado con la política de fomentar el gigantismo y recapitalizar para tranquilizar al mercado, iniciada por el anterior. Así, ha forzado mayores provisiones y, al mismo tiempo, concede plazos más largos para dotarlas a las entidades que se fusionen. Pero tampoco así ha conseguido tranquilizar a los mercados. Todavía no han entendido la naturaleza del problema. Es el desconocimiento de los balances de los bancos lo que provoca la desconfianza. Durante el tiempo en que el BdE pretendía actuar como portavoz y garante de la información de las entidades, los mercados no pudieron por menos de pensar que cuentas tan bien protegidas tenían «gato encerrado». El problema era y sigue siendo la falta de transparencia de las entidades. La retirada del BdE a un segundo plano y la entrada en escena de auditores independientes, por sospechosa que sea su reputación, dará mayor credibilidad a los balances bancarios a los ojos del mercado. Pero incluso eso será insuficiente a estas alturas de la crisis.

La sobrecapitalización propuesta en el plan Goirigolzarri retrasará la aparición de una nueva fase aguda de la crisis bancaria. Para resolver ésta, no hay otra fórmula que una reforma estructural, ésta de la clase que no cabe esperar de gobiernos como el actual o el anterior. La raíz de la opacidad del sector bancario se encuentra en la existencia misma de la banca universal, banca que presupone una amalgama de riesgos casi imposible de desentrañar incluso para las propias entidades. Habría que disponer de información en el ámbito de la sucursal bancaria, y procedente de todas las oficinas de cada entidad, para valorar adecuadamente los riesgos. Una reforma que ponga fin a este estado de cosas es exactamente lo que el país necesita.