Eurobonos: qué, cómo y para qué

Si algo no se puede negar a los partidarios de la emisión de eurobonos es que son tenaces e inconmovibles en su fe. Diríase, lo mismo oyendo a François Hollande que a Alfredo Pérez Rubalcaba y – lo que es más sorprendente – a muchos economistas, que la solución a la crisis de la deuda soberana depende de su emisión. Por mi parte, soy escéptico. Mejor dicho: soy decididamente contrario, no tanto a su emisión como a depositar en ésta una confianza que sería totalmente inmerecida.

Para empezar, no es posible saber con precisión de qué se está hablando, o sea, qué cosa puedan ser los eurobonos de marras. ¿Quiérese decir que, una vez acordada la emisión de eurobonos, cesará toda emisión de bonos nacionales? Si es esto, la verdad, lo que se propone es francamente irrealizable. Por la sencilla razón de que, suponiendo un mercado donde la formación de precios sea perfecta, la prima de riesgo de los eurobonos vendrá a ser un promedio de las primas de riesgo de los bonos nacionales, actualmente en circulación, ponderadas por la masa de deuda nacional que circula. Incluso si admitimos, con algunos economistas que defienden la cosa con entusiasmo, que el eurobono será objeto de una apreciación derivada de la mejora de las expectativas (aunque no entiendo por qué los mercados supondrían que la emisión de estos eurobonos mejoraría sustancialmente la situación financiera de Europa), incluso en ese optimista caso, repito, parece evidente que un buen número de países tendría que pagar por su deuda más de lo que está pagando actualmente; y esos países serían, precisamente, los que mejor están funcionando en la crisis: Alemania, Austria, Finlandia, Dinamarca… Nosotros ganaríamos, porque nuestra mala calificación crediticia se compensaría con la buena de ellos, pero ellos perderían. Y no se comprende bien por qué ellos, que tienen la sartén por el mango, habrían de darle la vuelta a la sartén para ofrecernos el mango a nosotros.

La alternativa es que cada país acuda a la emisión de eurobonos o a la de bonos nacionales, a su elección. Nosotros acudiríamos de cabeza, en principio; eso es bien evidente. Pero Alemania y los otros países del «centro» económico de la eurozona se abstendrían de acudir y seguirían captando financiación a tipos de interés muy bajos; concretamente, Alemania a tipos próximos a cero. Total, que sólo acudiríamos a protegernos bajo el paraguas de los eurobonos los países de la periferia que soportamos tipos muy elevados: nosotros, además de Grecia, Irlanda, Portugal e Italia. El resultado sería un absoluto desastre, ya que nuestros intereses, aunque bastante elevados, son sensiblemente menores que los de los tres países citados en primer lugar. Con lo que al promediar los tipos nacionales, resultaría un eurotipo bastante superior a lo que pagamos ahora. No nos convendría acudir a los eurobonos y lo mismo le ocurriría a Italia. Con lo que finalmente, los eurobonos se quedarían en un proyecto carente de realización.

Una tercera posibilidad es la propuesta por el SPD, partido socialdemócrata alemán, que aquí ha sido muy criticada, como si supusiera defender los eurobonos «de boquilla», pero rechazarlos en realidad. Lo cual demuestra, entre otras cosas, lo poco que ha reflexionado la izquierda española sobre los problemas de ejecución del proyecto. De hecho, la variante propuesta por el SPD – como uno se podía figurar a priori – no sólo es perfectamente realizable, sino que es la única realizable. Se trata de forzar los eurobonos como financiación para porcentajes de deuda sobre el PIB superiores al 60%, y precisamente para financiar el exceso de deuda sobre el 60% del PIB. De manera que si nosotros tenemos un 70% de deuda sobre el PIB, únicamente podremos financiar con eurobonos (se sobreentiende que pagando el tipo de los eurobonos, un tipo medio entre los tipos nacionales, inferior al nacional nuestro) la deuda que corresponde a un 10% del PIB. El 60% restante tendremos que financiarlo con emisiones nacionales. El tipo que pagaremos en conjunto será algo inferior al que nos correspondería pagar con toda la deuda financiada por emisiones nacionales, pero no tan inferior como les gusta pensar a los defensores a ultranza de la fórmula. Por su parte, Alemania podría financiar a un tipo cero – como ahora – su deuda hasta que ésta alcanzara el 60% de su PIB. En cuanto pasara de ese porcentaje, debería acudir a los eurobonos, con un tipo sensiblemente superior. Así, los países tendrían incentivos para mantenerse en porcentajes inferiores al 60% y cabría esperar que los que lo lograran pagarían tipos inferiores al de los eurobonos. Como digo, ésta es la única alternativa que me parece económicamente sensata y políticamente viable.

Como parece evidente, el proyecto SPD puede ayudar a introducir disciplina y hasta cierta uniformidad fiscal en la eurozona, pero difícilmente resolverá la crisis de la deuda. Creo que es una propuesta positiva, y yo la apoyaría. Pero me temo que sea ilusorio pretender que es la principal medida para resolver la crisis de deuda. Diría incluso que, desde esa óptica, no me parece muy importante.

Bankia: el plan

Bankia está lejos de atravesar una situación desesperada. Su problema es incapacidad de cumplir los requisitos de la reciente reforma financiera, que imponen la dotación de mayores provisiones para insolvencias en la cobertura de sus riesgos. Las cifras de Bankia no satisfacían los requisitos, y no permitían confiar en que lo haga antes del límite temporal estipulado (diciembre 2012). Los depositantes y accionistas reaccionaron con desconfianza a las noticias. Hubo retirada de dinero, la cotización bursátil de Bankia se hundió y arrastró al conjunto de valores bancarios. A comienzos de la semana pasada, Rodrigo Rato cesó como presidente y para sucederlo fue elegido José Ignacio Goirigolzarri. Finalmente, el viernes 25 y el sábado 26 de mayo, el nuevo presidente presentó su plan.

El plan cuenta con 23.464 millones de euros del gobierno. De ellos, 4.464 millones corresponden a capitalización de la deuda que Bankia tiene contraída con el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). Los 19.000 millones restantes recapitalizarán BFA (Banco de Financiación y Ahorro, principal accionista de Bankia) y Bankia propiamente dicha. Al término del proceso, este mismo año, Bankia dispondrá de un capital principal elevado al 9,5% de sus activos ponderados por riesgo, lo que satisface de sobra los requisitos de la legislación española.

Un aspecto clave del plan es la renuncia a capitalizar deuda privada, tanto preferente como subordinada. Esto es crucial para las perspectivas de Goirigolzarri de devolver al gobierno el dinero de los contribuyentes. Como él mismo dice, el plan requiere capital, no «ayudas». Tratándose de capital, el dinero que se proporcione a Bankia será recuperable mediante venta de acciones en poder del gobierno. Así pues, el plan básico es un rápido retorno a la cotización bursátil. Si el mercado cree que Bankia ha recibido suficiente capital, la cotización de sus acciones subirá y el gobierno podrá recuperar la inversión gradualmente.

El plan Goirigolzarri parece sensato, juzgado desde una óptica microeconómica. Si sus previsiones se cumplen, en cuanto a capital obtenido, hay una razonable probabilidad de que tendrá éxito aunque sus resultados tardarán en manifestarse. El principal problema radica, no obstante, en las complicaciones macroeconómicas. Goirigolzarri ha presentado al gobierno una petición de fondos como si el gobierno fuera un inversor privado en busca de colocación para un exceso de capital disponible para la inversión. Una situación bastante distinta de la que realmente prevalece. El plan asegura a Bankia un completo saneamiento de sus estados financieros. Por tanto, es probable que sea percibido por la banca privada como sostenimiento desleal de uno de sus miembros. Incluso si el gobierno pudiera reunir fondos hasta totalizar esos 19.000 millones de euros para ponerlos a disposición de Bankia, sería absolutamente incapaz de hacer lo mismo por el resto de la banca.

La cuestión de si el gobierno español será capaz de reunir 19.000 millones de euros para Bankia es de difícil respuesta. El gobierno acaba de recortar gastos educativos y sanitarios por importe de 10.000 millones, con vistas a compensar recientes revisiones al alza del déficit público registrado en 2011. Las necesidades financieras de Bankia doblan esa cifra. Muchos creemos, con el presidente francés, François Hollande, que España no tendrá más remedio que acudir a los fondos europeos en petición de ayuda para solventar el caso. Pero el gobierno ha hecho causa de que España no necesita ser rescatada, y el propio presidente, Mariano Rajoy, censuró a Hollande hace unos días su «ignorancia» a la hora de hablar de los bancos españoles. En conjunto, parece que el gobierno está dispuesto a lo que haga falta con tal de no reconocer también su error en este ámbito. Habla de que las necesidades de Bankia suponen deuda y no déficit, y esto quiere decir – como se ha aclarado – que el gobierno emitirá deuda para suscribir las ampliaciones de capital de Bankia y BFA. A continuación, Bankia utilizará esa deuda para obtener financiación del Banco Central Europeo.

El asunto candente, por tanto, es si el BCE aceptará el procedimiento en este caso, que lo llevaría a adquirir (aunque sea de forma temporal, que podría terminar siendo definitiva si todo acaba mal) deuda española, cosa que ha decidido no hacer más tras haberlo hecho en meses pasados. Rajoy recorrió dos continentes defendiendo su tesis de que el BCE debe continuar haciendo lo que el propio BCE ha declarado no querer volver a hacer, y ahora el gobierno español se descuelga con una maniobra de ingeniería financiera para obligar al BCE a hacerlo. En todo caso, tenemos el precedente irlandés. A principios de 2009, el gobierno de ese país tuvo que rescatar a su principal banco, el Anglo-Irish Bank (AIB), y el procedimiento fue similar al planeado ahora por el gobierno español. El BCE terminó aceptando el procedimiento, pero el resultado fue que el BCE adquirió de hecho, en el proceso, la prerrogativa de decidir cuándo la cosa había llegado demasiado lejos e imponer al país su rescate formal a pesar de que el gobierno se resistió a ello como gato panza arriba.

La ley de Hanlon y la doctrina del gobierno-maruja

Cierto optimismo recorre Europa, y sobre todo las filas socialistas, acerca de las posibilidades abiertas por el triunfo de Hollande en Francia. Muchos piensan que la política de austeridad, preconizada por Merkel, Cameron y Rajoy, además de haber demostrado palmariamente su ineficiencia en los dos últimos años, ahora resulta políticamente cada vez más difícil de sostener. Si a esto se añade el retroceso insistente que muestra el partido de la canciller alemana en las elecciones de länder de su país (el último, el verdaderamente crucial de Renania-Westfalia) la perspectiva más probable sería un cambio también en Alemania en la dirección de imprimir mayor crecimiento en la eurozona, incluso si es a costa de algo más de inflación y de alargar el ajuste fiscal.

Tengo que decir que no soy nada optimista. Para empezar, lo que aquí he llamado «vía prusiana» a la unificación europea tiene sus partidarios en todo el Continente, y se muestran dispuestos a no entregar las armas sin lucha. Así, se ha sabido que Jean-Claude Trichet, anterior presidente del Banco Central Europeo, anda proponiendo un plan para que la Unión declare en bancarrota a los estados miembros que no puedan sostener sus finanzas por sí mismos, y para que tome el control directo de las mismas a partir de ese momento. Esto es algo que he venido prediciendo que ocurriría, y es un refuerzo importante para los «europrusianos», que Hollande y los suyos no encontrarán forma clara de rechazar.

En segundo lugar, creo que Hollande tampoco va a realizar un cambio radical de política, como la que se necesita para reducir drásticamente el desempleo en Europa, que es lo que se está necesitando, sobre todo en España. Él y los suyos nos van a decir: «Bueno, no os apuréis; en vez de tener que llegar al 3% de déficit el año que viene, tendréis dos o tres años más». ¿Y en qué nos ayuda eso a reducir el desempleo? Lo único que hará es frenar la destrucción de puestos de trabajo, puesta a velocidad punta por la irresponsabilidad doctrinaria del gobierno Rajoy, y nada más. En fin, habrá lo que pomposamente se está llamando «nuevo plan Marshall», pero que ascenderá a unos 200.000 millones de euros para toda Europa, y que tardará en ponerse en marcha; el fondo para sostener a los bancos supera el medio billón. Eso a algunos parece que les conforma. A mí no. Tenemos en Europa herramientas de política económica para reaccionar de inmediato y con contundencia frente al paro, y no hay excusa, salvo la estupidez, para que la izquierda no las quiera utilizar.

La estupidez radica, a mi juicio, en la siguiente forma de entender las finanzas públicas. Un gobierno es como una familia o una empresa: no debe gastar más de lo que ingresa. Estupidez supina, porque familias y empresas se endeudan, o sea que se le pide más al gobierno pretendiendo que se le pide lo mismo. Una versión algo más sutil de la misma estúpida doctrina es decir que ni familias ni empresas ni, por consiguiente, un gobierno deben endeudarse por encima de lo que pueden pagar con sus ingresos futuros. Esta proposición es verdad, dicha de familias y empresas, pero un paradigma de idiotas en política económica. En realidad, un gobierno que controla la emisión de su propia moneda no está limitado en sus gastos más que por la totalidad de los recursos de su economía nacional. Cuando aumenta el gasto público relativamente al PIB, si dicho gasto se monetiza, el resultado es la transferencia de recursos del sector privado al sector público. La transferencia es muy rápida si la economía está en pleno empleo; más lenta cuanto más aumenta la tasa de desempleo. Esto explica por qué la derecha hayeckiana (de Hayek, paladín de la escuela Austriaca y defensor de un capitalismo a rajatabla) se opone a la monetización del gasto público; por qué, concretamente, Merkel lo hace. No quieren más sector público ni aunque sea la única forma de reducir el desempleo. Lo que no explica es por qué Hollande y los socialistas se muestran tibios frente a la posibilidad y prefieren llegar a compromisos con la derecha que comportan la aceptación de la doctrina del gobierno-maruja en su versión más moderada. Es aquí donde entra la ley de Hanlon.

La derecha, que sabe bien de qué estoy hablando, hace entonces un quiebro en su discurso y replica: «Pero es que el gasto público trae consigo enorme despilfarro, que introduce ineficiencia en la economía». Aquí estoy por darles la razón. Vamos, no; se la doy sin reservas. Pero mi pregunta es: «¿Acaso el gasto privado no da lugar a despilfarros?». Desde luego, no de otra cosa que despilfarro merece ser calificado, por ejemplo, el pago de bonus multimillonarios a incapaces manifiestos, como se ve todos los días.

Mi propuesta sería la siguiente. Estoy deseando que a España la intervenga la troika. Qué digo, estoy deseando que nos declaren directamente en bancarrota y que vengan a fiscalizarnos en todo. ¿Qué más me dan los secretarios de Estado y directores generales de este gobierno o del anterior, inútiles para todo a más no poder? Que vengan a hacerse cargo secretarios de Estado y directores generales franceses del PS y alemanes del SPD, no ya a fiscalizarnos sino a tomar ellos las decisiones y dar las órdenes. Seguro que lo harían mucho mejor. Acepto la completa pérdida de soberanía (esto es dar lanzadas a moro muerto) y la «prusianización» de España, con una sola condición: que vengan a gastar a manos llenas para eliminar el desempleo. Que vengan también jueces de toda Europa a hacerse cargo del Supremo (seguro que ellos no condenarían a Garzón) y a encerrar a todo el que meta la mano en el cazo. Tardaríamos meses, a lo sumo dos años en volver a una tasa de desempleo del 8%. Se haría así realidad el sueño postrero de Joaquín Costa, que el final de su vida sentenció con amargura: «Lo España necesita es un invasor extranjero que venga a cerrar cuarteles y abrir escuelas».

Consecuencias geoestratégicas de Grecia

Las consecuencias geoestratégicas de Grecia

Richard Sinston, que publica un simpático blog (aquí), me sugiere una entrada sobre las recientes elecciones griegas. Ahora que ha transcurrido una semana, y que se ha manifestado un rotundo fracaso de todos los intentos de formar gobierno, creo que puedo escribir algo.

Económicamente, la situación de Grecia es desesperada ma non troppo. Lo inmediato será la convocatoria de nuevas elecciones y la retención «cautelar» de un pago de 11.700 millones de euros incluido dentro del segundo rescate. Si todo sale como está siendo pronosticado por las encuestas de opinión, ganará Syriza, con una mayoría insuficiente para formar gobierno, salvo que el nuevo gobierno se comprometa, bien a permanecer en el euro a toda costa (para lo que contará con el apoyo del Pasok, Nueva Democracia e Izquierda Democrática), bien a salir del euro (para lo que posiblemente contará con el de Izquierda Democrática y seguro con el de comunistas y Griegos Independientes, y puede que hasta el de los nazis). Duro dilema para un partido, o mejor una coalición que ha hecho de la ambigüedad calculada su estrategia electoral de éxito. En cualquier caso, es muy probable que Syriza se rompa en el acto. Aun así, tendrá que poderse formar gobierno en una dirección o la otra. Supongamos que resulta una salida voluntaria del euro.

Salir del euro parece fácil, pero me temo que no lo será tanto. Para empezar, es muy posible que la Unión Europea (esto es, el eje franco-alemán) imponga la salida también de la propia Unión. ¿Por qué? Psss… Digamos que Grecia muy probablemente repudiará toda la deuda exterior, tanto soberana como de los bancos. Poco más o menos, lo que hizo Islandia en 2008. Pero lo que se permitió a Islandia entonces difícilmente se le permitirá a Grecia ahora. Primero, porque en vez de poco más de 30.000 millones de euros, serán más de 300.000 millones. Segundo, y más importante, porque en la UE rige una cosa que se llama la preferencia comunitaria, y que viene a significar que el gobierno griego no puede tratar a los comunitarios no griegos de forma distinta a los griegos. Es improbable que el gobierno griego repudie la deuda que mantiene con bancos griegos, porque eso supondría la quiebra de éstos. Si, por ejemplo, repudia la deuda con bancos franceses y alemanes, pero no con bancos griegos, Grecia habrá roto con la preferencia comunitaria y estará de facto fuera de la UE. Dicho de otra forma, Islandia pudo hacer lo que hizo porque estaba fuera de la UE. Para poder hacer otro tanto, Grecia tendrá que salir de la UE. A ésta no le vendría mal, por otra parte, que desapareciera un obstáculo principal al ingreso de Turquía. (Otro es la oposición de Francia, pero sobre todo de su derecha; sin Grecia, Hollande tendría la oportunidad de dar en este tema un viraje histórico, de ésos que hacen brillar la «grandeur» francesa).

Fuera de la UE, Grecia sufrirá muchos problemas, y sobre todo financieros. Necesitará divisas para poder funcionar, y no está claro de dónde podrá sacarlas. Una situación así es la que sufre Argentina desde 2005, cuando dejó de pagar su deuda externa. Sin divisas, no se puede importar bienes y servicios necesarios para producir otros susceptibles de ser exportados. Es una suerte de círculo vicioso. No se exporta porque se carece de importaciones de calidad, y no se importa porque no se exporta como para obtener las necesarias divisas. Una pescadilla que se muerde la cola. Argentina empezó a salir del atolladero en 2009, cuando China reparó en que Argentina es el tercer productor de soja del mundo. Ahora ésta es un suministrador casi exclusivo de alimentos que adquiere aquélla. ¿Quién hará lo mismo por Grecia?

La respuesta es fácil: Rusia. Rusia, que, a punto de perder sus últimas bases navales en el Mediterráneo, que mantenía en Siria (y de ahí su apoyo al régimen en su agonía), tendrá que buscar otras de recambio, y el candidato ideal sería Grecia. Parece complicado, pero no lo es tanto. Grecia y Rusia comparten la misma religión mayoritaria, el cristianismo ortodoxo. (No olvidemos, a título de ilustración, que la Comunidad Europea la crearon Robert Schuman y Konrad Adenauer, un católico francés y un católico de Renania). Después de la segunda guerra mundial, la URSS traicionó la debida solidaridad entre correligionarios y dejó que las tropas británicas aplastaran una insurrección de comunistas griegos. Ahora, Rusia tiene la oportunidad de enmendar aquel desencuentro histórico. Grecia tiene todos los motivos para sentir una profunda decepción con Europa y la sociedad occidental. Con toda probabilidad, la salida de Grecia del euro supondrá su salida de la UE y de la OTAN, para entrar a orbitar en el glacis ruso. El realineamiento de Grecia frenará la aproximación de Serbia a la UE e introducirá serias dudas en el actual alineamiento de Bulgaria, otros dos países de mayoría ortodoxa amén de eslavos. De ahí la importancia que adquiere el partido comunista griego, al que los medios califican de «prosoviético». ¿Prosoviético? Es ridículo; los soviets ya no existen. Sencillamente, pro ruso. A medio plazo, su destino es convertirse en árbitro de la situación, no sólo en Grecia sino en todos los Balcanes.

Peaje en las autovías

Me invita mi amigo Cef García, talaverano que estudió conmigo en Albacete a comienzos de los noventa, que se aficionó a la teoría del caos y ahora enseña matemáticas en Santa Fe (Nuevo México, EEUU), a que dé mi opinión sobre el proyecto gubernamental de introducir el pago de peaje en las autovías españolas, hasta la fecha de uso gratuito. Acepto con gusto la invitación.

Hay una interpretación, muy popular, que desecharé de entrada. Es la teoría que podríamos llamar del «repago» o «copago» de las autovías. Si éstas se construyeron con dinero de mis impuestos, ¿no estaré pagándolas dos veces con el peaje en ciernes? La respuesta es que no. La red española de autovías se construyó, prácticamente en su totalidad, con fondos europeos (Feder y Fondo de Cohesión), entre 1989 y 2006, periodo en el que España recibió ayudas de Bruselas por importe superior a 200.000 millones de euros (260.000 millones de dólares), cifra que triplica la del segundo país más beneficiado (Italia) por esos fondos en toda la historia de las Comunidades Europeas. Por tanto, los españoles no pagamos la construcción de las autovías. Por este motivo, era justo que su uso fuera gratuito. Hay, sin embargo, un hándicap de las autovías comparativamente a las autopistas de peaje. Éstas generan ingresos para sufragar el mantenimiento de la infraestructura, lo que aquéllas no. El gobierno plantea con habilidad la necesidad del peaje en las autovías para atender, precisamente, a su mantenimiento.

En mi opinión, el peaje en las autovías hasta ahora gratuitas tiene sentido en la búsqueda de un equilibrio intermodal en el mercado de transporte de pasajeros y mercancías. Epifenómeno de esta búsqueda es atender la reclamación de los catalanes, que tienen autopistas de peaje en tanto que el resto de España tiene autovías gratuitas. No sin cierto sarcasmo, el gobierno trata de corregir la discriminación que sufren los catalanes, pero no reduciendo su coste sino elevando el de los demás españoles.

La parte seria de la búsqueda de un equilibrio intermodal se sitúa en el contexto de subvenciones cruzadas de unos modos a otros. Así, la gratuidad de las autovías favorece el transporte por carretera via-à-vis el ferrocarril o el avión, que asumen un coste. La teoría económica predice que habrá demasiado trasporte por carretera y demasiado poco por modos alternativos. Probablemente, esta circunstancia favorece un exceso de contaminación por dióxido de carbono y alarga en demasía la amortización de las infraestructuras del ferrocarril y aeroportuarias. El problema ha preocupado a la Unión Europea desde los años setenta del siglo pasado, sin que se haya dado con soluciones claras. Ahora, el establecimiento de un peaje en las autovías tiende a elevar el coste del transporte por carreteras, lo que reducirá la intensidad de su flujo y desviará transporte al ferrocarril y el avión.

Con todo, la lectura más relevante es política, como parte de las reformas estructurales. Renfe ha anunciado una elevación general de tarifas, con objeto de reducir su déficit, que ha venido siendo tradicionalmente sufragado por el Estado. Pero la elevación del precio del billete de tren reduce apreciablemente su uso. Renfe ha fijado precios considerablemente más altos cada vez que el ferrocarril convencional ha sido sustituido por la alta velocidad. Inmediatamente, ha caído el uso del tren y aumentado la demanda de transporte por autobús. Ahora, la introducción de un peaje en las autovías que utilizan los autobuses de línea tenderá a restablecer cierto equilibrio de este modo con el ferrocarril. En otras palabras, el peaje en las autovías buscaría sobre todo corregir el desequilibrio generado por la sustitución del ferrocarril convencional por la alta velocidad, mucho más cara. No obstante, la forma correcta de abordar la corrección del desequilibrio entre modos de transporte sería disponer de redes convencionales, de uso gratuito y paralelas a las de alta velocidad (autovías y AVE), de pago. No siendo así, como no es el caso, el resultado final será una reducción absoluta del transporte, es decir, una fijación más fuerte de la población al marco local y una contracción de los flujos comerciales.

Es como si el gobierno nos dijera que nos hemos estado moviendo por encima de nuestras posibilidades.

YPF, Repsol y el mundo de ahora

El último barómetro del Instituto Elcano destaca que nueve de cada diez españoles rechaza la expropiación del 51% de YPF por el gobierno argentino. Un rechazo tan contundente no se producía, apostilla el Instituto, desde la guerra de Irak. El Mundo, en su afán de moderar las cosas, habla de «enfado de proporciones bélicas», lo que no se sabe si significa que los españoles estaríamos dispuestos a ir a la guerra por este agravio o es un chistoso juego de palabras en alusión al comentario sobre la guerra de Irak. Sea de ello lo que fuere, queda clara la ignorancia de la sociedad española en asuntos de economía y política globales, lo que a su vez explica en buena medida las tribulaciones que sufrimos, realmente, a juicio de muchos, sin saber por qué.

Empezaré por el principio. Imaginemos que la principal empresa española de refino y distribución de petróleo se llamara Royal Dutch Shell-Repsol y que su consejo de administración estuviera presidido por alguien llamado Voser; que el principal banco del país se llamara ING-Santander, y no pasara de ser una sucursal del banco de la cuenta naranja; que el principal generador de energía eléctrica se llamara Elektriciteits Produktienaatschappij Zuid-Nederland/España; que el principal operador telefónico fuera KPN; que… A mayor abundamiento, imaginemos que Iberia también era una filial de Arke Reizen, un tour operador holandés, pero se la expropiamos hace unos años porque era evidente la mala gestión que había llevado a cabo esta empresa, en suspensión de pagos en Holanda. Los españoles pensaríamos que estamos un poco colonizados, económicamente hablando, por Holanda. ¿O no? Esto no es absurdo. Es algo que podría ocurrir dentro de diez años, si las cosas siguen como hasta ahora, España tiene que ser rescatada y necesitamos acudir al capital extranjero para salir del agujero en que nos estamos metiendo. Es verdad que no todo el capital sería holandés, pero ésa es la licencia que me tomo para explicar el caso.

Los argentinos han sido bastante pacientes porque, en vez de un pueblo extraño para ellos, como para nosotros son los holandeses, quienes los han «colonizado» económicamente hemos sido los españoles, la Madre Patria. Ocurrió en los años noventa, en la euforia de la globalización. Argentina quería salir del agujero en que la había sumido, como a otros países latinoamericanos y del entonces llamado Tercer Mundo, la crisis de la deuda de 1982. Entonces les tocó a ellos, ahora nos ha tocado a nosotros. La década de los ochenta, según el Banco Mundial, fue para todos ellos una «década perdida». A principios de los noventa y bajo la recomendación del Fondo Monetario Internacional, Argentina adoptó medidas drásticas, como la dolarización de la economía, la privatización de las empresas públicas, y otras muchas que favorecían a los inversores extranjeros. Coincidió que las empresas españolas, las grandes de Ibex 35 y algunas otras, empezaban a tener beneficios que invertir en el exterior. Toda América Latina, pero muy especialmente Argentina, tenía la inestimable ventaja del idioma, ya que los españoles en aquella época apenas hablábamos inglés. Telefónica compró Entel y la rebautizó Telefónica de Argentina, Iberia compró Aerolíneas Argentinas para luego cedérsela a Marsans, Endesa adquirió SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires) y la rebautizó Edesur, el BBV compró el Banco Francés (ahora llamado BBVA Francés); finalmente, Repsol se hizo con YPF. Todo esto se hizo, merece la pena repetirlo, por recomendación del FMI y con todos los parabienes de la comunidad internacional.

En 2001, los argentinos pudieron comprobar que aquella política los había conducido al desastre. El corralito les privó de sus ahorros. Durante varios años, el gobierno mantuvo trabajosas negociaciones con el FMI y los acreedores. Desde 2003, con Néstor Kirchner en la presidencia, las cosas fueron de mal en peor. Todavía en 2005 hubo un canje de bonos que suponía una reestructuración de la deuda argentina. A comienzos de 2006, Argentina declaró que no podía pagar una parte de los nuevos bonos. De resultas de esa decisión, Argentina es el único país del G20 excluido de los mercados financieros internacionales. Eso significa que, no pudiendo endeudarse, ha de pagar todas sus importaciones «a tocateja», como si dijésemos, con las divisas que obtiene de sus exportaciones. Así las cosas, las finanzas del país han pasado por las mayores dificultades. Tras una experiencia a mi juicio decepcionante con los Bonos del Sur, emitidos por Venezuela para financiar a Argentina, ésta encontró cierto alivio hacia 2009 en la aproximación de China al país sudamericano. China tiene un problema estratégico con las fuentes de alimentación: 1.600 millones de chinos necesitan comer todos los días y además les encanta la soja, de la que Argentina es el tercer productor mundial. La balanza de pagos mejoró, exportó más y pudo también importar más. Pero nuevamente en 2011 la situación ha llegado a un punto límite.

Hay muchas interpretaciones de los motivos por los que el gobierno argentino ha expropiado YPF. Que si populismo, que si luchas de poder en el peronismo, que si CFK es incapaz de gestionar el «capitalismo de amiguetes» montado por su difunto marido. Mi sincera opinión es que los españoles somos cada vez menos simpáticos en Argentina. Y esto lo digo de uno de los dos países, junto con Cuba, que más quiere a España en la América Latina. Somos menos simpáticos por nuestras inconsecuencias y por los botarates que tenemos por gobernantes. Hace dos meses, Rajoy le dijo a Cameron, el premier británico, que quería conversaciones sobre Gibraltar. Cameron respondió tururú que te vi. Pero los argentinos tomaron buena nota y creyeron que íbamos en serio. ¿Nosotros en serio? ¡Qué va! Nosotros hablamos por hablar. Según se acercaba el trigésimo aniversario de la guerra de las Malvinas, Argentina montó una ofensiva diplomática para intentar recuperarlas de forma pacífica, ofensiva que culminó el fin de semana pasado en la Cumbre de las Américas, donde la reivindicación argentina encontró apoyo unánime, excepto en Estados Unidos. Argentina creyó de buena fe que también encontraría el apoyo de España pues ¿no nos unen, aparte de los lazos históricos, el interés común de descolonizar partes de nuestro territorio frente al mismo colonizador? Resulta que, desde hace unos lustros, el Reino Unido ha desarrollado una política muy hábil de ofrecer a los pescadores españoles que no van encontrando acomodo en la política pesquera común, un huequecito en las aguas territoriales de las Malvinas. El 40% de las concesiones pesqueras del archipiélago están en manos de armadores españoles. Los argentinos, que son casi tan ilusos como nosotros (debe de ir en la sangre) creyeron que España daría un golpe mortal a la soberanía británica renunciando a esas concesiones y arrojándoselas a la cara a los hijos de la Gran Bretaña. Naturalmente, a nosotros ni se nos pasó por la cabeza y, si hubo algún gesto diplomático en ese sentido, lo ignoramos olímpicamente, como ignoramos todo lo que no pasa aquí. Los argentinos se mosquearon. Pero aún, pensaron que nuestro talante, en general, es tirando a «blandito», porque nos habíamos arrugado de buenas a primeras con lo de Gibraltar por un plato de lentejas.

Ahora los argentinos se encuentran con que tienen un sector público inexistente desde los años noventa, y que lo perdieron por seguir un modelo que los condujo a la bancarrota y los expulsó como a apestados de la comunidad internacional (Argentina entró en el G20 gracias a los buenos oficios de Brasil, su socio en Mercosur). Si el neoliberalismo y las privatizaciones la han conducido a la ruina, ¿por qué tiene Argentina que seguir jugando a eso? Sí, desde luego, está el argumento de la seguridad jurídica y el derecho internacional, que tanto juego está dando en esta crisis, no sólo al gobierno sino también al principal partido de la oposición. ¿Derecho internacional, de qué? No hay derecho internacional de la seguridad jurídica de las inversiones, salvo el que libremente pacten entre sí los Estados soberanos. Repsol no fundó YPF. Ésta fue creada como sociedad estatal en 1922. Décadas después, el gobierno encontró oportuno privatizarla y la «vendió» a Repsol en 1999. Técnicamente, un Estado nunca vende derechos; de forma explícita o implícita e independientemente del lenguaje que se use, el Estado otorga o cede privilegios, siempre sujetos a reversión. La única forma de dificultar en serio la reversión es un tratado internacional, al que se sometan conjuntamente el Estado anfitrión y el Estado huésped, o sea, en este caso, Argentina y España. Hay un tratado de este tipo, llamado «código», entre varios países, realmente los más desarrollados del mundo, agrupados en la OCDE. Pero, ay, Argentina no pertenece a ese organismo, y por tanto, el código OCDE sobre seguridad jurídica de las inversiones no la obliga en absoluto. Y por otra parte España nunca se ha preocupado de dar seguridad a sus inversiones en Argentina con un tratado bilateral. Como de costumbre, pensamos que las cosas se nos deben «por nuestra bella cara», o porque si no se nos dan nos enfadamos, como ahora. O quizá, y esto sería mucho peor, porque en el fondo esperamos que la OCDE, que se ha dotado de un código de conducta tan racional, y con ella EEUU y Europa bien podrían enviar allí tropas de la OTAN a hacer valer la sacrosanta legalidad internacional en este tema. Pues me temo que «verdes las han segado». Para que luego algún ministro bastante poco inteligente diga que la frialdad de EEUU, por ejemplo, se debe a que temen por el futuro de sus propias inversiones en el país. Nada se puede hacer, y nada serio se va a intentar contra Argentina.

¿Qué se puede hacer, entonces? Lo repito: nada, sino esperar lo que Argentina quiera darle a Repsol, que, según mis cálculos, rondará los 3.000 millones de euros, lejos de los 8.000 que la compañía reclama. Y luego ya será problema de Repsol; lo tomará o lo dejará. Mejor que lo tome y dé fin a este penoso asunto, por el bien de todos. ¿Qué habría que haber hecho, y qué habría que hacer en el futuro por las restantes empresas españolas en Argentina? Lo primero, tomar buena nota de que no hemos adquirido derechos hasta el día del Juicio Final, como algunos parecen creer. Darnos cuenta de la moraleja de la ficción con que empezaba este artículo. Si somos los principales inversores extranjeros en Argentina y controlamos los sectores estratégicos, más tarde o más temprano a los argentinos no les gustará, como no nos gustaría a nosotros. Por otra parte, hay que ser conscientes de que a Argentina tampoco le interesa echar a España de allí. ¿Para qué, para caer de nuevo en manos de los yanquis (que no la apoyan contra el Reino Unido) o de nuevas en la de los chinos? No. España es un magnífico inversor en Argentina, pero hay que ser un poco sensibles a los problemas de los argentinos, que por lo demás son nuestros hermanos y les debemos devoción filial. Con este espíritu, y no con amenazas, lograremos defender el interés de España en América Latina de la mejor forma posible. Y, sobre todo, no pretendiendo dar lecciones a otros países, ni de buena gestión, ni de seguridad pseudo jurídica, ni de secreciones de testosterona.

Éste es el mundo de ahora, y no es mundo para idiotas.

Una nueva política económica, sin salir del euro

Por más que algún descerebrado se empeñe en decir que los nuevos parados de marzo llevan la marca de Zapatero y Rubalcaba, lo cierto es que la marca que realmente llevan es la de los recortes que el gobierno lleva a cabo desde finales de diciembre, con la facilidad añadida de la reforma laboral. Algún miembro destacado del partido gobernante lo reconocía en su defensa – bien poco ilustrada, por cierto – de la amnistía fiscal. Aparentemente, esos 2.500 millones de euros, que se espera recaudar con la amnistía, son una liquidez que resulta vital inyectar en la economía española en este momento. Y, en cierto modo, es la pura verdad. Con casi 30.000 millones de recortes, el gobierno acaba de retirar esa gigantesca cifra de dinero de la circulación. Y la economía se resiente contrayéndose.

Este gobierno puede jurar y perjurar que con sus medidas España saldrá de la crisis y creará empleo. La realidad es que esas medidas nos hunden más y más en el agujero. Y no podría ser de otra forma, ya que se sitúan exactamente en el polo opuesto a lo que habría que hacer. Hay que reconocer que el gobierno anterior adoleció del mismo estúpido concepto, aunque lo aplicó más moderadamente. En vez de recortar, ni mucho ni poco, habría que gastar más, mucho más. No voy a negar que no hay bien que por mal no venga, y que la austeridad está teniendo el efecto positivo de cortar en seco el despilfarro y la corrupción (que ya parece general) de la clase política. Esto es un efecto positivo de la austeridad; lo digo y lo mantengo. Pero sobraba la brutalidad con la que se está haciendo. En todo caso, propondría cambiar los criterios de gasto, no la cuantía del mismo. Ahora mismo, lo más importante es evitar que la economía española siga cayendo en este pozo sin fondo.

El principal problema parece ser nuestra pertenencia al euro. Y algunos, que desesperan de que la zona euro pueda cambiar de política económica, ya proponen nuestra salida de la moneda común para retornar – es de suponer – a la vieja peseta. Lo siento, pero esto me parece querer dar marcha atrás al reloj de la historia. Y, además, es absolutamente innecesario salir del euro.

Lo que propongo es introducir una doble circulación monetaria, ambos circuitos en euros. Al dinero inyectado por el Banco Central Europeo, en función de criterios políticos que no son los que nos convienen a nosotros sino los que convienen a otros, añadiría un dinero, también expresado en euros, que cree el gobierno – como quien dice, de la nada, que eso es lo que también hace el BCE – para pagar un gasto público considerablemente acrecentado. ¿Y qué dinero puede ser ése? Únicamente diré dos palabras: deuda monetizada.

Permanezcan atentos a este blog, para ulteriores detalles.