miércoles, 12 de junio de 2013

Pensiones


Ya tenemos otra vuelta de tuerca en torno al sistema público de pensiones. La reforma de 2011, del gobierno socialista, que endureció los requisitos de percepción y alargó la edad de jubilación, hoy no parece suficiente. La propia Comisión Europea ha reclamado más actuaciones en ese campo. Y cabe preguntarse, ¿por qué? ¿Es que esto no va a terminar nunca? La respuesta es: No, no va a terminar; al menos por ahora.

Cuando se entra al fondo de la cuestión, se aprecia lo indeleble de los argumentos «técnicos». Se nos dice que hoy se vive más tiempo; si se trabaja lo mismo, parece evidente que lo que se cotiza no puede dar para lo que luego se percibe. Parece, pero no es así. Un sistema público de pensiones no puede ser juzgado con los criterios de un fondo privado, aunque aparentemente sirvan para lo mismo. El fondo privado de pensiones se va nutriendo de contribuciones voluntarias, que se invierte en activos financieros que producen una rentabilidad, y con arreglo a esa rentabilidad se va pagando las pensiones de los que se retiran. Si los beneficiarios se retiran antes, o viven más, está claro que hará falta mayor rentabilidad, o una pensión menor, para compensar la diferencia. O retirarse más tarde. Éstas son las soluciones que se ofrecen, igualmente, para el sistema público. Pero, ya digo, no hay término de comparación.

Un sistema público y un fondo privado sólo tienen en común una cosa: que existen para pagar pensiones a los jubilados. Todo lo demás, la lógica con la que obtienen recursos y los emplean, así como las soluciones a los problemas que presentan, son enteramente distintos. Para empezar un fondo privado se basa en la capitalización de las aportaciones, mientras que un sistema público se basa en la lógica de redistribuir renta de los activos a los jubilados. En el sistema público español, no hay capitalización que valga; lo que hay es que los empleados pagan con parte de su salario las pensiones de los jubilados. Parece que la contribución la hacen al alimón empleador y empleado, pero no. Al empresario, que suele hacer bien sus cálculos, le da lo mismo pagar el salario que paga a los empleados y la pensión a los jubilados; para él lo que va en nómina y lo que se queda la seguridad social es un todo indiferenciado: coste laboral. Si contrata al trabajador es porque le compensa, comparativamente a lo que el trabajador produce. Y si exige rebajar la contribución social y no tanto el salario, es (aparte de su propia obnubilación sobre el supuesto carácter de «capitalización» del sistema) porque los jubilados son un oponente más débil que los sindicatos. Ahora bien, una parte de eso la ingresa a la seguridad social y todavía otra parte de lo que va en nómina se detrae de los ingresos del empleado y se ingresa, igualmente, en la caja de la seguridad social. Conjuntamente ambas cotizaciones, llamadas del empleador y del empleado, pero que son una sola: salario indirecto del trabajador, sirven para pagar las pensiones de los jubilados.

Está claro que cuando los cotizantes son muchos y los perceptores pocos, hay dinero para pagar pensiones de banquero o, si eso se estima inconveniente, para financiar otras cosas. Eso ocurrió en España desde 1947, fecha en que se reorganizó el Instituto Nacional de Previsión. Entonces, la gran mayoría de los cotizantes eran jóvenes; había, comparativamente a las incorporaciones, pocos retiros. El sistema nadaba en liquidez, y con esa liquidez se financió la creación del sector público empresarial español (el INI). Cuando el INI empezó a financiarse solo, en todo caso suplementado por subvenciones a fondo perdido del Estado, el superávit financiero del sistema público de pensiones, integrado en la caja única de la seguridad social, sirvió para financiar la sanidad pública de este país. Eso ocurría a comienzos de la democracia. Luego, la expansión de los beneficios sanitarios y el progresivo envejecimiento de la población determinaron que el sistema no pudiera financiar ambas cosas, pensiones y sanidad, con lo que ésta última empezó a depender de los presupuestos generales del Estado, como antes le había pasado al INI. El traspaso de competencias sanitarias, del Estado a las comunidades autónomas, marca el fin de esa época. Entonces, hacia mediados de la década de los noventa del siglo pasado, empezó a cundir la preocupación de que el sistema llegara a ser incapaz, incluso, de pagar las pensiones. Pero el gran crecimiento de la burbuja inmobiliaria, con el efecto llamada ejercido sobre cinco millones de inmigrantes, volvió a «rejuvenecer» el sistema, por así decirlo, y a fortalecer nuevamente las bases del sistema de reparto. Hasta el punto de que se generó un nuevo superávit, que se materializó en la creación del Fondo de Reserva.

Ahora estamos en una crisis en la que se ha perdido más de tres millones de puestos de trabajo mientras el número de jubilados, por efecto de la mayor esperanza de vida, no ha dejado de crecer. Es natural que vuelvan a surgir dudas sobre la sostenibilidad del sistema. Pero la solución está en volver a crecer, no en degradar el sistema. Los gobiernos que meten mano al sistema, para degradarlo, escurren el bulto de sus propias responsabilidades en cuanto al crecimiento de la economía española. Incurrió en esa dejación de responsabilidades el gobierno de ZP, y parece a punto de incurrir en ella el de Rajoy. Este tema, quizá más que ningún otro, habla de la escasa calidad técnica y política de los gobiernos que nos han tocado en esta crisis.

Pero ¿y la Comisión Europea, y de rechazo, la troika entera? ¿Por qué piden la reforma del sistema público de pensiones español? La respuesta es: por razones que tienen poco que ver con los problemas de fondo de ese sistema. En parte, hay un problema ideológico. Se ha instalado en Europa la idea de que el Estado de bienestar es inviable, y las pensiones públicas son una parte fundamental de ese sistema; con ello, hay mucho negocio potencial para las aseguradoras, promotores privilegiados de los fondos privados. En parte, también, hay una preocupación a corto plazo por la fragilidad de la situación financiera de España. Abundando en lo que señalaba en la entrada anterior de este blog (“Economía política de Rajoy”), la troika está convencida de que hay que mantener una continua dramatización de las reformas estructurales para mantener entretenido al público del gran teatro de los mercados globales. Ahora toca pensiones sencillamente porque el año pasado se metió mano al mercado laboral, la sanidad y la educación (todos ellos, pilares fundamentales del Estado de bienestar). Cuando la nueva reforma de las pensiones esté completada, si Rajoy no nos ha sacado de esta precariedad financiera en que nos metieron ZP y él, se tratará de darle nuevas vueltas de tuerca a lo que ahora parece resuelto. Y, así, sin final a la vista.