sábado, 5 de agosto de 2017

Barcelona y el turismo


Para evitar malos entendidos, crecí en Alicante en la década del desarrollismo; vi surgir Benidorm, prácticamente de la nada hasta convertirse en lo que es ahora. Hace treinta años, me vi envuelto profesionalmente en el sector turístico, esta vez en Ibiza, y comprobé sus efectos sobre el mercado laboral: jornadas de diez y doce horas, sin descanso los fines de semana, de mayo a octubre, y el resto del año vacaciones forzosas en el paro; fijo discontinuo llaman a ese contrato de trabajo. Luego asesoré a empresarios mallorquines y, derivado de mis contactos con la Isla, en 1999 llevé a cabo (conjuntamente con José María Zufiaur) un estudio de Calvià, el municipio más rico de España gracias al turismo, con objeto de desentrañar los motivos del abandono escolar, entonces también uno de los más altos de España y que naturalmente estaba relacionado con el turismo; desaconsejé la instalación en ese municipio de un parque temático, que algunos otros economistas recomendaban. Años después, participé por cuenta de la Universidad de Castilla-La Mancha en el proyecto de crear un polo turístico en Ciudad Real. El Reino de Don Quijote, se llamó la cosa. Un fracaso absoluto, también relacionado con el del archifamoso aeropuerto de Ciudad Real. He visto el sector por activa y por pasiva; conozco sus pros y sus contras, sus éxitos y sus fracasos. Di, en fin, clases en la Escuela Oficial de Turismo antes de dedicarme por entero a la Universidad. Trato de no hablar por hablar.

La reciente reacción contra los excesos del turismo (trato de ser ecuánime) ha sido calificada de «turismofobia». Creo que no es más que la indignación que saltó a la palestra el 15 de mayo de 2011, focalizada en el turismo. El argumento de fondo se desarrolla en los siguientes términos: Yo no hago turismo, pero sufro sus efectos; no tengo por qué. Que los sufra quien hace turismo, o sea, los ricos. Se enfatiza el carácter masivo e insoportable del turismo ahora, como si fuera algo nuevo. En España llevamos medio siglo sufriendo los efectos del turismo, y tratando de atemperarlos en lo que se puede. El contrato de fijo discontinuo, al que aludí antes, fue un importante logro de los sindicatos. Me dicen que ahora en Barcelona sólo hay temporalidad y precariedad. Es un retroceso, pero está en la mano de los interesados remediarlo, como hace cuarenta años. Hay mucha demagogia en esto, como decir que aceptar el turismo sin más es como aceptar la industria sin controles medioambientales. Y yo replico, en el mismo orden de comparación, que el ataque a autobuses turísticos hoy es como la destrucción de telares mecánicos por el movimiento ludita. ¿Se creerán de verdad muchos que en España no se ha hecho nada por mejorar el turismo en medio siglo, en lo que se ha podido? No hemos llegado a ser la segunda o tercera potencia mundial en turismo, según los años, en dura competencia con Francia y Estados Unidos, y sede de la Organización Mundial del Turismo, tirando el mercado. Desde luego, siempre se puede hacer más y mejor, pero en esto la indignación hace gala del adanismo apreciable en sus posiciones en muchos ámbitos: nada se hizo nunca antes, ellos han venido a arreglarlo todo.

El problema de fondo es complejo, y me temo que tiene difícil arreglo. El español medio es ahora más pobre que antes de la crisis. Entonces viajaba cada vez más gente; ahora hay un sector importante que ni viaja ni se plantea viajar. No se les venga a hablar de ventajas del turismo: eso es algo que pueden apreciar en primera persona los ricos, no ellos. El problema tiene más vueltas en Barcelona, gracias a las Olimpiadas del 92, que transformaron la ciudad, la modernizaron y embellecieron, y le dieron una magnífica playa. Los barceloneses pobres de hoy (siempre los ha habido, eso tampoco es nuevo) ni siquiera tienen que desplazarse a Salou, pongamos por ejemplo, como los de antes; ahora van a su flamante playa en Barcelona. ¿Por qué querrían compartirla con incómodas multitudes de turistas? Y lo mismo con las terrazas y hasta las calles. Su razonamiento, como suele ocurrir con la indignación, no llega muy lejos pues, ¿de qué vivirá una ciudad que no crea suficientes empleos en nuevas tecnologías para dar de comer a sus habitantes, pero que tiene la suerte de atraer a los de fuera? Si llegamos a tener una sanidad y una educación públicas como las de antes de la crisis, ha sido gracias al turismo. Y si hemos de recuperar los niveles entonces alcanzados tendrá que hacerse con el turismo o no se hará, al menos en un horizonte previsible.

Hay más aspectos del asunto, sin embargo. La gentrificación y consiguiente expulsión de la población local del centro de las ciudades turísticas adquiere caracteres especialmente dramáticos en Barcelona. La subida de los precios de la propiedad inmobiliaria como consecuencia de su uso más rentable repercute en subida de los alquileres, y ésta rompe los presupuestos familiares. Tampoco es nada nuevo: viene ocurriendo en Madrid desde mucho antes. Y sucede en todas las grandes ciudades donde la formación de centros financieros, comerciales y de negocios vacía de residentes barrios enteros. Querer que el centro de las ciudades quede exclusivamente para uso residencial es negarse a que pueda actuar como motor económico. Lo dramático es que la gentrificación, en Barcelona, está siendo consecuencia de la crisis. Muchas familias, que perdieron su vivienda en la crisis hipotecaria y han pasado a estar de alquiler, son expulsadas al extrarradio. Por la acción del mercado, los perdedores de la crisis son también los perdedores del boom turístico, al tiempo que los ganadores ganan por partida doble. Pobres contra ricos, ricos contra pobres. Un argumento así hace mella en el ayuntamiento presidido por quien fundó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Sin embargo, haría falta conocer con la mayor exactitud posible los números, para tratarlos con correcciones a la política en lugar de poner ésta al carro de los casos más sangrantes como si fueran la regla general.

Todo se complica si introducimos la variable política, que en Cataluña no es baladí. El proceso soberanista se ha querido explicar de muchas y variadas formas: que si «España nos roba», que si se quiere tapar la corrupción de los convergentes, que si ha surgido una oportunidad revolucionaria que asombrará al mundo… Hay un factor que se olvida con frecuencia: la indignación, protagonista de este artículo. Cuando el gobierno de Artur Mas se metió a hacer retallades, que dejaron a la educación y la sanidad hechas unos zorros, se topó con la indignación. ¿Qué mejor forma de librarse de su acoso que reconducir esa fuerza combativa hacia la secesión? Y con su habitual falta de criterio en muchos ámbitos, la indignación se dejó reconducir. Obsérvese, por ejemplo, que los votos de la CUP, independentista, en las autonómicas de septiembre de 2015, fueron prácticamente los mismos que los de En Comù Podem, en su mayoría unionista, en las generales dos meses después. La indignación ha sufrido una esquizofrenia característica en el tema independentista, que la ha hecho fácilmente manipulable por los políticos corruptos del nacionalismo. Pero eso se está terminando. Los líderes de la indignación mantienen cada vez más firme su voluntad de no romper con el Estado porque son conscientes de que en una república catalana (que los trataría de colonos españoles) les iría mucho peor. Saben que el nacionalismo es una ideología de ricos que quieren afianzar su poder sobre los pobres y que, contra lo que creen los aventureros delirantes de la CUP, en una Cataluña independiente será todavía más difícil que en España transformar las cosas. Y consciente del desafío que para ella plantea el procès, la indignación planta cara a los ricos en todos los terrenos que puede. Las circunstancias han determinado que uno de ellos, y de la mayor importancia, sea el turismo.



domingo, 23 de julio de 2017

Elecciones autonómicas en Cataluña el 1-O

Es una hipótesis planteada por el escritor catalán Carles Enric López (@carlesenric). Hasta el 8 de agosto, a lo más tardar según la normativa vigente, el ejecutivo de Puigdemant puede convocar elecciones autonómicas en Cataluña para el 1 de octubre. ¿Activará el gobierno central el artículo 155 de la Constitución, que suspendería la autonomía catalana? ¿Con qué motivo? ¿Haber convocado elecciones autonómicas anticipadas, dentro de las competencias estatutarias de la Generalitat? Absurdo. ¿Saberse que es una tapadera para colar de rondón, en la misma jornada, mediante una reduplicación de urnas, el referéndum ilegal? Y si es así, ¿por qué no se suspendió la autonomía cuando se dio a conocer el referéndum, y se hace en cambio ahora? ¿Porque los independentistas han sido lo bastante listos para idear una artimaña que burle la oposición del gobierno central? Gol por la escuadra.

Una dificultad del plan estriba en que cierto número de presidentes de mesa se nieguen a admitir una segunda urna para depositar papeletas de Sí o No a la independencia. A mi juicio la dificultad es pequeña. Para eso está el nuevo director de los Mossos, calificado por Gregorio Morán de «delincuente político», que impartirá las oportunas órdenes para que los uniformados instruyan a los presidentes a acatar las decisiones de la Generalitat. El referéndum se hace. Por un margen más o menos estrecho, ganan los independentistas. Proclaman la independencia. El gobierno central activa el artículo 155. El govern, en rebeldía, da a conocer la ley de desconexión, hasta ahora secreta.

Se abren varios escenarios posibles:

1)      La ley de desconexión incluye la constitución de un Banco Nacional de Catalunya, con competencias de autoridad monetaria. Es el escenario más simple. El Banco de España anuncia a TARGET-2 que un banco central no perteneciente al Sistema Europeo de Bancos Centrales se ha hecho cargo de las sucursales y oficinas de los bancos con sede en Cataluña, por lo que éstos dejan de disfrutar de la condición de contrapartes del Banco Central Europeo. Al mismo tiempo, el BdE dispone que todos los bancos españoles traten a sus sucursales y oficinas en Cataluña como empresas extranjeras, igualmente no pertenecientes al BCE. Esto supondría de facto el reconocimiento de la independencia de Cataluña y su salida automática de la Unión Europea y de la zona euro. Creo, sin embargo, que los independentistas no se situarán en este escenario por miedo a que el gobierno central acepte entrar en él. Dudo que quieran volver a la peseta.

2)      La ley de desconexión no incluye prevision alguna sobre la autoridad monetaria. Es decir, los independentistas aceptan mantenerse en una union monetaria con España para no ser expulsados de la zona euro. La UE seguiría considerando todo el asunto un problema interno de España. Pero es evidente que la independencia sería una filfa si no se traduce en la apertura de embajadas en París, Berlín y otras capitales europeas. La de Londres la tienen asegurada; conseguir otras es cuestión de tiempo. Este escenario desembocaría en presiones para que España reconozca la independencia. Si resiste, a pesar de todo, se dará el curioso caso de un país que está fuera de la UE pero dentro de la zona euro.

Ambos escenarios tienen importantes costes para las dos partes. El escenario 1) comporta para los independentistas el riesgo de dejar al país sin liquidez; Puigdemont se vería en la situación de Tsipras hace dos años. Y aunque las aguas terminaran volviendo a su cauce y los independentistas tuvieran que deponer su actitud, la sequía monetaria habría actuado como un moderno bombardeo de Barcelona por Espartero.

El escenario 2) es más favorable para los independentistas. Una vez declarada la independencia ante la impotencia del gobierno central, su estrategia sería usar el poder para perpetuarse en él y mientras ir abriendo embajadas, a sabiendas que la negativa del gobierno central a reconocer la independencia permitiría a Cataluña mantenerse dentro de la UE y de la zona euro. Hasta el momento en que la propia UE convenciera a España de lo absurdo de no reconocer la realidad.



miércoles, 12 de julio de 2017

En el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco

Vivimos tiempos extraños, como diría David Lynch. Uno que vio la transición con ojos de manifestante ilegal en el tardofranquismo, siempre esperando que le tocara una bala (de goma en el mejor de los casos, de verdad salida de aquellos juguetes que a la luz del sol brillaban como la plata cuando las enarbolaban los de la Social), leyó hace tres meses este tuit
El artículo en cuestión, «La importancia narrativa de ETA», comentaba la sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba como delito un chiste sobre el que fuera presidente del Gobierno de España en el momento de su muerte, almirante Carrero Blanco. De paso, el artículo llevaba agua al molino de aquéllos a quienes el franquismo se está haciendo demasiado largo (muy pocos de los cuales vivieron el verdadero franquismo, dicho sea de paso).

La tesis del artículo era de una simplicidad pasmosa: la Transición la inició ETA al atentar contra Carrero Blanco; éste podría no sólo haberla retrasado sino incluso impedido por completo. El artículo no hace apología de ETA; más bien pone la circunstancia en relación con que la democracia, que en Grecia y Portugal vino de la mano de la movilización popular, en España en cambio la trajeron las élites: la élite terrorista, iniciando la transición, y la élite del poder, culminándola.

Lo nefasto del artículo no es lo que dice, sino lo que calla. Pues lo que calla hace que su juicio sobre ETA, aunque lejos de la apología, termine por ser ambiguo. Quienes estábamos allí sabemos qué es lo que calla. El mismo día que ETA eligió para su atentado se iniciaba el «proceso 1001», el juicio ante el Tribunal de Orden Público, por asociación ilegal, de los máximos dirigentes de Comisiones Obreras. ¿Casualidad? Las casualidades no existen: el juicio era público y ETA lo conocía. Eligió ese día para cometer su acto terrorista. Los que estuvimos en Las Salesas ese día, miles de personas formando cola para entrar, o mejor dicho: para quedarse uno fuera y hacer presión, sabemos lo que la noticia significó. El proceso duraría varios días, y el plan de las organizaciones democráticas en la clandestinidad era conseguir que cada día fuese más gente que el anterior, con el propósito de convertir el juicio a los dirigentes sindicales en un juicio a la Dictadura y quizá en el inicio de una dinámica comparable a las de Grecia y Portugal. No hubo ocasión. Con la noticia de la muerte de Carrero (nada menos que el presidente del Gobierno), la Brigada Político-Social hizo correr entre quienes formaban cola el rumor de que se preparaba un Estado de excepción, quizá para ser declarado ese mismo día. Se iba a allí dispuestos a recibir palos y a ser detenidos, incluso a correr el riesgo de un balazo; no a afrontar los cargos extra y las torturas en comisaría por tiempo indefinido que comportaba desafiar un Estado de excepción. La cola aguantó varias horas, y pudo considerarse un éxito de movilización. Al día siguiente, no se repitió.

Por eso cada vez que leo que ETA, en esa acción concreta, estuvo manipulada por servicios de inteligencia no puedo dejar de pensar que es muy verosímil. Desde luego, el atentado lo cometieron ciertas élites, cierta «vanguardia del proletariado» que ni Grecia ni Portugal tuvieron nuestra mala suerte de sufrir. Lo que el artículo calla, y en eso da una visión miserable de la realidad, es que en España también había movilizaciones populares; mucho más fuertes que las de Portugal, por cierto, donde la dictadura fue derrocada por el ejército mientras que aquí tendría que serlo contra él. Esas movilizaciones, en la fase más reciente, habían desembocado en acciones tan importantes como la huelga de la construcción de Madrid en 1971, y las huelgas generales de El Ferrol y Vigo, en 1972, y de Pamplona en 1973; todas con muertos, porque entonces las movilizaciones costaban vidas. Lo que se juzgaba en el «proceso 1001» era precisamente a quienes habían dirigido aquellas huelgas y la solidaridad que recibieron de toda España. Se trataba, por tanto, de un verdadero pulso entre la Dictadura y las fuerzas democráticas, más concretamente el movimiento obrero. ETA puso la goma-2 del lado de la Dictadura, forzó la desmovilización y el proceso terminó en un juicio de tantos del TOP, con los acusados yendo a dar con sus huesos en prisión hasta la amnistía de 1977.

Prácticamente al día siguiente de esa amnistía, que la benefició más que a nadie, ETA volvía a matar. Desde ese momento, fuimos conscientes de vivir en una democracia tutelada. No tanto por el Ejército, según se supone habitualmente, como por ETA. El terrorismo fue el factor más constante de la política española durante las siguientes dos décadas. En ese tiempo ETA fue el supremo juez de lo que acaecía políticamente en nuestro país. Si adolecemos de las insuficiencias democráticas de que adolecemos, sobre todo hay que agradecérselo a ETA. En cada atentado, nos dejábamos jirones de la democracia porque la necesaria unidad de los demócratas para impedir que nuestra vida la decidieran unos asesinos inevitablemente restaba fuerza a cualquier otra lucha. 

Sé que hay gente que piensa ahora que habría sido mejor dejarnos llevar por ETA a donde quisiera llevarnos, si con eso se extirpaba de raíz el franquismo. Nada más lejos de la realidad: ETA fue el mejor aliado que podrían haber encontrado los franquistas, porque cada atentado reforzaba la impresión general de que no se podía luchar contra el terrorismo más que con los métodos del franquismo: pena de muerte, estados de excepción, torturas policiales, etc. Hubo que sufrir semejante presión un año tras otro, durante los veinte que van de las primeras elecciones al asesinato de Miguel Ángel Blanco, pasando por atentados tan crueles como los de la plaza de la República Dominicana en Madrid o de Hipercor en Barcelona, por citar los más sangrientos. Pero el secuestro de un edil democrático (cuyo pecado mortal, a juicio de sus verdugos, era sentirse español), y con él de toda España, que lo siguió como quien dice en directo, seguido de su tortura y asesinato superaron todo lo entonces imaginable. Ese día España entera dijo «¡No!», y fue el principio del fin de ETA.



jueves, 6 de julio de 2017

Un tuit de Eduardo Garzón sobre el BCE provoca debate en las redes sociales

El tuit en cuestión decía: «Una economía con su propia moneda fiduciaria puede evitar siempre que quiera la insolvencia; la deuda pública nunca le supone un problema». Como era de esperar, le llovieron las críticas. Entre ellas la de Toni Cantó (que no tiene formación económica, que yo sepa): «Vuelve el del monopoly». A lo que Garzón replicó: «Lo que he tuiteado no es de mi autoría; es un extracto literal (sic) de este boletín del Banco Central Europeo», y seguía la URL del boletín.

Dejando a un lado que un extracto no puede ser literal, lo que Garzón quería decir está claro: la idea no es suya sino que la ha tomado de la fuente citada. Luego resulta que se trata de un artículo de dos analistas del BCE, que tampoco representa la opinión de éste. No tengo ningún interés en hacer la hermenéutica del artículo. Lo que me importa es la claridad de las ideas económicas discutidas.

La idea, sea de Garzón o de quien se quiera, es sólo una verdad a medias. En este caso, doblemente cuestionable porque sobre ella se apoya cierta opinión partidaria de abandonar el euro para que la economía española retorne a «su propia moneda fiduciaria»; así se podrá evitar siempre que se quiera la insolvencia, o eso se nos dice. Es un error; quizá Garzón no extractó correctamente. Lo cierto es que así se podrá evitar la insolvencia a condición de que la deuda pública esté denominada en moneda nacional. Si está denominada en divisas extranjeras, no cabe ninguna duda de que puede dar en insolvencia, en cuanto no ingrese las suficientes divisas para hacer frente al servicio de la deuda. Luego entonces no es correcto decir que «la deuda pública nunca le supone un problema». No le supone un problema si está denominada en moneda nacional, puede suponérselo si está en divisas extranjeras.

¿Y por qué el gobierno de un Estado soberano habría de emitir deuda en divisas extranjeras? Muy sencillo. Si su déficit supera la capacidad de ahorro de la economía nacional, no tendrá más remedio que recurrir al ahorro del resto del mundo. Naturalmente, no es forzoso acudir al ahorro exterior para financiar el déficit; ahí está el ejemplo de Japón, que con la mayor deuda pública del mundo en relación al PIB, la coloca prácticamente toda entre sus residentes. Pero eso es así por la gran capacidad de ahorro de la economía japonesa. El resto de los países, por regla general, tienen que endeudarse en el mercado internacional. Y mucha suerte, o una posición muy central en la economía mundial, como Estados Unidos, habrá de tener el país en cuestión para que el resto del mundo acepte deuda en su moneda nacional. Lo normal será que deba emitirla en dólares, euros o cualquier divisa convertible. De ahí que el término deuda pública se haya subsumido en el de deuda soberana, que incluye la deuda emitida tanto en moneda nacional como en divisas extranjeras.

Por tanto, salir del euro no nos libraría para siempre de los apuros de la deuda ni nos aseguraría que nunca volviera a ser un problema. En realidad, nos veríamos sometidos a las mismas restricciones presupuestarias que ahora, en cuanto tengamos que acudir al mercado internacional, sin el apoyo que nos ha supuesto y todavía nos supone el Banco Central Europeo.


domingo, 2 de julio de 2017

El Orgullo Gay y sus detractores

Leo con buenas dosis de asombro las protestas de ciertos heterosexuales ante la celebración del Orgullo Gay estos días en Madrid. Son de distinta índole, pero todas me inspiran reflexiones de uno u otro tipo, que paso a detallar.

Primero, están los que se quejan de que lo ‘homo’ desplaza a lo ‘hetero’; poco más o menos, vienen a decir que hay una discriminación positiva en favor de aquello y en detrimento de esto. Me parece ridículo, y preocupante del nivel de salud mental de este país. Soy heterosexual de siempre. Para mí, no es una opción: es lo que me pide el cuerpo, como se decía antes. Aclarado esto, nunca me he sentido agredido por comportamientos homosexuales; no creo que ocurra nada que pueda hacerlo suponer, fuera de las cárceles. Si acaso, cuando se trata de lesbianas tiendo a pensar que hay algo de desperdicio en ello; pero en fin, ellas les parecerá que el desperdicio lo comete mi pareja. Con los varones, solía decirme: dos competidores menos. Soy sincero. Ahora, esto de sentirse agredido me parece propio de gentes como que no tienen muy clara su orientación sexual, la que han elegido la tienen prendida con alfileres y cualquier influencia externa los puede descolocar. Deberían hacérselo mirar.

Segundo, los que protestan de las molestias generadas por la afluencia de dos o tres millones de personas (no sé si finalmente ha llegado a tanto) que ha alterado estos días la normal vida madrileña. Oigan ustedes, ése es un turismo que se ha dejado, según estimaciones de hoy, unos 200 millones de euros en la capital. El turismo genera ruidos (la gente aprovecha su tiempo libre y eso en España invita a salir de noche hasta las tantas), aglomeraciones, exhibiciones de costumbres y gustos distintos a los locales; molestias, en definitiva. ¿Qué se creen ustedes? ¿Qué el turismo de los años sesenta y setenta no las generaba? Pregunten, pregunten a quienes las sufrieron en sus carnes y las sufren todavía: en Palma de Mallorca uno se encuentra con carteles que piden al ayuntamiento que obligue al cierre anticipado de locales de ocio; así, desde hace décadas. Y no durante unos días, como en esto, sino en los largos meses de verano. Ahora vivimos de eso en gran parte. ¿Qué habría sido de este país si la población de la costa levantina hubiera tenido la piel tan fina como la de la madrileña?

Tercero, están las dudas sobre el uso de fondos públicos para promover el evento. Tras lo dicho, creo que tales dudas se solventan solas. Tan sólo añadiré que un gasto público que atrae gasto privado de esta es un ejemplo magnífico de lo que deben hacer los poderes públicos en una economía que se proponga competir con éxito a escala global.



jueves, 29 de junio de 2017

Plan para la desconexión monetaria de Cataluña

Los independentistas catalanes esperan una feroz represión, no la bobada de la inhabilitación con que se los está fustigando ahora. Ver cómo corre la sangre, tanques por la Diagonal aplastando barretinas empapadas de sesos de patriota, a lo Tiananmén, junio de 1989. Tengo malas noticias. No se verá nada parecido. El Plan B se llama «desconexión monetaria». Lo expondré a continuación.

Un día, el Parlament catalán aprobará su Ley de transitoriedad y el Gobierno dará órdenes a la fiscalía de procesar a los responsables. Éstos no se dejarán condenar ni desplazar de sus cargos. El fracaso de la administración de Justicia española en Cataluña anunciará la desconexión efectiva.

El día 1 tras la desconexión, el Banco de España enviará una circular a todos los bancos ordenándoles la segregación inmediata (72 horas parece un plazo razonable) de sus actividades en Cataluña, sin excepción, y la constitución en el mismo plazo de sociedades mercantiles independientes con arreglo a la legislación catalana. Si no hay legislación catalana aplicable, podrán acogerse a la que les dé la gana, con el permiso de la Generalitat. Transcurrido el plazo, el Banco de España notificará a Fráncfort la eliminación de todas las sucursales catalanas de la lista de oficinas incluidas en Target-2, al pasar a depender de un Banco Nacional de Catalunya que no forma parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Las entidades españolas podrán transferir fondos a filiales suyas catalanas en las mismas condiciones que pueden hacerlo a Argentina o Brasil. Cualquier intento de mantener de facto a esas entidades en la zona euro será sancionado con arreglo a lo previsto en los Estatutos del Banco Central Europeo y calificado de presunto delito de evasión de capitales conforme a la legislación española. Una maniobra tan sucia, y tan efectiva, como la que obligó al gobierno de Tsipras a claudicar.

Este plan ya estará sobre la mesa de algún burócrata de Fráncfort. Y el BCE no pondrá ninguna traba, ya que nadie quiere una declaración de independencia que constituiría el desafío geopolítico más perturbador en Europa desde el desmembramiento de Yugoslavia. Tras la puesta en ejecución del plan auguro una semana, como mucho, hasta que el Govern dimita para convocar nuevas elecciones autonómicas.

El Govern tiene una alternativa: crear un Banco Nacional de Catalunya sin verdaderas competencias de banco central; seguir en la zona euro en una unión monetaria indisoluble con el resto del Estado. En definitiva, mantenerse bajo el paraguas del Banco de España. Algo así como Luxemburgo en relación con Bélgica. ¿Lo harán? Claro que sí. Cualquier cosa con tal de que el procés siga dando de qué hablar.



miércoles, 14 de junio de 2017

La moción de censura devuelve la iniciativa al PSOE

Verdaderamente, El País ha perdido contacto con la realidad política. Sus valoraciones de última hora rezuman la paranoia de que viene haciendo gala. El editorial «El nuevo PSOE y el abrazo de Podemos» es clara expresión de sus temores. Concluye que entre un Rajoy y un Iglesias crecidos, el socialismo está a punto de ser laminado. Mostraré que es plausible una lectura bien diferente.

Aparentemente, buena parte del éxito que se atribuye a Podemos depende de la actuación de su portavoz, Irene Montero. Es evidente que ha causado impresión entre los periodistas (citemos a Iñaki Gabilondo, Enric Juliana e Isaías Lafuente), como lo es que, si los medios se empeñan, estamos ante una estrella fulgurante del arco parlamentario. Una consideración objetiva de su actuación la valoraría en términos más modestos, sin embargo. Fue valiente yendo a un choque con Rajoy que ni ella ni nadie esperaba. Por lo demás, se ciñó estrictamente al guion y sobreactuó continuamente, aunque esto parece marca de fábrica de su formación política.

Que Rajoy haya salido reforzado, al ofrecerse como la única alternativa viable al populismo, es una apreciación muy generosa de su resultado. El PP ha recibido críticas de la Cámara en pleno, excluidos UPN y Foro. Todos los demás grupos parlamentarios han denunciado por activa y por pasiva la corrupción y consiguiente degradación de las instituciones. Ha quedado de manifiesto que el PP gobierna sólo por un motivo, y no es haber ganado las elecciones sino el odio irreconciliable que Podemos profesa a Ciudadanos.

No se puede augurar un gran futuro a un partido que adolece de semejantes tics. Son apreciables también en el desprecio con que el candidato trató a cuatro partidos de ámbito autonómico: Coalición Canaria, Nueva Canarias, UPN y Foro de Asturias. Por cierto, que tan fiera como la de Montero fue la reacción de Oramas, y mucho más justificada, a la vista del paternalismo de Iglesias al recomendar a CC que se integrara en el PP. Los partidos no sólo son diputados sino también sus electores, y no se debe negar a éstos de esa forma la libertad de elegir. Podemos mostró un «complejo de gran potencia» que también explica su deseo de llevar adelante la moción de censura contra viento y marea.

Atención especial merece el juicio de los dos partidos nacionalistas, PNV y PDdeCat, sospecho que inspirado en el trato dado a los pequeños. Sin ambos, le resultará muy difícil a Podemos gobernar España en algún futuro previsible. Bien distinta es la posición de ERC, y por motivos comprensibles. Ayer lograron convertir la sesión de la tarde en un acto de afirmación republicana, con los parabienes de Bildu y el propio Podemos. Esta alianza, que cabría calificar de estratégica, es lo sustancial que han sacado los promotores de la moción. Está por ver, empero, que les sea de utilidad para forjar mayorías parlamentarias a partir de mañana.


Donde yerra de plano el editorialista de El País es en su valoración de la participación del PSOE. Ha sido de perfil bajo, de acuerdo, porque lo exigía la situación. A buen entendedor pocas palabras bastan. Sólo citaré un detalle, que es el crucial de todo el debate, a despecho de los fuegos artificiales que han abundado en todo su transcurso. Iglesias ha prometido solemnemente que respaldará todas las iniciativas del PSOE mientras Ábalos no sólo no se comprometía a nada parecido sino que incluso anunciaba la abstención de su partido. Esta asimetría, a mi juicio, define el resultado del debate. Porque éste era también un pulso para decidir quién dirigirá a la izquierda. Y ha quedado perfectamente claro. Lo hará el PSOE, aunque lo haga sin aspavientos.