Cómo va el juicio 1

En la primera semana, ya han surgido voces —interesadas, siempre son voces interesadas— que piden la absolución en vista de que «las acusaciones flojean». No saben mucho de juicios, es evidente. Lo que hemos visto es la declaración de los acusados, y nadie espera que acusados inteligentes den a la acusación pruebas de la comisión por ellos de ningún delito. Es un trámite, y hay que dar cierto margen a que en un proceso de esta complejidad ese trámite se haya preparado menos concienzudamente que otros.

Con todo, las declaraciones de dos testigos, las de Forn y Vila, se apartan del resto en aspectos importantes que conviene reseñar. Antes, sin embargo, hay que hablar de lo que se perfila como estrategia de la acusación, frente a la que aquellas declaraciones —sobre todo la del primero— constituyen una clara reacción.

El quid del juicio radica, como se sabe, en el cargo de rebelión. A este respecto, las famosas «murallas humanas» no constituyen evidencia suficiente, como la mayoría de los comentaristas ha colegido; parece una pantalla para un fundamento distinto y más preocupante para los acusados: el papel de los Mossos d’Esquadra, de los que todavía no se ha hecho mención en la vista. A los Mossos ni se los vio el 20 de septiembre o el 1 de octubre, ni se los esperaba. Nadie contó con ellos. Los ‘piolines’ tuvieron que vérselas con la crisis de orden público solos. Existe la fundada sospecha de que alguien ordenó a los Mossos mantenerse al margen y no asistir a la Policía Nacional y la Guardia Civil en sus esfuerzos por contener los tumultos causados por el cerco a la Conselleria de Hacienda y para defender las urnas. Siendo los Mossos un instituto armado esa orden de resistencia pasiva a la autoridad judicial constituiría un supuesto de rebelión por quien la diera.

Aquí es donde se enmarca la estrategia de la defensa de Joaquim Forn, conseller de Interior en las fechas de autos. Su declaración ha sido calificada como la «más técnica», o la menos política de todas. Echa balones fuera: desde el momento en que el Tribunal Constitucional prohibió la celebración del referéndum, él cesó en toda preparación del mismo. Es de esperar que la fiscalía no tenga pruebas de lo contrario, porque si las tiene su credibilidad quedará destruida. Teóricamente, la orden la dio otro; en primera instancia, un subordinado suyo saltándose la cadena de mando. El mayor Trapero es el máximo candidato a cargar con esta responsabilidad. Esperemos a ver qué declara cuando se lo llame como testigo, aunque es improbable que él mismo aporte la prueba de cargo, porque sería ponerse la soga al cuello en el juicio que lo aguarda tras la conclusión de este. Tendrán que ser subordinados suyos, en segundo y tercer escalones de la jerarquía policial, quienes aporten evidencia concluyente. Es de suponer que la fiscalía habrá atado bien los cabos. Pero entendamos lo que significa ‘atar bien los cabos’: los testimonios deben apuntar directamente a Trapero, y este tendrá que admitirlos o negarlos. Si todo está como debe, Trapero estará ante dos opciones: o apuntar a la persona del Govern que, puenteando a Forn, dio a Trapero la orden neutralizar a los Mossos, o comerse el delito de rebelión él solo. Los dos candidatos a haber dado esa orden son Puigdemont y Junqueras. De ahí que la pena máxima se solicite para este último.

A esto se reduce, en mi modesta opinión, el juicio por lo que a la acusación de rebelión se refiere. En cuanto a la sedición, se desprenderá como una evidencia para todos los ringleaders —es decir, los participantes en el diseño de la ‘hoja de ruta’— con tal de que uno solo sea condenado por rebelión. Es significativo, desde este punto de vista, que Santi Vila, que no formaba parte de Junts-pel-Si, por tanto tampoco intervino en dicho diseño. Se perfila de este modo como la coartada (involuntaria por lo que le atañe) de los supuestos sediciosos para engañar al gobierno de España sobre sus verdaderos propósitos. Hoy por hoy, es el único candidato a la absolución.