domingo, 29 de julio de 2012

España, rescatada


Finalmente, las cosas terminan por ser como es lógico que sean. Toda la polémica, sobre si los 100.000 millones de Europa para la banca eran un rescate o no, ha enmarañado el asunto hasta tal punto que la propia Europa dudaba de si Rajoy y su gobierno le habían metido un gol o si, simplemente, se engañaba a sí misma. Los mercados, a su vez, recelaban de la solución adoptada; de ahí la escalada de la prima de riesgo y los repetidos batacazos de la Bolsa. La cuestión se ha zanjado con las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, esta semana. Ha dicho que hará lo que haga falta para salvar al euro, y otra cosa aún más importante: ha dicho veladamente que el miedo creciente a la ruptura del euro justifica plenamente su intervención, incluso por encima del hasta ahora sacrosanto objetivo de mantener la inflación en el límite fijado en Maastricht. Por fin, parece que el BCE ha encontrado algo que le importa más que el 2%.

A buen entendedor, las palabras de Draghi juegan con la ambigüedad, y no juegan con ella. Juegan con la ambigüedad porque no dice cuánta deuda (española e italiana, sobre todo) va a comprar por intermediación del fondo europeo de rescate, sino sólo la que haga falta; incluso si al final no tiene que comprar nada, mejor que mejor. Incluso si alcanza sus metas sin necesidad de poner un euro, habrá demostrado todo su poder, la capacidad de domar a los mercados a golpe de declaraciones, cual Júpiter tronando desde el Olimpo. En esto, la «tecnología» de los rescates muestra lo que ha aprendido Europa en los últimos dos años. Pero sus palabras no juegan con la ambigüedad desde el momento que, sólo para facultar al fondo europeo de rescate a comprar deuda soberana, los países cuya deuda se adquiera deberán firmar un nuevo tipo de MoU (memorandum of understanding = memorando de entendimiento), que desgranará, exigencia a exigencia, la condicionalidad macro y microeconómica a que dichos países se verán sometidos. Esto de la condicionalidad micro se había visto por primera vez con la banca española. Ahora tendremos oportunidad de verlo en todos los sectores que vengan a cuento.

El gobierno español vive los últimos días de soberanía nacional. Ya sé que es una soberanía recortada en extremo, pero continúa siendo soberanía. Por ejemplo, el gobierno ha podido ignorar a los mineros del carbón, pese a sus largas marchas y contramarchas, y pactar, en cambio, con los taxistas apenas se han movilizado un poco. ¿Por qué? Es evidente el porqué: los taxistas votan en masa al PP y, por el contrario, entre los mineros el partido del gobierno no debe de recabar un solo voto. Poco más o menos. A uno le podrá gustar o no gustar, pero el PP ha logrado el gobierno democráticamente: eso es soberanía nacional.

Pero en cuanto el gobierno firme el nuevo MoU, y las cosas han llegado a un punto en que no podrá decir que no lo firma, ni regatear una sola exigencia, ya no podrá permitirse esas veleidades. No podrá regatear una sola exigencia de las que se le imponga porque lleva semanas pidiendo a gritos que el BCE compre deuda “para salvar al euro”, por aquello de que “si cae España, cae el euro” y de que “hace falta más Europa para salir de la crisis”, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a regatear ahora condiciones necesarias para salvar a Europa? Y no podrá permitirse veleidades como contentar a los taxistas porque, si se ha determinado que la liberalización del taxi es una de las reformas estructurales que hay que acometer, Europa no querrá entender que se ceda ante su protesta por motivos electorales ni de ninguna otra clase. Se acabó la soberanía nacional. España se va a poner a la cabeza en lo de «hacer Europa». El gobierno español está por convertirse en piloto automático operado desde el control de vuelo de Francfort y Bruselas. Justo premio a la diplomacia económica de ZP-Salgado y Rajoy-Guindos, con arreglo a la cual hemos sido los alumnos más disciplinados de la clase a la par que los más torpes en conseguir resultados.

Pero todo eso el gobierno, seguramente, ya lo sabe.



sábado, 21 de julio de 2012

Amnistía hipotecaria



En una entrada publicada hace unos días, Dación en pago, expliqué cómo opera el mecanismo contable de las provisiones para morosos, y cómo ese mecanismo puede hacer que el banco pase a beneficios el exceso de provisiones sobre la deuda que resta por devolver, una vez subastado el inmueble. En la de hoy, trataré de explicar por qué la amnistía hipotecaria, que se asienta en el mecanismo contable de las provisiones, lo mismo que la dación en pago, es sin embargo muy superior a ésta por sus efectos macroeconómicos.

Supongamos que debo 100.000 euros al banco por una hipoteca que financia la compra de una vivienda. Hace un año dejé de pagar, porque desde entonces estoy en paro y el sueldo de mi pareja nos da para comer, vestir y poco más. Suponiendo que la hipoteca financiara más del 80% del precio de adquisición, el banco deberá haber dotado una provisión del 50% de la deuda, o sea, por importe de 50.000 euros. Ahora, el gobierno paga al banco el saldo de mi deuda, 100.000 euros. Se hace con una condición: si vendo en el futuro la vivienda, deberé devolver los 100.000 euros. Sigo ocupando la vivienda, de la que he pasado a ser legítimo propietario sin cargas, aunque con una limitación en cuanto a su disposición para la venta. Pero ya no habrá más pagos de principal ni intereses. Los ingresos que obtenga podré destinarlos al consumo.

En cuanto al banco, lo que ocurrirá es lo siguiente. Al ingresar 100.000 euros y cancelar la deuda, ésta dejará de ser un activo «tóxico» en su balance y la provisión para insolvencias, por importe de 50.000 euros, previamente dotada, quedará anulada. Los 50.000 euros pasarán a beneficios extraordinarios del ejercicio. El gobierno, sin embargo, exigirá del banco que esos 50.000 euros no sean distribuidos como dividendos entre los accionistas, sino que permanezcan en el balance como reservas, que se suman a su «capital de máxima calidad» o «capital principal». Así, amortizando anticipadamente por cuenta de las familias hipotecadas sus préstamos, declarados morosos por lo menos desde un año antes, el gobierno consigue recapitalizar los bancos.

Con respecto a la dación en pago, la amnistía hipotecaria es desde luego más costosa para quien la financia (el gobierno, con fondos europeos) pero es más beneficiosa tanto para el deudor como para el acreedor hipotecario. Al verse libre de cargas pero todavía propietario de su piso, el exdeudor puede incrementar, y a buen seguro incrementará su consumo, con efectos beneficiosos sobre la actividad y el empleo. En cuanto al banco, puede ahorrarse el tiempo y los gastos inevitables para la venta de la vivienda en pública subasta, por una parte, y además pasa a capital la totalidad de las provisiones y no sólo su exceso sobre lo que resta por devolver en el préstamo tras la subasta del inmueble.

Desde un punto de vista general de la actividad bancaria, se evitaría así la conversión de los bancos en gestores inmobiliarios espurios. En cuanto al mercado inmobiliario, propiamente dicho, se detendría en buena medida la caída insistente de los precios de la vivienda, que está empobreciendo a toda la sociedad española. Se trata, en definitiva, de una medida sencilla, socialmente equitativa pues beneficia tanto a las familias como a los bancos, además de un estímulo al crecimiento al aumentar el poder adquisitivo de los consumidores.

Ah, y es mucho mejor que un banco «malo».



lunes, 16 de julio de 2012

Disparatada política económica del gobierno español



Hoy he escuchado a Luis de Guindos caracterizar la crisis actual como una «crisis de balances». Steve Keen, de la Universidad del Oeste de Sidney (Australia), así como L. Randall Wray y Stephanie Kelton, de la Universidad de Kansas City (EEUU), todos ellos inspirados en el trabajo del legendario Hyman Minsky, llevan años caracterizando de esa forma la crisis. Pero es la primera vez que oigo a De Guindos hablar de «crisis de balances», de lo que deduzco que es lo último que ha leído u oído sobre el tema. Lo que dice confirma que no tiene ni puñetera idea de qué está hablando.

De Guindos interpreta lo de la crisis de balances como que tanto el gobierno como el sector privado están sobreendeudados. Hasta aquí es hasta donde parece haber entendido. Como gobierno y familias y empresas están sobreendeudados, lo primero que tienen que hacer todos ellos es «desapalancarse», o sea, reducir su endeudamiento. Primer error, y muy grave. Y no ayuda al argumento del ministro que añada que el gobierno se «desapalanca» reduciendo gasto (recortes) y aumentado ingresos (IVA); que las familias lo hacen aumentando su ahorro, para lo cual reducen su consumo, y las empresas aumentando su productividad. Y que éste es el único camino para salir de la crisis. Este buen hombre, que para desgracia de todos dirige la política macroeconómica de España, no parece saber una palabra de contabilidad agregada.

Para reducir su endeudamiento, uno ha de registrar superávit, o sea, tiene que gastar menos de lo que ingresa; es de cajón. Ahora bien, que tanto el gobierno como el sector privado ingresan más de lo que gastan equivale a decir que la economía nacional tiene superávit con el exterior, superávit que, de existir, sería la suma de los superávits público y privado. También es de cajón. Ahora bien, la economía española no registra superávit con el exterior, sino un déficit importante si bien se ha reducido en los últimos cuatro años. El dato clave, sin embargo, es que, para poder «desapalancarse» a la vez gobierno, familias y empresas, como propugna De Guindos, tendríamos que estar registrando superávit con el exterior, cuando lo que registramos es déficit. Por tanto, la economía española se «apalanca», es decir, se endeuda cada vez más, aunque sea a un ritmo menos rápido que en años anteriores. Luego la política económica del gobierno español, en estos momentos, es una política imposible.

No sólo es imposible la política económica del gobierno español, sino que cada día se aleja más y más de su objetivo principal, que no debería ser otro que el «desapalancamiento» del sector privado, verdadero freno a que se vuelva a crecer. Para que el gobierno y el sector privado puedan «desapalancarse» a la vez, tendríamos que estar exportando mucho, muchísimo más de lo que exportamos; esto es lo que significa un superávit con el exterior. Pero una cosa es necesitar exportar más y otra muy distinta exportar más, efectivamente. Esto es algo que no se puede conseguir más que a largo plazo, aparte de depender de cómo están los países que nos tienen que comprar lo que exportamos, que ahora mismo tampoco están muy boyantes. En cambio, la urgencia con que el gobierno se quiere «desapalancar» es perentoria, y más perentoria cuanto más arriba se va la prima de riesgo. Si el saldo con el exterior, que depende de nuestra capacidad exportadora, no puede mejorar más que poco a poco, en el mejor de los casos, y el gobierno trata de «desapalancarse» a toda velocidad, el resultado será que el sector privado, familias y empresas, no podrán «desapalancarse» por más que quieran. Peor aún, para que el gobierno reduzca su endeudamiento, familias y empresas tendrán que aumentar el suyo. No hay otro camino, salvo que se haga una contabilidad nacional creativa.

Y eso es lo que nos muestran los indicadores económicos. Allí donde las familias tendrían que estar aumentando su ahorro, resulta que lo están reduciendo. Así, en 2009, las familias aumentaron considerablemente su ahorro, hasta alcanzar el 25% del sus ingresos; en 2011, la tasa había caído al 14%; en 2012, o sea, hoy, el ahorro ya es negativo. ¿Pues no tenían que estar ahorrando, en vez de «desahorrando», para devolver parte de su deuda? El dato de 2009 muestra que ahorraban, exactamente para eso, y seguro que ahora también querrían estar ahorrando. El problema es que no pueden, porque el gobierno no les deja. Consumen cada día menos pero eso, en vez de suponer más ahorro, se combina con la necesidad social de mantener a seis millones de parados, que viven en gran parte de los ingresos de los ocupados, con lo que finalmente todos terminan viviendo del ahorro de los que pudieron ahorrar en el pasado, que son cada vez menos. Y tampoco el gobierno alcanza su objetivo, pues reduce sus gastos, sí, pero cada vez recauda menos impuestos, sencillamente porque la sociedad no puede (o no quiere, para lo cual sumerge cada vez más actividades) pagar más.

¿Qué habría que estar haciendo? Primero, hay que hablar de lo que se tendría que haber hecho. En 2008, España todavía registraba superávit en las finanzas públicas y su endeudamiento soberano era relativamente bajo, inferior al 40% del PIB. Fue en 2009 cuando el gobierno incurrió en déficit y empezó a aumentar el endeudamiento público. Era una política correcta, en lo fundamental, porque, dado el saldo con el exterior, el sector privado no puede ahorrar más y «desapalancarse» si no es con apoyo de un mayor déficit del gobierno. El aumento del ahorro agregado en el primer año de la crisis así lo demuestra. Pero la fiebre por forzar el equilibrio presupuestario, que todavía padecemos, cortó los estímulos fiscales demasiado pronto. El resultado es lo que tenemos.



domingo, 15 de julio de 2012

Dación en pago



Pongamos que debo 100.000 euros a un banco por una hipoteca concertada para financiar la compra de la vivienda en que resido. Puestos a suponer, supongamos que la cuantía del crédito inicial cubría el 85% del valor de adquisición de la vivienda, que pago un interés del 3,5% anual y que restan 10 años para terminar de pagar y poder considerarme dueño de una vivienda sin cargas. Con los parámetros expuestos, mi cuota mensual ascenderá a 1.000 euros. Mientras tuvimos trabajo mi pareja y yo, pagamos sin gran dificultad (¡por eso nos hipotecamos, hace siete años!). Al quedarme yo en el paro, y disponer sólo del sueldo de ella, cada vez nos ha costado más ir pagando. De hecho, hemos tenido que retrasar pagos en varias ocasiones en los últimos cuatro años, aunque siempre terminábamos de ponernos al corriente, a trancas y barrancas. Por desgracia, ella perdió también su empleo hace quince meses, y desde entonces no hemos podido hacer más que pagos de intereses, y no de todos los intereses adeudados, que crecen como una bola de nieve con los impagos. El banco ha sido muy amable (!) y nos ha ofrecido una reestructuración del crédito, con alargamiento del plazo, pero realmente ya nos es imposible pagar nada más. Nosotros querríamos la dación en pago, aunque tengamos que irnos a vivir con mi suegra y mi cuñada, pero el banco nos ha dicho que, en pública subasta, el precio de la vivienda no subirá de 70.000 euros, por el derrumbe del mercado inmobiliario, debido a lo cual todavía deberíamos 30.000 euros, que no sé cómo vamos a pagar, como no sea vendiendo la casa de mi suegra y mi cuñada, con cuya garantía mi suegro, que en paz descanse, nos avaló al hipotecarnos. En vista de lo visto, el banco inició hace meses los trámites de embargo y desahucio de nuestra vivienda, que llegarán a su fin en próximas semanas pero en modo alguno pondrán término a nuestras penalidades.

No sé cuántas familias se encuentran en esta situación, ni a cuántas afectará en los próximos meses. Me temo que a unas cuantas decenas de miles, y el número irá in crescendo conforme nos adentremos en la recesión en que llevamos ya casi un año y empieza ahora a azotar a los demás países europeos.

Debo redirigir la atención del lector, desde el drama humano que esta clase de situaciones comporta, al problema bancario. Para el banco que es mi acreedor, mi crédito, llegado a la situación que he descrito, es un «activo tóxico». Su «toxicidad» lleva consigo varios problemas. Uno es que acabará cambiando, al menos en la mayor parte de su valor, un crédito por un inmueble (nuestra vivienda), que no tiene nada que ver con el negocio bancario. Eso le obligará a incurrir en gastos de mantenimiento y a decidir si le interesa alquilarlo o venderlo. Convertirse en arrendador (propietario de un piso en alquiler) es una complicación para un banco, que no está preparado para actuar como gestor inmobiliario. Puede ponerlo en manos de un verdadero gestor inmobiliario, pero eso también presupone gastos. Al final, lo más sencillo para el banco es vender. Pero aquí empieza el verdadero problema. ¿Vender, por cuánto? Cabe estimar que el precio de la vivienda construida ha sufrido en España una caída media del 40%. En números redondos, el banco dejará de cobrar 30.000 euros del total de la deuda hipotecaria, que repercutirá sobre mis avalistas; ahora, mi suegra y mi cuñada.

Ahora bien, la regulación bancaria impuesta por el Banco de España ha obligado a mi banco a dotar provisiones por créditos morosos desde el tercer mes en que dejé definitivamente de pagar regularmente. Pongamos que hace un año. Dotar provisiones quiere decir apartar beneficios y dejarlos inmovilizados en una cuenta especial, a la espera de que el crédito sea incobrable, en cuyo caso la provisión cubre la pérdida, en todo o en parte, o de que yo vuelva a pagar, en cuyo caso el capital «provisionado» recupera su condición inicial de beneficios. Por las características del crédito, que satisface la mayoría de los créditos hipotecarios a familias en nuestro país, el banco ha estado obligado a «provisionar» mi crédito, claramente moroso, en dos años, a razón del 50% cada año. Digamos que ya tendría que tener provisiones, para cubrir mi crédito, o las tendrá dentro de poco, por importe de 50.000 euros.

Esto cambia radicalmente el panorama. Supongamos, en efecto, que nos desahucia y vende nuestro piso por 70.000 euros cuando la deuda asciende a 100.000. Hay una pérdida extraordinaria – así se llama – por importe de la diferencia, o sea, 30.000 euros. Pero ahora el banco tiene disponibles 50.000 euros para cubrir esa pérdida; 30.000 se van con la pérdida, lo que deja intacto el capital (éste es el objeto de la provisión) pero restan todavía 20.000 que se convierten… ¡en beneficio extraordinario de este ejercicio! Vaya, de tener pérdidas el banco ha pasado a tener beneficios. ¿Y todavía pretende asfixiarnos a mi suegra, a mi cuñada y a nosotros dos amenazándonos con el aval de mi suegro, que en paz descanse? Hace falta una caradura impresionante y una sed de dinero inhumana.

Es esta clase de situaciones la que abordó el Congreso hace unos meses al aprobar una ley invitando a las entidades bancarias que estuvieran en esa situación a optar voluntariamente por la dación en pago, es decir, por la cancelación total y definitiva del crédito desde el momento en que se haya producido la venta de la vivienda en pública subasta. Se sobreentiende que las entidades se avendrán a esa posibilidad únicamente en caso de que las provisiones previamente dotadas cubran el 100% o más de la inversión del banco. En caso de que no se llegue a ese extremo, el brazo seguirá apretando al deudor. Pero es que, en el preciso caso que he descrito, la dación en pago tendría que ser obligatoria, no voluntaria, porque otra cosa es verdadera extorsión. Incluso cuando no hay provisiones suficientes, habría que estudiar por qué no las hay. Quizá no las hay porque el banco no ha cumplido con sus obligaciones, y no las ha dotado o no lo ha hecho en la medida requerida. En este caso, tendría que exigirse responsabilidades a los gestores y el banco tendría que ser responsable civil subsidiario. En todo caso, no debería ser problema de la familia hipotecada. Las provisiones que hubieran debido ser dotadas en ejercicios anteriores, sin serlo efectivamente, deberían dotarse automáticamente éste, con cargo a los beneficios que el banco vaya a registrar, con lo que la situación y sus resultados retornarían a lo descrito. Finalmente, podría ocurrir que no hay provisiones porque no ha habido beneficios con cargo a los cuales dotarlas: si no hay beneficios, no hay provisiones. En ese caso, el Estado debería ser responsable subsidiario y resolver el problema, para llegar al mismo término, con los fondos del rescate bancario.