domingo, 23 de julio de 2017

Elecciones autonómicas en Cataluña el 1-O

Es una hipótesis planteada por el escritor catalán Carles Enric López (@carlesenric). Hasta el 8 de agosto, a lo más tardar según la normativa vigente, el ejecutivo de Puigdemant puede convocar elecciones autonómicas en Cataluña para el 1 de octubre. ¿Activará el gobierno central el artículo 155 de la Constitución, que suspendería la autonomía catalana? ¿Con qué motivo? ¿Haber convocado elecciones autonómicas anticipadas, dentro de las competencias estatutarias de la Generalitat? Absurdo. ¿Saberse que es una tapadera para colar de rondón, en la misma jornada, mediante una reduplicación de urnas, el referéndum ilegal? Y si es así, ¿por qué no se suspendió la autonomía cuando se dio a conocer el referéndum, y se hace en cambio ahora? ¿Porque los independentistas han sido lo bastante listos para idear una artimaña que burle la oposición del gobierno central? Gol por la escuadra.

Una dificultad del plan estriba en que cierto número de presidentes de mesa se nieguen a admitir una segunda urna para depositar papeletas de Sí o No a la independencia. A mi juicio la dificultad es pequeña. Para eso está el nuevo director de los Mossos, calificado por Gregorio Morán de «delincuente político», que impartirá las oportunas órdenes para que los uniformados instruyan a los presidentes a acatar las decisiones de la Generalitat. El referéndum se hace. Por un margen más o menos estrecho, ganan los independentistas. Proclaman la independencia. El gobierno central activa el artículo 155. El govern, en rebeldía, da a conocer la ley de desconexión, hasta ahora secreta.

Se abren varios escenarios posibles:

1)      La ley de desconexión incluye la constitución de un Banco Nacional de Catalunya, con competencias de autoridad monetaria. Es el escenario más simple. El Banco de España anuncia a TARGET-2 que un banco central no perteneciente al Sistema Europeo de Bancos Centrales se ha hecho cargo de las sucursales y oficinas de los bancos con sede en Cataluña, por lo que éstos dejan de disfrutar de la condición de contrapartes del Banco Central Europeo. Al mismo tiempo, el BdE dispone que todos los bancos españoles traten a sus sucursales y oficinas en Cataluña como empresas extranjeras, igualmente no pertenecientes al BCE. Esto supondría de facto el reconocimiento de la independencia de Cataluña y su salida automática de la Unión Europea y de la zona euro. Creo, sin embargo, que los independentistas no se situarán en este escenario por miedo a que el gobierno central acepte entrar en él. Dudo que quieran volver a la peseta.

2)      La ley de desconexión no incluye prevision alguna sobre la autoridad monetaria. Es decir, los independentistas aceptan mantenerse en una union monetaria con España para no ser expulsados de la zona euro. La UE seguiría considerando todo el asunto un problema interno de España. Pero es evidente que la independencia sería una filfa si no se traduce en la apertura de embajadas en París, Berlín y otras capitales europeas. La de Londres la tienen asegurada; conseguir otras es cuestión de tiempo. Este escenario desembocaría en presiones para que España reconozca la independencia. Si resiste, a pesar de todo, se dará el curioso caso de un país que está fuera de la UE pero dentro de la zona euro.

Ambos escenarios tienen importantes costes para las dos partes. El escenario 1) comporta para los independentistas el riesgo de dejar al país sin liquidez; Puigdemont se vería en la situación de Tsipras hace dos años. Y aunque las aguas terminaran volviendo a su cauce y los independentistas tuvieran que deponer su actitud, la sequía monetaria habría actuado como un moderno bombardeo de Barcelona por Espartero.

El escenario 2) es más favorable para los independentistas. Una vez declarada la independencia ante la impotencia del gobierno central, su estrategia sería usar el poder para perpetuarse en él y mientras ir abriendo embajadas, a sabiendas que la negativa del gobierno central a reconocer la independencia permitiría a Cataluña mantenerse dentro de la UE y de la zona euro. Hasta el momento en que la propia UE convenciera a España de lo absurdo de no reconocer la realidad.



miércoles, 12 de julio de 2017

En el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco

Vivimos tiempos extraños, como diría David Lynch. Uno que vio la transición con ojos de manifestante ilegal en el tardofranquismo, siempre esperando que le tocara una bala (de goma en el mejor de los casos, de verdad salida de aquellos juguetes que a la luz del sol brillaban como la plata cuando las enarbolaban los de la Social), leyó hace tres meses este tuit
El artículo en cuestión, «La importancia narrativa de ETA», comentaba la sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba como delito un chiste sobre el que fuera presidente del Gobierno de España en el momento de su muerte, almirante Carrero Blanco. De paso, el artículo llevaba agua al molino de aquéllos a quienes el franquismo se está haciendo demasiado largo (muy pocos de los cuales vivieron el verdadero franquismo, dicho sea de paso).

La tesis del artículo era de una simplicidad pasmosa: la Transición la inició ETA al atentar contra Carrero Blanco; éste podría no sólo haberla retrasado sino incluso impedido por completo. El artículo no hace apología de ETA; más bien pone la circunstancia en relación con que la democracia, que en Grecia y Portugal vino de la mano de la movilización popular, en España en cambio la trajeron las élites: la élite terrorista, iniciando la transición, y la élite del poder, culminándola.

Lo nefasto del artículo no es lo que dice, sino lo que calla. Pues lo que calla hace que su juicio sobre ETA, aunque lejos de la apología, termine por ser ambiguo. Quienes estábamos allí sabemos qué es lo que calla. El mismo día que ETA eligió para su atentado se iniciaba el «proceso 1001», el juicio ante el Tribunal de Orden Público, por asociación ilegal, de los máximos dirigentes de Comisiones Obreras. ¿Casualidad? Las casualidades no existen: el juicio era público y ETA lo conocía. Eligió ese día para cometer su acto terrorista. Los que estuvimos en Las Salesas ese día, miles de personas formando cola para entrar, o mejor dicho: para quedarse uno fuera y hacer presión, sabemos lo que la noticia significó. El proceso duraría varios días, y el plan de las organizaciones democráticas en la clandestinidad era conseguir que cada día fuese más gente que el anterior, con el propósito de convertir el juicio a los dirigentes sindicales en un juicio a la Dictadura y quizá en el inicio de una dinámica comparable a las de Grecia y Portugal. No hubo ocasión. Con la noticia de la muerte de Carrero (nada menos que el presidente del Gobierno), la Brigada Político-Social hizo correr entre quienes formaban cola el rumor de que se preparaba un Estado de excepción, quizá para ser declarado ese mismo día. Se iba a allí dispuestos a recibir palos y a ser detenidos, incluso a correr el riesgo de un balazo; no a afrontar los cargos extra y las torturas en comisaría por tiempo indefinido que comportaba desafiar un Estado de excepción. La cola aguantó varias horas, y pudo considerarse un éxito de movilización. Al día siguiente, no se repitió.

Por eso cada vez que leo que ETA, en esa acción concreta, estuvo manipulada por servicios de inteligencia no puedo dejar de pensar que es muy verosímil. Desde luego, el atentado lo cometieron ciertas élites, cierta «vanguardia del proletariado» que ni Grecia ni Portugal tuvieron nuestra mala suerte de sufrir. Lo que el artículo calla, y en eso da una visión miserable de la realidad, es que en España también había movilizaciones populares; mucho más fuertes que las de Portugal, por cierto, donde la dictadura fue derrocada por el ejército mientras que aquí tendría que serlo contra él. Esas movilizaciones, en la fase más reciente, habían desembocado en acciones tan importantes como la huelga de la construcción de Madrid en 1971, y las huelgas generales de El Ferrol y Vigo, en 1972, y de Pamplona en 1973; todas con muertos, porque entonces las movilizaciones costaban vidas. Lo que se juzgaba en el «proceso 1001» era precisamente a quienes habían dirigido aquellas huelgas y la solidaridad que recibieron de toda España. Se trataba, por tanto, de un verdadero pulso entre la Dictadura y las fuerzas democráticas, más concretamente el movimiento obrero. ETA puso la goma-2 del lado de la Dictadura, forzó la desmovilización y el proceso terminó en un juicio de tantos del TOP, con los acusados yendo a dar con sus huesos en prisión hasta la amnistía de 1977.

Prácticamente al día siguiente de esa amnistía, que la benefició más que a nadie, ETA volvía a matar. Desde ese momento, fuimos conscientes de vivir en una democracia tutelada. No tanto por el Ejército, según se supone habitualmente, como por ETA. El terrorismo fue el factor más constante de la política española durante las siguientes dos décadas. En ese tiempo ETA fue el supremo juez de lo que acaecía políticamente en nuestro país. Si adolecemos de las insuficiencias democráticas de que adolecemos, sobre todo hay que agradecérselo a ETA. En cada atentado, nos dejábamos jirones de la democracia porque la necesaria unidad de los demócratas para impedir que nuestra vida la decidieran unos asesinos inevitablemente restaba fuerza a cualquier otra lucha. 

Sé que hay gente que piensa ahora que habría sido mejor dejarnos llevar por ETA a donde quisiera llevarnos, si con eso se extirpaba de raíz el franquismo. Nada más lejos de la realidad: ETA fue el mejor aliado que podrían haber encontrado los franquistas, porque cada atentado reforzaba la impresión general de que no se podía luchar contra el terrorismo más que con los métodos del franquismo: pena de muerte, estados de excepción, torturas policiales, etc. Hubo que sufrir semejante presión un año tras otro, durante los veinte que van de las primeras elecciones al asesinato de Miguel Ángel Blanco, pasando por atentados tan crueles como los de la plaza de la República Dominicana en Madrid o de Hipercor en Barcelona, por citar los más sangrientos. Pero el secuestro de un edil democrático (cuyo pecado mortal, a juicio de sus verdugos, era sentirse español), y con él de toda España, que lo siguió como quien dice en directo, seguido de su tortura y asesinato superaron todo lo entonces imaginable. Ese día España entera dijo «¡No!», y fue el principio del fin de ETA.



jueves, 6 de julio de 2017

Un tuit de Eduardo Garzón sobre el BCE provoca debate en las redes sociales

El tuit en cuestión decía: «Una economía con su propia moneda fiduciaria puede evitar siempre que quiera la insolvencia; la deuda pública nunca le supone un problema». Como era de esperar, le llovieron las críticas. Entre ellas la de Toni Cantó (que no tiene formación económica, que yo sepa): «Vuelve el del monopoly». A lo que Garzón replicó: «Lo que he tuiteado no es de mi autoría; es un extracto literal (sic) de este boletín del Banco Central Europeo», y seguía la URL del boletín.

Dejando a un lado que un extracto no puede ser literal, lo que Garzón quería decir está claro: la idea no es suya sino que la ha tomado de la fuente citada. Luego resulta que se trata de un artículo de dos analistas del BCE, que tampoco representa la opinión de éste. No tengo ningún interés en hacer la hermenéutica del artículo. Lo que me importa es la claridad de las ideas económicas discutidas.

La idea, sea de Garzón o de quien se quiera, es sólo una verdad a medias. En este caso, doblemente cuestionable porque sobre ella se apoya cierta opinión partidaria de abandonar el euro para que la economía española retorne a «su propia moneda fiduciaria»; así se podrá evitar siempre que se quiera la insolvencia, o eso se nos dice. Es un error; quizá Garzón no extractó correctamente. Lo cierto es que así se podrá evitar la insolvencia a condición de que la deuda pública esté denominada en moneda nacional. Si está denominada en divisas extranjeras, no cabe ninguna duda de que puede dar en insolvencia, en cuanto no ingrese las suficientes divisas para hacer frente al servicio de la deuda. Luego entonces no es correcto decir que «la deuda pública nunca le supone un problema». No le supone un problema si está denominada en moneda nacional, puede suponérselo si está en divisas extranjeras.

¿Y por qué el gobierno de un Estado soberano habría de emitir deuda en divisas extranjeras? Muy sencillo. Si su déficit supera la capacidad de ahorro de la economía nacional, no tendrá más remedio que recurrir al ahorro del resto del mundo. Naturalmente, no es forzoso acudir al ahorro exterior para financiar el déficit; ahí está el ejemplo de Japón, que con la mayor deuda pública del mundo en relación al PIB, la coloca prácticamente toda entre sus residentes. Pero eso es así por la gran capacidad de ahorro de la economía japonesa. El resto de los países, por regla general, tienen que endeudarse en el mercado internacional. Y mucha suerte, o una posición muy central en la economía mundial, como Estados Unidos, habrá de tener el país en cuestión para que el resto del mundo acepte deuda en su moneda nacional. Lo normal será que deba emitirla en dólares, euros o cualquier divisa convertible. De ahí que el término deuda pública se haya subsumido en el de deuda soberana, que incluye la deuda emitida tanto en moneda nacional como en divisas extranjeras.

Por tanto, salir del euro no nos libraría para siempre de los apuros de la deuda ni nos aseguraría que nunca volviera a ser un problema. En realidad, nos veríamos sometidos a las mismas restricciones presupuestarias que ahora, en cuanto tengamos que acudir al mercado internacional, sin el apoyo que nos ha supuesto y todavía nos supone el Banco Central Europeo.


domingo, 2 de julio de 2017

El Orgullo Gay y sus detractores

Leo con buenas dosis de asombro las protestas de ciertos heterosexuales ante la celebración del Orgullo Gay estos días en Madrid. Son de distinta índole, pero todas me inspiran reflexiones de uno u otro tipo, que paso a detallar.

Primero, están los que se quejan de que lo ‘homo’ desplaza a lo ‘hetero’; poco más o menos, vienen a decir que hay una discriminación positiva en favor de aquello y en detrimento de esto. Me parece ridículo, y preocupante del nivel de salud mental de este país. Soy heterosexual de siempre. Para mí, no es una opción: es lo que me pide el cuerpo, como se decía antes. Aclarado esto, nunca me he sentido agredido por comportamientos homosexuales; no creo que ocurra nada que pueda hacerlo suponer, fuera de las cárceles. Si acaso, cuando se trata de lesbianas tiendo a pensar que hay algo de desperdicio en ello; pero en fin, ellas les parecerá que el desperdicio lo comete mi pareja. Con los varones, solía decirme: dos competidores menos. Soy sincero. Ahora, esto de sentirse agredido me parece propio de gentes como que no tienen muy clara su orientación sexual, la que han elegido la tienen prendida con alfileres y cualquier influencia externa los puede descolocar. Deberían hacérselo mirar.

Segundo, los que protestan de las molestias generadas por la afluencia de dos o tres millones de personas (no sé si finalmente ha llegado a tanto) que ha alterado estos días la normal vida madrileña. Oigan ustedes, ése es un turismo que se ha dejado, según estimaciones de hoy, unos 200 millones de euros en la capital. El turismo genera ruidos (la gente aprovecha su tiempo libre y eso en España invita a salir de noche hasta las tantas), aglomeraciones, exhibiciones de costumbres y gustos distintos a los locales; molestias, en definitiva. ¿Qué se creen ustedes? ¿Qué el turismo de los años sesenta y setenta no las generaba? Pregunten, pregunten a quienes las sufrieron en sus carnes y las sufren todavía: en Palma de Mallorca uno se encuentra con carteles que piden al ayuntamiento que obligue al cierre anticipado de locales de ocio; así, desde hace décadas. Y no durante unos días, como en esto, sino en los largos meses de verano. Ahora vivimos de eso en gran parte. ¿Qué habría sido de este país si la población de la costa levantina hubiera tenido la piel tan fina como la de la madrileña?

Tercero, están las dudas sobre el uso de fondos públicos para promover el evento. Tras lo dicho, creo que tales dudas se solventan solas. Tan sólo añadiré que un gasto público que atrae gasto privado de esta es un ejemplo magnífico de lo que deben hacer los poderes públicos en una economía que se proponga competir con éxito a escala global.