jueves, 29 de noviembre de 2012

Bankia, metáfora de la economía española


La Comisión Europea ha aprobado la reestructuración del llamado «sector nacionalizado» de la banca española, que incluye a Bankia, CatalunyaCaixa, NovacaixaGalicia y Banco de Valencia. En total, 37.000 millones en inyección de capital más 2.500 millones en participación en la SAREB («banco malo»). A renglón seguido de anunciar Joaquín Almunia – vicepresidente de CE – la noticia, José Ignacio Gorigolzarri, presidente de Bankia-BFA, ha dado a conocer el plan estratégico de la entidad.

Muy resumidamente, lo que ahora sabemos de Bankia es lo siguiente. Recibirá 18.000 millones de fondos europeos en bonos del ESM (siglas de European Stability Mechanism o Mecanismo Europeo de Estabilidad), inmediatamente descontables en el BCE. A cambio, deberá reducir la plantilla en un 28%, o unas 6.000 personas, cerrar 1.100/1.200 de las 3.100 oficinas de que dispone, limitarse al territorio «histórico» de las Cajas de cuya fusión resultó y no invertir en crédito promotor ni otros «activos de riesgo» (lo que, en general, debemos entender como Bolsa y derivados financieros). También se impone un límite al tamaño de los activos, en 120.000 millones; a 30 de septiembre, ese tamaño está ahora en 289.000 millones. La inyección de capital viene a compensar a duras penas las pérdidas de Bankia en 2012, estimadas en 19.000 millones y que incluyen 12.600 millones de provisiones, de las que 11.400 millones tendrán que dotarse en las próximas semanas. Los activos «tóxicos» en poder de Bankia, elegibles para su adquisición por la SAREB, serán efectivamente adquiridos en breve por la parte del valor contable que no haya sido aún provisionado, poco menos de 25.000 millones. (Incidentalmente añado que, si esta solución se aplicara al rescate de las personas y no sólo de la banca, se podría efectuar una quita en la deuda de las familias cuyo promedio puede estimarse en el 63%; pero, precisamente, se ha impedido a la SAREB hacer esto estipulando que no puede adquirir créditos morosos inferiores a 300.000 euros). La SAREB pagará a Bankia en bonos propios, también descontables en el BCE. Además, Bankia deberá vender activos industriales (15% de Mapfre y su filial en Miami) valorados en su balance en 8.000 millones y recuperará 17.000 millones de la normal amortización de préstamos hasta 2015. Dispondrá, de esta forma, de unos 68.000 millones de activos líquidos con que atender los vencimientos de su deuda previstos hasta ese año (32.000 millones) y dispondrá de abundante liquidez para reanudar el préstamo minorista a hogares y empresas, el único que se le autoriza.

En cuanto a los requisitos de capital, la CE ha estimado que necesita 15.500 millones adicionales, incluida la capitalización de los 4.800 millones de deuda con el FROB. Los restantes 10.700 millones provendrán de deuda con particulares, capitalizada tras quitas de distinto importe en participaciones preferentes y deuda subordinada. La mayor parte de esa cifra la aportarán las preferentes, luego de haber sufrido una quita del 39% en su valor nominal. Ahora bien, como lo habitual es convertir a acciones al valor nominal de éstas, y dado que la cotización bursátil de Bankia está bastante por debajo de la mitad de aquel valor, la quita efectiva de las preferentes, si se las quisiera convertir en dinero ahora mismo, sería muy superior, quizá del 80%. Si quieren recuperar algo más de su inversión, los titulares de preferentes deberán esperar a que surta efectos el plan, que busca, como objetivo final, aumentar la cotización bursátil de Bankia, de modo que todos, accionistas y contribuyentes (FROB) puedan recuperar su dinero.

El punto débil del plan desde el punto de vista del accionista, aunque el fuerte desde el de la CE, es la imposición de que Bankia tenga que limitarse a sus mercados «históricos» y la prohibición de involucrarse en «inversiones de riesgo». Ambas «limitaciones» – como las llamó Goirigolzarri – tendrán como resultado reducir la competencia que Bankia pueda hacer a entidades que no necesiten de inyecciones de capital público. La percepción de tales limitaciones provocó ayer una caída en Bolsa de Bankia superior al 9%. En cambio, la constatación de que el Banco Popular está llevando a cabo su ampliación de capital, que de terminar con éxito le librará de verse sometido a limitaciones de esa índole, determinó una subida que fue la mayor del sector bancario.

Para la CE, sin embargo, la virtud del plan es que obligará a Bankia a prestar a familias y empresas, y hacerlo a tipos de interés y con condiciones ajustadas a la atonía económica, si quiere hacer beneficios e impulsar el alza de sus acciones. Lo lógico es que las limitaciones se mantengan hasta que Bankia devuelva al ESM el último bono que reciba ahora. Esa deuda con Europa sólo se podrá devolver generando beneficios; mientras tanto se mantendrán las limitaciones, pero las limitaciones contribuirán a que los beneficios se mantengan bajos. O sea, la pescadilla que se muerde la cola. Incluso si el plan sale bien, la remontada de Bankia está destinada a ser lenta y muy trabajosa.



miércoles, 28 de noviembre de 2012

Dos tácticas del nacionalismo catalán ante la autodeterminación


El debate sobre el referéndum y los pronunciamientos, sobradamente claros, de la Unión Europea en el sentido de que la secesión de Cataluña de España situaría a la primera fuera del marco comunitario, plantean la cuestión de la sinceridad del nacionalismo catalán a la hora de promover un referéndum por la independencia. Se puede distinguir, a tales efectos, entre dos posiciones completamente distintas, pese a que, a partir de ahora, probablemente vayan a recorrer un trecho del camino juntas.

1) El independentismo, posición que se identifica con el partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Hunde sus raíces históricas en la II República Española, y tradicionalmente ha perseguido tres fines, no siempre fáciles de hermanar. Por un lado, es un partido nacionalista; por otro, propugna formas republicanas de gobierno; por otro, en fin, se declara inclinado a adoptar una posición de izquierda en el modelo de sociedad. Tras la promulgación de la Constitución Española de 1978, el partido no tuvo problemas en presentar su nacionalismo como claro separatismo, toda vez que así servía a sus dos de sus propósitos, al entender que una Cataluña independiente no podría ser más que republicana. Para el análisis de la situación actual, tiene importancia secundaria que ERC fuera ya separatista durante la II República, lo que ayudó a vencer la sublevación militar en 1936 pero probablemente facilitó la ruptura de la zona republicana en dos, en 1938.

2) El soberanismo, posición que se identifica con la coalición Convergència i Unió (CiU). Ocupa el espacio político que históricamente asumió, en las primeras décadas del siglo XX, la Lliga Regionalista, sólo que, tras la Constitución de 1978, ya no había espacio para el regionalismo en Cataluña. Digamos que CiU está un paso más allá del regionalismo y un paso más acá del independentismo; esa posición ha dado en llamarse «soberanismo».

Lo interesante es la dinámica que puede generar la interacción de ambas fuerzas políticas. Sin duda alguna, el soberanismo es más fuerte, hoy por hoy, que el independentismo. En las elecciones autonómicas de 2012, convocadas por adelantado por una Generalitat en poder de CiU, el soberanismo ha conseguido casi dos veces y media más de escaños que el independentismo. Entre los dos, ostentan la mayoría absoluta del Parlament catalán. A primera vista, tienen apoyos suficientes para convocar un referéndum por la autodeterminación, similar al que ya han pactado los gobiernos de Londres y Edimburgo para Escocia en 2014. La diferencia, sin embargo, es clara. Escocia está gobernada por euroescépticos a los que no importaría salir de la UE y que no tendrían siquiera necesidad de salir de la libra esterlina porque el Royal Bank of Scotland tiene el privilegio de emitir libras, lo mismo que el Banco de Inglaterra. El privilegio es puramente simbólico, pero indicativo de que una Escocia independiente seguiría en el área de la libra esterlina, entre otras cosas porque tanto al Reino Unido como a una república escocesa les interesaría. Es una peculiaridad británica, que seguramente se escapa a muchos nacionalistas catalanes, que no querrían ver a Cataluña fuera ni de la UE ni de la eurozona, pero parecen dejar ese problema para más adelante. En ERC, que es un partido donde la ideología pesa lo que la historia, han debido de llegar a la conclusión de que ya se verá todo esto, en su momento. Por un lado, no se terminan de creer eso de que se deje fuera de la UE a un pedazo de Europa; por otro, no tienen una posición definida sobre el euro, ya que, como buenos representantes de al menos una fracción de la indignación en Cataluña, es al euro al que se atribuye muchas de las tribulaciones actuales.

Mucho más matizada es la posición de CiU. En su calidad de representantes tradicionales de la burguesía catalana, pensarán que con cosas serias (como la pertenencia de Cataluña a la UE y al euro) no se juega. Precisamente, Artur Mas quiso hacer del eslogan «Un estado catalán en la UE» el lema de su campaña para las pasadas elecciones, hasta que desde Bruselas se le cortó en seco. CiU ha querido presentar la pérdida de votos (unos 80.000) como resultado del desgaste de la gestión en tiempos de crisis: «Es algo que está pasando en toda Europa», han sentenciado Mas y Durán i Lleida. Quizá tienen razón, pero la causa de no haber ganado los votos que esperaban ganar no puede estar ahí, pues ya contaban con ello, sino justamente en la metedura de pata sobre las posibilidades de Cataluña de mantenerse en la UE. Dicho de otra forma, los convergentes-i-unionistes se formaron expectativas antes de la reconvención comunitaria y luego, en el fragor de la campaña electoral, no fueron capaces de ajustarlas de manera realista. Un grave error en estadistas burgueses, como ellos, para los que la máxima virtud es el pragmatismo, o sea, que toda gestión se justifica o no se justifica por sus resultados.

Ahora es, sin embargo, cuando emergen, con todo vigor, las propiedades carismáticas del soberanismo. CiU ya ha dicho que continúa con su plan de referéndum. ¿Contra Europa? Aparentemente, sí; a la corta. No en sus planes a largo plazo. Lo único que está haciendo Mas es subir las apuestas en el juego de redefinir el encaje constitucional de Cataluña en España. Esto debe de saberlo ERC, a los que uno no se imagina como unos pasmados; de ahí, las reticencias que han manifestado a entrar en un gobierno de coalición. Pero el soberanismo está jugando con habilidad sus cartas. Insistiendo en que CiU y ERC podrán ir juntos a un referéndum, para el que tienen apoyos suficientes, si y sólo si los independentistas se corresponsabilizan de los recortes, desvían la atención de la cuestión fundamental, que no es otra que ¿qué piensa hacer CiU cuando haya ganado el referéndum? Con un plebiscito favorable a la constitución de Cataluña como estado soberano en la UE, Mas podrá volver a Madrid, o mejor, esperar que Rajoy vaya a Barcelona, a renegociar el encaje de Cataluña; ahora, desde una posición de fuerza. Así las cosas, y con un tal pronunciamiento de la ciudadanía catalana, ¿cómo podrá Bruselas apoyar que Madrid no negocie para llegar a un acuerdo? La pelota habrá pasado a estar en el alero de España, que tendrá que esforzarse en buscar una solución que no deje a varios millones de europeos fuera de la Europa política por lo que a los demás europeos, aburridos ya del culebrón, terminará por parecer un quítame allá esas pajas, vaya, un asunto puramente doméstico.

Tan sólo una cosa cambia con respecto al plan de hace unas semanas. Si Mas, con mayoría absoluta, habría podido continuar parsimoniosamente con sus retallades a cuenta del entusiasmo nacionalista, ahora es evidente que no podrá hacerlo. Ahora, el incentivo es a pisar el acelerador, dejar los recortes para más adelante y poner la preparación del referéndum en primer plano de su acción política, a sabiendas de que esa táctica atraerá a ERC como la miel a las moscas. CiU subirá los impuestos de sucesiones y patrimonio; quizá, puede incluso que ensaye un aumento de la progresividad del IRPF en su tramo autonómico, para lo cual necesitará poner en marcha una agencia tributaria catalana, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que dejar el equilibrio de las cuentas a un lado y ponerse a construir un verdadero estado, desafiando inevitablemente al gobierno español en muchas cuestiones de detalle. Pero incluso esa mayor agresividad ahora le valdrá el aplauso unánime de la clac nacionalista. El único riesgo proviene de olvidar la máxima de que las prisas son malas consejeras. Una actuación agresiva de construcción estatal, guiada por motivaciones populistas y contra la más áspera resistencia del estado «realmente existente», puede acabar hundiendo a Cataluña en un verdadero caos.



viernes, 23 de noviembre de 2012

Profundos desacuerdos sobre el presupuesto comunitario


Mientras la cumbre comunitaria deja pasar las horas en debates sin acuerdo sobre el presupuesto de la UE, podemos ver al proyecto europeísta en sus horas más bajas desde 1984. Entonces, la resistencia de Thatcher a entrar en el carril diseñado para todos por Mitterand y Kohl se saldó, brillantemente, con una cesión de pequeña monta (el «cheque británico») a cambio del proyecto de crear un doble marco de actuación; uno, que englobara al Reino Unido (el «mercado único europeo») y otro que lo excluyera (la moneda común). A esa visión – podríamos decir - «a lo grande» de Europa siguieron casi dos décadas de crecimiento sostenido y sólo maleado por la burbuja final.

Lo que vemos hoy es casi el negativo de entonces. La crisis institucional ha venido servida por la estúpida confianza puesta por políticos mediocres en un Tratado insustancial, el de Lisboa. Como era de esperar, el entramado institucional se está demostrando incapaz de afrontar la crisis económica y financiera, como el existente hasta 1984 se demostró incapaz de afrontar con éxito la segunda crisis del petróleo y su secuela, la crisis de altos tipos de interés y de la deuda externa de los países en desarrollo. Todo eso es historia. Pero hoy, en lugar de un solo país, que se negaba a seguir el curso de todos sin querer abandonar el club, lo que tenemos es a un solo país con visión clara de Europa, nos guste o no nos guste, Alemania, al que los demás se resisten crecientemente a seguir por los costes que impone. Y no es que los demás sean capaces de formar un frente común, que sería invencible, sino que unos ven costes en la disciplina financiera que se les obliga a seguir mientras otros los ven en la insuficiencia de esa disciplina. Hay dos grupos bien delimitados, la Europa del Norte (Austria, Finlandia y Holanda, principalmente) y la Europa del Sur (España, Grecia, Italia y Portugal), con Alemania jugando el papel de árbitro entre los dos. Como la Europa del Norte no es más que un pequeño conjunto de países pequeños, que desempeñan el papel de «poli malo» que permite a Alemania jugar, aunque cada de vez de forma menos creíble, el papel de «poli bueno», el progresivo acercamiento de Francia al bloque del Sur situará a Alemania en un dilema: bien enfrentarse a Francia para defender su visión de Europa (la alemana), bien a refundar esa visión sobre bases comunes con Francia, como hace tres décadas hicieron Kohl y Mitterrand.

Uno sería optimista del género tonto (pensando: «Oh, sí; seguro que Francia y Alemania encuentran el camino, como siempre lo han hecho») si no fuera porque Hollande es una incógnita, Merkel parece tener sus días contados, en vez de una política dura pero realista como Thatcher está un superficial como Cameron, y en vez de González tenemos a Rajoy, por ejemplo. El único punto de genuino optimismo podría encontrarse en el hecho de que, en 1984, cuando el acuerdo de Fontainebleau, Mitterrand y Kohl llevaban poco tiempo en sus cargos (3 y 2 años, respectivamente). Pero eso mismo parecería indicar que deberíamos esperar a que Merkel sea sustituida el año que viene, y a partir de ahí todavía dos años más de crisis institucional, como poco. Siendo, así pues, optimistas pero no tontos, podríamos pensar en un posible acuerdo, que comportara una nueva visión de Europa y cerrara la crisis institucional, no digo nada de la financiera, hacia 2015.

Lo que me gustaría es saber qué va a aportar España a esa nueva visión de Europa. Tras nuestro ingreso en la CEE, en 1985, González replanteó el papel de la cohesión económica y social en la creación del mercado único europeo, lo que no fue poca cosa y nos facilitó recibir en el periodo 1989-2006 más de 200.000 millones de euros en concepto de fondos europeos, tres veces más que el siguiente país más favorecido (Italia) en la historia de las Comunidades Europeas. Ahora ya no se trata de lo mismo, porque vamos a un mundo sin subvenciones, o al menos con muchas menos. Pero Rajoy está hoy en Bruselas pidiendo dinero, como si las cosas no hubieran cambiado en un cuarto de siglo. Si España no está a la altura de Europa, lo que nos espera, incluso después de cerrarse la crisis institucional, será decadencia como país y un aumento a largo plazo de las tensiones sociales.



jueves, 22 de noviembre de 2012

El caso de Argentina contra los llamados fondos-buitre


El tribunal de apelaciones del segundo circuito (Nueva York) de los trece que hay en EEUU, acaba de condenar a Argentina a pagar 1.300 millones de dólares a fondos de inversión, acreedores de ese país, que se negaron a entrar en el acuerdo de reestructuración de deuda forzado en 2001. Argentina entonces siguió la doctrina internacional que ha estado vigente durante un siglo, y según la cual el estado soberano que se declara en quiebra trata de llegar a un acuerdo, paga en las condiciones convenidas a quienes lo aceptan, repudia por «odiosa» la deuda de quienes no lo aceptan, y por supuesto deja de pagarles; y aquí paz y después gloria. No es que no haya una sanción de los mercados internacionales. Naturalmente, durante algún tiempo al menos una fracción de los potenciales inversores pensará que prestar a ese país es arriesgado, y posiblemente pasarán años antes de que la situación se normalice; de hecho, once años después de su quiebra, Argentina sigue teniendo serios problemas de acceso al crédito. Pero ya nadie se acordaba de los acreedores «recalcitrantes», como se los llama, igual que ha ocurrido en docenas de quiebras a lo largo de estos cien años. Con frecuencia, los acreedores recurrían a los tribunales, pero incluso los de EEUU aplicaban la doctrina de que forma parte de la soberanía el privilegio de dejar de pagar. Los «recalcitrantes» de Argentina lo hicieron también. Esta vez, sin embargo, un tribunal de distrito les dio la razón este año, Argentina recurrió ante el tribunal de apelaciones (que a muchos efectos, dicta sentencias que ya no tienen recurso) y este tribunal confirmó la sentencia del primero, el 26 de octubre. Argentina ha declarado que no piensa pagar la cantidad determinada judicialmente porque esos acreedores son «fondos buitre» y porque ya repudió esa «odiosa» deuda en 2001. En respuesta, el tribunal de apelaciones acaba de dictar un auto ordenando a Argentina y a sus agentes en EEUU a depositar una fianza por la suma antes del 15 de diciembre. El principal agente de Argentina en EEUU es el Bank of New York Mellon (BNYM), que se encarga de realizar puntualmente, por cuenta del país austral, los pagos debidos a los acreedores que firmaron el acuerdo en 2001. A fin de año hay pendiente un pago de los de la reestructuración de la deuda, por importe de 3.400 millones de dólares. Lo que el tribunal de apelaciones quiere es que no se haga ese pago sin que Argentina haya hecho la fianza, para garantizar el pago a los «recalcitrantes» al final del proceso (que podría llegar a la Corte Suprema de EEUU). De manera que si la fianza no se deposita, y se piensa que Argentina no dispone del dinero para ella aunque sí para el pago acordado, tendría que declararse en quiebra por segunda vez, porque BNMY no podría ya hacer el pago a fin de año, previsto, sin desafiar al tribunal.

Una de dos, o Argentina acata el auto judicial (y se traga todas las declaraciones sobre «fondos buitre» y «odiosidad» de la deuda repudiada) o declara por segunda vez la quiebra. Sin posibilidad alguna, por descontado, de llegar esta vez a un acuerdo, al menos por dos razones. Primero, porque este tema se planteará de forma recurrente, con lo que cualquier acuerdo a largo plazo se tornará inviable; y segundo, porque ¿por qué habría alguien de aceptar una quita si los tribunales de EEUU garantizan el cobro de la totalidad de la deuda?

En otras palabras, Argentina está al borde de convertirse en un verdadero paria financiero. Y con ella cualquier país que dé en repudiar sus deudas, como los pronunciamientos judiciales en EEUU se conviertan en precedente internacional.



lunes, 19 de noviembre de 2012

Medidas contra el fraude fiscal


¡Qué poca determinación, qué falta de carácter muestra este gobierno! Hoy entra en vigor la prohibición de hacer pagos en efectivo por importe igual o superior a 2.500 euros; habrá que pagar sumas así con tarjeta, cheque nominativo o transferencia bancaria. Serán responsables las dos partes, pagador lo mismo que cobrador, a los que la Agencia Tributaria podrá exigir una multa por el 25% del importe pagado de forma indebida. Cualquiera de ellas se librará de la sanción si denuncia la infracción antes de tres meses. Y esto se presenta como el último grito en lucha contra el fraude fiscal. Sencillamente, ridículo.

No me gusta pagar impuestos. No coincido con los que dicen que los pagan a gusto a cambio de los servicios públicos de que disfrutamos. Para mí, esos servicios son una patata. Quiero decir que mucho de lo que hacen las administraciones públicas me genera utilidad negativa o desutilidad. Por ejemplo, si veo en la tele a unos antidisturbios ensañarse golpeando con sus porras a una chica que les reprocha haber apaleado antes a un niño, eso me produce desutilidad. Ya sé que algunos energúmenos, de mucho éxito en las redes sociales, se felicitan de que eso ocurra con cualquiera que se encuentre en una manifestación de ultraizquierda. Yo estoy chapado a la antigua y me eduqué en la ética de que pegar a las mujeres es de cobardes. Y me genera desutilidad saber que los impuestos que pago sirven para que unos hombretones de uniforme hagan gala de su cobardía de esa manera ante las cámaras. Cuando sumo todas las actuaciones de servidores públicos que me generan desutilidad, con signo negativo, a las que me suponen utilidad, el resultado neto se aproxima a cero, si no es negativo. Lo dicho: una patata.

Así pues, pago impuestos porque no me queda más remedio que hacerlo. Hacienda me tiene pillado por todos lados y si no declaro algo me cae con todo encima. Y pago una buena suma. Al año, más o menos lo que gana un empleado medio de este país. Soy un privilegiado, lo reconozco. Pero veo las cosas así: con lo que Hacienda me hace pagar podría tener mayordomo, calculo. No es que me interese tener mayordomo. Es lo que los economistas llamarían mi coste de oportunidad de pagar impuestos. Lo que de verdad me repatea es que un tipo que tenga más o menos los mismos ingresos que yo, pero la suerte de no estar controlado por Hacienda como yo lo estoy, puede vivir como yo y además tener mayordomo. Y encima, creerse más listo que yo. Ese tipo puede ser el mismo que me hace una chapuza, en la casa o en la boca, y que al pedirle factura me responde: «Ah, si quiere factura tengo que incrementar el importe en el 21%». Con lo que, para más inri, me pone en el dilema de ser defraudador o idiota.

Es cierto que ahora podré responderle, cuando el importe supere 2.500 euros: «Pues si me carga un 21% se lo pago ahora y mañana lo denuncio a Hacienda», a ver qué cara pone. Pero para hacer eso hay que tener ganas de bronca, y la mayoría de la gente no la tiene. La mayoría de la gente continuará pagando la factura sin IVA, quizá pensando para sus adentros que otro día irá a Hacienda a denunciar el hecho. Pocos lo harán, sin embargo, porque en frío pensarán: «¿Y yo que gano metiéndome en semejante fregado?». Ahí es donde creo que habría que introducir una sustancial mejora en el plan. Propongo que al denunciante se le prometa el 50% de la multa que haya de pagar el defraudador. Entonces sí que tendría algo que ganar quien denuncia.

Ya veo la objeción: «¡Quieres montar un estado policial, donde los niños denuncien a sus padres que no pagan impuestos!». No. Yo lo que quiero es recibir lo que en Estados Unidos se llama un trato honesto por parte de las autoridades. Si se me hace pagar impuestos, que los paguen igualmente quienes están en la misma situación imponible que yo estoy, en vez de dejarle el privilegio de evadirlos porque un gobierno de pusilánimes no se atreve a meterle mano de verdad. Y es cierto que la expectativa de ganancia podría dar lugar a abusos en las denuncias. Pero eso se evitaría con sanciones severas en los supuestos de denuncia falsa. A la larga, creo que los particulares terminarían denunciando poco y que en este menester se especializarían ciertas empresas, con actuación profesional, que es lo suyo. Los cálculos que se hacen – muy toscos, por lo demás – es que si hay un 20% de economía sumergida, que evade IVA, Sociedades e IRPF, eso supone unos 200.000 millones de euros, lo que permitiría recaudar quizá 30.000 millones de IVA más otros 30.000 millones de tipo reducido de Sociedades, e IRPF; total, 60.000 millones. Y esa cifra da como para que se constituyan muchas, pero que muchas empresas especializadas.



miércoles, 7 de noviembre de 2012

Consecuencias económicas de la reelección de Barack Obama


Mirada a través del prisma de su reelección ahora, la elección de Obama en 2008 aparece hoy con aspectos inapreciables hace tan sólo dos días. Y es que lo de anoche fue el segundo acto de un drama que se empezó a escribir hace cuatro años. Hay, por supuesto, muchos otros aspectos, relacionados con la evolución interna de la sociedad norteamericana, pero en lo tocante a la economía el significado de este nuevo triunfo del presidente afroamericano parece incuestionable.

La quiebra de Lehman Brothers, en septiembre de 2008, planteó a Estados Unidos y al mundo un dilema todavía no resuelto, y de ahí las dificultades para dejar definitivamente atrás la crisis. De 1991 a 2007, la economía mundial registró tasas de crecimiento sostenido sin precedentes; eran los años, relativamente felices, de la Nueva Economía y la globalización. Hoy existe consenso en que tal crecimiento lo propiciaron: 1) la generalización del comercio internacional con la incorporación masiva de países emergentes, encabezados por China, lo que desembocó en la inauguración de la Organización Mundial del Comercio en 1999; 2) la liberalización de los mercados en sentido amplio, con particular énfasis en la desregulación de los financieros, que permitió movilizar el ahorro a escala planetaria; 3) el desarrollo de un cúmulo de tecnologías de uso civil procedentes del campo militar, progresivamente «desclasificadas» tras el fin de la Guerra Fría, con la eclosión de Internet; y 4) un largo periodo de poder omnímodo ostentado por Estados Unidos, que impuso cierta estabilidad política en el ámbito global. El resultado fue una rara combinación de fuerte crecimiento y baja inflación (pese a la política de dinero barato), en un cuadro de prosperidad sostenida. Algunos de esos factores se debilitaron gradualmente, como ocurrió con el impacto de las nuevas tecnologías a partir del pinchazo de la llamada «burbuja de las punto com», en 2000, y con el poderío estadounidense, desafiado por China en el «incidente de la Isla de Hainan», en abril de 2001, y el atentado terrorista contra las Torres Gemelas y el Pentágono, en septiembre del mismo año. Por el contrario, el comercio internacional y la desregulación de los mercados avanzaron a paso firme, hasta alcanzarse una liberalización casi completa de numerosos productos, mercados y países. La quiebra de Lehman Brothers (precedida de los rescates de Bear Stearns y Freddie Mac y Fannie Mae, en los meses previos) cayó como un jarro de agua fría y planteó problemas cuya falta de solución ha redundado en intensa incertidumbre.

Una parte de la opinión, minoritaria pero muy influyente (permítaseme llamarla «Wall Street») entendió que la clave para salir de la trampa financiera estribaba en continuar con la desregulación, sin vacilaciones, y en poner fin a la política monetaria expansiva, vista como causante de la crisis al haber inducido a los actores económicos a endeudarse por encima de sus posibilidades de devolver la deuda. Otra parte de la opinión («Main Street»: Calle Mayor, o la opinión dominante entre los ciudadanos de a pie) entendía que se trataba de poner fin a la capacidad de los mercados financieros de alterar la vida de la gente corriente. En un primer momento, la balanza se inclinó del lado de Main Street, con cuyo apoyo los políticos esperaban atemperar la preponderancia de la economía, más que evidente en los lustros anteriores. Fue este movimiento inicial, proclive a devolver la primacía a la política, lo que llevó a Obama a la presidencia en aquellos primeros meses de la crisis. El propio Fondo Monetario Internacional recomendó no regatear en estímulos fiscales para sostener la producción y el empleo. Pero la crisis reveló una debilidad inesperada del sector bancario, a escala global, como consecuencia del sobreendeudamiento previo, y la percepción de este problema devolvió credibilidad a Wall Street, que había insistido en él desde el primer momento. Se llegó a un punto de equilibrio hacia el otoño de 2009, cuando la fuerza de Wall Street volvió a sobrepasar a la de Main Street y los gobiernos, tanto en Europa como en EEUU, optaron por poner freno a los estímulos, tanto fiscales como monetarios, y retornaron a los mercados para financiar déficits agrandados por los estímulos anteriores y la caída de la recaudación tributaria. Ahí empezó a enfriarse el entusiasmo por Obama.

Tres años de lenta recuperación de su antigua influencia, por Wall Street, habían llegado a hacer concebir a ese sector de la opinión la esperanza de un cambio radical de las tornas en estas elecciones de 2012. Tal era el papel asignado a Mitt Romney. Pero Romney no sólo era el campeón de Wall Street; también lo era del movimiento antiabortista, de la enseñanza del creacionismo en las escuelas, del freno de hierro a la inmigración y del unilateralismo en relaciones internacionales. En el plano de los principios, no hay ninguna razón por la que los liberales globales (lo que he llamado Wall Street) deban aliarse con los neocon y reaccionarios de todo pelaje; es más, creo que podrían encontrarse numerosas razones para lo contrario. Quiero pensar que es la inclinación de los liberales americanos a mantener posiciones económicas afines a la socialdemocracia europea lo que empuja a Wall Street a buscar amigos en el bando contrario. Pero lo que resulta evidente es que el triunfo de Obama supone una derrota en toda regla del frente formado por Wall Street y sus compañeros de viaje. Una derrota, por lo demás, en la que quien más tiene que perder es Wall Street, toda vez que los compañeros de viaje tendrán ocasión de buscar compensación en el ámbito de la política de los estados de la Unión, cosa que los liberales globales no.

Ahora Obama dispone de cuatro años más para gobernar, sin necesidad de hacerlo para ser reelegido. No se le escapará, a un hombre inteligente como él, que el apoyo de ayer no puede leerse sólo en clave económica pero tendrá que leerse también en clave económica. Han ganado quienes quieren otorgar mayor protección a los débiles para sobrellevar la crisis, y no imponerles mayores sacrificios para generar volúmenes superiores de ahorro. Un difícil problema para Obama, sin duda. Pero mucho mayor para Wall Street, que, dejándose llevar por fundamentalismos doctrinarios, no ha querido buscar arreglos en mitad del camino. Una moral basada exclusivamente en la codicia se demuestra autodestructiva y, con toda probabilidad, tiene los días contados.



lunes, 5 de noviembre de 2012

Economía política de los políticos españoles


Estos días he leído un artículo que publicó El País hace un par de meses, de César Molinas, a quien los economistas españoles serios conceden cierto crédito intelectual. El artículo es lo típico que se escribe para agradar a una amplia audiencia, en un tema de moda, y no el resultado de un esfuerzo por pensar de forma independiente. (También, qué cosas publica El País ahora: deben de estar desesperados). No lo afirmo gratuitamente. En el artículo, Molinas se despacha a gusto con los políticos calificándolos de «clase extractiva», supuestamente, una clase social compuesta por agentes que no producen nada y viven cual parásitos apropiándose de riqueza que producen los demás. A mí esto me suena a marxismo reciclado y barato; sólo le faltó llamar «moderna forma de plusvalía» a la tajada que se llevarían de la producción social. Pero a buen seguro que a muchos les pareció una notable aportación de la economía al análisis de la realidad.

De un buen economista del mainstream, uno habría esperado un análisis basado en la contribución marginal de los políticos a la producción de riqueza y de la retribución que obtienen gracias al monopolio que es su actividad. Los políticos mueven la maquinaria del Estado, y es indiscutible que el Estado contribuye a la producción de riqueza. ¿Cómo? Es algo que muchos tienen menos claro, y Molinas desde luego nada en absoluto. Imagínese que el trazado de una autopista de peaje requiere facilidad de paso por las fincas de cien propietarios, y la empresa constructora y luego explotadora de la infraestructura consigue llegar a acuerdos con todos menos con uno. No sirve la suma que se le ofrezca; tozudamente, se niega a pactar. El trazado alternativo, para el que la empresa tiene acuerdos con todos los propietarios, incorpora un sobrecoste de diez millones de euros tras el pago de indemnizaciones. Llega el turno del Estado, que expropia al recalcitrante pagándole lo que el derecho administrativo-económico llama «justiprecio», pongamos, medio millón de euros, y la empresa se ahorra nueve millones y medio. Ésa es la contribución neta del Estado (y los políticos que hicieron aprobar en su día la correspondiente ley de expropiación forzosa en el parlamento o donde fuere) a la producción de ese ítem de riqueza.

Dado que la legislación de expropiación forzosa aplicable en España data de 1954, hoy nadie tiene derecho a reclamar retribución alguna por su aplicación. Ese valor añadido va a cuenta de los impuestos que el Estado tiene la prerrogativa de recaudar. Pero la operación de la ley requiere de la actuación de instancias estatales añadidas a la de los tribunales que fijan el «justiprecio». Ciertos parámetros de dicha actuación quedan al arbitrio de decisiones administrativas. Por ejemplo, la expropiación del propietario recalcitrante requiere de la declaración de la autopista como «de utilidad pública», y dicha declaración la tiene que efectuar instancia política competente. Si excluimos la contribución de la ley, propiamente dicha, y que para simplificar podemos dar por (casi) amortizada, la contribución de los políticos se aproximaría a los nueve millones y medio estimados antes. Una contribución, desde luego, nada desdeñable y que aporta fundamento económico a la corrupción, lo que obliga a una vigilancia permanente que en España ha sido bastante laxa.

Contra lo que presupone el pensamiento conservador, que suele dar por sentado que el Estado existe para garantizar el derecho de propiedad, la evidencia cotidiana indica que el Estado capitalista existe para eso (por supuesto) pero también, y no menos importante, para garantizar que los derechos de propiedad no se utilizan como freno a la creación de riqueza propiciada por el uso eficiente de otros derechos de propiedad. Es decir, el Estado media en los conflictos entre distintos titulares de derechos y arbitra a favor de los que prometen mayor riqueza para el conjunto de la sociedad. Sé perfectamente que esta visión no gustará a muchos. Pero no escribo para gustar sino para exponer las cosas como las veo. La evidencia a favor de un Estado gestor eficiente de los conflictos económicos entre titulares de derechos de propiedad es abrumadora. Desde los cercamientos de tierras en la Inglaterra moderna a la desamortización de los bienes eclesiásticos y comunales en la España del siglo XIX, los orígenes del capitalismo muestran que no habría habido la formidable acumulación de recursos que fue necesaria para la revolución industrial, de no mediar la intervención beligerante del Estado. Y la insistencia de hoy día en «reformas estructurales» viene a abundar en el tema de forzar una nueva acumulación de recursos para ponerlos en manos de quien es más capaz de movilizarlos productivamente, como estrategia para salir de la crisis.

En España, hay que reconocer a la política la remoción de obstáculos al crecimiento en los últimos treinta años, mediante: a) el ingreso en las Comunidades Europeas, b) la incorporación a la zona euro, c) la actualización de gran parte del ordenamiento jurídico para hacerlo compatible con el de esas instancias supranacionales, y d) todas las actuaciones concretas en décadas recientes que propiciaron el periodo de crecimiento más intenso y prolongado de la historia de España. De resultas de esas transformaciones, muchos titulares de derechos fueron expropiados o sus derechos perdieron todo valor económico, pero hoy ¿quién los recuerda? Su rastro se diluyó en el bullicioso torrente del progreso. De ser, todavía en 1980, un «país en vías de desarrollo», hemos pasado a ser miembros del club de países más ricos del mundo, y es quizá en parte fruto de la ambición del proyecto que ahora la sociedad española se encuentra como se encuentra.

Pero es cierto que no todo son logros en el registro de los políticos, y que precisamente sus fracasos han pasado a pesar más – considerablemente más – que sus logros a ojos de la opinión pública en el último lustro. Pero el débito fundamental de los políticos no consiste en que se hayan convertido en una clase parasitaria, «extractiva», o como se la quiera llamar. Su débito radica en que han dejado de ser gestores eficientes de los conflictos económicos entre derechos de propiedad. Antes al contrario, están demostrando ser gestores extraordinariamente ineficientes de esos conflictos, en lo fundamental, porque se han dejado capturar por lobbies representativos de ciertos intereses que por fuerza han de ser retardatarios del progreso: los de bancos técnicamente quebrados. La banca española, que llegó a entrar en una simbiosis perfecta con los intereses de la propiedad inmobiliaria durante la fase de inflado de la burbuja, luego de pincharse ésta ha demostrado hasta la saciedad su incapacidad para adaptarse a cualquier patrón de crecimiento distinto. Se ha convertido en una institución obsoleta, necesitada de una reconversión tan profunda que los partidos mayoritarios, espantados, retroceden cuando se trata de acometerla. Si hubieran tenido el coraje de forzar el rescate de los bancos por accionistas y tenedores de deuda preferente y subordinada, y en su caso se hubiera procedido a la quiebra y liquidación de las entidades más endeudadas, garantizando los depósitos, ahora la situación sería muy diferente. Pero el coste electoral de semejante política (y la profusa presencia de políticos en excedencia en consejos de administración bancarios) los paralizó, y en la parálisis han caído bajo la influencia de la banca. Continuamente utilizan el poder expropiatorio del Estado para confiscar la propiedad de los demás actores, mediante nuevos y más crecidos impuestos, poniéndola a disposición de un sector económico que es incapaz de utilizarla para contribuir al progreso. Alimentan un esquema piramidal, que depende de bancos zombis para comprar la deuda soberana, y de mayor deuda soberana para mantener en pie a los bancos zombis, en un círculo vicioso que los políticos esperan superar enterrando más y más recursos en tapar agujeros sin fondo, lo que exige mantener a la sociedad española en altas tasas de inactividad y desempleo. Han perdido el norte y extraviado el rumbo de la nave del Estado. De resultas de ello, el orden constitucional amenaza con venirse abajo y, con él, la convivencia pacífica de los españoles.