lunes, 19 de noviembre de 2012

Medidas contra el fraude fiscal


¡Qué poca determinación, qué falta de carácter muestra este gobierno! Hoy entra en vigor la prohibición de hacer pagos en efectivo por importe igual o superior a 2.500 euros; habrá que pagar sumas así con tarjeta, cheque nominativo o transferencia bancaria. Serán responsables las dos partes, pagador lo mismo que cobrador, a los que la Agencia Tributaria podrá exigir una multa por el 25% del importe pagado de forma indebida. Cualquiera de ellas se librará de la sanción si denuncia la infracción antes de tres meses. Y esto se presenta como el último grito en lucha contra el fraude fiscal. Sencillamente, ridículo.

No me gusta pagar impuestos. No coincido con los que dicen que los pagan a gusto a cambio de los servicios públicos de que disfrutamos. Para mí, esos servicios son una patata. Quiero decir que mucho de lo que hacen las administraciones públicas me genera utilidad negativa o desutilidad. Por ejemplo, si veo en la tele a unos antidisturbios ensañarse golpeando con sus porras a una chica que les reprocha haber apaleado antes a un niño, eso me produce desutilidad. Ya sé que algunos energúmenos, de mucho éxito en las redes sociales, se felicitan de que eso ocurra con cualquiera que se encuentre en una manifestación de ultraizquierda. Yo estoy chapado a la antigua y me eduqué en la ética de que pegar a las mujeres es de cobardes. Y me genera desutilidad saber que los impuestos que pago sirven para que unos hombretones de uniforme hagan gala de su cobardía de esa manera ante las cámaras. Cuando sumo todas las actuaciones de servidores públicos que me generan desutilidad, con signo negativo, a las que me suponen utilidad, el resultado neto se aproxima a cero, si no es negativo. Lo dicho: una patata.

Así pues, pago impuestos porque no me queda más remedio que hacerlo. Hacienda me tiene pillado por todos lados y si no declaro algo me cae con todo encima. Y pago una buena suma. Al año, más o menos lo que gana un empleado medio de este país. Soy un privilegiado, lo reconozco. Pero veo las cosas así: con lo que Hacienda me hace pagar podría tener mayordomo, calculo. No es que me interese tener mayordomo. Es lo que los economistas llamarían mi coste de oportunidad de pagar impuestos. Lo que de verdad me repatea es que un tipo que tenga más o menos los mismos ingresos que yo, pero la suerte de no estar controlado por Hacienda como yo lo estoy, puede vivir como yo y además tener mayordomo. Y encima, creerse más listo que yo. Ese tipo puede ser el mismo que me hace una chapuza, en la casa o en la boca, y que al pedirle factura me responde: «Ah, si quiere factura tengo que incrementar el importe en el 21%». Con lo que, para más inri, me pone en el dilema de ser defraudador o idiota.

Es cierto que ahora podré responderle, cuando el importe supere 2.500 euros: «Pues si me carga un 21% se lo pago ahora y mañana lo denuncio a Hacienda», a ver qué cara pone. Pero para hacer eso hay que tener ganas de bronca, y la mayoría de la gente no la tiene. La mayoría de la gente continuará pagando la factura sin IVA, quizá pensando para sus adentros que otro día irá a Hacienda a denunciar el hecho. Pocos lo harán, sin embargo, porque en frío pensarán: «¿Y yo que gano metiéndome en semejante fregado?». Ahí es donde creo que habría que introducir una sustancial mejora en el plan. Propongo que al denunciante se le prometa el 50% de la multa que haya de pagar el defraudador. Entonces sí que tendría algo que ganar quien denuncia.

Ya veo la objeción: «¡Quieres montar un estado policial, donde los niños denuncien a sus padres que no pagan impuestos!». No. Yo lo que quiero es recibir lo que en Estados Unidos se llama un trato honesto por parte de las autoridades. Si se me hace pagar impuestos, que los paguen igualmente quienes están en la misma situación imponible que yo estoy, en vez de dejarle el privilegio de evadirlos porque un gobierno de pusilánimes no se atreve a meterle mano de verdad. Y es cierto que la expectativa de ganancia podría dar lugar a abusos en las denuncias. Pero eso se evitaría con sanciones severas en los supuestos de denuncia falsa. A la larga, creo que los particulares terminarían denunciando poco y que en este menester se especializarían ciertas empresas, con actuación profesional, que es lo suyo. Los cálculos que se hacen – muy toscos, por lo demás – es que si hay un 20% de economía sumergida, que evade IVA, Sociedades e IRPF, eso supone unos 200.000 millones de euros, lo que permitiría recaudar quizá 30.000 millones de IVA más otros 30.000 millones de tipo reducido de Sociedades, e IRPF; total, 60.000 millones. Y esa cifra da como para que se constituyan muchas, pero que muchas empresas especializadas.