viernes, 28 de noviembre de 2014

Las pensiones y su necesaria reforma

Me está pareciendo que todas las propuestas sobre pensiones andan desencaminadas. No habrá solución viable mientras no se reconozca que sus problemas derivan de que en España tenemos un sistema de reparto, que casi todo el mundo se empeña aquí en vender (y reformar) como si fuera de capitalización. Es absurdo.

El absurdo de ver en las pensiones públicas españolas un sistema de capitalización resulta evidente en cuanto se piensa un poco la clase de problemas que preocupan a todo el mundo. ¿O es que alguien cree que si de capitalización se tratara sería un problema el envejecimiento de la población, como claman unánimemente los expertos? En un sistema de capitalización lo cotizado para cada perceptor por él mismo y su empleador antes de jubilarse se invertiría mejor o peor, pero no habría riesgo de quiebra porque entran pocos cotizantes al sistema; el sistema empequeñecería y empequeñecería, si se quiere hasta extinguirse, pero cada cual seguiría cobrando lo suyo hasta fallecer. Si hay miedo a que las nuevas cotizaciones no sean suficientes es, precisamente, porque la capitalización brilla por su ausencia.

Entonces, ¿por qué unos pensionistas cobran más que otros, como si fuera respondiendo al hecho de que los primeros han cotizado más y por tanto, aparentemente, porque su capitalización es mayor? Nada de eso. El sistema es de falsa capitalización, y la prueba es que es que lo que se cobra no guarda ninguna relación razonable de capitalización con lo que se ha cotizado.

Si es así, ¿por qué hay un fondo de reserva, que presuntamente se invertiría para capitalizar las cotizaciones? Lo cierto es que la existencia del fondo de reserva responde a otras cuestiones. Cuando se creó, a finales de los años cuarenta del siglo pasado, respondía sencillamente al hecho de que la población laboral era joven, con muchos más cotizantes que perceptores, lo que (tras pagar a éstos una pensión "razonable") dejaba un remanente que, al acumularse año tras año, formó el fondo de reserva. Al régimen franquista le vino muy bien para financiar al Instituto Nacional de Industria (INI). A mediados de los noventa, los flujos de prestaciones y de cotizaciones se habían equilibrado y el miedo a que la relación pudiera invertirse impulsó el Pacto de Toledo. Pero la corriente inmigratoria que vino después volvió a resultar favorable, con efectos parecidos a (aunque más moderados que) lo ocurrido cincuenta años antes. Luego vino la crisis actual, entre tres y cuatro millones de trabajadores se fueron al paro y dejaron de cotizar. Entonces se puso de nuevo en peligro, y de forma más dramática, el reparto. Con todo, se había creado un fondo de setenta mil millones de euros en sus mejores momentos, que los expertos están de acuerdo en considerar un amortiguador de las crisis. Ahora lleva unos años disminuyendo, como corresponde a la coyuntura. Mientras se agota por completo, su presencia ha resultado muy oportuna para relajar la presión de los mercados sobre el Tesoro público, ya que dicho fondo está invertido, en su práctica totalidad, en deuda soberana española.

No entiendo cómo se puede meter nadie a diseñar una reforma del sistema español de pensiones ignorando estas cosas, que son elementales.

Por ignorarlo, la mayoría de la propuestas, si no todas, ignoran también el principal riesgo del sistema, que no es a muy largo plazo como el derivado del envejecimiento de la población, sino quizá a corto o medio dependiendo de la evolución de la coyuntura. Si entráramos en deflación, la caída de los salarios llevaría a un descenso proporcional de las cotizaciones mientras la legislación vigente garantiza las pensiones en términos nominales. El agujero del sistema, agrandándose en ese caso, acelerará el vaciado del fondo de reserva. Y la única solución que se les ocurrirá a los expertos será cambiar la legislación para rebajar las pensiones.

En cuanto a propuestas, una vez se acepta que el sistema es de reparto, son fáciles de plantear. Un sistema de reparto se debe financiar con cargo a impuestos; IVA, IRPF, Impuesto de Sociedades, el que sea, pero impuestos. Sufragarlo con cargo a cotizaciones sociales es hacer tributar a las empresas por los puestos de trabajo que crean. Si se quiere que lo paguen las empresas, es mucho más adecuado hacerlo con arreglo a los beneficios que con cargo al empleo creado. Es tan evidente que no merece la pena ni argumentarlo.

sábado, 22 de noviembre de 2014

Propuesta de reforma financiera del Estado

He leído la resolución de Podemos sobre auditoría y reestructuración de la deuda, y sigue las líneas maestras ya conocidas. Me referí a este asunto en el penúltimo post. Decía allí que el impago de la deuda puede ser una necesidad, en determinados supuestos, para llevar a cabo políticas sociales y de reactivación de la demanda. Como imaginaba, Podemos hace de esa necesidad una virtud. Lo interesante es cómo argumenta el carácter virtuoso de la medida. Afirman que la auditoría dará ocasión de movilizar a las masas alrededor de un problema candente de política económica y de concitar su apoyo a la propuesta de reestructuración, cualquiera que ésta sea. Sólo comentaré que ningún almuerzo es gratis, y la movilización a que se hace referencia no se logrará a coste cero. Si es posible que dé oportunidad de discutir públicamente y movilizar, también generará un conflicto de primera magnitud con organismos internacionales como el Banco Central Europeo, la Unión Europea  y el Fondo Monetario Internacional, a todos los cuales pertenece España. A la luz de los indicadores macro (excepto el paro y la pobreza, pero ya sabemos que éstos les interesan menos), España no tiene ninguna necesidad de impagar la deuda ahora. Dejar de pagar sería, con toda seguridad en su concepto, una arbitrariedad injustificada que introduciría grave inestabilidad en las finanzas europeas y globales. Olvidemos las presuntas o reales virtudes y centrémonos en las necesidades. La necesidad de reestructurar la deuda hay que demostrarla y no sólo presuponerla, como la presupone Podemos. Y el movimiento se demuestra andando. Sirva esta introducción - convengo en que un poco larga - para dejar sentado que lo prioritario es resolver el paro y no buscar el conflicto con los organismos internacionales; que es preferible atacar el problema hasta donde se pueda sin provocar conflictos, o con conflictos de mejor intensidad, y, sólo cuando los medios alternativos sean insuficientes, acudir a la reestructuración.

Mi plan es el siguiente. El gobierno español debe dejar de inmediato de emitir deuda soberana convencional; esto es lógicamente anterior a reestructurarla e incluso a auditarla, toda vez que anunciar tales medidas mientras se sigue recurriendo a los mercados resulta incongruente. A partir de ese momento, la única deuda que se emitirá será deuda admitida en pago de impuestos. Esto, en los círculos  "chartalistas" (Universidad de Kansas City y sus seguidores en todo el mundo) se denomina bonos Mossler. La idea es sencilla: el gobierno paga sus gastos en bonos Mossler y éstos pueden circular como dinero ya que sirven para pagar impuestos; casi son dinero. La aplicación de la idea no es tan sencilla, al menos en España. El gobierno no puede dar circulación forzosa a los bonos Mossler, es decir, convertirlos en dinero legal, porque lo prohíbe su pertenencia a la zona euro: el único dinero legal aquí es el euro emitido por el BCE. El bono Mossler, en el mejor de los casos, será cuasi-dinero. El hecho de que se admita el bono Mossler en pago de impuestos es un incentivo para su circulación, pero como el dinero no sólo se usa para pagar impuestos, sin más incentivos el bono Mossler se cotizaría con un descuento sobre el euro. Eso no interesa. Lo que interesa es que la deuda monetizada se cotice a la par con el dinero legal. Lo ideal sería que el cuasi-dinero sea deuda perpetua, es decir, que sea admitida en pago de impuestos en cualquier momento y que devengue un interés continuo; es decir, que cada segundo que el cuasi-dinero esté en poder del tenedor le genere réditos. Eso sí será un incentivo poderoso para aceptar la deuda irredimible que circule como cuasi-dinero.

Un problema será la divisibilidad del cuasi-dinero. Éste tiene que servir tanto para cancelar una deuda de un millón de euros como una de un céntimo. El problema es resoluble dentro de las posibilidades técnicas de la Central de Anotaciones de Deuda Pública. Ahí uno no es propietario de "bonos", sino de "saldos"; por tanto, ya no hablamos estrictamente de "bonos Mossler" sino de "saldos como-queramos-llamarlos" (por ejemplo, "saldos de euros paralelos"). La dificultad de gestionar el nuevo sistema vendrá atemperada por la circunstancia de que las nuevas emisiones serán todas de una única clase o denominación, y las restantes quedarán a extinguir según vayan amortizándose. El sistema debe adaptarse al requisito de que los saldos se actualicen continuamente con la adición de los réditos correspondientes.

La Central de Anotaciones no está diseñada para admitir cuentas de los millones de agentes que deberán disponer de ellas; lo está sólo para registrar las cuentas de un número relativamente bajo de intermediarios, llamados "titulares" y "gestoras". Cada empresa o economía doméstica propietaria de saldos de deuda irredimible deberá tenerlos depositados en una gestora, que a todos los efectos hará las veces de un banco. Con una diferencia fundamental con respecto a los bancos actuales: las gestoras actuarán como bancos con un 100 por 100 de reservas, sin autorización para crear dinero con cargo a préstamos ni operaciones de ningún tipo. Este detalle es crucial. Los préstamos en euros paralelos serán el cometido de "bancos" apoderados por el propietario de un saldo para invertirlo en todo o en parte, de forma rentable y con riesgo. Hay "bancos" de este tipo actuando ya en el mercado español. La cuestión es que son la excepción. De lo que se trata es de que sean la regla general.

jueves, 6 de noviembre de 2014

La recuperación es un bluf

Sorprende el triunfalismo del gobierno ante datos tan pobres como los que últimamente se vienen registrando, y hasta se enfadan si no reconoces sus logros. Pero todavía es peor la entrega de la oposición, cuando admite que "los datos macroeconómicos son buenos, pero la creación de empleo va lenta y el ciudadano apenas nota la recuperación". Ninguno parece consciente de que la recuperación, más que lenta, es frágil y está a punto de irse a pique.

Se preguntarán ustedes el porqué. Muy sencillo. La recuperación depende de varias reformas estructurales y muy señaladamente de una: la reforma laboral. Las medidas adoptadas por el gobierno en este ámbito han debilitado a los sindicatos, desarticulado la negociación colectiva, facilitado y abaratado el despido, forzado incrementos de productividad sin retribución y, en resumidas cuentas, reducido considerablemente los costes laborales unitarios. Tenemos un empleo mucho más precario, que los asalariados aceptan porque hay un volumen impresionante de paro. Y la macroeconomía mejora porque menores costes facilitan la exportación, lo que permite que crezca (débilmente) el empleo. El mismo efecto de devaluación salarial ha favorecido la mayor llegada de turistas de la historia.

¿Dónde está el fallo del modelo? La devaluación salarial acaecida en España es una devaluación competitiva. Las devaluaciones competitivas son de tal naturaleza que cualquier país puede llevarlas a cabo. Todas las medidas de desorganización del mercado de trabajo emprendidas por el gobierno se quedarían en agua de borrajas si los demás gobiernos de Europa las imitaran; hasta ahora no han mostrado intención de hacerlo. En otras palabras, el gobierno ha tenido cierto éxito con el permiso de los demás gobiernos de la Unión Europea, que renuncian a hacer cosas parecidas para facilitar la solución de los problemas de la economía española; y contando con la pasividad de los sindicatos alemanes y franceses, entre otros. El gobierno español ha obtenido cierto éxito destrozando el mercado de trabajo porque los mercados laborales de otros países europeos están bien organizados. Pero eso podría empezar a cambiar. Por eso digo que la recuperación es frágil.

Y digo que está a punto de irse a pique porque hay signos de que podría estar cambiando ya. El crecimiento de las exportaciones españolas empieza a verse en Europa, al menos en medios sindicales, como una causa concomitante de la recesión que se cierne sobre la economía comunitaria. La marcha del sector del automóvil es ilustrativa de esa dinámica. El automóvil es la punta de lanza de las exportaciones españolas. Los fabricantes europeos con factorías en España están sustituyendo producción francesa, alemana y británica por española. Nosotros exportamos a Francia automóviles Renault y Citroën, a Alemania Wolkswagen y Opel, y al Reino Unido Ford, y la producción de esos fabricantes disminuye en esos países en la misma medida que aumenta en España. Las plantillas sufren despidos y regulaciones de empleo, porque los vehículos españoles son más baratos. Los sindicatos empiezan a decirse que algo hay que hacer.

Los franceses son quienes más avanzado tienen ese debate, también porque la situación de la economía gala no termina de enderezarse y de servir de motivo de preocupación a sus socios comunitarios. El gobierno francés dice a los sindicatos que no puede hacer nada, dada la libre circulación de mercancías en el entorno comunitario: los automóviles fabricados en España tienen exactamente el mismo derecho a ser vendidos en Francia que los producidos allí. También los fabricantes franceses juegan a hacer competir a los trabajadores españoles con los franceses. Uno puede imaginarse a los grandes patronos del Grupo PSA (Citroën, Peugeot) y de la Renault diciendo: "Claro que estamos por volver a traer el trabajo a Francia, pero los españoles se han apretado el cinturón y vosotros no". ¿Hay que ser adivino para imaginar lo que pasará si la economía francesa continúa dando problemas, o si un gobierno de derecha llega a cohabitar con el presidente Hollande? Toda Europa entraría en una carrera por ver quien paga salarios más bajos.

Y mientras los fatuos de aquí sacando pecho por una política de derechas cuyo éxito depende de que en Europa sea haga una política de centro o incluso de izquierdas. Observemos qué pasa si la Unión Europea entra en recesión. Ojalá me equivoque al predecir que lo ocurrido en España, tan celebrado hoy, será visto como el primer episodio de una gran y prolongada deflación.

martes, 4 de noviembre de 2014

La política económica de Podemos

Lo que el grupo dirigente de Podemos ha dicho sobre lo que la formación hará en materia de política económica es, sencillamente, trivial. Hablan de hacer una auditoría de la deuda pública. ¿Y eso, qué? Será una pérdida de tiempo. Descubren que la mitad de la deuda es "ilegítima", por ejemplo, porque se pidió prestado para que algunos políticos, o más bien muchos, se llenaran los bolsillos. ¿Y qué? ¿Se procederá a repudiar 50 ctms de cada euro adeudado? Eso olvidaría que el sinvergüenza fue el prestatario, que hizo mal uso del dinero, no el prestamista, que lo prestó de buena fe. La gente de Podemos parecer decir: "Pues que se fastidie el prestamista; así aprenderá a no prestar a sinvergüenzas". Lo que este discurso, explícito e implícito, viene a significar es que Podemos hará default, es decir, declarará la bancarrota del Estado. El discurso es trivial y una pérdida de tiempo, porque nadie declara la bancarrota mientras puede pagar. Nadie tira piedras sobre su propio tejado.

Cosa distinta es hacer de la necesidad virtud. Lo que Podemos quiere decir, en realidad, es que quizá no pueda España continuar pagando su deuda. Si se quiere restaurar el Estado de bienestar a la situación anterior a los recortes, si se quiere que no haya un solo desahucio por no poder atender la hipoteca y ni una sola vivienda sin electricidad por no poder pagar la luz, etc.; si se quiere implantar una renta mínima de inserción, si se quiere todo eso entonces está claro que no habrá dinero para seguir pagando la deuda. Ignoro si los economistas de Podemos han estimado el coste agregado de sus medidas así como sus previsiones de reducción del fraude fiscal, pero dejar de pagar los intereses no será suficiente y, ¡qué narices!, dejar de pagar los intereses ya es default. Por tanto, el default o bancarrota será una consecuencia de la política social. Por otra parte, el acceso de Podemos a las instituciones, en particular las europeas, irá moderando poco la actitud, si no el discurso, de sus dirigentes. En Europa, la griega Syriza es una sólida referencia para Podemos, y el dirigente de aquélla, Alexis Tsipras, ya no habla de no pagar la deuda sino de "reestructurarla". Es muy posible que Podemos empiece a adoptar este lenguaje. En todo caso, Tsipras tiene muy claro que la deuda griega está en manos de bancos alemanes, y opina que va siendo hora de que éstos corran con su parte del coste de la crisis, de lo que hasta ahora se han venido librando. En España es más dudoso que eso sea una buena deducción de los datos; dejar de pagar la deuda es tanto como hundir a los bancos españoles. Lo cual plantea el problema de qué quiere hacer Podemos con los bancos. En este como en otros temas, no creo que Podemos tenga ninguna idea clara. Parecen partidarios de la teoría de que no hay mejor maestro que el Poder y que una vez en él, les irá enseñando qué hacer, sobre la marcha.

Mención aparte, para llegar a idénticas conclusiones, merece la cuestión macroeconómica. ¿Qué pretende hacer Podemos para restaurar el pleno empleo? La fórmula de inversión pública en infraestructuras, que se está convirtiendo en el nuevo mantra ante el fracaso de la austeridad, ni convence ni deja de convencer a Podemos; es una fórmula neokeynesiana, y ellos no lo son. Si son listos, se darán cuenta de que esa fórmula, con sus premisas de política social, lleva aún más deprisa a la bancarrota. Y el problema crucial es: ¿de qué sirve la inversión en infraestructuras si nos quedamos sin euros con los que adquirir las importaciones que requieren las empresas para crear empleo? A la corta, España tendría que salir del euro (a menos que los amigos de Podemos ganen en toda Europa, lo que sólo parece a punto de ocurrir en Grecia, un país marginal). A la larga, el problema no se resuelve con la salida del euro porque las importaciones no podrán pagarse con neopesetas, que es el único dinero de que podríamos disponer sin necesidad de exportar.

Todo el análisis nos lleva a la pregunta clave: ¿qué puede exportar España? Quienes temen la deriva bolivariana de Podemos saben poca economía, indudablemente. El bolivarianismo ha triunfado en países donde el problema de las exportaciones está resuelto por la naturaleza: en Venezuela, que tiene las reservas de petróleo mayores del mundo; en Bolivia, con inmensas reservas de gas natural y las mayores del mundo en litio; mucho menos en Ecuador, que hace prospecciones en todo su territorio, a ver si le toca la lotería; en Argentina, ya casi sin petróleo, el bolivarianismo anda de cabeza. Sin algo valioso que exportar, España terminaría pareciéndose más Cuba que a ningún otro modelo. Una perspectiva que puede entusiasmar a los más radicales pero ahuyentaría a muchos votantes. En esta situación, nada le podría venir mejor a Podemos que el éxito de las prospecciones petrolíferas en Canarias, Baleares y donde haga falta, y la implantación generalizada del fraking: eso resolvería en buena medida el problema de la dependencia del exterior. Por tal razón creo que Podemos no gobernará tras la próximas elecciones, y le vendrá bien no hacerlo. Al menos necesita una legislatura más, en la que una coalición PSOE-PP tire agónicamente para adelante con esas prospecciones y consiga petróleo de cuantas más, mejor. Podemos no podría realizarlas porque sus votantes se oponen. Ahora bien, una vez otros han hecho el trabajo sucio y con el dinero entrando... A caballo regalado no se le mira el diente, ¿o no? Entiéndaseme; no digo que producir mucho petróleo haría la política económica de Podemos más viable. Indudablemente, la haría más creíble.