Me está pareciendo que todas las propuestas sobre pensiones andan desencaminadas. No habrá solución viable mientras no se reconozca que sus problemas derivan de que en España tenemos un sistema de reparto, que casi todo el mundo se empeña aquí en vender (y reformar) como si fuera de capitalización. Es absurdo.
El absurdo de ver en las pensiones públicas españolas un sistema de capitalización resulta evidente en cuanto se piensa un poco la clase de problemas que preocupan a todo el mundo. ¿O es que alguien cree que si de capitalización se tratara sería un problema el envejecimiento de la población, como claman unánimemente los expertos? En un sistema de capitalización lo cotizado para cada perceptor por él mismo y su empleador antes de jubilarse se invertiría mejor o peor, pero no habría riesgo de quiebra porque entran pocos cotizantes al sistema; el sistema empequeñecería y empequeñecería, si se quiere hasta extinguirse, pero cada cual seguiría cobrando lo suyo hasta fallecer. Si hay miedo a que las nuevas cotizaciones no sean suficientes es, precisamente, porque la capitalización brilla por su ausencia.
Entonces, ¿por qué unos pensionistas cobran más que otros, como si fuera respondiendo al hecho de que los primeros han cotizado más y por tanto, aparentemente, porque su capitalización es mayor? Nada de eso. El sistema es de falsa capitalización, y la prueba es que es que lo que se cobra no guarda ninguna relación razonable de capitalización con lo que se ha cotizado.
Si es así, ¿por qué hay un fondo de reserva, que presuntamente se invertiría para capitalizar las cotizaciones? Lo cierto es que la existencia del fondo de reserva responde a otras cuestiones. Cuando se creó, a finales de los años cuarenta del siglo pasado, respondía sencillamente al hecho de que la población laboral era joven, con muchos más cotizantes que perceptores, lo que (tras pagar a éstos una pensión "razonable") dejaba un remanente que, al acumularse año tras año, formó el fondo de reserva. Al régimen franquista le vino muy bien para financiar al Instituto Nacional de Industria (INI). A mediados de los noventa, los flujos de prestaciones y de cotizaciones se habían equilibrado y el miedo a que la relación pudiera invertirse impulsó el Pacto de Toledo. Pero la corriente inmigratoria que vino después volvió a resultar favorable, con efectos parecidos a (aunque más moderados que) lo ocurrido cincuenta años antes. Luego vino la crisis actual, entre tres y cuatro millones de trabajadores se fueron al paro y dejaron de cotizar. Entonces se puso de nuevo en peligro, y de forma más dramática, el reparto. Con todo, se había creado un fondo de setenta mil millones de euros en sus mejores momentos, que los expertos están de acuerdo en considerar un amortiguador de las crisis. Ahora lleva unos años disminuyendo, como corresponde a la coyuntura. Mientras se agota por completo, su presencia ha resultado muy oportuna para relajar la presión de los mercados sobre el Tesoro público, ya que dicho fondo está invertido, en su práctica totalidad, en deuda soberana española.
No entiendo cómo se puede meter nadie a diseñar una reforma del sistema español de pensiones ignorando estas cosas, que son elementales.
Por ignorarlo, la mayoría de la propuestas, si no todas, ignoran también el principal riesgo del sistema, que no es a muy largo plazo como el derivado del envejecimiento de la población, sino quizá a corto o medio dependiendo de la evolución de la coyuntura. Si entráramos en deflación, la caída de los salarios llevaría a un descenso proporcional de las cotizaciones mientras la legislación vigente garantiza las pensiones en términos nominales. El agujero del sistema, agrandándose en ese caso, acelerará el vaciado del fondo de reserva. Y la única solución que se les ocurrirá a los expertos será cambiar la legislación para rebajar las pensiones.
En cuanto a propuestas, una vez se acepta que el sistema es de reparto, son fáciles de plantear. Un sistema de reparto se debe financiar con cargo a impuestos; IVA, IRPF, Impuesto de Sociedades, el que sea, pero impuestos. Sufragarlo con cargo a cotizaciones sociales es hacer tributar a las empresas por los puestos de trabajo que crean. Si se quiere que lo paguen las empresas, es mucho más adecuado hacerlo con arreglo a los beneficios que con cargo al empleo creado. Es tan evidente que no merece la pena ni argumentarlo.
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