domingo, 17 de febrero de 2019

Abandonar el centro siempre es un error en política


Cuatro hechos enmarcan la semana y nos dan la clave de lo que han de ser las elecciones del 28-A y de su importancia, muy relativa. Y me explico: desde el domingo 10 de febrero, España ha quedado oficialmente dividida en bloques irreconciliables. (‘Irreconciliables’ quiere decir que Ciudadanos va tenerlo difícil —no imposible— para pactar con el PSOE, y viceversa). De un lado tenemos el bloque de derechas Cs-PP-Vox y del otro, el de izquierdas PSOE-UP, con los nacionalistas vascos y catalanes a verlas venir y actuando como les convenga en cada caso. Esto de los bloques es el sucedáneo que se ha improvisado en sustitución del viejo bipartidismo, que se vino abajo en 2015. Ahora ya no se trata de conseguir mayoría absoluta para un partido sino para un bloque. La forma de atraer votos es agitar el espantajo de 1936. Que nadie se asuste, porque la cosa no trae la guerra civil debajo del brazo. El ‘sistema’ sí viene con ‘prueba del algodón’: se trata de conseguir mayoría absoluta para uno de los bloques, no mayoría relativa que solo pueda formar gobierno con el apoyo de los independentistas. Esto se ha visto que no funciona, y menos mientras continúe el juicio de los golpistas. Si el sistema falla, la única salida será volver al acuerdo PSOE-Cs. De momento, gana el bloque Cs-PP-Vox en las apuestas.

Estoy convencido que el sistema no funcionará. En ninguna de las elecciones celebradas hasta ahora en España bajo el actual paraguas constitucional ha estado el voto tan decidido de antemano como en estas. Sospecho que el perímetro electoral de los bloques es más o menos el de las elecciones de 2016. Puede haber trasvases dentro de los bloques, que representan tan solo diferencias de énfasis ante la cuestión catalana, pero dudo mucho que haya corrimientos tectónicos entre bloques. (El error de creer que puede haberlos proviene de leer las elecciones andaluzas en clave de la crisis actual, cuando su marco de referencia son treinta años). La excepción sería el paso de algunos votos de Cs al PSOE y, quizá, el de algunos demasiado transversales de Podemos a Vox; en todo caso, no creo que sean muchos. Al final, el reparto de escaños no diferirá excesivamente del actual. Estaremos en las mismas. Todavía no se ha producido esa gran catarsis que hará ver al grueso de la ciudadanía que no hay nada que negociar con los independentistas pero tampoco se puede machacar a los ciudadanos que se decantan por esa opción ideológica, como lo sería privarlos de autogobierno con un ‘155 permanente’ o cosas parecidas. De lo que se trata es de purgar de comportamientos tóxicos —como el golpismo permanente— las instituciones.

Voy a los cuatro hechos: el No separatista a los presupuestos, el comienzo del juicio a los golpistas, la gran manifestación independentista del sábado 16 de febrero y las bofetadas (dos) del Parlamento Europeo al independentismo catalán y sus amigos. Excuso comentarlos en detalle, porque ya lo ha hecho mucha gente. Lo que haré es glosar las tendencias de futuro que esos hechos perfilan. La primera es que incluso si queda como partido más votado, el PSOE lo tendrá muy difícil para gobernar con los votos separatistas; está claro, ¿verdad? Sánchez no debe perder tiempo en eso y debería concentrarse en lo que sí puede hacer y con quién: entenderse con Cs —ya lo hicieron ambos una vez— y mandar los bloques al carajo.

La segunda tendencia es menos clara, pero no puede ocultársele a ningún observador atento de la realidad política de nuestro país. La represión del golpismo separatista se ha judicializado y así debe continuar hasta el final: no es bueno cambiar de caballo durante la carrera. Nunca reconoceremos lo suficiente la labor realizada por la Justicia durante esta primera crisis constitucional. Y la cosa no terminará con las sentencias del Supremo. Si los que tienen que ir una larga temporada a la cárcel reciben su merecido, a continuación vendrá el castigo de tanto alto cargo, electivo o de libre designación, que se haya destacado en el apoyo al golpe de Estado catalán de septiembre-octubre de 2017. Ojo, que yo no pido el castigo: vendrá de suyo por la acción de las ruedas dentadas de la Justicia. Esta represión de ámbito menor no terminará en penas de prisión salvo excepciones, pero sí en condenas de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Lo que hace falta para sacar a unos cuantos cientos o incluso miles de golpistas de las instituciones.

Y atención, esto es clave. Los separatistas cuentan con que la acción de la Justicia española traiga vergüenza internacional, incluso alguna condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a nuestro país. Lo veo dudoso. El TEDH podrá condenar a España por cuestiones de detalle en la instrucción del macrojuicio, pero no sacará a los golpistas de la cárcel. Es al revés. Barrunto que la acción de la Justicia española quedará como ejemplar, lo mismo que ocurrió con nuestra transición democrática. No en vano, el problema que tiene España lo tienen otros países europeos, que están pendientes de la solución que se le dé. Y dicha solución no será otra que encontrar un equilibrio entre orden legal y derechos civiles, roto por los gobiernos de la Generalitat desde 2012, y que proscriba toda concepción totalitaria de la democracia.





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