A despecho de quienes porfían por convencernos de que no
había plan alguno de los líderes independentistas para el
1-O y que todo fue un show procesista cuya repercusión se vio multiplicada por
la torpeza del Estado, las declaraciones de los testigos empiezan a arrojar una
luz muy distinta sobre los hechos. Tras las huecas declaraciones de los altos
representantes del Gobierno, las de los mandos policiales (Guardia Civil,
Policía Nacional y Mossos d’Esquadra) muestran imágenes bastante claras.
Claro que había un plan de la Generalitat. Basculaba sobre a) la noción de que la acción para
ejecutar el mandamiento judicial de impedir el referéndum correspondía
principalmente a los Mossos, en tanto que GC y PN debían actuar como fuerzas
auxiliares de aquellos cuando se les demandara, y b) el dispositivo policial organizado por los Mossos en torno a una
pareja de agentes (‘binomio’) por colegio y cuya función era actuar de ‘mediadores’
con los CDR (entonces Comités de Defensa del Referéndum, ahora de Defensa de la
República catalana) para convencerlos de que permitieran al cerrar los colegios
e incautar el material de votación por las buenas. Donde no había
representantes de los CDR, los Mossos pudieron cerrar el colegio sin dificultad
a primera hora (sin efectos sobre la votación porque los votantes eran
informados en el acto de que podían acudir a cualquier otro colegio al haberse
declarado el censo universal). Donde había CDR los Mossos en general se
limitaron a esperar el final de la votación para proceder al cierre, es de
suponer que levantada acta por la mesa y cuando la actuación policial era
irrelevante: así se engrosaba la lista de colegios cerrados sin fricción alguna
con la ciudadanía. En ningún caso estaba previsto recurrir a los antidisturbios
de los Mossos (BRIMO). Tampoco consta que los Mossos recabaran el auxilio de GC
y PN en ningún caso, incumpliendo así los acuerdos de coordinación entre los
tres cuerpos adoptados bajo la supervisión del ministerio del Interior
representado por el coronel Pérez de los Cobos.
El comisario Castellví, jefe de Información de los Mossos,
ha señalado el momento en que representantes del Govern le informaron a él y a
otros jefes del Cuerpo de la decisión de incumplir el mandato judicial y de
llevar a efecto el referéndum. Fue en una reunión el día 28 a la que asistieron
Puigdemont, Junqueras y Forn, además de Trapero. La desobediencia es palmaria.
Ahí Puigdemont fue el más beligerante; Junqueras lo sería incluso más al día
siguiente, el 29 en el mitin de cierre de campaña, cuando llamó fervientemente
a votar “por el futuro, por nosotros y por nuestros hijos”. La declaración de
Castellví convierte a Puigdemont y Junqueras en reos de sedición, porque lo que
separa la mera desobediencia de la sedición es que la primera es individual
mientras la segunda comporta incitar a otros a desobedecer (“quienes… se alcen
pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías
legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, etc“,
art. 544 CP). Forn puede que escape y puede que no: según la misma declaración
guardó silencio durante la reunión. Será clave la apreciación por el Tribunal
de solidaridad entre los miembros del
Govern, la presidenta del Parlament y los líderes de las entitats ANC y Omnium. No pinta bien para ninguno.
En la apreciación o no de rebelión será crucial, creo,
dilucidar cuáles eran las instrucciones de la BRIMO para ese día, y quién las
dio. Sabemos que se decidió no usarla para el cierre de colegios, pero ¿tenía
otras órdenes? Es improbable que enviaran a los antidisturbios a casa. Lo de
que estaban para vigilar un partido Barça-Las Palmas, pretendidamente de alto
riesgo pero celebrado a puerta cerrada por decisión del club anfitrión en
protesta de la actuación policial, no puede creérselo nadie.
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