sábado, 24 de marzo de 2012

Lucha de ideas en economía

Se ha hecho costumbre decir que los economistas no se enteran de lo que pasa, que la crisis los ha sobrepasado ampliamente. Craso error. La gran mayoría sabe lo que pasa, pero difieren considerablemente en cuanto a la forma de recuperar altas tasas de crecimiento, capaces de aumentar de forma apreciable el empleo. Resumiendo mucho el estado actual del debate, se podría afirmar que hay dos posiciones fundamentales.

Un aspecto en el que parecen estar profundamente en desacuerdo, pero en todo caso es un asunto secundario, es en cuanto a si las finanzas de un gobierno se parecen o no a las de una familia o una empresa, en definitiva, a las de cualquier entidad privada. Sólo los tontos y los legos pueden creerlo en serio. Al final, los economistas estarían de acuerdo en que un gobierno no se parece a ninguna entidad privada. Ya que, mientras una entidad privada tiene sus gastos limitados a largo plazo por sus ingresos, un gobierno, estrictamente hablando, no los tiene. Un gobierno, por lo general, paga sus gastos en la clase de moneda que él mismo emite, de modo que, en último extremo, siempre puede emitir más moneda para hacer frente a cualquier déficit. (La zona euro parece una excepción a esta afirmación, pero no lo es de una forma fundamental). Como digo, casi todos los economistas estarían de acuerdo en esto, pero divergen en que, para unos, el gobierno debe hacer uso de esta ventaja siempre que sea necesario, en tanto que, para otros, el gobierno debe conducir sus finanzas como una entidad privada aunque pueda hacerlo de forma distinta. La razón por la que esto sería así radica, según los defensores de esta doctrina, en que, conduciéndose como una entidad privada, el gobierno inspira más confianza al sector privado que si hace uso de todos los recursos a su alcance. Supuestamente, el gobierno resulta más previsible, y siendo más previsible genera menos incertidumbre, si establece límites claros a su propio comportamiento que si utiliza sus poderes discrecionalmente. Teóricamente, se podría aumentar el empleo imprimiendo cuanto dinero fuera necesario para financiar la inversión pública capaz de llevar a la economía al pleno empleo, pero los adversarios de esa posibilidad sostienen que el resultado de una actuación discrecional como ésa sería sembrar el desconcierto entre la iniciativa privada y, a la postre, a entrar en una espiral contractiva que desembocaría en el reconocimiento del fracaso o en una estatalización completa de la economía.

Mi opinión en este debate es que resulta ilusorio esperar que la implantación de un modelo de comportamiento autocontrolado por parte del gobierno pueda inspirar confianza al sector privado en situaciones como la que atravesamos. La crisis es de demanda efectiva, y lo que el sector privado espera del gobierno es una firme demostración de liderazgo que anime a los empresarios a aumentar el empleo en previsión de un inmediato incremento de sus ventas. Es después de iniciada una sostenida reactivación cuando podrá instaurarse un modelo de autolimitación que, haciendo más previsible el comportamiento del gobierno, reduzca la incertidumbre.

En resumidas cuentas, y esto es lo más cerca que estoy dispuesto a llegar de quienes defienden un modelo de finanzas estable para el gobierno, me parece que dicho modelo puede estudiarse y en su caso implantarse una vez que la reactivación sea un hecho y el empleo se esté recuperando a buen ritmo. En tal coyuntura, la previsibilidad de las finanzas gubernamentales podría introducir estímulos adicionales a la iniciativa privada. Pero antes de llegar a ella, cualquier modelo rígido de comportamiento gubernamental, y más si es de autocontención, no dejará de surtir efectos paralizantes y aumentará los efectos de pánico a la recesión en el sector privado. Que es exactamente lo que está pasando en España.